En este entendido, tanto los órganos internos como los militantes del Partido México Posible se encuentran constreñidos en su actuación a la observancia de sus documentos básicos.

En el caso que nos ocupa el estatuto del Partido México Posible prevé en los artículos 15, inciso b) y 32 las facultades y obligaciones de la Comisiones Autónomas de Honor y Justicia, que en lo medular expresan:

De las normas transcritas se desprenden los derechos con que cuenta todo afiliado a ocurrir ante dichos órganos, para exigir el cumplimiento de las normas estatutarias.

Se advierte, en consecuencia, que los militantes del partido denunciado cuentan de manera expresa y clara con los medios de defensa y de protección a sus derechos, que permiten defender en el seno del partido mismo la legalidad de los actos de sus órganos internos.

Aunado a lo anterior, es importante destacar que dentro de las obligaciones que tienen los partidos políticos se encuentra la prevista en el artículo 38, párrafo 1, inciso f), que a la letra dice:

Tal obligación permite que la Comisión Autónoma de Honor y Justicia se encuentre en todo momento expedita para conocer de las presuntas irregularidades, incumplimientos u omisiones que generen agravio a sus afiliados, para efecto de proteger los derechos legales y estatutarios de los mismos. Considerar que no es necesario acudir a instancias internas conllevaría a dejar sin vigencia los órganos estatutarios expresamente creados para tales fines.

En este sentido, también los militantes o afiliados tienen el deber de observar sus normas estatutarias, como lo es el recurrir ante las instancias internas para dirimir los conflictos que surjan al interior del partido, como lo prevé el artículos 5, inciso f), en relación con el 6, inciso b) del estatuto del Partido México Posible que a la letra dicen:

En el caso que nos ocupa, los quejosos omitieron el deber de acudir ante la Comisión Autónoma de Honor y Justicia para efecto de dirimir la controversia planteada y dar la oportunidad de conocer de la presunta irregularidad al órgano estatutario antes señalado, no obstante que está previsto en la normatividad interna del partido el medio de defensa legal para combatir las presuntas irregularidades señaladas.

Lo anterior se pone de manifiesto, ya que en el escrito de queja inicialmente presentado no se advierte que los C.C. Beatriz Emilia González Lobato, Francisco Avellaneda Santibáñez, Margarita Elena Tapia Fonllem, Antonio Terrazas Aguirre, Sara Román Esquivel y Verónica Ortiz Langurain hayan agotado ningún medio impugnativo que permitiera al instituto político denunciado conocer de las presuntas irregularidades imputadas, a pesar de que como miembros del mismo existe la obligación de acudir a la Comisión de Autónoma de Honor y Justicia.

Máxime que, según se desprende del contenido del artículo 32 del estatuto mencionado, la Comisión Autónoma de Honor y Justicia se encuentra expedita para conocer y en su caso imponer sanciones tratándose de conductas ilegales o equívocas, como lo aprecian los quejosos.

En consecuencia, este Instituto como garante del fortalecimiento del régimen de partidos y respetuoso del principio de legalidad que debe imperar en el actuar cotidiano de los partidos políticos, como parte de los fines a que se encuentra sujeto de conformidad con el artículo 69, en relación con el artículo 82, párrafo 1, inciso h) ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, llega a la convicción de que en el caso que nos ocupa no es procedente entrar al estudio de los hechos planteados por los quejosos, en atención a que no se agotaron las instancias previas contempladas en el estatuto del partido denunciado.

A mayor abundamiento, debe dejarse en claro que considerar lo contrario generaría que los propios afiliados del Partido México Posible incumplan las obligaciones previstas en sus estatutos y, siendo que los miembros o afiliados son el fundamento y pilar del instituto político como principales obligados al respeto irrestricto de sus documentos básicos, no es jurídicamente válido permitir una indiferencia e ignorancia de la obligación de recurrir en vía primaria a las instancias previamente establecidas por el partido denunciado, como lo es la Comisión Autónoma de Honor y Justicia.

En adición a lo anterior, el artículo 3, párrafo 1, del reglamento aplicable en la sustanciación de los procedimientos administrativos prevé la aplicación de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en lo que no se encuentre previsto.

Lo anterior reviste importancia, en virtud de que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral prevé en el artículo 10, párrafo 1, inciso d) el principio de definitividad que expresa:

El citado precepto resulta aplicable al procedimiento sancionatorio de mérito, en virtud de que el supuesto previsto en el inciso d) que se menciona no se encuentra considerado en el reglamento de la materia, situación que genera la aplicación supletoria del principio de definitividad citado, de conformidad con el artículo 3 reglamentario.

Como se ha apuntado con antelación, los quejosos omitieron la obligación de acudir ante sus órganos internos para plantear las presuntas violaciones de que se quejan en la presente instancia, a pesar de existir el medio procedimental para recurrir tales actos y que fueron creados por el instituto político denunciado para la solución de sus conflictos, situación que es de medular importancia para determinar la obligatoriedad de recurrir ante las instancias internas en forma previa y cumplir con el principio de definitividad en los actos sujetos a revisión por parte de este Instituto, sin que sea argumento en contra lo manifestado por los quejosos al desahogar la vista ordenada por auto de fecha catorce de octubre de dos mil dos, que consiste fundamentalmente en que la Comisión Autónoma de Honor y Justicia no cuenta con Reglamento, situación que no imposibilita ni restringe el derecho del quejoso para acudir a las instancias internas que prevé el partido.

Ahora bien, como se apuntó con antelación, ante la ausencia de causal de improcedencia expresa en el Reglamento para la Sustanciación de las Quejas Administrativas que nos ocupa, se aplicó de manera supletoria lo previsto en el artículo 10, párrafo 1, del ordenamiento legal antes aludido, con apoyo en el artículo 3 del reglamento mencionado, que a la letra dice:

La facultad para aplicar de manera supletoria la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral ha sido reconocida por esa H. Sala Superior al resolver el expediente SUP-RAP-003/2002.

A mayor abundamiento, se debe señalar que si bien es cierto que el artículo 10 párrafo 1, inciso d) se refiere a leyes, también lo es que a través de los mecanismos legales que prevén los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, los actos o resoluciones impugnados pueden ser modificados, revocados o anulados.

Esto es así, en virtud de que de una interpretación funcional del artículo antes transcrito la causal de improcedencia tiene que ver directamente con la existencia de instancias por las cuales puedan ser revisables los actos y en consecuencia éstos puedan ser modificados, revocados o anulados, cuestión prevista en el Estatuto.

Además debe decirse que si bien los Estatutos no son considerados como leyes en sentido formal por no tener las características de creación de un proceso legislativo, sí reúnen las condiciones materiales de la ley, ya que contienen normas impersonales, generales y abstractas.

En consecuencia, se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1 inciso d) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de aplicación supletoria al procedimiento administrativo en que se actúa, por no haber agotado los quejosos las instancias previas previstas por los artículos 38, 44 y 46 del estatuto del partido denunciado

No obstante lo anterior y de manera ilustrativa cabe agregar que en la reunión del uno de septiembre de dos mil dos de la Coordinadora Nacional del Partido México Posible, se declaró el quórum legal, siendo suficiente para integrarlo la presencia de 16 miembros, tal y como se dispone en el artículo 13 de los estatutos del referido partido que señala entre otros:

"ARTICULO 13. La Coordinación Nacional tendrá 31 integrantes con sus respectivos suplentes. Será elegida por un periodo de dos años. Podrán ser reelegidos hasta en dos ocasiones y ser parte del Comité ejecutivo Nacional a excepción de los electos. Se buscará que haya paridad entre hombres y mujeres, buscándose que estén representadas las regiones, estados, edad, e intereses temáticos.

Dentro del orden del día de dicha reunión, se encontraba la aprobación de diversas modificaciones a sus estatutos, desprendiéndose del acta levantada de la misma que fueron aprobadas, haciendo prueba de lo anterior la firma de 25 de los asistentes. Por lo tanto, es posible concluir que la asistencia o quórum legal con que se celebró la reunión, la facultad de la Coordinación Nacional y la firma de los asistentes, hacen prueba plena de la aprobación de la modificaciones realizadas, sin que sea prueba en contrario el dicho de los quejosos en cuanto a la desaprobación de las mismas.

Lo anterior es así, porque al ser la Coordinación Nacional un órgano colegiado las decisiones se toman por mayoría, sin que la desaprobación de algunos de sus miembros sea suficiente para dejarlas sin efectos, más aún, con excepción de Francisco Avellaneda Santibáñez los demás quejosos manifiestan haber firmado el acta de dicha asamblea, por lo que resulta ilógico su dicho en el sentido de no haber aprobado las modificaciones al artículo 27 de sus estatutos.

Vistos los razonamientos vertidos con anterioridad se propone declarar improcedente la presente queja y como consecuencia su sobreseimiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 18, inciso a) del reglamento de la materia, en relación con el artículo 10, párrafo 1, inciso d) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

8.- Que en atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 270 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así los artículos 42 y 43 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Titulo Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el numeral 15 de los Lineamientos para el Conocimiento y la Sustanciación de los Procedimientos de las Faltas Administrativas, y en ejercicio de la atribución conferida por los numerales 85, párrafo 1 y 86, párrafo 1, incisos d) y l), del Código invocado, la Junta General Ejecutiva emite el siguiente:

PRIMERO.- Se sobresee por improcedente la queja presentada por los C.C. Beatriz Emilia González Lobato, Francisco Avellaneda Santibáñez, Margarita Elena Tapia Fonllem, Antonio Terrazas Aguirre, Sara Román Esquivel y Verónica Ortiz Langurain en contra del Partido México Posible, en términos de lo señalado en el considerando 7 del presente dictamen.

