II.- El 7 de mayo de 2002, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia en el juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales, expediente SUP/JDC-015/2002, lo ordenando al Consejo General del Instituto Federal Electoral modificar su resolución emitida en el expediente JGE/QJLL/CG/359/2000 y sus acumulados, a fin de restituir al C. Juan Lago Lima en el use y goce de sus derechos políticos electorales como militante del Partido Alianza Social, así como reinstalarlo en el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo del Partido en el Estado de México.

III.- El Consejo General del Instituto Federal en acatamiento a la sentencia señalada en el antecedente II, el 17 de mayo del año en curso, emitió un Acuerdo en el que ordenaba al Partido Alianza Social restituyera al C. Juan Lago Lima en el uso y goce de sus derechos político electorales, mediante su incorporación como militante y su reinstalación al cargo de presidente del Comité Ejecutivo en el Estado de México.

IV.- Por escrito de fecha 27 de mayo de 2002, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Alianza Social signó un documento mediante el cual se restituía al C. Juan Lago Lima el use y goce de sus derechos político electorales, con lo cual daba cumplimiento a lo ordenado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral el 17 de mayo del año en curso.

V.- El 18 de julio del 2002, el C. Juan Lago Lima presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Incidente de Inejecución de la Sentencia señalada en el antecedente II.

VI.- El 6 de agosto del presenta (sic) el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió en el juicio para la protección de los Derechos Político Electorales, con número de expediente SUP-JDC-015/2002, el Incidente de Inejecución de Sentencia promovido por el C. Juan Lago Lima, declarándolo infundado.

Previo a la contestación de los hechos que pretende hacer valer el recurrente, y siendo que existen hechos que son de previo y especial pronunciamiento, resulta conveniente señalar a esta H. Autoridad que los hechos que el quejoso menciona en la presente queja ya han sido objeto de estudio y pronunciamiento por parte de la máxima autoridad electoral como lo es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el incidente de Inejecución de Sentencia, del expediente para la protección de los derechos Político Electorales del Ciudadano SUP-JDC-015/2002. (sic)

Aunado a lo anterior y dado que las causas de improcedencia son de orden público y por tanto su estudio es preferente, esta H. Autoridad debe revisar los requisitos de procedencia de la queja que nos ocupa, parar evitar incurrir en posibles actos de afectación en perjuicio de mi representado.

De la lectura cuidadosa y detenida del escrito de queja, se desprende que el inconforme pretende que la Junta General Ejecutiva y en su momento, el Consejo General se constituyan en órganos de interpretación de los Estatutos del Partido Alianza Social, además de que emite apreciaciones completamente subjetivas.

En el caso a estudio, existe la causal de improcedencia señalada en el artículo 17, inciso b) del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas Establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra dice:

'Artículo17.-

La queja o denuncia será improcedente:

...

b)... o cuando los actos hechos u omisiones no constituyan violaciones al Código"

De la lectura del escrito de queja, puede apreciarse que el inconforme pretende controvertir un presunto acto del Partido Alianza Social, que en su opinión le privó continuar en el desempeño del cargo de Presidente del Comité Ejecutivo del Partido Alianza Social en el Estado de México, cargo en el cual fue restituido por mi representado, en cumplimiento al Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral del 17 de mayo de 2002 y no refiere en su escrito hechos con los cuales se haya cometido violación alguna al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

"Artículo 10.-

...

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés jurídico del actor;...'

El C. Juan lago Lima carece de interés jurídico para formular y presentar las pretensiones contenidas en este escrito que ad cautelam se contesta, lo anterior, en virtud de que por un lado el hoy quejoso, solicita se le restituya nuevamente en un cargo dentro del Partido Alianza Social, no obstante que de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-015/2002 y de acuerdo con diversa documentación que obra en los archivos de este H. Instituto Federal Electoral, se demuestra que el C. Juan Lago Lima, ya fue restituido en el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo del Partido en el Estado de México, cargo que de conformidad con lo estipulado en el párrafo primero del artículo 80 de los Estatutos Generales del Partido Alianza Social, y 6 de la Ley General del Sistema de medios de Impugnación en materia Electoral, concluyó (sic) el 8 de agosto del año en curso, dado que el recurrente ocupó dicho cargo desde el 8 de agosto de 1999.

Dado lo anterior, resulta que el C Juan Lago Lima carece de interés jurídico para impugnar la suspensión que de apoyo financiero realiza el Comité Nacional del Partido Alianza Social, al Comité del Partido en el Estado de México, ya que dichos apoyos financieros solo se suministran a los Comités Ejecutivos de los Estados, dentro de los cuales en estos momentos el C. Juan Lago Lima ya no forma parte como dirigente en el Estado de México.

Dichas causales de improcedencia son motivo de sobreseimiento del caso a estudio, en términos de lo ordenado por el artículo 18, párrafo 1, inciso a) del citado reglamento, el cual establece:

(...)

Aunado a lo anterior, la Junta General Ejecutiva no debe estudiar el fondo del asunto planteado, dado que del escrito que hoy se nos emplaza para su contestación, no se desprende violación alguna al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y señalando que las actuaciones del Partido Alianza Social en todo momento son apegadas a lo estrictamente señalado en los Estatutos que rigen su vida interna.

Con base a los razonamientos jurídicos vertidos en los párrafos que anteceden, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por conducto del Secretario de la misma; apegándose a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que deben regir su actuación consagrados en la fracción III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; debe declarar improcedente la infundada queja que se contesta por carecer de sustento legal.

Sin embargo, sí la Junta General y en su momento el Consejo General del Instituto Federal Electoral decidieran indebidamente conocer de la queja que nos ocupa; ad cautelam procedo a dar contestación a los hechos, en los siguientes términos:

1.- Este hecho es cierto, ya que efectivamente el 27 de mayo de 2002, el C. Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Alianza Social, en cumplimiento al Acuerdo de fecha 17 de mayo del año en curso, emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral se reintegro (sic) al C. Juan Lago Lima como militante de dicho Instituto Político y restituido en el cargo de Presidente del Comité Directivo del Partido del Estado de México.

II.- Este hecho es parcialmente cierto, por lo que se refiere a al apertura de la cuenta bancaria y al depósito señalados en el hecho que se contesta.

III.- Este hecho es parcialmente cierto, en virtud de que la Comisión Nacional de Administración y Finanzas determinó suspender el otorgamiento de financiamiento al Comité Ejecutivo del Partido en el Estado de México, como consecuencia de que al revisar el informe que presentó (sic) el C. Juan Lago Lima, como Presidente restituido en dicho Estado, se observó que el financiamiento depositado para seguir con los trabajos partidistas en el Estado de México, fue utilizado en exceso para realizar pagos con recibos REPAP«S, hecho que contraviene el acuerdo de control interno relativo a la fiscalización de los egresos de los Comités Ejecutivos Estatales del Partido Alianza Social, ya que tal acuerdo fue tomado en atención a que el Reglamento que establece los lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus ingresos y Egresos y en la Presentación de sus informes, señala topes que de gastos se pueden aplicar por concepto de REPAP«S, y es el caso que para evitar que el Partido rebase los topes establecidos en dicho Reglamento, éste internamente ha tenido que establecer topes a los Comités Estatales para dicho concepto, proporcional al establecido por el Instituto Federal Electoral.

No es cierto el hecho de que la Comisión Nacional de Administración y Finanzas y el Comité Nacional Ejecutivo hayan contravenido el artículo 61, inciso c) de los Estatutos Generales del Partido Alianza Social al suspenderle el otorgamiento de apoyos financieros y materiales se otorgarán conforme a las circunstancias y posibilidades del Partido, y dado que las circunstancias señaladas en el informe correspondiente en el Estado de México, por un lado no son favorables para la adecuada fiscalización de los recursos ante las autoridades internas y externas competentes; y por otro lado limitan el posicionamiento y crecimiento del Partido Alianza Social en el Estado de México; es por ello que se determino (sic) suspender el apoyo, hasta que se modificaran las actuaciones del Presidente en el Estado de México, tendientes a los objetivos señalados anteriormente.

IV.- este hecho ni se afirma ni se niega por no ser un hecho propio de mi representado.

Sin embargo, es importante mencionar que tal y como ya se señaló anteriormente, los hechos aducidos en el cuerpo de este escrito que se contesta, fueron materia del incidente de inejecución de sentencia promovido por el C. Juan Lago Lima en el expediente SUP-JDC-015/2002 y efectivamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el día 6 de agosto de 2002, resolvió declarar infundado el incidente en cuestión, por los siguientes razonamientos:

'De las afirmaciones que hace el incidentista no se advierte imputación de rebeldía, negativa, renuencia o desacato por parte de la autoridad responsable Consejero General del Instituto Federal Electoral para cumplir el fallo. Juan Lago Lima no atribuye a dicha autoridad acción y omisión alguna que evidencie el afirmado incumplimiento, pues no se refiere, por ejemplo. (sic) Que la autoridad responsable haya emitido alguna resolución en la que se negara a ejecutar la sentencia ni que haya asumido alguna conducta que denote esa negativa.

..'.

Además, contrariamente a lo señalado por Juan Lago Lima, en la sentencia mencionada no se impuso a la autoridad responsable, Consejo General del Instituto Federal Electoral, la obligación de ordenar que el cargo directivo partidario al que debía ser reinstalado el actor tuviera que concluir hasta el día seis de enero del dos mil cuatro; tampoco que debieran ser entregados determinados bienes muebles e inmuebles para el debido funcionamiento del Comité Estatal Ejecutivo en el Estado de México; ni la reestructuración de los comités municipales, y mucho menos, que el comité nacional del Partido Alianza Social no pudiera emitir determinaciones en relación con la ministración de los recursos al comité estatal.

...

A corde (sic) con lo anterior, se desestima por infundado el incidente de inejecución de la sentencia promovido por Juan Lago Lima.

Por lo expuesto y fundado se RESUELVE:

UNICO.- Se declara infundado el incidente promovido por Juan Lago Lima, de inejecución de la sentencia dictada en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, expediente SUP-015/2002."

V.- El correlativo que se contesta, es parcialmente cierto

El primer párrafo del hecho que se contesta ni lo afirmo ni lo niego por no ser hecho propio.

Es cierto lo que señala el artículo 80 de los Estatutos Generales Vigentes del Partido respecto de que los Presidentes y Secretarios Generales durarán en su encargo tres años y dado que el C. Juan Lago Lima fue electo el 8 de agosto de 1999, tal y como él lo menciona su periodo concluyó el 8 de agosto de 2002. Al respecto el quejoso aduce que el tiempo que efectivamente ocupó el cargo, no abarcó los tres años que marca el artículo estatutario previamente señalado, ya que como lo menciona el denunciante del 28 de diciembre de 2000 al 27 de mayo de 2002, estuvo privado de dicho puesto por razón de la substanciación de un procedimiento administrativo electoral, sin embargo y de conformidad con lo señalado en el párrafo 2 del artículo 6 de la Ley General del Sistema de Medios Inpugnativos (sic) no produce efectos suspensivos. Dado lo anterior, la junta General Ejecutiva y en su momento el Consejo General no es posible que den una interpretación y aplicación a los Estatutos del Partido Alianza Social, contraria y diversa a lo señalado en los mismos, con el fin de atender intereses particulares.

En cuanto al segundo párrafo, es cierto que Nuestros (sic) Estatutos Generales vigentes, en el artículo 80, señalan que los Presidentes y Secretarios Generales duraran (sic) en su cargo tres años. Es cierto también que el C. Juan Lago Lima fue electo el 8 de agosto del año 1999, por lo tanto su administración concluyó el día 8 de agosto del año 2000. También es cierto que se llevo a cabo un proceso ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral en los expedientes que menciona, en dicha resolución, se le sanciona al partido imponiéndole una multa consistente en quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, sanción que ya fue debidamente cumplimentada por el Partido Alianza Social. Es cierto también que el C. Juan Lago Lima, acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para interponer un juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, en el expediente SUP-JDC-015/2002, en cuya resolución, se condena al Partido Alianza Social a restituir al C. Juan Lago Lima, en el use y goce de sus derechos políticos como militante y restituirlo en el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo del Estado de México, sanción que debidamente fue cumplimentada por el Partido Alianza Social, como lo demuestra el propio Juan Lago Lima, con el escrito que anexa, de fecha 27 de mayo de 2002, suscrito por el C. Guillermo Calderón Domínguez. También es cierto, que el hoy quejoso interpone un incidente de inejecución de sentencia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, manifestando o pretendiendo argumentar esta situación, en dicho incidente, se dicta una resolución declarándolo infundado.

Por las argumentaciones vertidas con anterioridad, este ya ha sido conocido por las autoridades competentes y anteriormente mencionadas, ya se han agotado todas las instancias respecto a este asunto, por lo que el Partido Alianza Social, ya ha sido juzgado y condenado, así mismo ya ha cumplimentado dichos mandatos o resoluciones, por los tanto, se considera y es de apreciarse que esto es COSA JUZGADA.

Finalmente, el quejoso hace alusión a una serie de preceptos legales ajenos a la materia electoral y definiciones de conceptos que no tienen aplicación en el caso que nos ocupa, ya que lo único que denota es su falta de conocimiento de la materia electoral además de pretender engañar y abusar de la buena fe de la autoridad electoral.

V.- (sic) Por lo que respecta a la protesta de decir verdad que realiza el quejoso, en el sentido de que la dirigencia nacional del Partido Alianza Social no le ha notificado el hecho de que ha dejado de ser el Presidente del Partido en el Estado de México, esta circunstancia se cubre atendiendo a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 80 de los Estatutos del Partido Alianza Social, que señala que los Presidentes y Secretarios Generales durarán en su cargo tres años.

Cabe aclarar que es una verdad sabida y del dominio público, tal y como lo reconoce el propio Juan Lago Lima, que el plazo de los tres años se cumplió el 8 de agosto de 2002, por lo que no existe la necesidad de que el Partido Alianza Social le notifique que su mandato llegó a su término, toda vez que en el mismo momento de la toma de posesión del cargo, se tiene conocimiento de que dicho cargo dura tres años.

Asimismo, el C. Juan Lago Lima manifiesta que tampoco se le ha emplazado a procedimiento alguno, por lo cual haya sido suspendido como militante y por ende directivo del Partido, al respecto, es de mencionarse que el C. Juan Lago Lima, en cumplimiento al Acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral el 17 de mayo del año en curso, fue restituido en el uso y goce de sus derechos como militante del Partido Alianza Social y reinstalado como Presidente Estatal, en obvió de repeticiones, solicitamos se tengan por reproducidos los argumentos vertidos en la contestación al hecho V.

En el caso que nos ocupa, no es aplicable lo dispuesto en los artículos 55, 91 párrafo primero y tercero, 94; 95, 96, de los Estatutos Generales Vigentes del Partido Alianza Social en virtud de que no se ha iniciado procedimiento sancionatorio en contra del C. Juan Lago Lima por autoridad alguna interna del Partido Alianza Social y mucho menos se le ha impuesto alguna sanción. Tampoco son aplicables al caso que nos ocupa lo establecido en el artículo 38 incisos b)y p) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; de igual forma no se violan en perjuicio del quejoso lo dispuesto en los artículos 9 y 35 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en virtud de que en ningún momento se le ha coartado al C. Juan Lago Lima su derecho a asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país.

(...)"

"ARTÍCULO 1

1. Las disposiciones de este Código son de orden público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.

2. Este Código reglamenta las normas constitucionales relativas a:

a) Los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos;

b) La organización, función y prerrogativas de los partidos políticos y las agrupaciones políticas; y

c) La función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión."

"ARTÍCULO 22

(...)

3. Los partidos políticos nacionales, tienen personalidad jurídica, gozan de los derechos y de las prerrogativas y quedan sujetos a las obligaciones que establecen la Constitución y este Código.

1. Los partidos políticos, para el logro de los fines establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el presente Código.

2. El Instituto Federal Electoral vigilará que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a la ley.

1. Los estatutos establecerán:

(...)

c) Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos (...)"

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

a) Conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

(...)

1. El incumplimiento de las obligaciones señaladas por este Código se sancionará en los términos del Título Quinto del Libro Quinto del presente ordenamiento.

2. Las sanciones administrativas se aplicarán por el Consejo General del Instituto con independencia de las responsabilidades civil o penal que en su caso pudiera exigirse en los términos de la ley a los partidos políticos, las agrupaciones políticas, dirigentes y candidatos.

1. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

(...)

h) Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a este Código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos;

(...)

w) Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, en los términos previstos en la presente ley;

(...)

z) Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en este Código.

1. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, miembros o simpatizantes, podrán ser sancionados:

(...)

2. Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser impuestas cuando:

a) Incumplan con las obligaciones señaladas en el artículo 38 y demás disposiciones aplicables de este Código;

(...)"

Recurso de apelación. SUP-RAP-020/98. Partido Revolucionario Institucional. 17 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: Carlos Vargas Baca.

Recurso de apelación. SUP-RAP-009/99. Cruzada Democrática Nacional. 19 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: Carlos Vargas Baca."

"DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES. SU VIOLACIÓN POR PARTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SÓLO FACULTA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL A IMPONER LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, SINO QUE LO CONSTRIÑE TAMBIÉN A RESTITUIR AL AFECTADO EN EL GOCE DEL DERECHO VIOLADO. De una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 3, párrafo 1, 22, párrafo 3, 38, párrafo 1, inciso a), 68, párrafo 1, 69, párrafo 1, inciso d), 73, párrafo 1, y 82, párrafo 1, incisos h) y w), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se arriba a la conclusión de que, en caso de una violación a los derechos político-electorales del ciudadano, por parte de un partido político, el Consejo General del Instituto Federal Electoral está facultado no sólo para la imposición de una sanción al infractor, sino también para realizar las providencias necesarias para restituir al quejoso en el uso y goce del derecho violado. En efecto, si se parte de la base de que la ley debe ser indefectiblemente observada por los partidos políticos nacionales, resulta que para el logro de los fines establecidos en el artículo 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, dichos partidos políticos nacionales quedan sujetos a las obligaciones que establece la legislación electoral y, concretamente, tienen el deber jurídico de respetar los derechos de los ciudadanos, según lo previsto por los artículos 22, párrafo 3 y 38, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por otra parte, el Consejo General del Instituto Federal Electoral tiene la responsabilidad de vigilar que los partidos políticos cumplan con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso a) de dicho cuerpo legal, en conformidad con lo dispuesto en los preceptos citados al principio. En consecuencia, si en concepto de esa autoridad electoral está demostrado que el partido político conculcó el derecho político-electoral de un ciudadano, el Consejo General del Instituto Federal Electoral no solamente está facultado para imponer la sanción correspondiente, sino que también está constreñido a dictar las medidas necesarias para restituir al ciudadano afectado en el uso y goce del derecho político-electoral violado, que restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la infracción cometida, pues sólo de esta manera quedarán acatadas cabalmente las normas reguladoras de esa clase de derechos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-021/98.-Organización Auténtica de la Revolución Mexicana, Agrupación Política Nacional.-17 de noviembre de 1998.-Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-003/99.-Convergencia Socialista, Agrupación Política Nacional.-12 de marzo de 1999.-Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-004/99 y acumulado.-Convergencia Socialista, Agrupación Política Nacional.-12 de marzo de 1999.-Unanimidad de votos.

