En 1993, el Cofipe estableció que los partidos políticos debían promover una mayor participación de las mujeres mediante su postulación a cargos de elección popular. En la reforma de 1996 se determinó que los partidos políticos nacionales consideraran en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedieran 70% para un mismo sexo. Esta medida se consolidó cuando, en el 2002, la ley electoral instituyó una cuota máxima de 70% para candidatos propietarios de un mismo sexo y restricciones en el orden de la lista de candidatos plurinominales de modo que las mujeres tenían que aparecer, como mínimo, en una de cada tres posiciones dentro de las primeras nueve de cada lista. Estas disposiciones contemplaron sanciones para los partidos políticos que no las cumplieran.

En la reforma de 2007-2008 se incrementó de 30 a 40% la cuota mínima de candidatos propietarios de un mismo sexo, además las listas plurinominales debían incluir al menos dos mujeres en cada segmento de cinco candidatos. Las candidaturas de mayoría relativa se mantuvieron exentas de cubrir cuotas de género siempre y cuando fueran resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido.

La efectividad de las reformas se vio ensombrecida a partir del caso de ocho diputadas electas en la sexagésimo primera legislatura (2009-2012), quienes pidieron licencia definitiva para ausentarse de su encargo tres días después del inicio del primer periodo ordinario de sesiones para ceder sus puestos a los suplentes varones. Este hecho evidenció que las candidatas habían sido seleccionadas por los partidos para cumplir formalmente con las disposiciones establecidas en el Cofipe en el rubro de cuotas de género, pero no para ocupar el cargo.

Frente a este escenario y en vísperas de la elección de 2012, el Consejo General del IFE, con base en el Cofipe, aplicó la regla de que ningún partido político o coalición incluiría más de 60% de candidatos propietarios a diputados y senadores de un mismo sexo del total de las solicitudes de registro de candidaturas, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. En esta resolución el IFE enfatizó el hecho de que la fórmula completa (propietario y suplente) debería estar integrada por representantes del mismo sexo.

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia en cuyas disposiciones centrales destacan que los partidos deben presentar como mínimo 120 candidatos a diputados y 26 candidatos a senadores propietarios de un mismo sexo, en el caso de legisladores por mayoría relativa; y que de la totalidad de las solicitudes de registro, por ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional) tanto de diputados como de senadores, al menos 40% de las candidaturas deben integrar fórmulas completas (propietario y suplente) de un mismo género.