SEGUNDO.- Remítase el presente dictamen a los integrantes de la Comisión de Proyectos de Resolución o Devolución, en términos de lo señalado en el artículo 44 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Titulo Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

EL C. CONSEJERO PRESIDENTE Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA, MAESTRO JOSE WOLDENBERG KARAKOWSKY: PASAMOS AL APARTADO 2.1.9 DEL ORDEN DEL DIA, RELATIVO AL PROYECTO DE DICTAMEN RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO INICIADO EN CONTRA DE LA AGRUPACION POLITICA NACIONAL "CRUZADA DEMOCRATICA NACIONAL" POR HECHOS QUE CONSTITUYEN PROBABLES INFRACCIONES AL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE JGE/QCG/068/2002.

TIENE LA PALABRA EL LICENCIADO HUGO GUTIERREZ.

EL C. DIRECTOR DE QUEJAS, EN REPRESENTACION DE LA DIRECCION JURIDICA, LICENCIADO HUGO SEBASTIAN GUTIERREZ HERNANDEZ ROJAS: SE TRATA DE LA QUEJA 068, QUE TAMBIEN FUE INICIADA DE OFICIO A PETICION DE LA COMISION DE FISCALIZACION SOBRE LA REVISION DE LOS GASTOS ANUALES...

EL C. CONSEJERO PRESIDENTE Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA, MAESTRO JOSE WOLDENBERG KARAKOWSKY: LA COMISION DE FISCALIZACION.

EL C. DIRECTOR DE QUEJAS, EN REPRESENTACION DE LA DIRECCION JURIDICA, LICENCIADO HUGO SEBASTIAN GUTIERREZ HERNANDEZ ROJAS: LA COMISION DE FISCALIZACION, ORDENO INICIAR EL PROCEDIMIENTO A CRUZADA DEMOCRATICA NACIONAL, PORQUE SE DIO CUENTA QUE HABIA INCUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE PUBLICAR MATERIAL EDITORIAL. LA CUAL RESULTO FUNDADA. EN ESTE CASO CRUZADA DEMOCRATICA NACIONAL PRESENTO UN DOCUMENTO, UNA PUBLICACION QUE REALIZO, PERO ESTA SE HIZO CUANDO NOTIFICO AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL SU INTENCION DE CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLITICO.

ERA CON ESA INTENCION ESA PUBLICACION Y NO REUNIO LOS REQUISITOS A QUE ESTABA OBLIGADA COMO AGRUPACION POLITICA.

EL C. CONSEJERO PRESIDENTE Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA, MAESTRO JOSE WOLDENBERG KARAKOWSKY: GRACIAS. ÀDUDAS, PREGUNTAS? SI NO LAS HAY, PASAMOS A APROBAR EL PROYECTO DE DICTAMEN RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO INICIADO EN CONTRA DE LA AGRUPACION POLITICA NACIONAL "CRUZADA DEMOCRATICA NACIONAL" POR HECHOS QUE CONSTITUYEN PROBABLES INFRACCIONES AL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE JGE/QCG/068/2002. LOS QUE ESTEN A FAVOR SIRVANSE MANIFESTARLO. MUCHAS GRACIAS. QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD.

Distrito Federal, a 22 de noviembre del dos mil dos.

VISTO para resolver el expediente JGE/QCG/068/2002, integrado con motivo del procedimiento administrativo sancionatorio iniciado en contra de la Agrupación Política Nacional "Cruzada Democrática Nacional" por la probable ejecución de actos que pudieran constituir infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y

I.- En sesión ordinaria de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dos, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió resolución "Respecto de las Irregularidades encontradas en la Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales del 2001", misma que en el considerando 5, punto 5.6, inciso e), señala:

En consecuencia, en el punto resolutivo número vigésimo sexto se ordenó lo siguiente:

(...)

II. Por acuerdo de fecha uno de octubre de dos mil dos, se tuvo por recibida en la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral la parte conducente de la Resolución señalada en el resultando anterior, ordenándose integrar el expediente respectivo, iniciar procedimiento administrativo sancionatorio en contra de la Agrupación Política Nacional denominada "Cruzada Democrática Nacional" y emplazar a la misma, quedando registrado en el libro de gobierno con el número de expediente JGE/QCG/068/2002.

III. El día diecisiete de octubre de dos mil dos, mediante la cédula de notificación respectiva y a través del oficio SJGE-161/2002, de fecha diez de octubre de dos mil dos, suscrito por el Secretario de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, con fundamento en los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, párrafo 1, incisos h) y w); 84, párrafo 1, incisos a) y p); 85; 86, párrafo 1, incisos d) y l); 87; 89, párrafo 1, incisos Il) y u); 270 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 13, 14, 15, 16, 26 y 27 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los artículos 1, 2, 3, 42, párrafo 1 y 54 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y numerales 1, 4 y 10 de los Lineamientos para el Conocimiento y la Sustanciación de los Procedimientos de las Faltas Administrativas, establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se emplazó a la Agrupación Política Nacional "Cruzada Democrática Nacional", para que dentro del plazo de cinco días manifestara por escrito lo que a su derecho conviniese.

IV. El día veintidós de octubre del presente año, el C. Jaime Miguel Moreno Garavilla, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Nacional de la Agrupación Política denominada "Cruzada Democrática Nacional", dentro del plazo legal dio contestación al procedimiento administrativo sancionatorio instaurado en su contra, manifestando entre otros aspectos:

Anexando la siguiente documentación:

a) Publicación "Génesis. Alianza Republicana. El Partido de la Confianza", impresa en noviembre de 2001.

V. Por acuerdo de fecha veintiocho de octubre de dos mil dos, el Secretario de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral ordenó dar vista a la agrupación política denunciada para que manifestara lo que a su derecho conviniese, en términos de lo dispuesto en el artículo 42, párrafo 1 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

VI. El día treinta de octubre del mismo año, mediante oficio número SJGE-174/2002 y la cédula de notificación respectiva, con fundamento en los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, párrafo 1, incisos h) y w); 84, párrafo 1, incisos a) y p); 85; 86, párrafo 1, incisos d) y l); 87; 89, párrafo 1, incisos Il) y u); 270 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 13, 14, 15, 16, 26 y 27 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los artículos 1, 2, 3, 42, párrafo 1 y 54 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y numerales 1, 4 y 10 de los Lineamientos para el Conocimiento y la Sustanciación de los Procedimientos de las Faltas Administrativas, establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se notificó a la Agrupación Política Nacional "Cruzada Democrática Nacional" el acuerdo de fecha veintiocho de octubre de dos mil dos, para que dentro del plazo de cinco días manifestara por escrito lo que a su derecho conviniese.

VII. Mediante proveído de fecha once de noviembre de dos mil dos, el Secretario de la Junta General Ejecutiva declaró cerrada la instrucción, atento a lo que dispone el artículo 42, párrafo 2 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

VIII. En virtud de que se ha desahogado en sus términos el procedimiento administrativo previsto en el artículo 270, párrafos 1, 3 y 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el dispositivo 271 del propio ordenamiento legal y 43 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el numeral 15 de los Lineamientos para el Conocimiento y la Sustanciación de los Procedimientos de las Faltas Administrativas, establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a formular el dictamen correspondiente, al tenor de los siguientes:

1.- Que en términos del artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General tiene facultades para conocer de las infracciones a la normatividad electoral federal, y sustanciar el procedimiento administrativo respectivo a través de la Junta General Ejecutiva del Instituto, la cual elabora el Dictamen correspondiente para ser sometido, previos los trámites a que se refieren los artículos 42, 43 y 44 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas Establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la consideración del órgano superior de dirección, para que en ejercicio de las facultades que le otorga el Código de la materia determine lo conducente

2.- Que el artículo 85, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece la integración de la Junta General Ejecutiva; y que el 86, párrafo 1, incisos d) y l) de dicho Código Electoral consigna como facultad de este órgano colegiado, supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos políticos nacionales, a las agrupaciones políticas y las prerrogativas de ambos, así como integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su caso, los de imposición de sanciones en los términos que establezca el citado ordenamiento legal.

3.- Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 4, a las agrupaciones políticas nacionales les será aplicable en lo conducente, lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, inciso a) del Código Electoral, el cual establece la obligación de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

4.- Que el dispositivo 39, párrafos 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el incumplimiento de las obligaciones señaladas por éste Código se sancionará en los términos de lo dispuesto en el Título Quinto del Libro Quinto del ordenamiento legal invocado y que la aplicación de las sanciones administrativas es facultad del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

5.- Que el diverso 82, párrafo 1, incisos h) y w) del Código de la materia, consigna como atribución del Consejo General, vigilar que las actividades de los partidos y de las agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con apego al Código Electoral y cumplan con las obligaciones a que están sujetos, así como, conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan.

6.- Que atento a lo que dispone el artículo 3, párrafo 1, del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto del presente Dictamen, resulta aplicable, en lo conducente, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

7.- Que de las constancias que obran en el presente expediente se desprende lo siguiente:

En sesión ordinaria de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dos el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió resolución "Respecto de las Irregularidades encontradas en la Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales del 2001", en cuyo considerando 5, punto 5.6, inciso e) quedó asentado que la Agrupación Política Nacional "Cruzada Democrática Nacional" no cumplió con la obligación de presentar las publicaciones, tal y como lo disponen los artículos 34 y 38, párrafo 1, inciso h) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra señalan:

h) Editar por lo menos una publicación mensual de divulgación, y otra de carácter teórico, trimestral."

Vista la resolución e iniciado el procedimiento administrativo sancionatorio en contra de la Agrupación Política denominada "Cruzada Democrática Nacional", ésta argumentó esencialmente que el proceso administrativo instaurado en su contra por actos que pudieran constituir infracciones a la legislación electoral federal, le causa agravio y sorpresa; que en el caso específico no se causaron perjuicios al erario público; y que la Agrupación realizó una tarea editorial bajo el título de "Génesis. Alianza Republicana. El partido de la Confianza", misma que contribuye a la difusión de la cultura política y democrática.