"PRIMERO.- Suspender la ministración de los recursos por no acreditar fehacientemente en qué se gasto los recursos del partido.

SEGUNDO.- Porque rebasa el porcentaje de gasto de REPAP'S correspondiente al mes.

TERCERO.- Porque no reconoce la estructura actual, ni anterior, ya que no destina recursos a ningún Comité Municipal."

"... contrariamente a lo señalado por Juan Lago Lima, en la sentencia mencionada no se impuso a la autoridad responsable, Consejo General del Instituto Federal Electoral, la obligación de ordenar que el cargo de directivo partidario al que debía ser reinstalado el actor tuviera que concluir hasta el día seis de enero de dos mil cuatro;...".

2.- El día 3 del presente mes, mediante correo electrónico el CEN, convocó para ese mismo día a las 18:00 horas, en sus oficinas, a una Reunión Extraordinaria del CEN, con el tema Comité Ejecutivo Estatal provisional del Distrito Federal, Adjunto al presente original de dicho correo.

3.- El día 3 del presente mes, en la citada Reunión Extraordinaria del CEN, la C. Dora Patricia Mercado Castro, Presidenta del Partido México Posible, indicó que había tres renuncias que habían presentado integrantes del Comité Ejecutivo Estatal Provisional del Distrito Federal. Ya que, la semana pasada habían renunciado el C. Carlos Hernández Secretario de Finanzas, cuya renuncia nunca hicieron llegar a mi poder y, que el día 2 del presente mes, habían renunciado los C.C. José Loma Omaña, Secretario de Asuntos Electorales y Adela Muñiz Guadarrama, Vicepresidenta. Estas dos últimas, las puso en la mesa la Presidenta del CEN para que se leyeran, mismas que adjunto en fotocopia, ya que, los originales nunca estuvieron en mi poder, pero se puede cotejar con los originales que deben obrar en el CEN, siendo que en dichas renuncias estas personas aseveran lo siguiente:

• El C. Loma Omaña, Secretario de Asuntos Electorales dice "He tomado esa decisión, ante una serie de ataques y calumnias por mi participación en este Comité, vinculándome a un supuesto grupo que ataca y bloquea las tareas encomendadas al mismo "... sin embargo, no precisa quien o quienes lo están atacando y calumniando por su participación en el Comité, tampoco específica en que hechos basa sus afirmaciones..

Cabe hacer mención, que con fecha 6 del presente mes presenté una queja ante la Comisión de Honor y Justicia del Partido México Posible, por difamación y declaración de hechos infundados cuyo documento remití en copia a ese Instituto, del cual adjunto fotocopia del acuse de recibo.

Sin embargo, no obstante que en dichas renuncias, están plasmadas de cuestiones meramente subjetivas, ya que ninguno de sus dichos están fundados o motivados, razón por la cual presenté mi queja ante la Comisión de Honor y Justicia del partido, la C. Dora Patricia Mercado Castro, basándose en menos comentarios subjetivos , me llamó la atención públicamente por el supuesto mal comportamiento que desarrollé del 21 de agosto de 2002 al 3 de septiembre del 2002 y sin darme ninguna oportunidad de defensa, por lo que, en la reunión extraordinaria del día 3 de septiembre del 2002, la C. Dora Patricia Mercado Castro, manifestó a los otros dos integrantes del CEN, que tenía una propuesta para someter a su consideración para el nombramiento de un nuevo Comité Ejecutivo Estatal Provisional del Distrito Federal y era que la C. Rebeca Vejar, quien se desempeñaba como Secretaria General del Comité Ejecutivo Provisional del Distrito Federal, pasara ser la Presidenta de dicho Comité.

Acto seguido, en esa misma reunión extraordinaria, en uso de la palabra la C. Elsa Guadalupe Conde Rodríguez, Vicepresidente del CEN, también indicó, que no obstante que me conoce desde hace años y que esa fue la razón por la cual pensó que podía hacer un buen papel pero que desgraciadamente no había sido así por lo que consideraba que se tenía que hacer un cambio.

Tengo testigos presenciales de lo sucedido en la reunión extraordinaria del CEN de fecha 3 del presente mes y año, personas a las cuales en caso de ser necesaria su declaración, me comprometo a presentarlas en día y hora que este H. Consejo General se sirva señalar.

Ahora bien, toda vez, que hasta el día de hoy no he recibido ninguna notificación que contenga alguna resolución fundada y motivada, por el CEN, en donde se me indique las violaciones contenidas a los documentos básicos de nuestro partido o a alguna de las normas que rigen la vida de los partidos, para que se me destituya de mi cargo y sin embargo tengo conocimiento que el CEN, basándose nuevamente en el artículo 16 inciso e) de nuestros estatutos, ya nombró a otro Comité Ejecutivo Provisional del Distrito Federal, lo cual no solamente lesiona mis derechos, sino que me deja en estado de indefensión.

Por otro lado, el artículo 14 de nuestros estatutos establece que "El Comité Ejecutivo Nacional... Tendrá la representación jurídica y política de acuerdo al reglamento correspondiente..." y como en el artículo primero transitorio se estipuló que, una vez otorgado el registro, el cual, se nos dio el 3 de julio del año en curso, se cuenta con 6 meses para su aprobación, pues es el caso, que hasta el día de hoy no tenemos el Reglamento del Comité Ejecutivo aprobado, lo cual me deja en estado de indefensión, ya que no existen reglas precisas ni procedimientos que rijan al CEN, como es el caso de la destitución verbal de la que fui objeto al cargo de Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal Provisional del Distrito Federal, por parte del CEN del Partido México Posible.

Por otro lado que hasta el día de hoy, tampoco se ha aprobado el Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia, nuevamente me dejan en estado de indefensión, ya que no existen las reglas específicas aprobadas para atender este tipo de asuntos y otros

Por lo anteriormente expuesto, es que me veo en la necesidad de acudir ante ese H. Instituto a solicitar su intervención, ya que internamente en el Partido México Posible, existen los documentos básicos más no los reglamentos que nos rijan, por lo que solicito de la manera más atenta lo siguiente:

PRIMERO.- Se de por presentada la presente inconformidad en contra de los C.C. Dora Patricia Mercado Castro, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez y Wilfrido Isami Salazar Ruiz, Presidenta, Vicepresidenta y Secretario General del CEN del Partido México Posible, respectivamente, en términos del presente escrito y en uso del derecho que me asiste.

SEGUNDO.- Se tenga por señalado domicilio legal para recibir toda clase de notificaciones.

TERCERO.- Que ese H. Instituto de entrada a la presente inconformidad y se inicie el procedimiento correspondiente.

CUARTO.- Que se declare nulo todo lo actuado, por parte del nuevo Comité Ejecutivo Estatal Provisional del Distrito Federal, por tener un vicio de origen, ya que antes de nombrar un nuevo Comité el CEN tenía que haber fundado, motivado y notificado a la suscrita la destitución al cargo que ostento como Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal Provisional del Distrito Federal.

QUINTO.- Que se declare legítimo y válido el cargo de Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal Provisional del Distrito Federal, que legalmente ostento, hasta en tanto no se cree el Comité Ejecutivo Estatal del Distrito Federal, de acuerdo a nuestros estatutos.

SEXTO.- Que el CEN del Partido México Posible, restituya el daño moral hacia mi persona haciendo un reconocimiento público del cargo que legalmente ostento como Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal Provisional del Distrito Federal.

3.- Por lo que toca a la supuesta remoción sin fundamento alguno y de que ello se motivo por irregularidades, esto es falso, puesto que su nombramiento fue dado por el Comité Ejecutivo Nacional en carácter de provisional y conforme a las facultades que los Estatutos le confieren en el artículo 16 inciso e), teniendo en este caso exclusivamente, también la facultad de determinar su temporalidad.

Cabe hacer mención que estamos ante una facultad que nuestro partido a través de sus Estatutos otorga al Comité Ejecutivo Nacional con calidad de discrecionalidad y sólo para el caso de que aun no se constituyan los comités necesarios para la integración de la Asamblea Estatal, instancia que por excelencia tiene las atribuciones para elegir las autoridades estatales y que su remoción debe realizarse bajo los mecanismos y por las faltas que establecen los mismos Estatutos, caso en el que no se encuadra el nombramiento de la quejosa."

"1.- Es improcedente la queja planteada por la C. Elsa Castellanos López, toda vez que de su escrito de fecha 9 de septiembre del 2002 se desprende claramente que nos encontramos en el supuesto establecido por el artículo 10, inciso d) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, toda vez que la quejosa no ha agotado los recursos con que cuenta y que se encuentran claramente contemplados en nuestros Estatutos, como lo es anteponer queja ante la Comisión Autónoma de Honor y Justicia, puesto que como la misma lo expresa en la pagina (sic) dos, párrafo tercero de su escrito, presentó quejas ante la Comisión Autónoma de Honor y Justicia, con lo que reconoce expresamente la competencia del órgano interno en comento y no demuestra que dichas quejas no estén siendo atendidas y substanciadas por dicha comisión, ni que se le haya negado su derecho, por lo que no existe justificación alguna para que omita acudir en principio a los mecanismos internos que contemplan nuestros Estatutos y que norman nuestra vida partidaria, por lo que solicitamos a este Instituto se decrete la improcedencia de la queja."

"ARTÍCULO 24

1. Para que una organización pueda ser registrada como partido político nacional, deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos, su programa de acción y los estatutos que normen sus actividades; y

(...)

1. La declaración de principios invariablemente contendrá, por lo menos:

a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen;

b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule;

c) La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión o secta, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que este Código prohibe financiar a los partidos políticos; y

d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática.

1. El programa de acción determinará las medidas para:

a) Realizar los postulados y alcanzar los objetivos enunciados en su declaración de principios;

b) Proponer políticas a fin de resolver los problemas nacionales;

c) Formar ideológica y políticamente a sus afiliados infundiendo en ellos el respeto al adversario y a sus derechos en la lucha política; y

d) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales.

1. Los estatutos establecerán:

a) La denominación del propio partido, el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales;

b) Los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones. Dentro de los derechos se incluirán el de participar personalmente o por medio de delegados en asambleas y convenciones, y el de poder ser integrante de los órganos directivos;

c) Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos. Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con los siguientes:

I. Una asamblea nacional o equivalente;

II. Un comité nacional o equivalente, que sea el representante nacional del partido;

III. Comités o equivalentes en las entidades federativas; y

IV. Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos anuales y de campaña a que se refiere el párrafo 1 del artículo 49-A de este Código.

d) Las normas para la postulación democrática de sus candidatos;

e) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que participe, sustentada en su declaración de principios y programas de acción;

f) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen; y

g) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas y los correspondientes medios y procedimientos de defensa."

"Artículo 15. Las Comisiones Autónomas electas en Asamblea Nacional de conformidad con el artículo 9, inciso b), fracción IV, de los presentes estatutos, se integrarán, cada una, por un Presidente o Presidenta, quien a su vez nombrará una oficina técnica con una composición mínima de dos coordinadores. Durarán en su cargo dos años y sólo podrán ser reelegidas una vez. Tendrán autonomía en el manejo de sus presupuestos que serán incorporados por el CEN y aprobados en la Coordinadora Nacional. Sesionarán, ordinariamente, por lo menos una vez al mes y extraordinariamente cuando el o la Presidenta, o dos de sus integrantes convoquen, por lo menos con 24 horas de anticipación. Las resoluciones se tomarán por mayoría de las personas que la integran, teniendo el Presidente o Presidenta el voto de calidad, para el caso de empate. Funcionarán de acuerdo con sus respectivos reglamentos.

(...)

b) La Comisión Autónoma de Honor y Justicia tendrá las siguientes atribuciones:

I. Vigilar que se cumplan los Estatutos y actuar por quejas de integrantes, afiliados o ciudadanas y ciudadanos o por decisión propia,

II. Aplicar, en su caso, las sanciones respectivas de acuerdo a su reglamento,

III. Vigilar las elecciones internas,

IV. Elaborar los códigos de ética, y

V. Las demás que le otorguen los presentes Estatutos y su reglamento.

(...)"

"Artículo 32. Los integrantes y/o afiliados, podrán interponer recursos y quejas ante las Comisiones Autónomas de Honor y Justicia Estatales, por presuntos actos u omisiones realizados por órganos, integrantes o representantes del Partido que vayan en contra de lo establecido en nuestros documentos básicos y demás reglamentos, quienes resolverán en un plazo no mayor de 30 días hábiles, a partir de la recepción de la queja.

Dichas resoluciones podrán ser apeladas, en primera instancia, ante la Comisión Autónoma de Honor y Justicia, en un plazo no mayor a 5 días naturales a partir de que le sea notificada la resolución, la que tendrá un plazo máximo de 30 días naturales para emitir su resolución."

"Artículo 38

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

(...)

f) Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios;

(...)"

"Artículo 6. Las personas integrantes tendrán las siguientes obligaciones:

a) Cumplir con lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus leyes reglamentarias, así como las Constituciones Políticas de las Entidades Federativas.

b) Conocer, acatar y difundir los Documentos Básicos del Partido.

(...)"

En este sentido, cabe puntualizar que, si bien es cierto esta disposición se refiere a leyes, también lo es que a través de los mecanismos legales que prevén los Estatutos del Partido México Posible, los actos o resoluciones impugnados pueden ser modificados, revocados o anulados.

III.- El Comité Auxiliar del Servicio Electoral en el Estado de Durango del Partido de la Revolución Democrática, estuvo integrado por tres personas, el C. JUAN FRANCISCO SIFUENTES REYES, como PRESIDENTE y los CC. LIC. SANDRA DEL ROCIO (sic) SOLORZA GARCIA (sic) Y LIC. EDUARDO MARTINEZ (sic) SAUCEDO, como INTEGRANTES, mismos que fueron designados por el Servicio Electoral Nacional.

IV.- Con fecha nueve de febrero del dos mil dos a las diecisiete horas con veinte minutos se presentó ante ese Comité Auxiliar del Servicio Electoral en el Estado de Durango, el C. JOSE (sic) ARROLA (sic) CONTRERAS, como nuestro representante de fórmula para CANDIDATOS de PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL DEL COMITE (sic) EJECUTIVO MUNICIPAL, presentado la documentación que exige el artículo 47 en su numeral 3 del Reglamento General de Elecciones y Consultas, que es formato, carta de aceptación de candidatura, constancia de afiliación y antigüedad, constancia de vigencia de derechos y constancia de cuotas.

Con fecha seis de febrero del dos mil dos, el C. PROFR. ARNOLDO VIZCAINO RODRIGUEZ (sic), Presidente del Servicio Electoral Nacional, informa al Comité Auxiliar del Servicio Electoral en esta Ciudad, de (sic) que se recibieron escritos firmados por el C. JAIME PICA RODRIGUEZ (sic) Y MARCO ANTONIO CASTAÑEDA CARRILLO, por medio de los cuales interponen el recurso de revisión en la (sic) que me impugnan el otorgamiento del registro como candidato a Delegado al Congreso Nacional y Congreso Estatal y Consejeros Estatales.

Con fecha quince de febrero del dos mil dos, se recibió por vía fax, resolución que emitió el SERVICIOS ELECTORAL NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA (sic), en la cual se me revoca el otorgamiento de registro como candidato a Delegado al Congreso Nacional, al Congreso Estatal y a Consejeros Estatales de nuestro Instituto Político en el Estado de Durango, Por (sic) lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 en su numeral 2 inciso b), que a la letra dice: '1.- Procederá la cancelación del registro: b).- vencidos ambos plazos, solo (sic) podrán ser sustituidos por inhabilitación, muerte o renuncia, hasta un día antes de la elección....' Por lo que en este caso quedé inhabilitado automáticamente para contender en las demás elecciones.

Con fecha dieciséis de febrero del dos mil dos, se presentó ante el Comité Auxiliar del Servicio Electoral el C. JOSE (sic) ARREOLA CONTRERAS, para sustituir mi inhabilitación por el C. MARIO SILVA FRANCO, mismo que acredito (sic) la documentación que exige el artículo 47 en su numeral 3 del Reglamento General de Elecciones y Consultas, que es formato, carta de aceptación de candidatura, constancia de afiliación y antigüedad, constancia de vigencia de derechos y constancia de cuotas.

Con fecha dieciséis de febrero de dos mil dos, el Servicio Electoral emitió resolutivo en el que se otorga el registro definitivo a las fórmulas de los candidatos a Presidente y Secretario General en los 39 municipios a excepción de OCAMPO, RODEO, GENERAL SIMON BOLIVAR (sic), NAZAS Y CANATLAN (sic). Tocando como número de fórmula la UNO.

Con fecha veintiocho de febrero del dos mil dos, se recibió en ese Órgano Electoral, resolución que emitió la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia en el expediente 564/DGO/01, relativo a la apelación que interpuse en tiempo y forma, resolución en la cual en el punto SEGUNDO, ha sido procedente el recurso de apelación interpuesta, mismo que se encuentra radicado en el libro de gobierno con el número antes indicado, en el punto TERCERO, se revoca la resolución de fecha quince de septiembre del año dos mil uno, emitida por la Comisión Estatal de Garantías y Vigilancia en Durango, y por ende se restituyen de sus derechos partidarios al C. JOSE OSCAR (sic) POSADA SANCHEZ (sic), dicha resolución la recibió el Comité Ejecutivo Estatal en la misma fecha.

Con fecha seis de marzo del dos mil dos, el Servicio Electoral emitió resolución y en su primer considerando establece que se recibe en tiempo y forma la renuncia y cambio de los CC. MARIO SILVA FRANCO Y JOSE (sic) POSADA SANCHEZ (sic) y en su resolutivo UNICO (sic), se realiza cambio de candidato para Presidente del Comité Ejecutivo Municipal de Durango, donde los CC. JOSE OSCAR (sic) POSADA SANCHEZ (sic) Y JESUS (sic) DAVILA (sic) VALERO son candidatos a Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo Municipal de Durango.- Notifíquese, firmando al calce los tres integrantes. Todo lo anterior en virtud de que la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia me restituye mis derechos partidarios.