Por lo tanto, en el caso que nos ocupa la Agrupación Política Nacional denominada "Cruzada Democrática Nacional" no hace valer ningún argumento ni ofrece prueba para demostrar que contrario a lo asentado en la resolución de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dos, cumplió con la obligación de editar las publicaciones mensuales y trimestrales de conformidad con los artículos antes mencionados.

En cuanto a la tarea editorial titulada "Génesis. Alianza Republicana. El partido de la Confianza" presentada por la Agrupación junto con su escrito de contestación, ésta no satisface los requisitos de las publicaciones a la que se encuentra obligada de conformidad con el artículo 38, párrafo 1, inciso h) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ni es una publicación que merezca ser calificada de carácter teórico pues además de no estar dirigidA a persona alguna, no cuenta con los elementos objetivos necesarios para que uno pueda, por sí mismo, conocer una determinada problemática, sus dimensiones y repercusiones, de manera tal que le permitan adoptar una posición propia, coincidente o no con la del editor, como establece el criterio del Tribunal Electoral abajo mencionado. Más bien se trata de la publicación que la agrupación hizo con motivo de la notificación de interés en registrarse como partido político nacional ante el Instituto Federal Electoral realizada el día doce de junio de dos mil uno, a la cual posteriormente no se dio seguimiento.

Aunado a lo arriba mencionado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, establece la siguiente jurisprudencia:

En consecuencia, la Agrupación Política en comento incumplió con la obligación establecida en el artículo 38, párrafo 1, inciso h) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, aplicable a las agrupaciones políticas de acuerdo al artículo 34, párrafo 4, del mismo ordenamiento legal, al no haber realizado las publicaciones mensuales ni una de las publicaciones trimestrales a las que está obligada.

De esta manera la falta imputada se acredita y por lo tanto de acuerdo a lo que establece el artículo 39 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el incumplimiento de las obligaciones establecidas debe sancionarse en los términos del Título Quinto del Libro Quinto de dicho código, siendo aplicable al caso sancionar a la agrupación política nacional "Cruzada Democrática Nacional" por el incumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 269, párrafo 2, inciso a), que señala:

En mérito de lo expuesto se propone declarar fundado el presente procedimiento administrativo sancionatorio.

8.- Que en atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 270 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el artículo 43 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Titulo Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el numeral 15 de los Lineamientos para el Conocimiento y la Sustanciación de los Procedimientos de las Faltas Administrativas, y en ejercicio de la atribución conferida por los numerales 85, párrafo 1 y 86, párrafo 1, incisos d) y l), del Código invocado, la Junta General Ejecutiva emite el siguiente:

PRIMERO.- Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionatorio iniciado en contra de la Agrupación Política Nacional "Cruzada Democrática Nacional", en términos de lo señalado en el considerando 7 del presente dictamen.

SEGUNDO.- Remítase el presente dictamen a los integrantes de la Comisión de Proyectos de Resolución o Devolución, en términos de lo señalado en el artículo 44 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Titulo Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

EL C. CONSEJERO PRESIDENTE Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA, MAESTRO JOSE WOLDENBERG KARAKOWSKY: PASAMOS AL APARTADO 2.1.10 DEL ORDEN DEL DIA, QUE ES EL PROYECTO DE DICTAMEN RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO INICIADO EN CONTRA DE LA AGRUPACION POLITICA NACIONAL RED DE ACCION DEMOCRATICA, POR HECHOS QUE CONSTITUYEN PROBABLES INFRACCIONES AL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE JGE/QCG/069/2002.

TIENE LA PALABRA EL LICENCIADO HUGO GUTIERREZ.

EL C. DIRECTOR DE QUEJAS, EN REPRESENTACION DE LA DIRECCION JURIDICA, LICENCIADO HUGO SEBASTIAN GUTIERREZ HERNANDEZ ROJAS: ES EL MISMO CASO, LA QUEJA 069, INICIADA DE OFICIO EN CONTRA DE LA AGRUPACION POLITICA RED DE ACCION DEMOCRATICA, SON LOS MISMOS HECHOS: NO REALIZO LAS PUBLICACIONES A QUE ESTABA OBLIGADA. EN SU CONTESTACION ACEPTA QUE NO LAS REALIZO Y SE DECLARA FUNDADA.

EL C. CONSEJERO PRESIDENTE Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA, MAESTRO JOSE WOLDENBERG KARAKOWSKY: ¿ALGUN COMENTARIO? ¿DUDAS AL RESPECTO? SI NO LOS HUBIESE, PASAMOS A APROBAR EL PROYECTO DE DICTAMEN RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO INICIADO EN CONTRA DE LA AGRUPACION POLITICA NACIONAL RED DE ACCION DEMOCRATICA, POR HECHOS QUE CONSTITUYEN PROBABLES INFRACCIONES AL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE JGE/QCG/069/2002. LOS QUE ESTEN A FAVOR SIRVANSE MANIFESTARLO. MUCHAS GRACIAS. QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD.

Distrito Federal, a 22 de noviembre de dos mil dos.

VISTO para resolver el expediente número JGE/QCG/069/2002, integrado con motivo del procedimiento administrativo sancionatorio iniciado en contra de la Agrupación Política Nacional Red de Acción Democrática por la probable ejecución de actos que pudieran constituir infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y

I. En sesión ordinaria de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dos, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió resolución "Respecto de las Irregularidades encontradas en la Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales del 2001", misma que en el considerando 5, punto 5.22, inciso a), señala:

En consecuencia, en el punto resolutivo vigésimo sexto de dicha resolución se señaló lo siguiente:

II. Por acuerdo de fecha uno de octubre de dos mil dos, se tuvo por recibida en la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral la parte conducente de la resolución mencionada en el resultando anterior, ordenándose integrar el expediente respectivo, iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio en contra de la Agrupación Política Nacional Red de Acción Democrática y emplazar a la misma, quedando registrado en el libro de gobierno con el número de expediente JGE/QBPG/CG/069/2002.

III. El día dieciséis de octubre de dos mil dos, mediante la cédula de notificación respectiva y a través del oficio SJGE-160/2002, de primero de octubre de dos mil dos, suscrito por el Secretario de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, con fundamento en los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, párrafo 1, incisos h) y w); 84, párrafo 1, incisos a) y p); 85; 86, párrafo 1, incisos d) y l); 87; 89, párrafo 1, incisos Il) y u); 270 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 13, 14, 15, 16, 26 y 27 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los artículos 1, 2, 3, 42, párrafo 1 y 54 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y numerales 1, 4 y 10 de los Lineamientos para el Conocimiento y la Sustanciación de los Procedimientos de las Faltas Administrativas, establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se emplazó a la Agrupación Política Nacional Red de Acción Democrática, para que dentro del plazo de cinco días manifestara por escrito lo que a su derecho conviniese.

IV. El veintiuno de octubre de dos mil dos, el C. Clemente Guillén Sagajón, en su carácter de representante legal de la Agrupación Política Red de Acción Democrática, dentro del plazo legal, dio contestación a la queja interpuesta en su contra, manifestando entre otros aspectos que:

"-Como en ningún artículo de la ley del IFE se indica que (sic) porcentaje de los recursos son para cada actividad, nosotros los asignamos de acuerdo con las necesidades de la población.

-Como los costos para las publicaciones son elevados solo (sic) se pudo realizar la publicación de 3 revistas y 3 suplementos las cuales fueron entregadas en su oportunidad.

Por lo antes expuesto, respetuosamente solicito a usted su consideración por no haber realizado el total de las publicaciones y reitero nuestro compromiso para en lo futuro cumplir con los (sic) metas establecidas, asignando el presupuesto necesario para las publicaciones."

Anexando la siguiente documentación:

a) Copia simple del Formato "IA-APN"-INFORME ANUAL, signado por el C. Ing. Clemente Guillén Sagajón, de fecha 8 de mayo de 2002.

V. Por acuerdo de fecha veinticinco de octubre de dos mil dos, el Secretario de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral ordenó dar vista a la agrupación política denunciada para que manifestara lo que a su derecho conviniese, en términos de lo dispuesto en el artículo 42, párrafo 1 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

VI. El día uno de noviembre de dos mil dos, mediante la cédula de notificación respectiva, con fundamento en los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, párrafo 1, incisos h) y w); 84, párrafo 1, incisos a) y p); 85; 86, párrafo 1, incisos d) y l); 87; 89, párrafo 1, incisos Il) y u); 270 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 13, 14, 15, 16, 26 y 27 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los artículos 1, 2, 3, 42, párrafo 1 y 54 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y numerales 1, 4 y 10 de los Lineamientos para el Conocimiento y la Sustanciación de los Procedimientos de las Faltas Administrativas, establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se notificó a la Agrupación Política Nacional Red de Acción Democrática el acuerdo de fecha veinticinco de octubre de dos mil dos, para que dentro del plazo de cinco días manifestara por escrito lo que a su derecho conviniese.

VII. Transcurrido el término señalado en el punto anterior sin que la Agrupación Política Nacional Red de Acción Democrática hiciera manifestación alguna, mediante proveído de fecha once de noviembre de dos mil dos, el Secretario de la Junta General Ejecutiva declaró cerrada la instrucción, atento a lo que dispone el artículo 42, párrafo 2 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

VIII. En virtud de que se ha desahogado en sus términos el procedimiento administrativo previsto en el artículo 270, párrafos 1, 3 y 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el dispositivo 271 del propio ordenamiento legal y 43 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el numeral 15 de los Lineamientos para el Conocimiento y la Sustanciación de los Procedimientos de las Faltas Administrativas, establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a formular el dictamen correspondiente, al tenor de los siguientes:

1.- Que en términos del artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General tiene facultades para conocer de las infracciones a la normatividad electoral federal, y sustanciar el procedimiento administrativo respectivo a través de la Junta General Ejecutiva del Instituto, la cual elabora el Dictamen correspondiente para ser sometido, previos los trámites a que se refieren los artículos 42, 43 y 44 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas Establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la consideración del órgano superior de dirección, para que en ejercicio de las facultades que le otorga el Código de la materia determine lo conducente.

2.- Que el artículo 85, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece la integración de la Junta General Ejecutiva; y que el 86, párrafo 1, incisos d) y l), de dicho Código Electoral, consigna como facultad de este órgano colegiado, supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos políticos y sus prerrogativas, así como integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su caso, los de imposición de sanciones en los términos que establezca el citado ordenamiento legal.

3.- Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del Código Electoral Federal, es obligación de los partidos y agrupaciones políticas nacionales conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

4.- Que el dispositivo 39, párrafos 1 y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el incumplimiento de las obligaciones de los partidos y agrupaciones políticas se sancionará en los términos de lo dispuesto en el Título Quinto del Libro Quinto del ordenamiento legal invocado y que la aplicación de las sanciones administrativas es facultad del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

5.- Que el diverso 82, párrafo 1, incisos h) y w) del Código de la materia consigna como atribución del Consejo General, vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego al Código Electoral y cumplan con las obligaciones a que están sujetos, así como conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan.

6.- Que atento a lo que dispone el artículo 3, párrafo 1, del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto del presente Dictamen, resulta aplicable, en lo conducente, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

7.- Que de las constancias que obran en el presente expediente se desprende lo siguiente:

En sesión ordinaria de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dos el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió resolución "Respecto de las Irregularidades encontradas en la Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales del 2001", en cuyo considerando 5, punto 5.22, inciso a) quedó asentado que la Agrupación Política Nacional Red de Acción Democrática no cumplió con la obligación de presentar las publicaciones mensuales de los meses de enero, febrero, mayo, junio, agosto, septiembre y noviembre, así como la publicación trimestral correspondiente al periodo octubre a diciembre, tal y como lo disponen los artículos 34 y 38, párrafo 1, inciso h) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra señalan:

Al dar contestación al procedimiento iniciado en su contra la Agrupación Política Nacional Red de Acción Democrática expresamente acepta el incumplimiento de su obligación alegando que al no señalarse en el Código de la materia la manera de asignar el presupuesto otorgado a cada uno de los rubros que tiene que cubrir lo asignó de la manera que le pareció más conveniente siendo imposible dados los costos de las publicaciones realizar aquellas a las que se encuentra obligada.

Lo anterior no es justificación para no cumplir con lo dispuesto en la norma en cita ni argumento para acreditar el cumplimiento de la obligación a cargo de la agrupación política, toda vez que como quedó establecido dicha obligación es conocida plenamente por la agrupación en comento al establecerse en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, debiendo en consecuencia observarla y cumplirla.

De esta manera la falta imputada se acredita y, por lo tanto, de acuerdo a lo que establece el artículo 39 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales el incumplimiento de las obligaciones establecidas debe sancionarse en los términos del Título Quinto del Libro Quinto de dicho código, siendo aplicable al caso sancionar a la Agrupación Política Nacional Red de Acción Democrática por el incumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 269, párrafo 2, inciso a) que señala:

Es así que la agrupación política en comento incumplió con la obligación establecida en el artículo 38, párrafo 1, inciso h) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, aplicable a las agrupaciones políticas de acuerdo al artículo 34, párrafo 4, del mismo ordenamiento legal, al no haber realizado las publicaciones mensuales ni una de las publicaciones trimestrales a las que está obligada.

8.- Que en atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 270 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el artículo 43 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Titulo Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el numeral 15 de los Lineamientos para el Conocimiento y la Sustanciación de los Procedimientos de las Faltas Administrativas, y en ejercicio de la atribución conferida por los numerales 85, párrafo 1 y 86, párrafo 1, incisos d) y l), del Código invocado, la Junta General Ejecutiva emite el siguiente:

PRIMERO.- Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionatorio iniciado en contra de la Agrupación Política Nacional Red de Acción Democrática, en términos de lo señalado en el considerando siete del presente dictamen.

SEGUNDO.- Remítase el presente dictamen a los integrantes de la Comisión de Proyectos de Resolución o Devolución, en términos de lo señalado en el artículo 44 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Titulo Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

EL C. CONSEJERO PRESIDENTE Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA, MAESTRO JOSE WOLDENBERG KARAKOWSKY: PASAMOS AL APARTADO 2.1.11 DEL ORDEN DEL DIA, RELATIVO AL PROYECTO DE DICTAMEN RESPECTO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. BENJAMIN PEREZ GONZAGA EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUYEN INFRACCIONES AL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE JGE/QBPG/CG/071/2002.

TIENE LA PALABRA EL LICENCIADO HUGO GUTIERREZ.

EL C. DIRECTOR DE QUEJAS, EN REPRESENTACION DE LA DIRECCION JURIDICA, LICENCIADO HUGO SEBASTIAN GUTIERREZ HERNANDEZ ROJAS: EN EL CASO, DE LA 071, INTERPUESTA POR BENJAMIN PEREZ GONZAGA EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, SE SEÑALA UNA SERIE DE VIOLACIONES DEL PARTIDO EN EL PROCESO DE ELECCION DE CANDIDATOS INTERNOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

EN ESTE CASO SI AGOTO LAS INSTANCIAS INTERNAS PERO DE MANERA INCORRECTA. EL TENIA UN TERMINO PARA INTERPONER UN RECURSO DE 12 HORAS Y LO PRESENTO MUCHO TIEMPO DESPUES, POR LO QUE PERDIO EL DERECHO PARA HACERLO VALER DENTRO DEL PARTIDO, POR LO TANTO NO SE ENTRA AL ESTUDIO DE LA QUEJA.

EL C. CONSEJERO PRESIDENTE Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA, MAESTRO JOSE WOLDENBERG KARAKOWSKY: GRACIAS. ÀALGUN COMENTARIO AL RESPECTO? SI NO LO HUBIESE PASAMOS A APROBAR EL PROYECTO DE DICTAMEN RESPECTO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. BENJAMIN PEREZ GONZAGA EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUYEN INFRACCIONES AL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE JGE/QBPG/CG/071/2002. LOS QUE ESTEN A FAVOR SIRVANSE MANIFESTARLO. MUCHAS GRACIAS. QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD.

Distrito Federal, a 22 de noviembre de dos mil dos.

VISTO para resolver el expediente número JGE/QBPG/CG/071/2002, integrado con motivo de la queja presentada por el C. Benjamín Pérez Gonzaga, por probables infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y

I. Con fecha catorce de octubre de dos mil dos, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral el escrito signado por el C. Benjamín Pérez Gonzaga, en el que denuncia hechos que considera constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismos que hace consistir primordialmente en:

1.- Que con fecha 3 de septiembre del año 2002, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., Capital (sic) del Estado (sic) de Hidalgo, el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Estatal (sic), con autorización del Consejo Político Estatal en su sesión del 24 de junio del año 2002, emitió la Convocatoria (sic) para que todos los militantes, cuadros y organizaciones integradas al partido, participen en el proceso interno para la postulación de candidatos a Presidentes Municipales en los 84 Municipios (sic) del Estado de Hidalgo, dicha convocatoria se fundamenta en el marco jurídico establecido, por la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La (sic) Constitución Política del Estado de Hidalgo, por la Ley Electoral del Estado, así como de los Estados (sic) aprobados por el Consejo General del I.F.E., y en particular por los Reglamentos aprobados en la XLIII Cesión (sic) Ordinaria del Consejo Político Nacional el 25 de Mayo del 2002 que rigen la vida interna del Partido Revolucionario Institucional.

3.- La Comisión Municipal de Proceso Interno, de conformidad con la Base (sic) novena de la convocatoria, tiene la facultad para admitir o rechazar la solicitud de Registro (sic) de los aspirantes a precandidatos a Presidentes Municipales, y en fecha 14 de Septiembre del año en curso, emitió el Dictamen de Improcedencia de mi Registro (sic).

4.- Con fecha 15 de Septiembre del 2002, se presentó ante la Comisión Estatal de Justicia Partidaria la impugnación de los nombramientos de los integrantes de la Comisión del Proceso Interno del municipio de Tepetitlán, Hgo., ya que estos no cumplieron con los requisitos que marca el artículo 156 y 157 de los Estatutos. Así como de los artículos 145, 146, 147, 148 y 149 de los Estatutos, resolviendo dicha Comisión que la Impugnación presentada, no procedía por haberse presentado ante Autoridad distinta a la Responsable (sic) para conocer el caso.

5.- Con fecha 16 de Septiembre (sic) del presente año, siendo las 14:50 horas, se presente la Protesta ante la Comisión Municipal de Procesos Internos, manifestando mi inconformidad en base al artículo 38 fracción II del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos.

6.- En fecha 18 de Septiembre del 2002, se presento (sic) ante la Presidencia del C.E.N. del P.R.I., ante la Presidencia de la Comisión nacional de Procesos Internos, ante La (sic) Presidencia de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y a la Secretaría de Organización nuestra protesta por la forma en como (sic) se integro (sic) la Comisión Municipal de Procesos Internos, así mismo el dictamen de la improcedencia de mi registro como aspirante a precandidato a la Presidencia Municipal, ya que este no debería de tener validez en virtud de que no se dio cumplimiento a los artículos 145, 146, 147, 148, 149, 156 y 157 de los Estatutos que rigen la vida interna del partido, no recibiendo respuesta alguna de dicha protesta, excepto contestación por parte de la Secretaría de Organización, en donde se nos manifiesta que dicha documentación la enviarian (sic) al C. LIC. EFRAIN ARISTA RUÍZ Presidente de la Comisión ESTATAL DE (sic)Procesos Internos.

7.- De igual forma en fecha 19 de Septiembre del 2002, se presento (sic) la queja antela (sic) el C. Gobernador del Estado de Hidalgo, así como el Presidente del P.R.I. Estatal, en la cual no se nos dio contestación alguna respecto a la protesta planteada.