V.- El Servicio Electoral Nacional, quien es el Órgano Superior, encargado de llevar a cabo los comicios internos, y debido a que la elección que se llevó a cabo era la de PRESIDENTE O PRESIDENTA Y SECRETARIO O SECRETARIA GENERAL, CONSEJEROS O CONSEJERAS NACIONALES, PRESIDENTE O PRESIDENTA Y SECRETARIO O SECRETARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL, CONSEJEROS O CONSEJERAS ESTATALES, DELEGADOS O DELEGADAS ESTATALES, PRESIDENTE O PRESIDENTA DEL COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL, Y COMITES (sic) DE BASE, fue quien mandó a hacer las boletas de cada elección, en base a los datos que el Comité Auxiliar del Servicio Electoral del Estado de Durango le estuvo enviando.

VI.- EL COMITÉ AUXILIAR DEL SERVICIO ELECTORAL MUNICIPAL, se integró en base a las propuestas de las planillas participantes en dichos comicios, mismos que fueron insaculados en el Servicio Electoral Nacional, dicho Comité se instaló en tiempo y forma. Estando integrado por las CC. MARTHA TERESA CHACON (sic) CORRAL en su carácter de PRESIDENTE y las CC. EMILIA CASTRO FAVELA Y MARIA (sic) DE LOS ANGELES (sic) DAVILA (sic) VALERO en su carácter de INTEGRANTES.

VII.- El día sábado quince de marzo del presente año, llegaron las boletas correspondientes a la elección, remitidas por el Servicio Electoral Nacional, por vía aérea, llegando únicamente las de PRESIDENTE O PRESIDENTA Y SECRETARIO O SECRETARIA GENERAL, CONSEJEROS O CONSEJERAS NACIONALES, DELEGADOS O DELEGADAS NACONALES (sic), PRESIDENTE O PRESIDENTA Y SECRETARIO O SECRETARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL, no llegando las boletas correspondientes a la elección a CONSEJEROS O CONSEJERAS ESTATALES, DELEGADOS O DELEGADAS ESTATALES, PRESIDENTE O PRESIDENTA Y SECRETARIO O SECRETARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL.

VIII.- Por lo que los integrantes del Comité Auxiliar del Servicio Electoral, se reunieron para dilucidar y llegar a un acuerdo sobre que (sic) se iba a hacer en relación a que no llegaron las boletas correspondientes a los CONSEJEROS O CONSEJERAS ESTATALES, DELEGADAS O DELEGADOS ESTATALES Y PRESIDENTE O PRESIDENTA Y SECRETARIA O SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL, decidiendo mandar imprimir las boletas correspondientes a la elección de Presidente o Presidenta y Secretaria o Secretario del Comité Ejecutivo Municipal, en cinco municipios, Durango, Gómez Palacio, Tlahualio, Lerdo y Mapimí, dada la importancia y afluencia de los votantes. Debido a la premura del tiempo y por cuestiones técnicas no se mandaron a hacer las actas de cómputo y escrutinio.

IX.- Llegándose el día de la elección, domingo diecisiete de marzo del dos mil dos, instalándose las casillas correspondientes, desde las ocho de la mañana a las dieciocho horas, asistiendo los militantes de nuestro partido a emitir su voto libre y secreto. Así mismo y como no hubo actas para el cómputo y escrutinio DE LA ELECCION (sic) PARA PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL, los integrantes de las mesas de casillas, algunas actas las elaboraron en forma manuscrita así como otras en formatos de las actas de cómputo y escrutinio de la ELECCION (sic) DE CONSEJEROS ESTATALES, de la cual no hubo elección, anotando la votación recibida, estampando su nombre y firma para constancia.

X.- Instalándose en sesión permanente el Comité Auxiliar Municipal del Servicio Electoral, el dieciocho de marzo del año en curso, llevándose a cabo el conteo de las boletas correspondientes, estando presentes los representantes de las planillas participantes, entre ellos el C. CECILIO CORREA GUERRA, quien fue nombrado como su representante el C. GAMALIEL OCHOA SERRANO, quien fuera candidato a la elección de PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL, llevando como número de fórmula TRES.

XI.- La Presidenta e integrantes del Comité Auxiliar Municipal del Servicio Electoral, hicieron la entrega de la paquetería correspondiente debidamente sellada y requisitada, de la elección de PRESIDENTA O PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, CONSEJERAS O CONSEJEROS NACIONALES, DELEGADAS O DELEGADOS AL CONGRESO NACIONAL, PRESIDENTA O PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL, PRESIDENTA O PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL Y COMITÉS DE BASE, que se llevó a cabo en el Municipio de DURANGO de las casillas instaladas, en donde se llevó a cabo la elección, recibiendo dicha paquetería el Comité Auxiliar del Servicio Electoral.

XII.- El Comité Auxiliar del Servicio Electoral del Estado de Durango entró en sesión permanente para llevar a cabo el cómputo y escrutinio de la elección celebrada el diecisiete de marzo del dos mil dos, conforme al Reglamento General de Elecciones y Consultas en su artículo 61 del Capítulo III de los Cómputos Electorales y Declaración de Validez; el día veinte de marzo del dos mil dos y debido a que los integrantes de una planilla, específicamente la dos ESTATAL, quien fuera como candidato el C. JUAN GONZALEZ (sic) CRUZ para Presidente del Comité Ejecutivo Estatal y CUATRO NACIONAL, que fue candidata la C. ROSARIO ROBLES, a la Presidencia Nacional, el C. LIC. BLAS RAFAEL PALACIOS CORDERO, obstaculizó el proceso de cómputo y escrutinio, y por falta de condiciones políticas en el Estado, el Presidente del Servicio Electoral Nacional, PROFR. ARNOLDO VIZCAINO (sic) RODRIGUEZ (sic), mandató al Comité Auxiliar del Servicio Electoral en el Estado para que se trasladara a la Ciudad de México, D. F., para llevar a cabo el cómputo correspondiente, así como toda la papelería electoral y actas de dicha elección. Por lo que nos trasladamos por vía terrestre en un camión de turismo, mismo que se rentó por parte del Órgano Electoral, subiendo a bordo los integrantes del Comité Auxiliar del Servicios Electoral y dos representantes de cada planilla participante, llevando consigo la papelería correspondiente, así como las actas de cómputo y escrutinio.

XIII.- Llegando a la Ciudad de México, D. F., instalándonos en la SALA DE PRENSA del Comité Ejecutivo Nacional, ubicado en Calle Monterrey No. 50 de la Colonia Roma, llevándose a cabo el conteo de los votos de uno en uno relativa (sic) a la elección de PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL NACIONAL, levantándose el acta correspondientes, firmando al calce para constancia, y al tratar de continuar con el conteo de los votos de las elecciones restantes y dadas las condiciones el Servicio Electoral Nacional suspendió el conteo de los votos, ya que los representantes de la planilla 4 Nacional y 2 Estatal obstaculizaron nuevamente el proceso, entregándose la paquetería correspondiente debidamente sellada y requisitada, al Servicio Electoral Nacional. Por lo que representantes del Servicio Electoral Nacional continuaron con el cómputo y escrutinio, terminándose el día veintisiete de marzo del dos mil dos las (sic) siete horas con veinte minutos, resultando ganadora la planilla por la cual participe (sic) con una votación de 2064 a favor, y en contra la planilla dos obtuvo 73 y la planilla tres 347 votos, levantándose las actas correspondientes debidamente firmadas por los representantes, y entregándoselas al C. PROFR. ARNOLDO VIZCAINO (sic) RODRIGUEZ (sic), Presidente del Órgano Electoral, en esa misma fecha el Comité Auxiliar del Servicio Electoral hizo un acuerdo en que se publican las actas para así contar el término para la interposición de los medios de impugnación, que establece el Reglamento General de Elecciones y Consultas.

XIV.- Con fecha seis de abril del dos mil dos, se recibió resolución por parte del Servicio Electoral del Partido de la Revolución Democrática, informando dicho Órgano que éste hará la DECLARACION (sic) DE VALIDEZ de la elección correspondiente, solo (sic) cuando la Comisión de Garantías y Vigilancia haya desahogado los recursos interpuestos con motivo de la elección, y solo (sic) ellos podrán expedir la CONSTANCIA DE VALIDEZ y notificará a los órganos correspondientes a fin de CONVOCAR A LOS ELECTOS A RENDIR PROTESTA, resolución que se notificó por estrados en el Servicio Electoral en el Estado de Durango.

XV.- Con fecha veintidós de abril del dos mil dos, a las dieciocho horas el Comité Auxiliar del Servicio Electoral del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango, recibió resolución de parte del Servicio Electoral Nacional DECLARACION (sic) DE VALIDEZ DE LA ELECCION (sic) DE PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION (sic) DEMOCRÁTICA EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2002. Dando cumplimiento el Órgano Electoral como se desprende del CONSIDERANDO II que a la letra dice: ...'Que el día dieciocho de abril del año que transcurre, la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia notificó a este Servicio Electoral que han sido resueltos en su totalidad los recursos presentados en contra del proceso electoral que se trata y la resolución definitiva recaída a los diversos recurso (sic) de inconformidad interpuestos por los candidatos correspondientes...' Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 63 numerales 1, 2, 3, y 4 del Reglamento General de Elecciones y Consultas, extendiéndome el Comité Auxiliar del Servicio Electoral en el Estado, constancia de mayoría.

XVI.- Con fecha veintitrés de abril del dos mil dos, se recibió resolución por parte del Servicio Electoral del Partido de la Revolución Democrática en la que éste faculta a los COMITE (sic) AUXILIAR DEL SERVICIO ELECTORAL, a expedir constancias de validez y hechas las cuales se notificará por estrados.

XVII.- El IV CONSEJO ESTATAL DE DURANGO, emitió CONVOCATORIA, a realizarse el sábado veintisiete de abril del dos mil dos a las diez horas, en primera convocatoria y a las once horas, en segunda convocatoria, teniendo como sede el salón Durango del Hotel Gobernador ubicado en la Ciudad de Durango, en la que se desarrolló bajo un orden del día, firmando al calce JOSE (sic) EVERARDO RAMIREZ (sic) PUENTE como PRESIDENTE y el C. FELIX (sic) FRAYRE CASTAÑON (sic) como VICEPRESIDENTE.

XVIII.- Con fecha veintisiete de abril del dos mil dos, se llevó a cabo en Segunda Convocatoria con la presencia de diecinueve consejeros, se instaló (sic) legalmente el Pleno Urgente del IV Consejo Estatal en el Salón Durango del Hotel Gobernador, asistiendo a la misma (sic) el C. JUAN JOSE(sic) GARCIA (sic) OCHOA, Delegado Nacional quien tomó la protesta a mi persona, convirtiéndose así en un hecho consumado.

Los hechos narrados anteriormente, ocasionan a mis derechos políticos, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto, los principios y el Reglamento de Elecciones y Consultas del Partido en el que milito los siguientes:

I.- Me causa agravio la resolución emitida por la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática, con fecha veintitrés de julio del dos mil dos, toda vez que por principio de cuentas, esta (sic) fue emitida ochenta días después, es decir fuera de los plazos establecidos en el Reglamento General de Elecciones y Consultas, conforme a lo dispuesto por el artículo 63 en sus numerales 4 y 5 que el primero a la letra dice: 'Los plazos del órgano jurisdiccional para resolver los recursos en materia electoral de dirigentes y representantes deberá concluir al menos siete días antes de la fecha señalada para la toma de posesión'.... el segundo establece que ....'El Servicio Electoral recibirá las resoluciones del órgano jurisdiccional y los (sic) aplicará, procediendo, si fuera necesario a modificar los cómputos realizados. Una vez ajustados los resultados a las resoluciones jurisdiccionales, el Servicio Electoral, expedirá la constancia de validez y notificará a los órganos correspondientes a fin de convocar a los electos a rendir protesta'... En el caso de que se trata, el artículo 65 numeral 1 del Reglamento General de Elecciones y Consultas los plazos para la toma de posesión de dirigentes y representantes serán: inciso f).- El Comité Ejecutivo Municipal la primera semana de mayo. Por lo que el Servicio Electoral Nacional, el PRESIDENTE PROFR. ARNOLDO VIZCAINO (sic) RODRIGUEZ (sic) y los INTEGRANTES IRENE ARAGON (sic) CASTILLO Y ALEJANDRO GARCIA (sic) RUEDA, emitieron la declaración de validez en base a un resolutivo que recibieron de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, quedando de manifiesto que dichos recursos de inconformidad ya habían sido resueltos y ahora cuando entra la NUEVA Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, a todas luces deliberadamente en una forma ilegal y extemporánea, con el ánimo de favorecer al quejoso GAMALIEL OCHOA SERRANO, vuelve a resolver un acto juzgado, violando mis derechos constitucionales, establecido (sic) en el artículo 23 Constitucional, que nadie puede ser juzgado dos veces, es decir no puede volver a resolver el mismo recurso de inconformidad, declarando NULA la elección para PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL DEL ESTADO DE DURANGO, violando con ello lo dispuesto en el artículo 68 del TITULO (sic) OCTAVO, De lo Contencioso Electoral, Capítulo I Disposiciones Generales, establece: 1.- A partir de que reciba el recurso para substanciarlo, el órgano competente deberá emitir la resolución respectiva en los plazos siguientes: inciso b).- El recurso de inconformidad en los plazos determinados (sic) de acuerdo a la toma de posesión de los órganos y de registro ante la autoridad electoral.

Así mismo en dicha resolución se acumularon las causas 913/DGO/02 Y 915/DGO/02, por identidad de promoverte (sic), resolviendo primeramente el expediente 913/DGO/02, en el cual no ha lugar a declarar la inelegibilidad de los candidatos JOSE OSACR (sic) POSADA SANCHEZ (sic) Y JESUS DAVILA (sic) VALERO.

Quedando vigente el expediente 915/DGO/02, en el que se interpone el recurso de nulidad en las siguientes casillas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, mismas que fueron analizadas conforme al artículo 74 en sus incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), las cuales no procedieron. Ahora bien en el último inciso m) del artículo invocado con anterioridad, se analiza en el punto número 12 del resultando VI, que la causal de NULIDAD la hace valer el recurrente en las casillas número 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, y 31, así mismo impugna las actas de cómputo y escrutinio de las casillas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, por irregularidades graves que ponen en duda la certeza de la votación, y que no se reunieron los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad, en materia electoral. De lo cual se advierte que el Organo (sic) Colegiado únicamente se concreta a deducir, que la elección para PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL DEL P. R. D. EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, ESTADO DE DURANGO SE ENCUENTRA PLAGADO DE IRREGULARIDADES QUE PONEN EN DUDA LA CERTEZA DE LA VOTACION (sic) POR LA EXISTENCIA DE VIOLACIONES SUSTANCIALES AL PROCEDIMIENTO, POR EXISTIR EN TODAS LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y COMPUTO (sic) EN ESTUDIO UNA CONSTANTE DE IRREGULARIDADES POR SITUACIONES ATIPICAS (sic). Mas no se demuestra con pruebas contundentes la irregularidad para invocar la causal de NULIDAD, dañando con ello el sufragio emitido en las mesas de casillas, mucho menos justifica el acogimiento de la pretensión de NULIDAD.

II.- Me causa agravio lo expuesto en relación a la CASILLA NUMERO (sic) 31, en la que plasman que se terminaron las boletas recibidas en el paquete electoral, sin tener boletas sobrantes, esto no es así, de (sic) lo cual se demuestra con la copia del acta de cómputo y escrutinio con número de folio 1057 de elección a Consejeros estatales, en donde consta que se recibieron 1600 boletas, de las cuales se utilizaron únicamente 260 con 0 votos nulos, así mismo existe acta levantada por el Jefe de Cuartel de la Colonia General Felipe Ángeles (sic), Dgo., dando fe de que los testigos y representantes se negaron a firmar, por lo que no se violentan los principios de certeza y legalidad. Debido a que el Órgano Colegiado no tuvo a bien revisar los INCIDENTES DE CSAILLA que el Comité Auxiliar del Servicio Electoral del Estado de Durango hizo llegar en tiempo y forma, por lo que no se analizó el acta que menciono en líneas arriba, esto para seguir favoreciendo al quejoso de referencia, actuando en forma parcial.

III.- Me causa agravio lo expuesto en relación a la CASILLA 18 del acta de escrutinio y cómputo, respecto al llenado de la misma, pues el Órgano Jurisdiccional no le da valor probatorio a la misma, pues de su razonamiento se desprende que: SE APRECIA que en el apartado del acta relativo al sentamiento de los datos de los nombres de los funcionarios de casilla, los nombre (sic) de Presidente y Secretario, los apartados de Escrutinio y Cómputo, así como el número de votos y las cantidades con letra, LOS RASGOS GRAFOSCÓPICOS SON EVIDENTEMENTE SIMILARES, POR NO DECIR IDENTICOS (sic), LO QUE HACE DEDUCIR A ESTE ORGANO (sic) RESOLUTOR QUE TIENE EL MISMO ORIGEN GRAFICO (sic), ES DECIR, TIENE SU ORIGEN EN EL MISMO PUÑO Y LETRA. Si bien es cierto, la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia es un Órgano Jurisdiccional encargado de garantizar los derechos de los miembros del partido y vigilar la aplicación de los documentos básicos del P. R. D., en su respectivo ámbito de competencia, en una violación sistemática a las normas y procedimiento, y con toda la intención pasa desapercibido lo dispuesto en el TITULO IV, CAPITULO (sic) PRIMERO DEL PROCEDIMIENTO DE REGLAMENTO DE SANCIONES, en su artículo 37 que a la letra dice: 'Todo procedimiento en materia de pruebas se regirá según lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente'.... Por lo que los juzgadores antes de emitir su fallo debieron haberse apoyado en peritos en materia caligráfica o grafoscópica a fin de ilustrar su criterio, de lo cual se advierte que de la SIMPLE VISTA éstos no le dan valor probatorio al acta de cómputo y escrutinio, sino por el contrario en una forma arbitraria e irrazonada sin sustentarse en un argumento lógico, es decir no nombran perito en la materia para que emitiera su peritaje y pudieran determinar si la letra y las fiemas que aparecen en dicha acta fueron estampadas de puño y letra por la persona que la suscribe, por lo que dicha valoración se traduce en un estado de indefensión e ilegalidad.