8.- Con fecha 24 de Septiembre del 2002, la Comisión Municipal de Procesos Internos, realizó la Contestación (sic) de la Protesta presentada con fecha 16 de septiembre, manifestando que era improcedente el registro, no fundamentando la causa de dicho dictamen, de acuerdo al reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos.

9.- Con fecha 25 de Septiembre del presente año, se presento (sic) Queja ante la Comisión Estatal de Procesos Internos, ya que la Comisión Municipal de Procesos Internos, se había excedido en no emitir en tiempo y forma el dictamen de mi protesta de fecha 16 de Septiembre (sic), permitiendo con esto aplazar el tiempo para que no tuviera alternativa alguna de presentar mi queja ante la Comisión Estatal de Procesos Internos.

10.- Con fecha 30 de Septiembre (sic) del 2002, se envió un Informe General a. (sic) C. LUIS ROBERTO MADRAZO PINTADO, Presidente del C.E.N. del P.R.I., de la situación que aguarda (sic) la protesta planteada ante las diferentes instancias del partido y del Gobierno Estatal, y de los cuales no se ha tenido respuesta alguna.

11.- Con fecha 2 de Octubre del año en curso, de igual forma se envió un resumen general al Senador FIDEL HERRERA BELTRÁN representante del PR.I., ante el I.F.E., con el objeto de dar a conocer todas y cada una de las anomalías presentados por las diferentes instancias del partido y del Gobierno Estatal, respecto al Registro (sic) que solicite como aspirante a Precandidato a Presidente Municipal del Municipio de Tepetitlán, Hgo.

II. Por acuerdo de fecha dieciséis de octubre de dos mil dos, se tuvo por recibido en la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral el escrito señalado en el resultando anterior, ordenándose integrar el expediente respectivo, el cual quedó registrado en el libro de gobierno con el número JGE/QBPG/CG/071/2002, emplazar al Partido Revolucionario Institucional y agregar copia certificada de las pruebas ofrecidas, consistentes en:

a) Testimonio Notarial número 26190, pasado ante la fe Pública de la Licenciada Marcela Vieyra Alamilla, Notario Público adscrita a la Notaria Número Dos del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo.

b) Convocatoria para el Proceso Interno para la postulación de candidatos a los 84 ayuntamientos del Estado de Hidalgo, de fecha 3 de septiembre del año 2002 publicada en el periódico el Sol de Hidalgo.

c) Copia simple de la solicitud de registro como precandidato de fecha 14 de septiembre de 2002, presentada por el C. Benjamín Pérez Gonzaga al C. Efraín Arista Ruiz, Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos.

d) Dictámenes en original expedidos por la Comisión Municipal de Proceso Interno del Municipio de Tepetitlán, de fechas 14 y 17 de septiembre de 2002.

e) Acuse de recibido de la impugnación de dictamen de fecha 15 de septiembre de 2002, presentado ante la Secretaría de Organización por el C. Benjamín Pérez Gonzaga.

f) Acuse de recibido de la impugnación de dictamen de fecha 15 de septiembre de 2002, presentado ante la Presidenta de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, Sen. Martha Sofía Tamayo Morales, por el C. Benjamín Pérez Gonzaga.

g) Acuse de recibido de la impugnación de dictamen de fecha 15 de septiembre de 2002, presentado ante el Presidente de la Comisión Municipal de Proceso Interno, C. Eduardo Vizzuett Jiménez, por el C. Benjamín Pérez Gonzaga.

h) Acuse de recibido de la impugnación de dictamen de fecha 15 de septiembre de 2002, presentado ante el Presidente de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del P.R.I., C. Eduardo García Gómez, por el C. Benjamín Pérez Gonzaga.

i) Acuse de recibido de la impugnación de dictamen de fecha 15 de septiembre de 2002, presentado ante el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del P.R.I., Licenciado Roberto Madrazo Pintado, por el C. Benjamín Pérez Gonzaga.

j) Acuse de recibido de la impugnación de dictamen de fecha 15 de septiembre de 2002, presentado ante el Presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos del Comité Ejecutivo Nacional del P.R.I., Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, por el C. Benjamín Pérez Gonzaga.

k) Acuse de recibido de la carta de fecha 18 de septiembre de 2002, dirigida a Licenciado Manuel Núñez Soto, Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, por el C. Benjamín Pérez Gonzaga.

l) Acuse de recibido de la carta de fecha 18 de septiembre de 2002, dirigida a Licenciado José Antonio Rojo García de Alba, Presidente del Comité Directivo Estatal del P.R.I.,por el C. Benjamín Pérez Gonzaga.

m) Acuse de recibido de la impugnación de dictamen de fecha 25 de septiembre de 2002, presentado ante el Presidente de la Comisión Estatal de Proceso Interno, C. Efraín Arista Ruiz, por el C. Benjamín Pérez Gonzaga.

n) Acuse de recibido de la carta de fecha 30 de septiembre de 2002, presentado ante el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del P.R.I, Licenciado Roberto Madrazo Pintado, por el C. Benjamín Pérez Gonzaga.

o) Acuse de recibido de la carta de fecha 1 de octubre de 2002, presentado ante Representante del P.R.I. ante el Instituto Federal Electoral, Senador Fidel Herrera Beltrán, por el C. Benjamín Pérez Gonzaga.

p) Dictamen en original de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria de fecha 19 de septiembre de 2002.

q) Original del oficio número SO/1162/02 enviado al C. Benjamín Pérez Gonzaga por la Licenciada María Esther Scherman Leaño, Secretaría de Organización.

r) Copia simple de la cédula profesional del C. Benjamín Pérez Gonzaga, que lo acredita como Ingeniero Petrolero.

s) Copia simple de la credencial para votar del C. Pascual de la Cruz Jiménez.

t) Dictamen en original de la Comisión Estatal de Procesos Internos de fecha 26 de septiembre de 2002.

u) Copia simple del Registro del C. Benjamín Pérez Gonzaga, ante el C. Efraín Arista Ruiz, Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, como aspirante a precandidato para presidente municipal del municipio de Tepetitlán, Hidalgo.

v) Copia simple del acta de nacimiento del C. Benjamín Pérez Gonzaga.

w) Copia simple de la credencial para votar del C. Benjamín Pérez Gonzaga.

x) Copia simple de la credencial que acredita al C. Benjamín Pérez Gonzaga como militante el Partido Revolucionario Institucional.

y) Copia simple de la carta de antecedentes no penales del C. Benjamín Pérez Gonzaga.

z) Copia simple de la constancia de residencia del C. Benjamín Pérez Gonzaga.

aa) Copia simple de la solicitud para el pago de cuota partidaria realizada por el C. Benjamín Pérez Gonzaga.

bb) Copia simple del Programa de Trabajo realizado por el C. Benjamín Pérez Gonzaga.

cc) Copia simple de 430 firmas de militantes del Partido Revolucionario Institucional.

dd) Currículo Vitae del C. Benjamín Pérez Gonzaga.

ee) Testimonio Notarial número 26188, pasado ante la fe pública de la Licenciada Marcela Vieyra Alamilla, Notario Público adscrita a la Notaría Número Dos del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo.

ff) Testimonio Notarial número 26186, pasado ante la fe pública de la Licenciada Marcela Vieyra Alamilla, Notario Público adscrita a la Notaría Número Dos del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo.

gg) Testimonio Público número 26158, pasado ante la fe pública de la Licenciada Marcela Vieyra Alamilla, Notario Público adscrita a la Notaría Número Dos del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo.

III. Mediante oficio SJGE/166/2002, de fecha dieciséis de octubre de dos mil dos, suscrito por el Secretario de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, notificado el día dieciocho de octubre del mismo año, con fundamento en los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, párrafo 1, incisos a) y s); 82, párrafo 1, incisos h) y w); 84, párrafo 1, incisos a) y p); 85, 86, párrafo 1, incisos d) y l); 87, 89, párrafo 1, incisos ll) y u); 269, 270, párrafo 2 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 13, 14, 15, 16, 26, 27 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15 y 16 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y numerales 1, 4, 8 y 10 de los Lineamientos para el Conocimiento y la Sustanciación de los Procedimientos de las Faltas Administrativas, establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se emplazó al Partido Revolucionario Institucional, para que dentro del plazo de cinco días, contestara por escrito lo que a su derecho conviniera y aportara pruebas en relación a los hechos imputados a su representada.

IV. El veintitrés de octubre de dos mil dos, el C. Rafael Ortiz Ruiz, en su carácter de Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, dentro del plazo legal, dio contestación en tiempo y forma a la queja interpuesta en su contra, manifestando entre otros aspectos que:

"En este sentido y atendiendo lo establecido en el artículo 10 inciso d) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia (sic) Electoral (sic), deberá ser decretada la procedencia de la presente queja promovida por Benjamín Pérez Gonzaga y consecuentemente dictaminado su sobreseimiento por las siguientes consideraciones; (sic)

Es en el presente caso, en el que Benjamín Pérez Gonzaga, siendo aspirante a un cargo de elección popular y habiéndosele negado el registro como tal, según dictamen del catorce de septiembre de dos mil dos, debió interponer el recurso de Queja (sic) ante la Comisión que resolvió o sea la comisión Municipal Para (sic) el Proceso Interno de Tepetitlán, lo que en la especie aconteció ya que efectivamente presentó dicho recurso con fecha 16 de septiembre de dos mil dos a las 14:50 horas, según se desprende de la copia de dicho recurso y que el propio recurrente aporta como medio de prueba. Ciertamente el quejoso cumplió con el término establecido para interponer la queja que es el de las 48 horas siguientes, contadas a partir de la notificación de los hechos o resolución impugnada, según lo determina el artículo 39 del reglamento multicitado y que en el presente caso el recurrente tuvo conocimiento cuando le fue dado a conocer el dictamen por el que se declara improcedente su solicitud de registro y consecuentemente se le negaba tal beneficio.

La resolución de la Protesta (sic), fue dictaminada por la Comisión Municipal Para (sic) el Proceso (sic) Interno (sic), el 17 de septiembre de dos mil dos, cumpliendo con ello lo establecido en el artículo 40 del precitado reglamento que señala que la resolución de la queja deberá emitirse en un término no mayor de 24 horas, tal y como en el presente caso aconteció, lo que se demuestra y se prueba con el dictamen respectivo mismo que aporta el recurrente.

En el caso de "La (sic) Queja (sic)", dice el reglamento multicitado, se presentará ante la Comisión que emitió la resolución a la interposición de la Protesta y este recurso deberá de presentarse dentro de las 12 horas siguientes a la notificación de la resolución de la Protesta, y es el caso que el quejoso interpuso este recurso hasta el día 25 de septiembre de dos mil dos, por lo que de acuerdo al reglamento excedió el plazo para la interposición de dicho recurso, por lo cual, con fecha 26 de septiembre en curso la Comisión Estatal de Proceso Interno dictaminó el desechamiento de la citada queja, atendiendo al principio de preclusión y manifestando el haberse acreditado que a Benjamín Pérez Gonzaga le prescribió su derecho para interponer tal recurso, por lo tanto es insostenible lo aducido por el quejoso en el sentido de que la Comisión Municipal resolvió el 24 de septiembre el recurso de Protesta presentado con fecha 16 de septiembre, pues atendiendo al principio de "adquisición procesal" y allanándose mi representado a las mismas pruebas que aporta el quejoso, de ellas se desprende que lo cierto es que la Comisión Municipal resolvió dentro de los términos establecido, es decir dentro del lapso de 24 horas que señala el artículo 40 reglamentario y más aún, resulta insostenible, falaz e insustentable lo que en el punto número 8 de su capitulo de hechos argumenta en ese sentido, puesto que no aporta documental o elemento alguno que demuestre que efectivamente la Comisión Municipal se haya excedido en el término para resolver.

De igual forma, para una mejor claridad de que el momento que el recurrente tenía el termino (sic) legal para ejercer su derecho si estaba inconforme e interponer la protesta, y que no lo hizo así en tiempo, por lo tanto precluyó su derecho para hacerlo se cita al siguiente criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

"Los principios doctrinales sobre la caducidad resultan aplicables al derecho conferido para pedir la revocación, modificación o nulificación (sic) de los actos de las autoridades electorales, a través de los medios de impugnación que prevén las leyes de la materia, en razón de que ese derecho está regulado de tal manera que se satisfacen totalmente los elementos constitutivos de la figura jurídica en cuestión, por lo siguiente: a) El derecho de impugnación constituye una facultad, potestad o poder para combatir actos o resoluciones de las autoridades electorales, mediante la promoción o interposición de los juicios o recursos fijados por las leyes correspondientes, con el claro objeto de crear, modificar o extinguir las relaciones o situaciones jurídicas que se consignan o derivan de tales actos o resoluciones, que se encuentran referidas a cuestiones de orden público; b) El contenido de los actos y resoluciones electorales se rige por el principio de certeza, por exigencia directa del artículo 41, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que sólo se puede respetar cabal y adecuadamente si los citados actos y resoluciones gozan de definitivdad y firmeza, y esto se consigue con la interposición y resolución de los procesos impugnativos o con el transcurso del tiempo establecido para hacer tal impugnación; c) Dicha certeza debe ser pronta, especialmente en los procesos electorales, porque las etapas de éstos no tienen retorno, en determinados momentos y circunstancias no cabe la reposición de ciertos actos y resoluciones, y la validez y seguridad de cada acto o resolución de la cadena que conforma estos procesos, puede dar pauta para elegir entre varias posibles acciones o actitudes que puedan asumir los protagonistas, sean las propias autoridades, los partidos políticos o los ciudadanos, en las actuaciones y fases posteriores, dado que éstas deben encontrar respaldo en las precedentes y estar en armonía con ellas; d) Los plazos previstos por la ley para el ejercicio del derecho en comento son breves, pues para la generalidad de los medios de impugnación, según se advierte en materia federal en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es de cuatro días hábiles, fuera de los procesos electorales y naturales durante éstos, e inclusive se llegan a prever plazos menores, como el señalado para interponer el recurso de apelación en el artículo 43, apartado 1, inciso a), del mismo ordenamiento; e) Está regulada expresamente la extinción del derecho mencionado, si no se ejerce dentro del limitado plazo fijado por la ley, al incluir en el artículo 10, apartado 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dentro de los medios de impugnación que serán improcedentes, a aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados por esa ley; f) Este medio de extinción del derecho opera por el mero transcurso del tiempo, dado que no se exige en la ley ningún otro requisito; g) El mismo no es susceptible de suspensión o interrupción, en virtud de que el ordenamiento legal que lo regula no contempla que, ante determinados hechos, actos o situaciones, el plazo legal quede paralizado para reanudarse con posterioridad, o que comience de nueva cuenta, ni se encuentran bases, elementos o principios que puedan llevar a dicha consecuencia en condiciones ordinarias; h) Esta forma de extinción no admite renuncia, anterior o posterior, porque está normada por disposiciones de orden público que no son renunciables, por su naturaleza, y no existen en la normatividad aplicable preceptos que establezcan alguna excepción para esta hipótesis; i) Como está incluida dentro de las causas de improcedencia, se debe invocar de oficio por los tribunales, independientemente de que se haga valer o no por los interesados.

Anexando la siguiente documentación:

a) Copia simple en 3 fojas de una publicación realizada el día 8 de noviembre de 1990, Tomo CXXIII, número 42, en el periódico oficial del Estado de Hidalgo.

b) Original del comunicado dirigido al C. Lic. José Gonzalo Badillo, Secretario Técnico del Consejo Político Estatal, de fecha 12 de septiembre de 2002, signado por el Dr. Víctor M. Constantino Chávez, Presidente del Consejo Político Municipal.

c) Original del Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo Político Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de Tepetitlán, Hidalgo, de fecha 12 de septiembre de 2002.

d) Copia simple de un volante del Partido del Frente Cárdenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN) de la elección del 11 de noviembre de 1991.

e) Original de un comunicado dirigido al C. Lic. Efraín Arista Ruiz, Presidente de la Comisión Estatal para el Desarrollo del Proceso Interno, de fecha septiembre de 2002, signada por los CC. Eduardo Vizzuett Jiménez, Presidente de la Comisión Municipal para el Desarrollo del Proceso Interno, y Agustín Aguilar Hernández, Secretario Técnico de la Comisión Municipal para el Desarrollo del Proceso Interno.

f) Original del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos del 2002.

V. Por acuerdo de fecha veinticinco de octubre de dos mil dos, el Secretario de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniese, en términos de lo dispuesto en el artículo 42, párrafo 1 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

VI. El día uno de noviembre de dos mil dos, mediante la cédula de notificación respectiva, con fundamento en los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, párrafo 1, incisos h) y w); 84, párrafo 1, incisos a) y p); 85; 86, párrafo 1, incisos d) y l); 87; 89, párrafo 1, incisos Il) y u); 270 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 13, 14, 15, 16, 26 y 27 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los artículos 1, 2, 3, 42, párrafo 1 y 54 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y numerales 1, 4 y 10 de los Lineamientos para el Conocimiento y la Sustanciación de los Procedimientos de las Faltas Administrativas, establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se emplazó a las partes para que dentro del plazo de cinco días manifestaran por escrito lo que a su derecho conviniese.

VII. Por escritos de fechas veintiocho de octubre de dos mil dos y seis de noviembre del mismo año, presentados ante la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, los C.C. Benjamín Pérez Gonzaga y Rafael Ortiz Ruiz, Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General, dieron contestación a la vista que se les mandó dar mediante proveído de fecha veinticinco de octubre de dos mil dos, alegando lo que a su derecho convino.

VIII Mediante proveído de fecha once de noviembre de dos mil dos, el Secretario de la Junta General Ejecutiva declaró cerrada la instrucción, atento a lo que dispone el artículo 42, párrafo 2 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

IX. En virtud de que se ha desahogado en sus términos el procedimiento administrativo previsto en el artículo 270, párrafos 1, 2, 3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el dispositivo 271 del propio ordenamiento legal; 42 y 43 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el numeral 15 de los Lineamientos para el Conocimiento y la Sustanciación de los Procedimientos de las Faltas Administrativas, establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a formular el dictamen correspondiente, al tenor de los siguientes:

1.- Que en términos del artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General tiene facultades para conocer de las infracciones a la normatividad electoral federal, y sustanciar el procedimiento administrativo respectivo a través de la Junta General Ejecutiva del Instituto, la cual elabora el Dictamen correspondiente para ser sometido, previos los trámites a que se refieren los artículos 42, 43 y 44 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la consideración del órgano superior de dirección, para que en ejercicio de las facultades que le otorga el Código de la materia determine lo conducente.

2.- Que el artículo 85, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece la integración de la Junta General Ejecutiva; y que el 86, párrafo 1, incisos d) y l), de dicho Código Electoral, consigna como facultad de este órgano colegiado, supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos políticos y sus prerrogativas, así como integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas y en su caso los de imposición de sanciones en los términos que establezca el citado ordenamiento legal.

3.- Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del Código Electoral Federal, es obligación de los partidos y agrupaciones políticas nacionales conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

4.- Que el dispositivo 39, párrafos 1 y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el incumplimiento de las obligaciones de los partidos y agrupaciones políticas se sancionará en los términos de lo dispuesto en el Título Quinto del Libro Quinto del ordenamiento legal invocado y que la aplicación de las sanciones administrativas es facultad del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

5.- Que el diverso 82, párrafo 1, incisos h) y w) del Código de la materia consigna como atribución del Consejo General, vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego al Código Electoral y cumplan con las obligaciones a que están sujetos, así como conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan.