IV.- Me causa agravio en lo expuesto a la CASILLA NO. 9, es cierto que de ésta fue robada la urna y se dio parte a las autoridades, pero la gente que se encontraba en la misma improvisó una caja de cartón, emitiendo su voto, libre y secreto, por lo que hay certeza y legalidad, puesto que los votos fueron contados de uno en uno en presencia de los representantes de cada uno (sic) de las planillas en la sede en la que se instaló el Comité Auxiliar del Servicio Electoral, y la resolutora únicamente se concreta a manifestar IRREGULARIDADES COMETIDAS, mas no especifica que (sic) IRREGULARIDADES, puesto que tiene que ser conciso en sus apreciaciones, pues no debe haber dudas ni reticencias al momento de juzgar. Así mismo vuelvo a hacer mención que ni siquiera se tomaron la molestia de revisar los INCIDENTES DE LAS MESAS DE CASILLA, que sucedieron en la jornada electoral, mismos que los hizo llegar el Comité Auxiliar del Servicio Electoral del Estado de Durango.

V.- Me causa agravio en relación a las casillas números 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 27 y 28 en la (sic) que plasman en dicha resolución en forma conjunta que todas las actas de cómputo y escrutinio fueron elaboradas manuscritamente y en otras solo (sic) se encuentra (sic) rúbricas, sin determinar a quién pertenecen y en qué calidad se rubrica; en otros casos se OBSERVA que únicamente se encuentran rúbricas de los supuestos funcionarios de casilla, no contiene el número de boletas recibidas, el número de boletas inutilizadas, suma de votos válidos, suma de votos nulos, número de folio, incumpliéndose con las medidas de seguridad y datos que deben contener las actas de escrutinio y cómputo, vulnerando los principios de certeza, legalidad, profesionalismo y objetividad. De lo anterior se advierte que el Órgano Jurisdiccional únicamente redacta lo que le favorecía al quejoso, pasando desapercibido los principios de derecho, y los requisitos que debe contener una sentencia, ya que de su resolución se desprende que no tuvo a la vista las actas de cómputo y escrutinio a que se refiere en líneas arriba, y no analizó en forma separada, es decir, casilla por casilla, las actas multicitadas, puesto que las actas de las casilla número 4, 8, 10, 16, 20, 21, 23, 25, 26 y 28 éstas fueron redactadas en forma manuscrita y las actas de cómputo y escrutinio de las casillas 5, 6, 7, 12 y 15, estas (sic) corresponden a la ELECCION (sic) DE CONSEJEROS ESTATALES, la resolutora solo (sic) analiza tres casillas las número 31, 18, 9 y la 29 y 30, manifiesta que no ha lugar la nulidad, y las restantes en forma conjunta, tratando de que la responsable de tales actos es la autoridad, en este caso el Comité Auxiliar Municipal del Servicio Electoral del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango, plasmando que existieron violaciones sustanciales al procedimiento por parte de la autoridad responsable ya que la suma de irregularidades en su conjunto crean (sic) en el juzgador certeza de que la votación emitida en dichas casillas no se (sic) cuenta con la seguridad o certidumbre de tener la veracidad de los actos celebrados en la jornada electoral y de los indicios de las actas se desprende que hubo irregularidades graves no reparables, que ponen en duda la certeza de la votación y que evidentemente favorecen a una de las planillas... De lo anterior se pone de manifiesto que existen afirmaciones que conforme a las reglas de la prueba deben ser probados (sic) por quien afirma, anexando para ello la información atinante (sic) para demostrar los extremos de la afirmación, planteada, caso específico de LAS VIOLACIONES SUSTANCIALES AL PROCEDIMIENTO, y para que esto sea una implicación jurídica debe contener como mínimo el elemento DOLO, que éste dolo provenga de quien organiza la preparación, vigilancia y desarrollo del proceso en sí mismo, mas nunca se acredita dicho elementos (sic), por lo que no se vulneró los (sic) principios constitucionales, y por lo que a continuación se analiza las siguientes actas de cómputo y escrutinio:

1.- El acta de cómputo y escrutinio correspondiente a la CASILLA NUMERO (sic) CUATRO, fue elaborada en forma manuscrita por la Presidente e integrantes del Comité Auxiliar Municipal del Servicio Electoral, conjuntamente con los representantes de las tres planillas participantes, específicamente por el C. CECILIO CORREA GUERRA, quien fue representante del C. GAMALIEL OCHOA SERRANO, de la cual (sic) obra su firma estampada al margen izquierdo, además contiene número de votos sufragados, número de votos nulos.

2.- El acta de cómputo y escrutinio correspondiente a la CASILLA NUMERO (sic) CINCO, fue elaborada en la forma de ELECCION (sic) DE CONSEJEROS ESTATALES, en la cual obra los nombres de los funcionarios de casilla los CC. ANTONIA MEDRANO PALOMARES, JUANA A. DAVILA (sic) VALERO, Y JOSE (sic) ISIDRO HERNANDEZ (sic) VERA, Presidente, Secretario y Escrutador respectivamente, así como sus firmas, la suma de votos válidos, así como la suma de votos nulos.

3.- El acta de cómputo y escrutinio correspondiente a la CASILLA NUMERO (sic) SEIS, fue elaborada en la forma de ELECCION (sic) DE CONSEJEROS ESTATALES, en la cual obra los nombres de loa funcionarios de casilla los CC. JANETH MELENDEZ (sic) S., DANIEL FLORES F. Y ESMERALDA LOPEZ (sic) L., Presidente, Secretario y Escrutador respectivamente así como sus firmas, la suma de votos válidos.

4.- El acta de cómputo y escrutinio correspondiente a la CASILLA NUMERO (sic) SIETE, fue elaborada en la forma de ELECCION (sic) DE CONSEJEROS ESTATALES, en la cual obra los nombres de los funcionarios de casilla los CC. SAMUEL LUIS DIAZ (sic) HERRERA, BLANCA LILIANA CAMPA Q. Y MANUEL DUEÑAS ALVARADO, Presidente, Secretario y Escrutador respectivamente, así como sus firmas, la suma de votos válidos, y los nombres y firmas dos (sic) representantes de la fórmula número tres, los CC. ESTHER RUEDA G. Y YOLANDA MORENO TORRES.

5.- El acta de cómputo y escrutinio correspondiente a la CASILLA NUMERO (sic) OCHO, fue elaborada en forma manuscrita por el Presidente y Secretario los CC. FRANCISCO VICENTE CASTAÑEDA Y PABLO ALBERTO GURROLA MERCADO respectivamente, anotando el número de votos obtenidos por cada planilla participante.

6.- El acta de cómputo y escrutinio correspondiente a la CASILLA NUMERO (sic) DIEZ, fue elaborada en forma manuscrita por los CC. NABOR FLORES ARELLANO, MARTHA COVARRUBIAS FLORES Y LETICIA MORALES VARGAS, Presidente, Secretario y Escrutador respectivamente, anotando los votos obtenidos por cada fórmula, así como los votos nulos.

7.- El acta de cómputo y escrutinio correspondiente a la CASILLA NUMERO (sic) DOCE, fue elaborada en la forma de ELECCION (sic) DE CONSEJEROS ESTATALES, en la cual obra los nombres de los funcionarios de casilla los CC. ARACELY AVILA (sic) DIAZ (sic), IVONNE AGUILAR RUIZ Y JORGE ZAMORA, Presidente, Secretario y Escrutador respectivamente, así como sus firmas, la cantidad de boletas recibidas, la suma de votos válidos, no hubo votos nulos, y los nombres de los representantes de cada planilla los CC. SOCORRO BURCIAGA SANCHEZ (sic), planilla 1, LUCILA PEREZ (sic) COVARRUBIAS, planilla 2, y DORA LETICIA AVILA (sic) DIAZ (sic), planilla 3.

8.- El acta de cómputo y escrutinio correspondiente a la CASILLA NUMERO (sic) DIECISEIS (sic), fue elaborada en forma manuscrita por los CC. MA. CECILIA MIER G., JAVIER HERRERA S. Y MA. DEL SOCORRO E., Presidente, Secretario y Escrutador respectivamente, así como sus firmas, anotando la suma de votos válidos, la suma de votos nulos, y los CC. JUANA SANTILLAN (sic) GARCIA (sic), representantes de la fórmula 1, y TOMAS (sic) ORTIZ RAMOS representantes de la fórmula tres.

9.- El acta de cómputo y escrutinio correspondiente a la CASILLA NUMERO (sic) VEINTE, fue elaborada en forma manuscrita por la Presidente e integrantes del Comité Auxiliar Municipal del Servicio Electoral, conjuntamente con los representantes de las tres planilla participantes, específicamente por el C. CECILIO CORREA GUERRA, quien fue representante del C. GAMALIEL OCHOA SERRANO, de la cual Sic) obra su firma estampada al margen izquierdo, además contiene número de votos sufragados, lo anterior en virtud de que sintieron temor fundado, por eso se contó la votación en dicho Comité Auxiliar Municipal del Servicio Electoral.

10.- El acta de cómputo y escrutinio correspondiente a la CASILLA NUMERO (sic) VEINTIUNO fue elaborada en forma manuscrita por la Presidente e integrantes del Comité Auxiliar Municipal del Servicio Electoral, conjuntamente con los representantes de las tres planillas participantes, específicamente por el C. CECILIO CORREA GUERRA, quien fue representante del C. GAMALIEL OCHOA SERRANO, de la cual (sic) obra su firma estampada al margen izquierdo, además contiene número de votos sufragados.

11.- El acta de cómputo y escrutinio correspondiente a la CASILLA NUMERO (sic) VEINTITRES (sic), fue elaborada en forma manuscrita por la Presidente e integrantes del Comité Auxiliar Municipal del Servicio Electoral, conjuntamente con los representantes de las tres planillas participantes, específicamente por el C. CECILIO CORREA GUERRA, quien fue representante del C. GAMALIEL OCHOA SERRANO, de la cual (sic) obra su firma estampada al margen izquierdo, además contiene número de votos sufragados, número de votos nulos.

12.- El acta de cómputo y escrutinio correspondiente a la CASILLA NUMERO (sic) VEINTICINCO, fue elaborada en forma manuscrita por los CC. RODOLFO SILVA GARCIA (sic), MARCO ANTONIO SOTO Y JESUS (sic) MARIN (sic), Presidente, Secretario y Escrutador respectivamente, obrando también sus firmas, anotando la suma de boletas recibidas, la suma de votos válidos, la suma de votos nulos, y los CC. SIGISFREDO ORTIZ VILLA, representante de la fórmula uno y ALEJANDRO HERNANDEZ (sic) IBARRA, representante de la formula (sic) tres.

13.- El acta de cómputo y escrutinio correspondiente a la CASILLA NUMERO (sic) VEINTISEIS (sic), fue elaborada en forma manuscrita por las CC. DIANA ROCHA MARTINEZ (sic) Y MARGARITA GUADALUPE ROCHA, Presidente y Escrutador respectivamente, obrando también sus firmas, anotando la suma de boletas recibidas, la suma de votos válidos, la suma de votos nulos.

14.- El acta de cómputo y escrutinio correspondiente a la CASILLA NUMERO (sic) VEINTISIETE, fue elaborada en la forma de ELECCION (sic) DE CONSEJEROS ESTATALES, en la cual obra los nombres de los funcionarios de casilla los CC. SANTIAGO GARCIA (sic) PEÑA Y JOSE (sic) LUIS GARCIA (sic) PAREDES, Presidente y Secretario respectivamente, obrando también sus firmas, anotando la suma de boletas recibidas, la suma de votos válidos, la suma de votos nulos, y el C. MANUEL DE JESUS (sic) GUEVARA COVARRUBIAS representante de la fo El acta de cómputo y escrutinio correspondiente a la CASILLA NUMERO (sic) VEINTITRES (sic), fue elaborada formula (sic) tres.

15.- El acta de cómputo y escrutinio correspondiente a la CASILLA NUMERO (sic) VEINTIOCHO (sic), elaborada en forma manuscrita por la Presidente e integrantes del Comité Auxiliar Municipal del Servicio Electoral, conjuntamente con los representantes de las tres planillas participantes, específicamente por el C. CECILIO CORREA GUERRA, quien fue representante del C. GAMALIEL OCHOA SERRANO, de la cual (sic) obra su firma estampada al margen izquierdo, además contiene número de votos sufragados, número de votos nulos.

Todo lo anteriormente expuesto por el resolutor, se (sic) denota que éste no atendió el principio de exhaustividad a que están obligados los órganos jurisdiccionales, pues de la simple revisión ocular de las actas de cómputo y escrutinio éste no se apegó a los principios de profesionalismo, imparcialidad, objetividad y certeza, debiendo analizar todas y cada una de las actas descritas, y actuó en una forma falaz, con toda la intención de favorecer al quejoso GAMALIEL OCHOA SERRANO, por lo que las actas de cómputo y escrutinio sí reúnen los requisitos mínimos que establece el artículo 232 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales (sic), en su capítulo Tercero del Escrutinio y Cómputo de Casilla, y solo (sic) para el Órgano (sic) Jurisdiccional existen irregularidades, pues no se allegó al sumario pruebas contundentes para acreditar lo antes expuesto.

Sirve de fundamento a lo anterior lo dispuesto en la siguiente Jurisprudencia, visible en el Apéndice al Samario (sic) Judicial de la Federación 1917-2000.- Actualización 2001.- Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Tomo VIII Materia Electoral Jurisprudencia y Precedentes Relevantes.- México 2002.

'SISTEMA DE ANULACION (sic) DE LA VOTACION (sic) RECIBIDA EN UNA CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL.- En términos generales el sistema de nulidades en el derecho electoral mexicano, se encuentra construido de tal manera que solamente existe la posibilidad de anular la votación recibida en una casilla, por alguna de las causas señaladas limitativamente por los artículos que prevén las causales de nulidad relativas, por lo que el órgano del conocimiento debe estudiar individualmente , casilla por casilla, en relación a la causal de nulidad que se haga valer en su contra, ya que cada una se ubica, se integra y conforma específica e individualmente, ocurriendo hechos totalmente diversos el día de la jornada electoral, por lo que no es válido pretender que al generarse una causal de nulidad, ésta sea aplicable a todas las casillas que se impugnen por igual, o que la suma de irregularidades ocurridas en varias de ellas de (sic) cómo (sic) resultado su anulación, pues es principio rector del sistema de nulidades en materia electoral, que la nulidad de lo actuado en una casilla, sólo afecta de modo directo a la votación recibida en ella; de tal suerte que, cundo (sic) se arguyen diversas causa (sic9 de nulidad, basta que se actualice una para que resulte innecesario el estudio de las demás, pues el fin pretendido, es decir, la anulación de la votación recibida en la casilla impugnada se ha logrado y consecuentemente se tendrá que recomponer el cómputo que se haya impugnado.

Tercera época: Recurso de reconsideración. SUP-REC-061/97.- Partido Revolucionario Institucional.- 19 de agosto de 1997.- Unanimidad de votos.- Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-205/2000.- Partido de la Revolución Democrática.- 16 de agosto de 2000.- Unanimidad de votos.- Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000.- Partido Revolucionario Institucional.- 9 e Septiembre de 2000.- Unanimidad de votos. Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, página 31, Sala Superior, tesis S3ELJ 21/2000.

XVI (sic).- Me causa agravio dicha resolución en comento, puesto que se volvió a CONVOCAR a una nueva elección para PRESIDENTA(E) Y SECRETARIA (O) DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION (sic) DEMOCRATICA (sic), misma que se llevará a cabo el 6 DE OCTUBRE DEL 2002, volviendo a reiterar que se violan mis garantías constitucionales, ya que resolvieron un medio de impugnación ya resuelto así como éste se encuentra fuera de los plazos establecidos.

"...Que por medio del presente escrito, encontrándome en tiempo y forma, a nombre del partido político que represento y con fundamento en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 párrafo 1 incisos a) y b), 270 párrafo 2 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y por el numeral 16 del Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas Administrativas y de las sanciones previstas por el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; vengo a presentar-- CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO- de los procedimientos previsto en el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la cual se le ha asignado el número de expediente que se señala al rubro, relativo a la improcedente e infundada queja administrativa presentada por quien se ostenta como JOSÉ OSCAR POSADA SÁNCHEZ, en su calidad de militante del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango, misma que se contesta en los siguientes términos:

Esto es así, pues de una lectura minuciosa y una recta interpretación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, puede apreciarse con meridiana claridad que no existe disposición alguna que faculte al Instituto a intervenir en la vida al interior de los partidos políticos, calificando la validez de sus elecciones internas.

No existe algún precepto constitucional o legal que permitiera, al menos inferir, que el Instituto puede realizar actos encaminados a revisar un proceso interno de elección de dirigentes en un partido político. Con mayor razón, no existe previsión alguna que le faculte para decretar revocación, cesación de efectos o ilegalidad de los mismos.

No debe pasar desapercibido para esta autoridad que, por disposición expresa de los artículos 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 69 párrafo 2 y 73 párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, su actuación se encuentra constreñida al principio de legalidad o reserva de ley, el cual impera a las autoridades a realizar sólo aquello para lo cual estén expresamente autorizadas por la leyes.

En el presente caso, no existe precepto constitucional o legal que establezca una facultad (explícita o implícita), para que el Instituto intervenga en la vida interna de un partido político calificando sus comicios internos. Mucho menos que le autorice a prorrogar, modificar, suspender, revocar o dejar sin efectos, actos realizados por un partido político con motivo de la renovación de sus candidaturas.

Esto es la voluntad del suscriptor se encamina a impugnar, dice en su calidad de militante actos emitidos por el Partido de la Revolución Democrática, y no actos de Ios órganos del Instituto Federal Electoral, por lo que es totalmente claro lo improcedente de las pretensiones de los quejoso.

Al efecto, resulta necesario que esta autoridad, en aras de preservar el principio de legalidad realice una recta interpretación de las disposiciones legales que han sido previamente citadas y de las que se detallarán a continuación, las cuales son el sustento de los procedimientos administrativos, como el que ahora nos ocupa:

Del análisis gramatical, sistemático y funcional de lo dispuesto en los artículos 22, párrafo 3, 38, 39, párrafos 1 y 2, 82, párrafo 1, inciso w), 86, párrafo 1, inciso l), 269 y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no se infiere facultad expresa o implícita del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para que, en los procedimientos previstos por el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se pueda calificar la elección interna de un partido político y realizar actos tendentes a su modificación o revocación.