6.- Que atento a lo que dispone el artículo 3, párrafo 1, del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto del presente Dictamen, resulta aplicable, en lo conducente, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

7.- Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 19, párrafo 2 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las causales de improcedencia, sobreseimiento y desechamiento deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse lo procedente en la queja que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

En este orden de ideas corresponde analizar la causal de improcedencia que invoca el Partido Revolucionario Institucional establecida en el artículo 10, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, misma que resulta infundada tomando en consideración, lo siguiente:

a) De acuerdo con la convocatoria dada a conocer el día 3 de septiembre de 2002 por el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, con autorización del Consejo Político Estatal, el C. Benjamín Pérez Gonzaga presentó ante la Comisión Estatal de Procesos Internos el día 14 de septiembre de 2002, solicitud de registro como precandidato a la Presidencia Municipal del Municipio de Tepetitlán, Hidalgo, siguiendo los lineamientos establecidos en las bases cuarta, quinta y sexta de la convocatoria referida, según se desprende de las constancias que en copia certificada obran en la presente queja.

b) Se estableció en la base décimo segunda, fracción II, inciso a) de la ya citada convocatoria, que dentro de las obligaciones de los precandidatos está conducirse en el proceso interno bajo el régimen ordenado por los Estatutos, los Reglamentos de Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos, Medios de Impugnación, Código de Ética Partidaria y el Pacto de Civilidad y Compromiso Político que al respecto suscriban los aspirantes. Asimismo, de conformidad con lo establecido en la base vigésimo primera de la convocatoria, los medios de impugnación procedentes dentro del proceso son los que se prevén en el reglamento interno aplicable, siendo el indicado el Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos.

c) El día 14 de septiembre de 2002 la Comisión Municipal de Procesos Internos, de acuerdo a la facultad otorgada en la base novena de la Convocatoria, emitió resolución declarando que no era procedente el registro del C. Benjamín Pérez Gonzaga, resolución que obra en el expediente en que se actúa por haber sido agregada en copia certificada.

d) Inconforme con la resolución, el día 16 de septiembre de 2002 el quejoso promovió recurso de Protesta ante la Comisión Municipal de Procesos Internos, expresando como agravios la negativa a la procedencia de su registro como candidato a la Presidencia Municipal del Municipio de Tepetitlán, Hidalgo, y la integración de la Comisión Municipal de Procesos Internos responsable de calificar su solicitud de registro.

De acuerdo a lo que establece el artículo 100, fracción IV de los estatutos del Partido Revolucionario Institucional la autoridad competente para conocer y resolver sobre las controversias que se susciten por la aplicación de las normas contenidas en las convocatorias es la Comisión Nacional de Procesos Internos; asimismo dicha atribución es ejercida por las comisiones estatales, del Distrito Federal, municipales o distritales según su ámbito de competencia. Por otra parte los artículos 36, 37, 38, fracción II, 39 y 40 del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos del partido político nacional denunciado, contemplan la hipótesis bajo la que se actualiza la procedencia del recurso de protesta.

Los artículos en comento señalan:

De la cédula de notificación que en copia certificada obra en autos se desprende que la Comisión Municipal de Procesos Internos el día 17 de septiembre de 2002 se pronunció respecto del recurso presentado por el quejoso, considerando desecharlo por improcedente, en los siguientes términos:

e) Dada a conocer la resolución anterior, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 44 del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos, procedía interponer el recurso de Queja ante la misma autoridad que emitió el acto y dentro del término de 12 horas.

En este caso el quejoso interpuso ante la Comisión Estatal de Procesos Internos el recurso referido el día 25 de septiembre de 2002, tal y como se desprende del acuse de recibo que en copia certificada obra en este expediente, recayéndole la resolución de fecha 26 de septiembre de 2002 que en su parte conducente resuelve desechar el recurso presentado por el quejoso al haber precluido su derecho para interponerlo, en términos de lo que disponen los artículos siguientes:

De lo anterior se desprende que el quejoso Benjamín Pérez Gonzaga acudió a las instancias internas contempladas en los estatutos y en el reglamento aplicable y de donde se denota que sí fueron agotadas instancias internas aún cuando como quedará especificado más adelante no se haya hecho en la forma y términos correctos, por lo tanto resulta infundada la causal de improcedencia invocada por el Partido Revolucionario Institucional, en la que alega que el quejoso no agotó las instancias previstas por el propio partido estatutaria y reglamentariamente para dirimir controversias.

Por lo que respecta a la excepción de falta de competencia de este Instituto para conocer del asunto, hecha valer por el Partido Revolucionario Institucional, esta autoridad considera que no asiste la razón al partido denunciado, en virtud de las consideraciones siguientes:

En primer término, debe tenerse presente lo dispuesto por el artículo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales:

El precepto antes trascrito establece claramente que las normas del Código Federal Electoral son de orden público y de interés social. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que la Ley Electoral tiene como propósito satisfacer una necesidad colectiva, como lo es la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.

Así, cuando los destinatarios de las normas de carácter general, abstracto e impersonal, contenidas en la Ley Electoral Federal, no cumplen con lo ordenado en ellas, el Instituto Federal Electoral, en el ámbito de su competencia, debe intervenir para obtener la efectiva vigencia de dichas normas.

En ese tenor, y con relación al caso en estudio, conviene precisar lo dispuesto por los artículos 22, párrafo 3; 23, párrafos 1 y 2; 38, párrafo 1, incisos a) y e); 39, párrafos 1 y 2; 73, párrafo 1; 82, párrafo 1, incisos h), w) y z), y 269, párrafos 1 y 2, inciso a) del ordenamiento legal invocado:

El contenido de los dispositivos legales anteriores pone de manifiesto que:

• Los partidos políticos nacionales están sujetos a las obligaciones que les impone el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

• Entre las obligaciones de los partidos políticos se encuentra la de cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidatos.

• La inobservancia de tales imperativos legales se sanciona en términos del Título Quinto del Libro Quinto del propio Código Federal Electoral.

• Corresponde al Consejo General del Instituto Federal Electoral, en los términos previstos por la ley, aplicar las sanciones administrativas correspondientes.

En estrecha relación con las disposiciones legales citadas, el artículo 270 de la Ley Electoral establece el procedimiento administrativo correspondiente para que el Consejo General del Instituto Federal Electoral conozca de las irregularidades en que hayan incurrido los partidos políticos, y para que, en su caso, aplique la sanción procedente.

La finalidad de dicho procedimiento es evidente: tutelar el orden jurídico electoral (el cual, como quedó asentado, se integra por normas de orden público y observancia general) y hacer respetar los principios de legalidad y constitucionalidad que rigen la materia.

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dejado claro en diversas ejecutorias que las normas rectoras de la materia probatoria en dicho procedimiento administrativo tienen un mayor acercamiento al principio inquisitivo y no al dispositivo, lo cual es explicable porque se está en el terreno donde se desenvuelven actividades de orden público, como es la función electoral.

Aunado a lo anterior, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido el criterio de que, dada su naturaleza, el procedimiento administrativo disciplinario previsto en el artículo 270 del Código Electoral Federal debe incoarse sin mayor requisito que tener conocimiento de la probable comisión de alguna infracción a la ley de la materia.

En efecto, la tesis relevante visible en las páginas 63 y 64 de la revista Justicia Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento número 3, prevé:

"PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO GENÉRICO EN MATERIA ELECTORAL. LA INVESTIGACIÓN DEBE INICIARSE CUANDO UN ÓRGANO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL TIENE CONOCIMIENTO DE ALGUNA VIOLACIÓN. La facultad de iniciar un procedimiento administrativo de investigación sobre irregularidades o faltas administrativas, que eventualmente culminaría con la aplicación de una sanción, no necesariamente parte del supuesto de que se haya presentado una queja o denuncia de un partido político por escrito, pues también corresponde a la Junta General Ejecutiva ejercer dicha facultad cuando un órgano del Instituto Federal Electoral se lo informe, en virtud de haber tenido conocimiento, con motivo del ejercicio de sus atribuciones constitucional y legalmente conferidas, de que se ha violado una disposición del código, en relación con el sistema disciplinario en materia electoral y con respecto al contenido del párrafo 2 del artículo 270, en relación con los diversos preceptos 82, párrafo 1, inciso h), y 86, párrafo 1, inciso l), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En efecto, cualquier órgano del propio Instituto Federal Electoral tiene no sólo la posibilidad sino la obligación de hacer del conocimiento de las instancias competentes cualquier circunstancia que pueda constituir un acto de los sancionados por la legislación electoral, ya que el artículo 41, fracción III, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, disponen que en el ejercicio de su función estatal, el Instituto Federal Electoral tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, razón por la cual ninguno de los órganos que integran dicha institución, al ejercer las atribuciones que se prevén a su cargo en la ley, podría ignorar o dejar pasar una situación que constituyera una irregularidad en la materia y, en consecuencia, ser omiso en hacer del conocimiento de la Junta General Ejecutiva dicha circunstancia sino, por el contrario, tiene la obligación de informarlo, porque de no hacerlo incurriría en responsabilidad.

La tesis anterior pone de manifiesto que esta autoridad cuenta con la facultad de iniciar un procedimiento administrativo de investigación sobre irregularidades o faltas administrativas, aun cuando no se haya presentado una queja o denuncia por escrito, sino que basta tener el conocimiento de que existe una probable violación a la ley de la materia.

La H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que cuando un ciudadano presenta una queja o denuncia respecto de actos relacionados con las elecciones internas de los partidos políticos (como en el caso que nos ocupa), el Consejo General del Instituto Federal Electoral cuenta con la atribución de vigilar el cumplimiento de los estatutos, así como las bases o convocatorias que los partidos emitan para llevar a cabo tales comicios, según se desprende de la siguiente tesis relevante:

En tal virtud, es evidente que esta autoridad cuenta con atribuciones para conocer de las infracciones cometidas por los partidos políticos durante los procedimientos estatutarios o reglamentarios mediante los cuales eligen a sus candidatos a los diversos cargos de elección popular.