En efecto, el artículo 22 párrafo 3 del mismo código, dispone que los partidos políticos nacionales contamos con personalidad jurídica, gozamos de los derechos y prerrogativas y quedamos sujetos a las obligaciones que establecen la Constitución y el propio Código. Por su parte, el artículo 38 párrafo 1 inciso a) del código, establece como una de las obligaciones de los partidos políticos nacionales, la de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

Por su parte, el artículo 39 del mismo Código, establece claramente que el incumplimiento de las obligaciones señaladas por el Código debe sancionarse en los términos del Título Quinto del Libro Quinto del propio ordenamiento y que las sanciones administrativas deben aplicarse por el Consejo General, con independencia de las responsabilidades civil o penal que en su caso pudieran exigirse en los términos de la ley a los partidos políticos, las agrupaciones políticas, dirigentes y candidatos.

Esto es, dicha disposición es clara al señalar que las infracciones deben sancionarse en los términos del referido Título Quinto del Libro Quinto, siendo que, el artículo 269 de dicho título, establece de manera concreta el tipo de sanciones que se pueden establecer:

a) Multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal;

b) La reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la resolución;

c) La supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que les corresponda, por el período que señale la resolución;

d) La suspensión de su registro como partido político o agrupación política; y

e) La cancelación de su registro como partido político o agrupación política.

El artículo 68 del código tantas veces en cita, señala que el Instituto, depositario de la autoridad administrativa electoral, es responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones; mientras que el inciso d), del párrafo 1, del artículo 69, establece como uno de los fines del Instituto, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.

Asimismo, el artículo 73 del código electoral, prevé que el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto.

Finalmente, el artículo 82 párrafo 1, inciso h), del multicitado ordenamiento dispone, como atribución del Consejo General, la de vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas se desarrollen con apego al Código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos.

Sí este Instituto realiza una interpretación de tales preceptos, en estricto cumplimento a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional y 3 párrafo 2 del código en la materia, esta debe llevarle a concluir que, ni de la letra de los artículos en mérito, ni de su interpretación conforme a los criterios autorizados por el código, como tampoco de la lectura e interpretación de alguna otra disposición del propio ordenamiento, es posible arribar a la conclusión de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral tiene, entre sus atribuciones, alguna con la cual pueda calificar las elecciones internas de los partidos políticos o realizar algún acto encaminado a su modificación o revocación.

Por el contrario, del texto de tales artículos, se infiere que el legislador acotó la facultad que tiene el Consejo General del Instituto de imponer las sanciones que correspondan en los términos previstos en el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a saber, los contenidos en su Título Quinto del Libro Quinto, siendo que el artículo 269 señala el universo de sanciones que el mismo Consejo General puede aplicar o imponer a los partidos políticos que incurran en alguna de las irregularidades que se refieren los preceptos que integran el tantas veces citado código electoral.

Así también, de la lectura de los dispositivos en mención, como en general de la normatividad que conforma el orden jurídico electoral federal mexicano, no se revela la existencia de una facultad o atribución expresa o implícita conferida a algún órgano del Instituto Federal Electoral, que le otorgue competencia para que, mediante el procedimiento administrativo previsto por el artículo 270 del Código Electoral (u otro diverso), pueda conocer respecto de actos realizados por un partido político en sus procesos electivos internos.

Esto puede apreciarse con claridad del párrafo 1 del precitado artículo 270 del código electoral federal, el cual señala textualmente: '1. Para los efectos del artículo anterior, el Instituto Federal Electoral conocerá de las irregularidades en que haya incurrido un partido político o una agrupación política.'.

Es decir, que el artículo legal que establece el procedimiento para el conocimiento de faltas administrativas en que pudieran incurrir partidos o agrupaciones políticas, establece expresamente la facultad del Instituto Federal Electoral para conocer de tales irregularidades, pero limitando los efectos de dicha atribución a lo preceptuado por el artículo 269 del código electoral federal.

El artículo 269 del código, como ha quedado señalado, establece el universo de sanciones que el Consejo General puede aplicar o imponer a los partidos y agrupaciones políticas, por el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, sin que ninguna de ellas establezca la posibilidad de que a un partido político se le pueda castigar con la modificación o revocación de actos internos realizados con motivo de la elección de sus dirigentes.

Lo anterior es así, en principio, por que tal precedente no es jurisprudencia y, por tanto, no obliga a este órgano electoral.

Pero, además, dicho criterio es contradictorio con otros diversos que ha sustentado la misma Sala Superior del Tribunal Electoral. A guisa de ejemplo, cabe resaltar el sustentado en el también Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-152/2000. En fojas 53 y 54 de la resolución recaída a dicho medio impugnativo, la Sala Superior, refiriéndose a los procedimientos previstos por el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sostuvo lo siguiente:

'... de lo que se colige que el citado procedimiento administrativo no era el medio idóneo para combatir esos actos, habida cuenta que de resultar fundada su queja, ningún efecto podría tener para restituirlo en el goce del derecho político-electoral de ser votado, presuntamente violado.

En consecuencia, tal y como se expuso, el procedimiento administrativo disciplinario no es el medio idóneo para combatir la violación de derechos políticos electorales y, por ende, lograr su restitución."

En la sentencia en mérito el tribunal electoral interpretó que, en caso de acreditarse una violación a los derechos político-electorales del ciudadano, por parte de un partido político, el Consejo General del Instituto Federal Electoral está facultado no sólo para la imposición de una sanción al infractor, sino también para realizar las providencias necesarias para restituir a los quejoso en el uso y goce del derecho violado.

En el caso que nos ocupa, no puede apreciarse que el quejoso se inconforme por que se le hubiera violado alguno de sus derechos político- electorales sino que, por el contrario, su pretensión está encaminada a que se revisen actos realizados en una elección interna, y que ya fueron motivo del ejercicio jurisdiccional del órgano competente para tal fin del partido político que represento, tal y como se ha destacado reiteradamente, lo cual de ninguna manera implica o podría implicar violación a sus precitados derechos político-electorales, pues conforme a la normatividad interna del Partido de la Revolución Democrática las resoluciones de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia son vinculativas y obligatorias para los militantes, elementos que más adelante abundaré.

En estos términos, este Instituto debe tener presente que, en ejercicio de sus atribuciones, debe ceñirse a las facultades expresas que la ley confiere, en tanto que, en su carácter de autoridad sólo puede actuar en lo que la ley expresamente le faculta.

De tal manera que si la ley señala como uno de los fines del Instituto Federal Electoral, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales, la protección de ellos que le corresponde debe darse en el marco expreso de la ley electoral federal, sin que exista disposición alguna que le faculte para conocer sobre actos de partidos políticos realizados en su ámbito interno y mucho menos para calificar una elección interna de un partido, realizada dentro de su marco estatutario.

Esto, además, encuentra clara justificación constitucional y legal, pues conforme se dispone en el artículo 41, párrafo segundo, base I de la Ley Fundamental, los partidos políticos son entidades de interés público, estableciendo claramente dicho precepto constitucional, que la ley debe determinar las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.

En este caso, si la ley secundaria que es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no autoriza a este Instituto para conocer respecto de dichos actos, no existiría justificación alguna para que se arrogara atribuciones que no le corresponden.

Debe señalarse, además, que los argumentos del quejoso están más bien encaminados a que este Instituto se constituya en una especie de órgano jurisdiccional externo que califique actos realizados al interior del partido que represento, lo cual implicaría que esta autoridad efectuara actos de interpretación y ejecución que solo pueden y deben realizar los órganos de solución de controversias del mismo partido respecto a sus normas internas, en uso de sus facultades constitucionales y legales, que le otorgan su propia independencia.

El primero de los preceptos mencionados, refiriéndose a las obligaciones con que cuentan los partidos políticos al registrar sus Estatutos, establece:

'Artículo 27

1. Los estatutos establecerán:

(...)

g) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas y los correspondientes medios y procedimientos de defensa.'

El artículo 36 párrafo 1 inciso b) del código dice:

1. Son derechos de los partidos políticos nacionales:

(...)

b) Gozar de las garantías que este Código les otorga para realizar libremente sus actividades;

(...)

Mediante acuerdo CG70/2001 dictado por el Consejo General en sesión ordinaria celebrada con fecha 27 de junio de 2001 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de julio del mismo año, el órgano superior de dirección de este Instituto, declaró la validez constitucional y legal del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática.

En el artículo 18 de dicho Estatuto, se da estricto cumplimiento a lo ordenado por el citado artículo 27 del código, estableciendo a las Comisiones de Garantías y Vigilancia del partido como los únicos órganos facultados para: a) proteger los derechos de los miembros del partido, b) determinar las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de los miembros y órganos del partido, c) garantizar el cumplimiento del Estatuto, d) aplicar las sanciones estatutarias y reglamentarias, e) resolver consultas y controversias sobre la aplicación del Estatuto y f) requerir la información necesaria para el desempeño de sus funciones; atribuciones que pueden apreciarse de la simple lectura del numeral 7 del citado artículo 18 del Estatuto.

El artículo 20 del mismo Estatuto, prevé los procedimientos de defensa y las sanciones, regulando con claridad los órganos estatutarios encargados de resolver cualquier clase de controversia que se suscite al interior del Partido de la Revolución Democrática. Para una mejor ilustración, cito el contenido textual de tales preceptos:

'ARTÍCULO 18º. Los órganos de garantías y vigilancia

1. Los consejos nacional y estatales del Partido designarán en sus respectivos ámbitos de competencia a los órganos jurisdiccionales encargados de garantizar los derechos de los afiliados del Partido y vigilar la aplicación del presente Estatuto, los cuales se denominarán <<comisiones de garantías y vigilancia>>. En el desempeño de sus actividades, estas comisiones se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

2. Estas comisiones deberán atender en todo momento el fondo de los asuntos que se les planteen. Sus resoluciones serán de acatamiento obligatorio para los afiliados y órganos del Partido.

3. Las comisiones nacional y estatales de garantías y vigilancia se integrarán de acuerdo con las bases siguientes:

a.La Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia estará integrada por once miembros propietarios y tres suplentes; y las comisiones estatales de garantías y vigilancia por siete miembros propietarios y tres suplentes. Den su designación, los consejos respectivos deberán garantizar que prevalezcan criterios de pluralidad, imparcialidad, probidad y profesionalismo;

b.Los comisionados serán elegidos mediante voto secreto por los consejeros, quienes podrán votar hasta por tres propietarios y por un suplente. Durarán en su encargo tres años;

c.Los comisionados podrán renunciar voluntariamente por causa grave o motivo fundamental para el objeto del Partido; y sólo podrán ser removidos por resolución aprobada de dos terceras partes del consejo respectivo, previa solicitud debidamente fundada y motivada;

4. Los comisionados serán recusables y estarán impedidos para conocer alguna queja o asunto cuando tengan interés personal en el asunto que haya motivado la queja y cuando tengan amistad o enemistad manifiesta con alguna de las partes. En el caso de estar impedido, el comisionado lo hará del conocimiento del pleno de la comisión para su admisión. En caso de recusación, la comisión respectiva deberá solicitar informe al comisionado aludido para que dentro de veinticuatro horas siguientes lo rinda; en el caso de que niegue la causa del impedimento se realizará audiencia de derecho dentro de los tres días siguientes, para rendir pruebas pertinentes y resolver si se admite o se desecha la causa del impedimento.

5. En caso de renuncia voluntaria o suspensión de algún comisionado, el Consejo Nacional o Estatal, según sea el caso, elegirá por mayoría de los consejeros presentes a los sustitutos para que completen el periodo.

6. Los comisionados no podrán formar parte de ningún consejo durante el desempeño de su encargo.

7. Las comisiones nacional y estatales de garantías y vigilancia tendrán, en sus respectivos ámbitos de competencia, las siguientes atribuciones:

b. Determinar las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de los miembros y órganos del Partido;

c. Garantizar el cumplimiento de este Estatuto;

d. Aplicar las sanciones estatutarias y reglamentarias;

e. Resolver consultas y controversias sobre la aplicación de este Estatuto;

f. Requerir la información necesaria para el desempeño de sus funciones.

8. La Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia aprobará los reglamentos de las comisiones estatales y el suyo propio, garantizando el apego al principio de legalidad y a las disposiciones del presente Estatuto.

9. La Comisión de Nacional de Garantías y Vigilancia conocerá:

a. De las quejas por actos u omisiones de los integrantes de los órganos nacionales, en única instancia;

b. De las quejas por actos u omisiones de los órganos estatales o municipales en segunda instancia después de la resolución correspondiente de la Comisión Estatal de Garantías y Vigilancia, o cuando ésta no haya sido integrada o no dictase resolución en sesenta días a partir de la presentación del escrito de queja, en única instancia;

c. De las quejas, consultas o controversias de significado nacional, en única instancia.

10. Las comisiones estatales de garantías y vigilancia conocerán:

a. De las quejas por actos u omisiones de los integrantes de los órganos estatales y municipales, en primera instancia;

b. De las quejas por actos u omisiones de los órganos estatales y municipales, en primera instancia;

c. De las quejas, consultas y controversias de significado estatal y municipal, en primera instancia.

11. Los comisionados nacionales y estatales tendrán derecho a ser oídos en todos los órganos e instancias de su jurisdicción.'

'ARTÍCULO 20º. Procedimientos y sanciones

1. Todo miembro o instancia del Partido podrá ocurrir ante las comisiones de garantías y vigilancia para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas estatutarias, cuando estime que han sido violados o vulnerados por órgano, instancia de dirección, de representación o por alguna resolución de cualquiera de éstos; por sus integrantes o cualquier miembro, mediante la presentación del escrito de queja.

2. Las comisiones de garantías y vigilancia sólo podrán actuar a petición de parte interesada, siempre y cuando sean miembros, órganos o instancias del Partido.

3. Cualquiera de las partes afectadas por resoluciones de las comisiones estatales podrá interponer recurso de apelación ante la Comisión Nacional, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se comunicó legalmente la resolución. El recurso de apelación deberá ser resuelto dentro de los treinta días hábiles siguientes a que la comisión reciba el expediente relativo, salvo en casos urgentes, que se resolverán correspondientemente.

4. Las resoluciones de las comisiones estatales que no sean apeladas en los términos del artículo anterior, así como las emitidas por la Comisión Nacional, serán inatacables.

5. Corresponde a las comisiones de garantías y vigilancia aplicar las siguientes sanciones por violaciones a las normas, los derechos y las obligaciones establecidas en este Estatuto:

a. Amonestación;

b. Inhabilitación para participar en los órganos de dirección;

c. Inhabilitación para contender como candidato a cualquier cargo de elección popular;

d. Suspensión de derechos y prerrogativas;

e. Cancelación de la membresía en el Partido.

6. La cancelación de la membresía procederá cuando:

a. Se antagonice las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su forma de gobierno republicano, democrático, representativo y federal;

b. Se antagonice el fondo de los principios democráticos del Partido impidiendo u obstruyendo el ejercicio de los derechos estatutarios de los afiliados o el ejercicio de sus derechos constitucionales o los del Partido;

c. Se compruebe la malversación del patrimonio del Partido para lucro personal;

d. Se compruebe que se ha recibido cualquier beneficio para sí o para cualquier persona física o moral, patrimonial o de cualquier otra naturaleza, o se ha participado en cualquier actividad que reporte un lucro personal en virtud del desempeño de un cargo, empleo, puesto o comisión en los órganos de dirección del Partido y en el servicio público, incluyendo el desempeño de un puesto de elección popular, que no esté previsto por las leyes o por este Estatuto como remuneración o pago debido y transparente por ese desempeño;

e. Se compruebe la coalición con cualquier interés gubernamental o de otros partidos políticos con independencia de los órganos de dirección del Partido, antagonizando el objeto del Partido;

f. Se haga uso de los recursos del Partido o de recursos públicos a los que tenga acceso en virtud de su empleo, cargo o comisión, para influir en los procesos de elección de los órganos de dirección del Partido y en los procesos de elección interna de candidatos del Partido a cargos de elección popular;

7. Se harán acreedores a las sanciones establecidas el presente Estatuto, según la gravedad de la falta, quienes:

a. Manipulen la voluntad de los afiliados, violentando el principio fundamental de la afiliación individual;

b. Ocasionen daño grave a la unidad e imagen del Partido con denuncias públicas sobre actos del Partido, de sus dirigentes y/o resoluciones de sus órganos de dirección, difamando y faltando al elemental respeto y solidaridad entre los miembros del Partido;

c. Cometan actos de violencia física contra otros miembros o ciudadanos, así como contra el patrimonio del Partido;

d. No acaten los resolutivos de las comisiones. Esta sanción sólo la podrá aplicar la Comisión Nacional.

8. Los órganos de dirección podrán hacer amonestaciones y, en caso de violaciones graves y de urgente resolución, podrán suspender provisionalmente los derechos y prerrogativas de los afiliados, siempre y cuando remitan la denuncia y petición respectivas a la comisión de garantías y vigilancia competente y mientras ésta resuelve lo procedente respecto al fondo del asunto. Estas sanciones serán vigentes aun en el caso de que se apele a ellas, mientras el órgano respectivo no resuelva el asunto de fondo.

9. Para que las comisiones de garantías y vigilancia puedan enjuiciar a los integrantes de los consejos y comités ejecutivos nacional y estatales, los consejos respectivos deberán previamente declarar por mayoría que hay bases para la procedencia de la acusación respectiva.

10. Las comisiones de garantías y vigilancia registrarán y publicarán sus actuaciones de acuerdo con las bases siguientes:

a.Inscribirán las quejas, consultas o controversias por las que se solicite su intervención precisando el nombre del solicitante, la naturaleza de su solicitud y la fecha en que fue presentada y el número de entrada, en un registro foliado que deberán llevar permanentemente actualizado para el efecto;

b.Inscribirán sus resoluciones identificando las partes afectadas, la naturaleza de la resolución, la fecha en que se adoptó, el número de la solicitud a la que corresponde en un registro foliado que deberán llevar permanentemente actualizado para el efecto;

c.Por cada solicitud que reciba se abrirá el expediente relativo que se integrará con todas las actuaciones del caso, y se archivará ordenadamente conforme a la numeración a que hace referencia el inciso a. del numeral presente;

d.Publicarán un boletín semestral o trimestral seriado, al menos con: la información correspondiente, generada durante el periodo que cubra el boletín; su reglamento y las modificaciones al mismo, así como los reglamentos de las comisiones estatales aprobados por la Comisión Nacional; la sistematización de los criterios que fundamentaron las resoluciones a efecto de desarrollar la jurisprudencia interpretativa de este Estatuto y la coherencia y credibilidad en su aplicación.

11. El Consejo Nacional podrá resolver la amnistía en favor de las personas expulsadas del Partido, pero ésta será estrictamente individual, sólo se podrá adoptar un año después de haberse aplicado la sanción por resolución de última instancia y se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de las consejeras y consejeros nacionales presentes, siempre que el punto se encuentre en el orden del día desde la aprobación del mismo inmediatamente después de la instalación de la sesión.

12. Las mesas directivas de los consejos estarán obligadas a introducir en el orden del día del consejo el punto de solicitud de remoción de la presidenta o el presidente o secretaria o secretario general del partido, o de uno o varios miembros del Comité Ejecutivo, cuando medie solicitud escrita y firmada por la tercera parte de los consejeros.

13. El Consejo Nacional expedirá el Reglamento de Sanciones en el que se precisarán las faltas y los procedimientos.'

Así, el máximo ordenamiento interno del partido político que represento, prevé un sistema jurídico que procura la legalidad interna de todos los militantes, garantizando además su derecho a acceder a la justicia, tal y como lo señala el artículo 4 numeral 1 inciso j) del Estatuto:

(...)

2. Todo miembro del Partido está obligado a:

(...)

b. Canalizar a través de las instancias internas del Partido sus inconformidades, acusaciones, denuncias o quejas contra otros miembros del Partido, organizaciones y órganos del mismo;

(...)

i. Observar las demás obligaciones señaladas en el presente Estatuto.

El artículo 20 numeral 7, al referirse a los procedimientos y sanciones señala:

'ARTÍCULO 20º. Procedimientos y sanciones

(...)

7. Se harán acreedores a las sanciones establecidas el presente Estatuto, según la gravedad de la falta, quienes:

(...)

b. Ocasionen daño grave a la unidad e imagen del Partido con denuncias públicas sobre actos del Partido, de sus dirigentes y/o resoluciones de sus órganos de dirección, difamando y faltando al elemental respeto y solidaridad entre los miembros del Partido;

(...)

d. No acaten los resolutivos de las comisiones. Esta sanción sólo la podrá aplicar la Comisión Nacional.

De los anteriores preceptos se desprende con claridad, que todos los militantes del Partido de la Revolución Democrática cuentan con el derecho de que sean tutelados sus derechos al interior del partido político y con la obligación de acudir a sus propias instancias y respetar las resoluciones que estos emitan.

Para tal efecto están constituidos órganos de solución de conflictos y de interpretación de las normas estatutarias facultados para resolver controversias sobre la aplicación del Estatuto como lo es, para el caso que nos ocupa, la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia.

Las resoluciones que emita dicho órgano jurisdiccional interno son de observancia obligatoria paro todos aquellos militantes del Partido de la Revolución Democrática. Existen también órganos expresos para organizar y calificar los comicios, e instancias internas facultadas en exclusiva para conocer los medios de impugnación previstos para confirmar, revocar o modificar actos que hubieran sido realizados con motivo de las elecciones internas del partido.

El sistema normativo descrito es completamente acorde con lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 27, por lo cual el Consejo General del Instituto Federal Electoral realizó una declaratoria formal de constitucionalidad y legalidad del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, procediendo a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

No obstante, que dicha declaración de constitucionalidad y legalidad del Estatuto fue debidamente publicitada, no fue impugnada dentro del plazo previsto por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. El Reglamento General de Elecciones y Consultas, no obstante que es del conocimiento de todos los militantes, jamás fue impugnado.

La causa de pedir del inconforme en el caso que nos ocupa, se constriñe a solicitar al Instituto Federal Electoral que realice diversos actos tendientes a modificar actos electorales del Partido de la Revolución Democrática, en su etapa de selección de candidatos, solicitando su revisión y calificación, aún cuando las elecciones que cuestionan no existen, como abundaré más adelante, sin embargo, es de destacarse que de acogerse su pretensión se trastocaría todo el sistema normativo interno que ha sido descrito y se vulneraría con ello los artículos 1, 3, 27 párrafo 1 inciso g) y 36 párrafo 1 incisos a), b) y d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la declaratoria de constitucionalidad y legalidad que realizó el Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática.

Además, en caso de que el Instituto Federal Electoral accediera a lo solicitado por los quejoso, no solamente se estaría violentando la vida y el sistema normativo interno de mi representada, pues además de alentar que los militantes del Partido de la Revolución Democrática concurran a este órgano electoral con la falsa idea, que el Instituto Federal Electoral es un tribunal jurisdiccional de revisión de los actos de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática, y que el mismo puede otorgarles las pretensiones que en la instancia jurisdiccional partidista no consiguieron.

Todo lo anterior en detrimento de la fortaleza de las instituciones a que obliga a mantener dentro de cada partido político el Código de Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; aunado a estas circunstancias, la posibilidad de que este Instituto Federal Electoral pretendiera inmiscuirse en la vida procesal electoral de los partidos políticos desafiaría a los mandatos más elementales que emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 14, 16 y 41, por las razones que han sido ampliamente expuestas en el cuerpo del presente escrito.

Estas consideraciones ya han sido declaradas operantes y fundadas por este Instituto Federal Electoral al resolver dentro del expediente JGE/QJVL/CG/002/2002, lo siguiente:

La derivada del artículo 17 inciso b) primera hipótesis, del Reglamento de para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas Establecidas en el Título Quinto del Código de Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en que el Instituto Federal Electoral carece de competencia para conocer de los hechos denunciados por los quejoso.

Señala el Diccionario Jurídico Mexicano que el término competencia en un sentido jurídico general se alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad (sea unipersonal o colegiada) para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. Sin embargo, en un sentido más técnico y especializado del derecho y del derecho procesal mexicano, debe entenderse como el ámbito en que el órgano ejerce sus facultades o atribuciones de manera soberana, independiente y exclusiva, sobre ciertas consideraciones o actos de derecho.

Sobre esta primera base, y haciendo una interpretación conjunta y armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 del Pacto Federal, en lo conducente se advierte que los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, e imprescindiblemente, que sean emitidos por autoridad competente y cumpliéndose las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado, expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues de lo contrario se dejaría al gobernado en estado de indefensión, ya que al no conocer el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si éste es o no conforme a la ley, para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecué exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley secundaria o con la Ley Fundamental. Tal consideración ha sido sostenida en ejecutoria que se publica en la página 40, Tercera Parte, del Informe de 1983, que dice:

'FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. NO SE CONSIDERAN SATISFECHAS CUANDO DEL PROPIO ACTO SE ADVIERTE QUE NO SE CITA EL ACUERDO QUE OTORGA FACULTADES A LA AUTORIDAD PARA DICTARLO.- El hecho de que se encuentre publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se delegan facultades a diversos funcionarios de una determinada Secretaría, no las relevan de la obligación de fundar debidamente sus resoluciones, más aún cuando se trata de la competencia de la autoridad que dictó el acto de molestia dirigida a un particular, ya que el artículo 16 constitucional de manera clara expresa que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, garantía que no puede considerarse satisfecha si en el documento relativo en que se contiene el propio acto, no se citan los preceptos legales que sirvieron de apoyo a la autoridad para dictarlo o, en su caso, el acuerdo del superior mediante el cual se le confieren facultades para emitir determinado tipo de resoluciones'

'COMPETENCIA, FUNDAMENTACION DE LA.- El artículo 16 constitucional establece, en su primera parte, lo siguiente: `Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento'. El artículo 14 de la propia Constitución preceptúa, en su segundo párrafo, que: `Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho'.

Para que un órgano del Estado tenga competencia para conocer de un determinado asunto se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley se reserva su conocimiento, con preferencia a los demás órganos de su mismo grado; de tal forma que un órgano puede tener jurisdicción y carecer de competencia. La competencia, por el contrario, no puede existir sin la jurisdicción.

El notable jurista mexicano Eduardo Pallares define la competencia como:

'la porción de jurisdicción que la ley atribuye a los órganos jurisdiccionales para conocer de determinados juicios'

De esta manera podríamos hablar de la competencia conceptualizada como la aptitud derivada del derecho objetivo que se otorga a un órgano estatal para ejercitar derechos y cumplir obligaciones, en relación con el desempeño de la función pública dentro de los límites en que válidamente puede desarrollarse esa aptitud.

Lo básico en el concepto es que se tiene aptitud para desempeñar la función pública pues, de allí deriva que el órgano sea competente.

Si destacáramos los elementos del concepto, tendríamos:

a) La aptitud entraña una posibilidad de poder hacer algo. Si el órgano estatal es competente, está en condiciones de intervenir.

b) La aptitud es una cualidad que se otorga a un órgano del Estado, cuando hablamos de competencia. Si a aptitud se otorga a un particular, no podemos llamarle competencia sino que le llamamos capacidad. La aptitud es una expresión genérica que comprende tanto la competencia como la capacidad. La aptitud referida a gobernados se denomina capacidad.

c) Derivamos la competencia del derecho objetivo. La competencia no puede suponerse. Ha de estar fundada en una norma objetiva, contenida normalmente en un ley y excepcionalmente en un tratado o en una jurisprudencia. La regla en materia de competencia es que si la ley no faculta a la autoridad ésta no puede intervenir.

d) Los efectos del otorgamiento de la competencia estriban en que el órgano de autoridad competente pueda ejercer derechos y cumplir obligaciones. En otros términos las atribuciones del órgano del Estado pueden realizarse en virtud de la competencia otorgada. Si se carece de competencia, jurídicamente hablando no puede haber intervención por un órgano del Estado.

e) Los elementos antes enunciados son atributos de la competencia en general de cualquier órgano del Estado.

f) La competencia es la medida de la jurisdicción, existen límites dentro de los cuales se puede desarrollar la aptitud que entraña la competencia. Tales límites los establece el derecho objetivo, generalmente la ley, y es preciso conocerlos frente al caso concreto para determinar si un órgano del Estado puede intervenir en él. Así por ejemplo, El Instituto Federal Electoral no puede conocer de actos de partidos políticos con carácter estatal o regional, pues su ámbito de aplicación es federal. Otro caso: El Instituto Federal Electoral no funciona como órgano de segunda instancia de actos de institutos electorales de cierta entidad federativa, ya que no podrá conocer de instancia en atención a que tal función se encuentra limitada por regla general mediante la interposición de recursos o la revisión forzosa ante los Tribunales jurisdiccionales estatales.

Ahora bien, para llegar a establecer cuando una controversia especifica queda dentro o no de los limites en que puede conocer cierto órgano del Estado, las leyes procesales señalan ciertos factores a los que se conocen comúnmente como criterios para determinar la competencia.

Existen factores que pueden señalarse como criterios fundamentales, en virtud de que son normalmente los que se toman en cuenta para determinar la competencia. Al lado de estos criterios existen otros que eventualmente influyen sobre la competencia del órgano, a los que podemos calificar de complementarios.

A efecto de establecer una distinción de los elementos íntimos del concepto de la competencia con relación a las atribuciones del Instituto Federal Electoral, se presenta una división estructural mínima que de luz al término:

La competencia puede ser clasificada en:

a) La competencia objetiva, es aquella que se atribuye al órgano del Estado que desempeña la función Estatal. Se examinan los elementos exigidos por la ley para determinar si está dentro de los límites señalados por el derecho objetivo la aptitud de intervención del órgano estatal. No interesa quién es la persona física que encarna al órgano del Estado como titular de ese órgano.

En este sentido la competencia constitucional del Instituto Federal Electoral se deriva del artículo 41 fracción III de la Constitución Federal que establece:

Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

[...]

III. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y ocho consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo de los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

El consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General serán elegidos, sucesivamente, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, o en sus recesos por la Comisión Permanente, a propuesta de los grupos parlamentarios. Conforme al mismo procedimiento, se designarán ocho consejeros electorales suplentes, en orden de prelación. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes.

El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo siete años y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. La retribución que perciban el consejero Presidente y los consejeros electorales será igual a la prevista para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Secretario Ejecutivo será nombrado por las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su Presidente.

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero Presidente del Consejo General, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los que estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en el Título Cuarto de esta Constitución.

Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un Consejero por cada grupo parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

b) En la competencia subjetiva se examina si el titular del órgano del Estado que ha de desempeñar la función encomendada en representación de ese órgano está legitimado para actuar y también se examina si tal titular no tiene algún impedimento para intervenir respecto de cierto caso concreto, situación en la que deberá excusarse o será recusado.

En realidad la competencia subjetiva no es competencia sino que es capacidad. Cuando una persona física no reúne los requisitos jurídicos para ocupar el cargo de titular o de representante de un órgano estatal jurisdiccional no tiene capacidad para ocupar ese cargo y si lo hace, no está suficientemente legitimado y se hace acreedor a las sanciones o penas que el derecho prevenga para esa contravención.

c) Competencia prorrogable. Prorrogar es extender, dilatar, prolongar, continuar. Respecto al a competencia, si originalmente, por disposición del derecho objetivo, le corresponde a un órgano jurisdiccional la aptitud de intervenir, tiene una competencia propia, que es directa. Pero, si no tiene de origen la competencia, por no dársela el derecho objetivo, y se permite por el mismo derecho objetivo que, en ciertas circunstancias, se pueda extender su competencia y adquiera competencia para conocer de lo que originalmente no estaba facultado el órgano jurisdiccional, estamos ante la competencia prorrogada.

En el caso concreto, esta prorroga no es posible en atención a la naturaleza de las partes y la pretensión de los quejoso. En efecto, en atención de que el Instituto Federal Electoral es un órgano administrativo electoral, no puede constituirse en una instancia revisora jurisdiccional de las actividades internas del órgano de control estatuario de mi representada, pues como he demostrado ni de la Constitución General de la República, ni del Código de Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se deriva una facultad (implícita o explicita) para tal fin.

d) Competencia renunciable o irrenunciable. El gobernado tiene el derecho y tiene el deber de someterse a la competencia del órgano al que la norma jurídica objetiva se la ha otorgado pero, puede suceder que haya renunciado al derecho de someterse a cierto órgano jurisdiccional y haya asumido la obligación de someterse a otro órgano jurisdiccional. En el caso concreto esta situación no puede acontecer puesto que los ámbitos de aplicación de las normas (Estatuto del Partido de la Revolución Democrática y Código de Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales) son distintos, esto es, un militante del Partido de la Revolución Democrática no puede renunciar a la jurisdicción de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia y solicitar que el Instituto Federal Electoral se constituya en instancia jurisdiccional que resuelva sus pretensiones.

a) Competencia de primera y de segunda instancia. La competencia por grado es la que se refiere a la distribución de la facultad de conocimiento de los órganos jurisdiccionales en una primera o en una segunda instancia. A este tipo de competencia se le designa como competencia por grado, competencia jerárquica o competencia de primera y segunda instancia. En el caso concreto el Instituto Federal Electoral no es un órgano superior jerárquico del Instituto Electoral del Estado de Durango, pues conforme al Código de Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y a los criterios jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se constituye en un órgano ministerial de fiscalización o vigilante de la actuación de las actividades de los partidos políticos, a nivel FEDERAL, pero acotando que dicha vigilancia no se enfoca en un concepto panóptico, sino que, su actividad se subordina a aquellas facultades de la ley le otorga, y que desde luego no están las de convertirse en un órgano jurisdiccional de alzada de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática.

Jurisdicción y competencia no son conceptos sinónimos. No obstante, sueles, a veces, ser confundidos. Esta confusión, como puede verse por la lectura de este capítulo y la del anterior, es realmente incomprensible, sobre todo en aquellas personas que hayan prestado alguna atención a los temas de derecho procesal.

Para distinguir ambos conceptos basta y sobra una consideración sumaria de la materia.

Considerada la jurisdicción como el poder del juzgador, la competencia ha sido definida por Boneccase como la medida de ese poder. Ha sido también definida como 'la aptitud del juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado', y como 'la facultad y el deber de un juzgado o tribunal para conocer de determinado asunto'.

I. La diferencia entre competencia y jurisdicción está en el hecho de que la competencia precisa los límites del órgano que posee jurisdicción. En materia judicial, todo juez que tiene competencia tiene jurisdicción pero, no todo juez que tiene jurisdicción tiene competencia. Tiene jurisdicción porque puede decir el derecho pero, puede no tener competencia porque el caso del que ha de conocer excede los límites dentro de los que se le permite actuar.

II. No queremos establecer como diferencia entre la jurisdicción y la competencia que la primera es abstracta y la segunda es concreta, dado que, un órgano del Estado tiene competencia abstracta que se deriva de las disposiciones jurídicas, generalmente legales, que establecen los límites a su jurisdicción. Por ello, puede hablarse de competencia abstracta.

Artículo 17

La queja o denuncia será improcedente:

b) Cuando por la materia de los actos o hechos denunciados, aun y cuando se llegaran a acreditar, o por los sujetos denunciados, el Instituto resulte incompetente para conocer de los mismos; o cuando los actos, hechos u omisiones no constituyan violaciones al Código.

1. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia cuando:

Exista una de las causales de improcedencia en términos del artículo anterior;

De la lectura integral del escrito de queja que se contesta, lleva a concluir la actualización de la causal de desechamiento que se establece en el artículo 13, inciso c) del citado Reglamento para el conocimiento de las quejas administrativas. Así, se desprende que los quejoso, pretenden situaciones ajenas a las reglas y naturaleza del procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En efecto, las pretensiones centrales de los quejoso estriban en solicitar al Instituto Federal Electoral reponer el proceso de elección interna del partido que represento, pretensiones por demás fútiles y pueriles, al respecto el citado precepto reglamentario establece lo siguiente:

La queja o denuncia será desechada cuando:

(...)

c) Resulte frívola, es decir, los hechos o argumentos resulten intrascendentes, superficiales, pueriles o ligeros.

(...)

Como puede apreciarse, el quejoso reclaman violaciones "legales" en razón de la elección de los comités estatal y municipal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango, sin aportar elementos convincentes para siquiera presumir de la veracidad de los acontecimientos que denuncia.

De acuerdo a lo anterior, resulta aplicable el criterio de jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se cita a continuación:

RECURSO FRÍVOLO. QUE DEBE ENTENDERSE POR.- 'Frívolo', desde el punto de vista gramatical significa ligero, pueril, superficial, andino; la frivolidad en un recurso implica que el mismo deba resultar totalmente intrascendente, esto es, que la eficacia jurídica de la pretensión que haga valer un recurrente se vea limitada por la subjetividad que revisan los argumentos plasmados en el escrito de interposición del recurso.

ST-V-RIN-202/94. Partido Acción Nacional. 25-IX-94. Unanimidad de votos.

ST-V-RIN-206/94. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 30-IX-94. Unanimidad de votos.

TESIS RELEVANTES. SALA CENTRAL Y SALAS REGIONALES 1994 (primera y segunda época)

Aunado a lo anterior, en diversos criterios sustentados a la fecha por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el máximo órgano jurisdiccional en la materia ha sostenido la importancia que implica que, en una queja, antes de todo, se reúnan los requisitos mínimos para iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio, de tal suerte que esta autoridad debe analizar los hechos de denuncia con el fin de constatar que sean razonablemente verosímiles y susceptibles de constituir una irregularidad sancionada por la ley, lo que implica, en opinión del Tribunal, que necesariamente en las quejas se anexen pruebas con características de idoneidad y eficacia, para contar, cuando menos con indicios suficientes que permitan presumir la realización de la conductas denunciadas. Dentro la resolución del Recurso de Apelación identificado con el de expediente SUP-RAP-047/2000, el mencionado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló lo siguiente:

Ahora bien, aún cuando se reconoce la facultad de investigación que este órgano electoral tiene, para verificar la certeza de las afirmaciones contenidas en la queja, cabe señalar que (a decir del propio tribunal) esta atribución tiene como condición que existan elementos aún de carácter indiciario que permitan arribar a que existe la factibilidad jurídica de llegar a la comprobación de los mismos, pero como puede observarse del escrito de queja en estudio, es imposible ejercitar la facultad de investigación puesto que no se cuenta con un solo elemento probatorio -aún de carácter indiciario- que conduzca a tal fin, de tal suerte que las manifestaciones hechas valer por el promovente devienen de suyas, en simples manifestaciones personales, genéricas, abstractas y sin sustento jurídico para siquiera iniciar un procedimiento sancionatorio mucho menos para pensar en la posibilidad de una sanción al partido que represento.

Cabe señalar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución emitida con motivo del Recurso de Apelación SUP-RAP-042/2000, señaló que la etapa previa de desahogo de denuncia, debe de analizarse en aras de la seguridad jurídica de los gobernados, en la que desde luego participan los partidos políticos, que la autoridad cuente seriamente con indicios de la responsabilidad del denunciado y los elementos probatorios que sustenten tal conclusión, de tal manera que ante la ausencia de uno de estos dos requisitos esenciales lo procedente es el desechamiento de la queja.

b) Que los procedimientos sancionatorios no pueden, ni deben iniciarse sin que se encuentre debidamente acreditada cuando menos una presunta responsabilidad,

c) Que una queja que se presentaba sin material probatorio, resultaba notoriamente frívola, y que representaban únicamente inferencias no sustentadas del actor,

d) Que un procedimiento de queja puede involucrar situaciones jurídicas del denunciado, y que por seguridad jurídica, los requisitos la probable responsabilidad del denunciado y del material probatorio que la sustente, deben de considerarse por orden jurídico como requisitos mínimos de procedibilidad de los procedimientos sancionatorios,

e) Que la ausencia de tales elementos traen como consecuencia el desechamiento de la queja instaurada.

Sala Superior. S3EL 044/99 Recurso de apelación. SUP-RAP-012/99 y acumulados. Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. 30 de junio de 1999. Mayoría de 4 votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Disidente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Antonio Valdivia Hernández.

No obstante lo anterior, para el indebido caso en que la Junta General Ejecutiva y en su oportunidad el Consejo General, ambas instancias de este Instituto, decidieran entrar al estudio de fondo del asunto, procedo ad cautelam, a dar contestación a los hechos y al derecho en los términos que se hacen valer a continuación:

1. El Servicio Electoral hará la declaración de validez de la elección correspondiente sólo cuando la comisión de garantías y vigilancia haya desahogado los recursos interpuestos con motivo de la elección.

2. Para ello, solicitará a la comisión nacional de garantías y vigilancia, el informe de la existencia o no de resoluciones respecto a la elección correspondiente.

3. las comisiones de garantías y vigilancia están obligadas a informar de manera expedita al Servicio Electoral de la interposición de recursos y le notificará sus resoluciones conforme las vaya adoptando.

Para el caso de candidatos a puestos de elección popular, el plazo para resolver será diez días antes de que venza el plazo de registro para la elección constitucional.

5. El Servicio Electoral recibirá las resoluciones del órgano jurisdiccional y los aplicará, procediendo, si fuera necesario, a modificar los cómputos realizados. Una vez ajustados los resultados a las resoluciones jurisdiccionales, el Servicio Electoral, expedirá la constancia de validez y notificará a los órganos correspondientes a fin de convocar a los electos a rendir protesta.

4. Los plazos del órgano jurisdiccional para resolver los recursos en materia electoral de la elección de dirigentes y representantes deberán concluir al menos siete días antes de la fecha señalada para la toma de posesión.

Lo que nos lleva a que la vigencia de la norma encuentra su sustento en la relación de diversa norma que establece de manera cierta e indiscutible el cumplimiento de la obligación, esto es, la fecha señalada para la toma de posesión. Al efecto es de destacarse que no existe de la normatividad aplicable al caso concreto fecha cierta para la toma de posesión de cargos de dirigentes del Partido de la Revolución Democrática. Lo anterior se demuestra de la lectura integral de los artículos transitorios del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática aprobados por el VI Congreso Nacional, que la letra dice:

PRIMERO. Se abroga el Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, expedido por el I Congreso Nacional y modificado por los II, III y IV congresos y se derogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan al presente Estatuto.

SEGUNDO. El presente Estatuto entrará en vigor el día siguiente de su publicación.

TERCERO. El Partido realizará en todo el país una afiliación durante los meses de junio a noviembre del año 2001, invitando a los afiliados actuales a inscribirse en el PRD nuevamente y a los demás ciudadanos a ingresar en el Partido. A los afiliados actuales se les respetará su antigüedad anotándoles su fecha de ingreso al partido. Al momento de la inscripción en los módulos municipales, de colonia, barrio, poblado, unidad habitacional, etcétera, automáticamente el afiliado quedará asignado a una organización de base territorial, de acuerdo con la división territorial que haya realizado previamente el comité ejecutivo municipal. La inscripción en el Partido será estrictamente individual y nadie podrá entregar las hojas de afiliación de otras personas.

CUARTO. En los meses de noviembre de 2001 a enero de 2002, se realizará la instalación de los comités de base, con su respectivo listado de miembros del Partido y de los comités de base por preferencia o actividad que se hayan creado. Los comités de base realizarán por voto directo, secreto y universal de sus miembros la elección del comité ejecutivo que funcionará con carácter de interino hasta la realización de las elecciones nacionales del Partido.

QUINTO. Con base en los padrones de miembros del Partido cerrados al último día de diciembre de 2001, se llevarán a cabo las elecciones nacionales del partido correspondientes al año 2002. Por esta vez, los miembros del Partido podrán votar sin que se aplique el requisito de antigüedad de seis meses, siempre que se hayan inscrito antes del 31 de diciembre de 2001. Para los demás efectos estatutarios, el requisito de antigüedad de los miembros del Partido no sufrirá ninguna alteración.

SEXTO. Las elecciones nacionales del Partido se llevarán a cabo el tercer domingo del mes de marzo del 2002, en las que se elegirá:

a. Presidenta o presidente y secretaria o secretario general nacionales;

b. Presidentas y presidentes y secretarias y secretarios generales estatales;

c. Consejeras y consejeros nacionales y consejeras y consejeros estatales;

d. Presidentas y presidentes y secretarias y secretarios generales municipales;

e. Presidentas y presidentes y comités ejecutivos de las organizaciones de base;

f. Delegadas y delegados a los congresos estatales y al Congreso Nacional.

SÉPTIMO. Cuando el consejo estatal termine el periodo para el cual fue elegido antes de las elecciones nacionales del Partido señaladas en el artículo precedente, el Comité Ejecutivo Nacional nombrará una dirección estatal provisional que durará en funciones hasta la realización de las elecciones señaladas.

OCTAVO. Los consejos municipales se integrarán durante la primera quincena de abril de 2002, procediendo a elegir a sus respectivos comités ejecutivos. Los comités ejecutivos municipales salientes se mantendrán en sus funciones hasta la instalación de los nuevos consejos municipales.

NOVENO. Los congresos estatales se reunirán la segunda quincena del mes de abril de 2002.

DÉCIMO. El VII Congreso Nacional se reunirá la primera quincena del mes de mayo de 2002.

UNDÉCIMO. La presidenta o el presidente nacional y la secretaria o el secretario general nacional, elegidos en las elecciones nacionales del Partido, asumirán sus cargos tan luego como se realice la declaratoria de validez de la elección y se entreguen los resultados de la misma. El Comité Ejecutivo Nacional se mantendrá en funciones hasta la realización del primer pleno del V Consejo Nacional del Partido donde se realizarán la elección de este órgano de dirección.

DUODÉCIMO. Las presidentas y presidentes estatales y las secretarias y secretarios generales estatales asumirán sus cargos tan luego como se realice la declaratoria de validez de la correspondiente elección y se entreguen los resultados de la misma. Los comités ejecutivos estatales se mantendrán en sus funciones hasta la realización del primer pleno de los consejos estatales respectivos, elegidos en las elecciones nacionales y en los congresos estatales.

DECIMOTERCERO. El Consejo Nacional aprobará en su sesión inmediata posterior a la entrada en vigor del presente Estatuto, los Reglamentos que sean necesarios para la aplicación de las nuevas normas estatutarias.

DECIMOCUARTO. La Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia resolverá todos los casos que en hayan sido formalmente presentados antes del año 2001, lo más pronto posible, teniendo como fecha límite el 31 de octubre de 2001. Los afiliados que tengan asuntos pendientes en la Comisión

deberán informar a la misma cambios de domicilio, desistimientos, renuncia comprobada de acusadores y otros datos que, no habiendo plazo reglamentario para ofrecerlos, pudieran servir a la Comisión para agilizar y finiquitar los asuntos pendientes.

Dado en la ciudad de Zacatecas a los veintiocho días de año dos mil uno. Por la Mesa de Debates del VI Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática: Pablo Gómez, presidente; Lorena Villavicencio, secretaria.

'... Hay normas jurídicas que tienen por sí mismas sentido pleno, en tanto que otras sólo poseen significación cuando se les relaciona con preceptos del primer tipo. Cuando una regla de derecho complementa a otra, recibe el calificativo de secundaria. Las complementadas, por su parte, llámense primarias. Las secundarias no encierran una significación independiente, y sólo podemos entenderlas en relación con otros preceptos. Son secundarias: a) las de iniciación, duración y extinción de la vigencia ... Llamamos de iniciación de la vigencia a las que indican en qué fecha entrará en vigor una disposición legal determinada. Los preceptos a que aludimos son secundarios, porque se hallan referidos a otro u otros que, por tanto, tienen el carácter de reglas primarias. Las normas sobre iniciación de la vigencia suelen encontrarse contenidas en los llamados artículos transitorios ...'

'... Inspirándose en doctrinas romanas, el jurista ruso N. Korkounov divide los preceptos del derecho en cuatro grupos, desde el punto de vista de sus sanciones: 1. Leges perfectae. 2. Leges plus quam perfectae. 3. Leges minus quam perfectae. 4. Leges imperfectae ... El último grupo de la clasificación está integrado por las leyes imperfectas, es decir, las que no se encuentran provistas de sanción. Las no sancionadas jurídicamente son muy numerosas en el derecho público y, sobre todo, en el internacional. Las que fijan los deberes de las autoridades supremas carecen a menudo de sanción, y lo propio ocurre con casi todos los preceptos reguladores de relaciones jurídicas entre Estados soberanos. Por otra parte, hay que tener en cuenta que sería imposible sancionar todas las normas jurídicas, como lo ha observado agudamente Petrasizky. En efecto: cada norma sancionadora tendría que hallarse garantizada por una nueva norma, y ésta por otra, y así sucesivamente. Pero como el número de los preceptos que pertenecen a un sistema de derecho es siempre limitado, hay que admitir, a fortiori, la existencia de normas jurídicas desprovistas de sanción ...'

En efecto, el hecho que los integrantes de la anterior Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia hubieran liberado la elección de Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática en el Municipio de Durango, no obstante que quedaban pendientes de resolver recursos de inconformidad ( 913/DGO/02 y 915/DG0/02), dando conocimiento de este hecho al Servicio Electoral del Partido de la Revolución Democrática, provocando que dicha autoridad se encontrara en una falsa apreciación de la realidad, y emitiera de manera errada la declaración de Validez de la elección y la constancia de mayoría de la elección correspondiente, y que a su vez el ahora inconforme tomara protesta del cargo, esta actitud solo constituye una situación de hecho que no le genera derecho alguno ni les da la legitimación del cargo que pretende, toda vez que lo que se sustenta o se construye con base en actos aún no decididos jurisdiccionalmente o inexistentes, adolecen inexorablemente de la misma calidad, y no pueden oponerse al derecho de administración de justicia que conforme al artículo 4 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, tiene acceso todo militante, en razón de que los actos derivados del error superable, no pueden tomarse como consumados e irreparables, pues los actos viciados de origen, no son aptos para producir algo con el que se pueda enfrentar a la eficacia de los actos tutelados por la Constitución Federal, del Estatuto y de las normas secundarias del Partido de la Revolución Democrática a favor de sus militantes.

En este orden de ideas, aún en el caso que el quejoso hubiera tomado protesta del cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática en el Ayuntamiento de Durango, estando pendientes de resolver recursos de inconformidad, situación que el propio quejoso reconoce como cierto, en escrito sentido jurídico, fue un (sic)situación de hecho, que no le genera un derecho indiscutible respecto al cargo asumido, pues el mismo se encuentra viciado de inexistencia, pues la prerrogativa de acceso a la justicia interna del Partido de la Revolución Democrática que tuvo el C. Gamaliel Ochoa Serrano, titular de los recursos de inconformidad 913/DGO/02 y 915/DG0/02, es superior al error administrativo que la anterior Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática cometió respecto a liberar la elección de Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo Municipal de Durango, y que desde luego no puede constituirse como insuperable o consumado, pues como he demostrado no existe plazo fatal para la asunción del cargo, lo anterior sin perjuicio que quedan expeditos los recursos que el ahora quejoso quiera interponer contra los integrantes de la anterior Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia.

En virtud de lo anterior, es claro que la actuación de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática al resolver los expedientes 913/DGO/02 y 915/DG0/02, se encontró ajustado a derecho, razón por la cual debe declararse infundado el argumento.

Respecto al tercer argumento identificado en el inciso c) consistente en que la resolución cuestionada, se encuentra integrada con una inadecuada intelección de las causas de nulidad y los hechos generadores de la inconformidad, mismos que se hicieron valer respecto a diversas casillas en dicha elección.

A este respecto y acorde a los argumentos vertidos en el cuerpo del presente ocurso, se manifiesta que el estudio de las causas de nulidad que fueron invocadas dentro de los expedientes 913/DGO/02 y 915/DG0/02, y estudiadas por la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática, fueron realizadas conforme al ejercicio autónomo de la función jurisdiccional de dicho órgano, cuya fundamentación y motivación debe respetarse, pues por un lado el Instituto Federal Electoral no tiene competencia para revocar, modificar, o confirmar la nulidad de casillas decretadas por la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática, pues debe de considerarse que ante la eventualidad de tal circunstancia no existiría recurso en contra de tal determinación, lo anterior en concordancia a los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en que se ha manifestado que el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos electorales del Ciudadano y de apelación no son medios jurisdiccionales acorde para controvertir la validez de la votación de una casilla.

De igual modo, la denuncia de hechos que sobre la validez o invalidez de la votación recibida en una casilla, reciba el Instituto Federal Electoral a través de queja, tampoco puede constituir el medio de cuestionar tales eventos, amén de la debida estructuración con que esta realizada la resolución cuestionada.

De las consideraciones anteriores queda claro que el Partido de la Revolución Democrática ha actuado conforme a su normatividad interna, y que ningún derecho partidario se ha vulnerado al quejoso, pues su derecho de integrar el organigrama del Partido, no es una prerrogativa absoluta, pues el mismo artículo 4¡ del Estatuto del Partido, señala que el ejercicio del derecho de ser votado se hará bajo las condiciones establecidas en el ordenamiento en cita y de los reglamentos que del mismo se deriven, agregando que las resoluciones y acuerdos del Consejo nacional son de obligatorio acatamiento en todo el Partido, conforme al artículo 9 numeral 3 del multicitado Estatuto y solo impugnables ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática .

En virtud de las consideraciones hechas valer en el cuerpo del presente ocurso, debe decretarse lo infundado de la queja que se contesta..."

La queja o denuncia será improcedente:

...

b) Cuando por la materia de los actos o hechos denunciados, aún y cuando se llegaran a acreditar, o por los sujetos denunciados, el Instituto resulte incompetente para conocer de los mismos; o cuando los actos, hechos u omisiones no constituyan violaciones al Código..."

"PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO GENÉRICO EN MATERIA ELECTORAL. LA INVESTIGACIÓN DEBE INICIARSE CUANDO UN ÓRGANO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL TIENE CONOCIMIENTO DE ALGUNA VIOLACIÓN. La facultad de iniciar un procedimiento administrativo de investigación sobre irregularidades o faltas administrativas que eventualmente culminaría con la aplicación de una sanción, no necesariamente parte del supuesto de que se haya presentado una queja o denuncia de un partido político por escrito pues también corresponde a la Junta General Ejecutiva ejercer dicha facultad cuando un órgano del Instituto Federal Electoral se lo informe, en virtud de haber tenido conocimiento, con motivo del ejercicio de sus atribuciones constitucional y legalmente conferidas, de que se ha violado una disposición del código, en relación con el sistema disciplinario en materia electoral y con respecto al contenido del párrafo 2 del artículo 270, en relación con los diversos preceptos 82, párrafo 1, inciso h) y 86, párrafo 1, inciso l), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En efecto cualquier órgano del propio Instituto Federal Electoral tiene no sólo la posibilidad sino la obligación de hacer del conocimiento de las instancias competentes cualquier circunstancia que pueda constituir un acto de los sancionados por la legislación electoral, ya que el artículo 41, fracción III, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que en ejercicio de su función estatal, el Instituto Federal Electoral tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, razón por la cual ninguno de sus órganos que integran dicha institución, al ejercer las atribuciones que se prevén a su cargo en una irregularidad en la materia y, en consecuencia, es omiso en hacer del conocimiento de la Junta General Ejecutiva dicha circunstancia sino, por el contrario, tiene la obligación de informarlo, porque de no hacerlo incurriría en responsabilidad."

"Artículo 13

La queja o denuncia será desechada cuando:

(...)

c)Resulte frívola, es decir, los hechos o argumentos resulten intrascendentes, superficiales, pueriles o ligeros;

(...)"

"Artículo 63

...

4. Los plazos del órgano jurisdiccional para resolver los recursos en materia electoral de la elección de dirigentes y representantes deberán concluir al menos siete días antes de la fecha señalada para la toma de posesión.

Para el caso de candidatos a puestos de elección popular, el plazo para resolver será diez días antes de que venza el plazo de registro para la elección constitucional.

5. El Servicio Electoral recibirá las resoluciones del órgano jurisdiccional y los aplicará, procediendo, si fuera necesario, a modificar los cómputos realizados.

Una vez ajustados los resultados a las resoluciones jurisdiccionales, el Servicio Electoral, expedirá la constancia de validez y notificará a los órganos correspondientes a fin de convocar a los electos a rendir protesta."

Lo que nos lleva a que la vigencia de la norma encuentra su sustento en la relación de diversa norma que establece de manera cierta e indiscutible el cumplimiento de la obligación, esto es, la fecha señalada para la toma de posesión. Al efecto es de destacarse que no existe de la normatividad aplicable al caso concreto fecha cierta para la toma de posesión de cargos de dirigentes del Partido de la Revolución Democrática. Lo anterior se demuestra de la lectura integral de los artículos transitorios del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática aprobados por el VI Congreso Nacional, que la letra dice:

DUODÉCIMO. Las presidentas y presidentes estatales y las secretarias y secretarios generales estatales asumirán sus cargos tan luego como se realice la declaratoria de validez de la correspondiente elección y se entreguen los resultados de la misma. Los comités ejecutivos estatales se mantendrán en sus funciones hasta la realización del primer pleno de los consejos estatales respectivos, elegidos en las elecciones nacionales y en los congresos estatales.

"1. Los plazos para la toma de posesión de dirigentes y representantes serán:

a) el consejo municipal la primera semana de abril del año de la elección;

b) los delegados al congreso estatal la segunda semana de abril;

c) los delegados al Congreso Nacional la tercera semana de abril;

d) el consejo, presidente y secretario general estatal, la última semana de abril;

e) el consejo, presidente y secretario general nacional, la primera semana de mayo;

f) el Comité Ejecutivo Municipal la primera semana de mayo;

g) los comités ejecutivos nacional y estatal, antes de la tercera semana de mayo; y

h) los comités ejecutivos de base y el presidente y secretario general de los comités en el exterior, durante el mes de mayo."

"... Por lo que de la petición del recurrente respecto a lo establecido por el artículo 75, inciso a), se realizan los siguientes razonamientos que de 31 casillas establecidas a instalarse para la elección de Presidente y Secretario Municipal del PRD en el municipio de Durango, Estado de Durango, fueron instaladas 30 casillas, de las cuales el recurrente impugnó las casillas individualizadas como números 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 015, 016, 017, 018, 020, 021, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030 y 031, procediendo su pretensión en las casillas individualizadas con números 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 015, 016, 018, 020, 021, 023, 025, 026, 027, 028 y 031, por acreditarse la hipótesis establecida en el artículo 74, inciso m) del Reglamento General de Elecciones y Consultas del PRD, aunado a las casillas anuladas es de precisarse que la casilla número 029 fue robada como consta en autos del expediente en estudio, y por lo que hace a la casilla número 030, se acredita fehacientemente que esta no fue instalada, por lo que de la ecuación aritmética realizada resulta un total de 30 casillas instaladas, de las cuales se declaró la nulidad de la votación emitida en 19 casillas de la elección en estudio, de acuerdo a los argumentos vertidos en el Considerando VI, numeral 12, dando un total del 63.33 % por ciento de casillas anuladas para la elección de Presidente y Secretario del Comité Ejecutivo Municipal en el municipio de Durango, Estado de Durango, en consecuencia es procedente y se declara fundada la pretensión del hoy recurrente, por acreditarse el extremo del artículo 75, inciso a) del Reglamento General de Elecciones y Consultas del PRD, por lo que este órgano resolutor declara nula la elección de Presidente y Secretario del Comité Ejecutivo Municipal en el municipio de Durango, Estado de Durango..."

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado."

" Respecto a las casillas números 004, 005, 006, 007, 008, 010, 012, 015, 016, 020, 021, 023, 025, 026, 027 y 028, se señala que las actas de escrutinio y cómputo utilizadas fueron elaboradas manuscritamente, en algunos casos solo se encuentran rubricas sin determinar a quien pertenecen y en que calidad se rubrica, en otros casos es de observarse que únicamente se encuentran rubricadas por los supuestos funcionarios de casilla, no contiene el número de boletas recibidas, el número de boletas inutilizadas, suma de votos válidos, suma de votos nulos, número de folio, incumpliéndose con las medidas de seguridad y datos que debe contener las actas de escrutinio y cómputo, por lo que al no llevarse a cabo la recepción de la emisión del voto sufragado en un documento que contenga el mínimo de elementos necesarios con que debe constituirse un acta de escrutinio y cómputo, se vulneran los principios de certeza,,legalidad, profesionalismo y objetividad.

Ahora bien, los vicios o irregularidades de los actos electorales, pueden ser imputables directamente a la autoridad, o provenir de actos u omisiones de terceros, especialmente de los que intervienen, en cualquier manera, para la formación o creación del acto de autoridad o resolución de que se trate, y al margen de esa causalidad, si hay ilicitud en el acto o resolución, ésta debe ser objeto de estudio en los fallos que emitan las autoridades competentes, al conocer de los juicios o recursos que se promuevan o interpongan, cuando se haga valer tal ilicitud, en la forma y términos que precisa el ordenamiento aplicable, esto es, independientemente del agente que provoque irregularidades en los actos o resoluciones electorales, sea la conducta de la autoridad que lo emite o las actitudes asumidas por personas diversas, una vez invocada debidamente y demostrado el extremo de la causal de nulidad, debe aplicarse la consecuencia jurídica que corresponda, y si ésta conduce a la invalidez o ineficacia, así se debe declarar y actuar en consecuencia.

Por lo que en el caso concreto, se acredita que existieron violaciones sustanciales al procedimiento, por parte de la autoridad responsable, ya que la suma de irregularidades en su conjunto crean en el juzgador certeza de que la votación emitida en dichas casillas no se cuenta con la seguridad o certidumbre de tener la veracidad de que los actos celebrados en la jornada electoral y de los indicios de las actas se desprende que hubo irregularidades graves no reparables, que ponen en duda la certeza de la votación y que evidentemente favorecen a una de las planillas

Todo esto en su conjunto, nos lleva a valorar que la votación emitida en el Municipio de Durango, vulnero los principios constitucionales rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, toda vez que es evidente que hay violaciones sustanciales en la jornada electoral y toda vez que estas violaciones sustanciales son determinantes para el resultado de la votación, por lo que esta comisión declara fundado el agravio expresado por el recurrente, por lo que se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas individualizadas como números 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 015, 016, 020, 021, 023, 025, 026, 027 y 028, por haberse configurado la hipótesis establecida en el artículo 74, inciso m) del Reglamento General de Elecciones y Consultas..."

"ARTÍCULO 11

1.Procede el sobreseimiento cuando:

(...)

b)La autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo antes de que se dicte resolución o sentencia,

(...)"

"(...)

1.- Con fecha 27 y 28 de julio del año en curso, se reunió la Coordinadora nacional informándonos la Lic. Verónica Rodríguez, representante ante el IFE del Partido México Posible, que el Consejo General del IFE había solicitado que se hicieran diversas modificaciones a nuestros estatutos, indicando que era indispensable hacerlos, ya que en nuestros estatutos, las reglas se acordaron que se especificarían en diferentes reglamentos internos, razón por la cual, entre otros puntos, la prioridad era analizar y aprobar los diferentes reglamentos enunciados en nuestros documentos básicos, para posteriormente modificar nuestros Estatutos, sin embargo, dado que, en esa reunión solamente se aprobó en su totalidad el Reglamento Interno de la Coordinadora Nacional, por cuanto al Reglamento Electoral se aprobó en lo general, debiendo hacer diversas modificaciones y como para los demás Reglamentos no hubieron acuerdos, se acordó que por correo electrónico se enviaran las propuestas a los diferentes reglamentos y también por correo electrónico se emitiera la votación, asimismo, se acordó que la Coordinadora Nacional permanecería en sesión permanente, hasta en tanto aprobáramos, la totalidad de nuestros reglamentos y como consecuencia estar en posibilidad de modificar los estatutos como lo había solicitado el IFE. Se hace la aclaración que nunca se nos entregaron las observaciones realizadas por el Consejo General del IFE.

2.- Ahora bien, como durante el mes de agosto no hubo aprobación mayoritaria de los reglamentos internos faltantes de aprobar y dado que había un plazo para presentar ante el IFE, las propuestas a las observaciones hechas, fue que con fecha primero de septiembre del 2002, nos reunimos nuevamente los integrantes de la Coordinadora Nacional, con la finalidad de analizar y en su caso aprobar las propuestas a los Estatutos, por lo que actuando de buena fe y sin conocer las observaciones hechas por el Consejo General del IFE, ya que nunca se nos entregaron, asistimos a dicha reunión.

3.- En la Reunión del primero de septiembre del 2002, estuvimos de acuerdo en lo siguiente:

• Que al artículo 25 se agregara "Corresponde a la Asamblea Estatal y a la Coordinadora Nacional en el ámbito de su competencia, aprobar la plataforma electoral que las y los candidatos del partido sostendrán a lo largo de sus campañas. El Comité ejecutivo nacional y el Comité Ejecutivo Estatal, en el ámbito de su competencia serán los responsables de presentar y obtener el registro ante la instancia electoral competente".

• Que al Artículo 26 se agregara que "El proceso de recepción de solicitudes para candidaturas quedará a cargo de las comisiones Autónomas estatales de admisión, quienes serán responsables de la verificación del cumplimiento de los requisitos para su postulación".

4.- Con lo que no estuvimos de acuerdo en la reunión del día primero de septiembre del 2002 fue en lo siguiente:

• Que al Artículo 27 se agregara: "Las listas plurinominales federales, serán elaboradas por el CEN y presentadas para su aprobación por mayoría simple a la Coordinadora nacional", ya que se contrapone a lo estipulado en el Artículo 25 inciso a) de nuestros estatutos que señala: "Las listas de candidaturas plurinominales serán representativas de la composición del partido y buscarán la paridad en su integración. Las listas serán elaboradas por el CEN y el estatal en su caso, serán presentadas para su aprobación por mayoría simple a la Coordinadora Nacional", asimismo se contrapone a las propuestas aprobadas por mayoría por la Coordinadora Nacional el 27 y 28 de julio del 2002, en donde en el Reglamento Electoral, en el Artículo 3 se estipuló: "La conducción del proceso de elección de candidaturas plurinominales de las circunscripciones federales quedará cargo del CEN y de los CEE en su caso, cuyas listas serán aprobadas por la Coordinadora Nacional".

La primera propuesta se sometió a votación, quedando empatados, con catorce votos, acto seguido, una compañera indicó que se había confundido en su votación, ante lo cual el C. Sergio Aguayo Quezada, Presidente de la Coordinadora Nacional propuso que se votara nuevamente, ante lo cual la C. Beatriz Emilia González Lobato, hizo una moción, diciendo que no era correcto que se votara dos veces y que de acuerdo al Artículo 6 del reglamento Interno de la Coordinadora Nacional, le correspondía precisamente al Presidente de la Coordinadora Nacional, emitir su voto de calidad, haciendo caso omiso, a la moción y sometiendo nuevamente a votación esta propuesta, la cual por supuesto obtuvo la mayoría en votos. Asimismo, se aprobó que no se pusiera como Artículo Transitorio.

Ahora bien, de acuerdo a lo expresado por la Lic. Verónica Rodríguez Representante ante el IFE del Partido México Posible y por el Lic. Jesús Robles Maloof, Asesor de la Lic. Verónica Rodríguez, las observaciones realizadas por el IFE a nuestros Estatutos, entre otros puntos era que no se habían establecido procesos democráticos en muchos de los casos, razón por la cual consideramos que las propuestas de modificaciones al Artículo 27 de los Estatutos, que no aceptamos, no solamente contravienen otros artículos de Reglamentos Internos aprobados con anterioridad.

Asimismo dado que hasta el día de hoy, tampoco se ha aprobado el Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia, es que nos vemos en la necesidad de acudir ante ese H. Instituto a solicitar su intervención, por las irregularidades aquí plasmadas...

(...)"

"(...)

I. Como aspecto de previo y especial pronunciamiento, atentamente solicito a esta autoridad electoral declare la improcedencia de la queja en estudio, al haberse acreditado la causal de improcedencia de la queja en estudio, al haberse acreditado la causal de improcedencia contemplada en el artículo 10, párrafo 1, inciso d) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, de aplicación supletoria al procedimiento administrativo en que se actúa, toda vez que las y los quejosos no han agotado los medios de defensa que se encuentran claramente previstos en nuestros Documentos Básicos, como lo es anteponer queja ante la Comisión Autónoma de Honor y Justicia. Derecho que contemplan los siguientes artículos de los Estatutos vigentes de México Posible:

1. Las reformas a los Documentos Básicos aprobadas en reunión de Coordinadora Nacional de México Posible celebrada el 1 de septiembre del año en curso, obedecen al cumplimiento del resolutivo segundo de la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral CG/122/2002, por la que se otorga registro a México Posible como Partido Político Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 2002, que ordena:

En el acta de la Reunión de Coordinadora Nacional del 27 y 28 de julio de 2002, queda constancia de que se presentaron las observaciones a nuestros Documentos Básicos realizadas por el Consejo General del IFE:

(...)

VARIOS INTEGRANTES DEL CEN COMENTARON SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS: INFORMACIÓN SOBRE LA OBTENCIÓN DE NUESTRO REGISTRO Y REFORMA ESTATUTARIA (sic) (...)

(Énfasis añadido)

Adicionalmente, como quedó establecido en el párrafo 1 de estos razonamientos, la resolución mediante la cual se nos otorga el registro, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 2002, por lo que las y los quejosos pudieron conocerla y así lo hicieron, ya que el cuadro anexo al Acta de la Reunión de Coordinadora Nacional del 1 de septiembre, que las y los quejosos firmaron, contenía una columna con las observaciones en comento.

En principio, de un análisis de las firmas contenidas en la lista de asistencia y en el Acta de la reunión de 1 de septiembre, se desprende que la misma contó con el quórum estatutario, necesario para considerar válidas las reformas aprobadas. Las y los CC. Beatriz González Lobato, Francisco Avellaneda Santibáñez, Margarita Elena Tapia Fonllem, Antonio Terrazas Aguirre, Sara Román Esquivel y Verónica Ortiz Langurain, asistieron a dicha reunión, hecho que expresamente reconocen y que además consta en la lista de asistencia de la reunión en comento.

(...) SE PUSO A CONSIDERACIÓN DE LOS Y LAS INTEGRANTES DE LA COORDINADORA NACIONAL LAS PROPUESTA DE REFORMA QUE, EN CUADRO ANEXO SE PRESENTA. DISCUTIDA PROPUESTA POR PROPUESTA, Y UNA VEZ HECHAS LAS REFORMAS SOLICITADAS POR LOS Y LAS INTEGRANTES DE LA COORDINADORA, SE PUSIERON A VOTACIÓN. (...)

(Énfasis añadido)

7. Las reformas a los Documentos Básicos contaron con el consentimiento expreso por parte de las y los quejosos.

Como se describe en el Acta en comento, la reformas finales se conocieron plenamente por las y los integrantes de la Coordinadora Nacional, incluyendo a Beatriz Emilia González Lobato, Francisco Avellaneda Santibáñez, Margarita Elena Tapia Fonllem, Antonio Terrazas Aguirre, Sara Román Esquivel y Verónica Ortiz Langurain, al haberse leído todas y cada una de ellas. En el contenido de las mismas existió consenso y por lo tanto se firmó dicha acta y su cuadro anexo, en donde se transcriben fielmente las reformas finales:

(...) HABIÉNDOSE APROBADO LA TOTALIDAD DE LAS REFORMAS, QUEDANDO TODOS Y TODAS DE ACUERDO EN LAS REFORMAS Y CORRECCIONES HECHAS A LOS ESTATUTOS Y LA REFORMA AL PROGRAMA DE ACCIÓN, LEÍDO QUE FUE EL CUADRO DE REFORMAS, POR TODOS Y TODAS LAS INTEGRANTES PRESENTES, RUBRICARON Y FIRMARON LAS MISMAS.

(Énfasis añadido)

Lo anterior se demuestra con las firmas y rúbricas que las y los integrantes de la Coordinadora Nacional, incluyendo Beatriz Emilia González Lobato, Margarita Elena Tapia Fonllem, Antonio Terrazas Aguirre, Sara Román Esquivel y Verónica Ortiz Langurain asentaron en el Acta en cita. Los antes citados, al expresar su inconformidad, no presentan prueba alguna que pruebe su dicho, no acreditan las supuestas irregularidades y sus afirmaciones son meras apreciaciones frívolas, carentes de valor probatorio.

8. Ahora bien, con relación a la afirmación contenida en el escrito de queja y que a continuación se transcribe:

1. Para que una organización pueda ser registrada como partido político nacional, deberá cumplir los siguientes requisitos:

...

1. La declaración de principios invariablemente contendrá, por lo menos:

a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen;

b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule;

c) La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión o secta, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que este Código prohibe financiar a los partidos políticos; y

d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática.

1. El programa de acción determinará las medidas para:

a) Realizar los postulados y alcanzar los objetivos enunciados en su declaración de principios;

b) Proponer políticas a fin de resolver los problemas nacionales;

c) Formar ideológica y políticamente a sus afiliados infundiendo en ellos el respeto al adversario y a sus derechos en la lucha política; y

d) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales.

1. Los estatutos establecerán:

a) La denominación del propio partido, el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales;

b) Los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones. Dentro de los derechos se incluirán el de participar personalmente o por medio de delegados en asambleas y convenciones, y el de poder ser integrante de los órganos directivos;

I. Una asamblea nacional o equivalente;

II. Un comité nacional o equivalente, que sea el representante nacional del partido;

III. Comités o equivalentes en las entidades federativas; y

IV. Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos anuales y de campaña a que se refiere el párrafo 1 del artículo 49-A de este Código.