Asimismo, por lo que hace al argumento que se combate del partido denunciado en el que alega que el Instituto Federal Electoral es incompetente para conocer de la presente queja al tratarse de actos vinculados a las elecciones del estado de Hidalgo, argumentando que el competente es el Instituto Electoral de dicho estado, resulta aplicable la siguiente tesis, toda vez que es competencia del Órgano Federal vigilar y aplicar las normas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales respecto de la participación de los partidos políticos nacionales en elecciones locales. Además le corresponde al Instituto vigilar que las actividades de éstos se apeguen a lo establecido en el propio código de la materia y en su caso sancionar administrativamente aquellas conductas que contravengan lo establecido en el artículo 38 del citado ordenamiento legal.

COMPETENCIA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. LE CORRESPONDE VIGILAR Y APLICAR LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL FEDERAL, RESPECTO DE LA PARTICIPACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES EN ELECCIONES LOCALES. De la interpretación de los artículos 40, 41, primer párrafo, y 124 de la Constitución Federal, y 23, párrafo 2, 39, 269, párrafos 1 y 2, inciso a), y 270, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que la participación de los partidos políticos nacionales en las elecciones estatales y municipales, no excluye la competencia del Instituto Federal Electoral para vigilar y aplicar las disposiciones del citado código, por ser éste el ordenamiento que, entre otros aspectos, norma la conducta de aquellos. Lo anterior tiene como sustento, en primer lugar, que si una de las bases constitucionales que deben observar y acatar las entidades federativas al emitir sus leyes electorales, es la prevista en el artículo 41 de la Carta Magna, consistente en el derecho de los partidos con registro nacional a participar en las elecciones locales, entonces abre la posibilidad de que dichas organizaciones se vinculen a sus actividades político-electorales, en los términos fijados en la legislación respectiva (en cuanto no se opongan a la Ley Fundamental), y de este modo se pueden encontrar inmersos en cualquiera de las etapas del proceso electoral; y en segundo sitio, en conformidad con las disposiciones legales supra indicadas, al Instituto Federal Electoral le corresponde vigilar que las actividades de estos entes se desarrollen con apego a la ley, y al Consejo General del propio instituto sancionarlos administrativamente, entre otros supuestos, cuando éstos incumplan con alguna de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del código federal en consulta, tal como la exigencia de que los partidos y sus militantes ajusten su conducta a los principios del Estado democrático, esto es, a los valores superiores como la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la supremacía de la ley, así como que sean respetuosos de la libre participación política de los demás partidos y de los derechos de los ciudadanos. Además, como consecuencia del análisis del marco normativo de orden fundamental, particularmente el relativo al ámbito de distribución de competencias para la regulación de financiamiento público de los partidos políticos nacionales, que bien pudiera encuadrarse dentro de lo que la doctrina ha denominado "facultades coexistentes", es decir, aquellas que parte de la misma compete a la Federación y la otra a las entidades federativas, queda claro que, eventualmente, una misma conducta realizada por un partido político nacional pudiera contravenir alguna o algunas disposiciones estatales, por vincularse con su participación en comicios locales o con las tareas permanentes, susceptibles de regulación en ese ámbito, y, al mismo tiempo, conculcar alguna de las pautas genéricas de conducta que le establece la normatividad federal. Por ejemplo, si se arguye que los militantes o el candidato de un partido político nacional participaban como tales en actos de campaña locales, provocando actos de violencia (agresiones verbales y golpes), alteración del orden público (las labores de proselitismo en vía pública para las cuales se había solicitado y obtenido el correspondiente permiso por la autoridad administrativa atinente) y perturbación en el goce de garantías (las libertades de reunión y asociación, en el marco de una campaña electoral, así como de la libre expresión de las ideas), acorde a lo dispuesto en los artículos 6, 9 y 35, fracciones I, II y III, de la Constitución Federal, y 184 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ello traería como consecuencia que, en el ámbito estatal, se pudieran actualizar diversos tipos de responsabilidades, y en el ámbito federal, como ya se razonó, además estarían sujetos a las sanciones previstas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En tal virtud, resulta infundada la excepción hecha valer por el Partido Revolucionario Institucional en el sentido de que es el Consejo General del estado de Hidalgo el facultado para dirimir la controversia que se plantea, toda vez que como quedó ya señalado es el Consejo General del Instituto Federal Electoral el facultado para llevar a cabo el procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

8-. Una vez resueltas la causal de improcedencia hecha valer por el partido denunciado y la excepción de incompetencia planteada, corresponde realizar el análisis del fondo del asunto, advirtiéndose que resulta infundada la queja que nos ocupa tomando en consideración lo siguiente:

De los acuses de los recursos presentados por el quejoso ante la Comisión Municipal de Procesos Internos, la Comisión Estatal de Procesos Internos y la Comisión Estatal de Justicia Partidaria, que obran en la queja en que se actúa por haber sido agregados en copia certificada, se desprende que si bien el quejoso acudió ante las instancias internas del partido, no lo hizo dentro de los términos y cumpliendo los requisitos procedimentales que el Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos del Partido Revolucionario Institucional exige.

El recurso procedente para impugnar la resolución de la Comisión Municipal de Procesos Internos en la que se niega la procedencia del registro del C. Benjamín Pérez Gonzaga como precandidato a la Presidencia Municipal del Municipio de Tepetitlán, Hidalgo es la protesta, recurso que fue interpuesto por el quejoso en tiempo y forma, esto es dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de los hechos o resolución que se impugna y ante la propia autoridad que emitió el acto, mismo recurso que fue resulto por la autoridad competente, Comisión Municipal de Procesos Internos, dentro del término que establece el reglamento aplicable.

En atención a que el ahora quejoso consideró que le causó agravio la resolución de la Comisión Municipal de Procesos Internos, de fecha 17 de septiembre de dos mil dos, que desechó por improcedente el recurso de protesta que presentó, debió de conformidad con el artículo 41 del reglamento respectivo interponer recurso de queja dentro de las 12 horas siguientes a la de la notificación por estrados. El artículo citado señala:

"La queja se presentará ante la Comisión que emitió la resolución a que se refiere el artículo anterior, por escrito, dentro las 12 horas siguientes a la de la notificación por estrado (sic). La Comisión remitirá a la del nivel inmediato superior la queja presentada acompañándola del informe justificado de la resolución que la motivó y notificará a las partes interesadas."

El C. Benjamín Pérez Gonzaga interpuso en contra de la resolución de la Comisión Municipal de Procesos Internos recurso de queja el día 25 de septiembre de dos mil dos, ante la Comisión Estatal de Procesos Internos, sin embargo del precepto legal antes trascrito se desprende que para que sea procedente el recurso de queja es necesario que se reúnan ciertas condiciones, a saber:

a) Que se interponga por escrito.

b) Que sea presentado ante la Comisión que emitió la resolución que se impugna.

c) Que se haga valer dentro de las 12 horas siguientes a la de la notificación por estrados.

De la cédula de notificación exhibida y de la resolución de la Comisión Municipal de Procesos Internos, que obra en copia certificada en autos, se desprende que fue notificado por estrados el día 17 de septiembre de 2002 a las 14 horas con 45 minutos, por lo tanto el término de 12 horas para poder impugnarla transcurrió de las 14:45 del día 17 a las 2:45 horas del 18 de septiembre de 2002, resultando apegado a la reglamentación interna del Partido Revolucionario Institucional lo manifestado por la Comisión Estatal de Procesos Internos en la resolución de fecha veintiséis de septiembre de dos mil dos, en el sentido de desechar el recurso de queja por haber precluido el derecho de Benjamín Pérez Gonzaga para impugnar resolución al presentar el recurso de queja hasta el día 25 de septiembre de dos mil dos.

La preclusión del derecho del quejoso deja firme la resolución atacada mediante el recurso de protesta sin que sea factible combatirla una vez que ha fenecido el término que señala el Reglamento para el Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos; por lo tanto la resolución emitida por la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional se encuentra apegada a su normatividad interna, en tanto que Benjamín Pérez Gonzaga no recurrió en tiempo y forma la resolución de la Comisión Municipal de Procesos Internos cuando de acuerdo a lo establecido en los estatutos del partido del cual es militante es su obligación observar y estar a lo dispuesto por los mismos y tratándose del registro como aspirante a precandidato debió de acatar lo dispuesto por el reglamento conducente que expresamente señala los recursos y términos con que cuenta para combatir las resoluciones que le causen agravio. De ahí que resulte infundada la queja presentada ante esta instancia, al no acreditarse violación alguna al artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

No obsta a lo anterior, el hecho de que Benjamín Pérez Gonzaga haya presentado recurso ante la Comisión Estatal de Justicia Partidaria el 17 de septiembre de 2002, según se desprende del acuse que en copia certificada obra en la queja en que se actúa, en tanto que esa inconformidad la presentó en contra del dictamen de 14 de septiembre de dos mil dos, emitido por la Comisión Municipal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional, que resolvió que no procedía el registro del ahora quejoso como precandidato a Presidente Municipal de Tepetitlán, Hidalgo. Esto es así porque la inconformidad mencionada no está encaminada a controvertir la resolución emitida por la Comisión Municipal de Procesos Internos del 17 de septiembre, aunado a que no estaba en aptitud de acudir a esa instancia si antes no se hubiere agotado el recurso respectivo ante la Comisión Estatal de Procesos Internos, toda vez que solamente era factible acudir a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria para combatir una resolución de aquélla.

El artículo 44 del reglamento invocado, dispone.

De esta manera resulta evidente que para que el quejoso estuviera en aptitud de acudir a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria, era menester agotar previamente el recurso de queja ante la Comisión Estatal de Procesos Internos, mismo que si bien se interpuso lo cierto es que se presentó en forma extemporánea.

El C. Benjamín Pérez Gonzaga no observó lo dispuesto por el partido en la Convocatoria de fecha 3 de septiembre de 2002, en los estatutos del partido y en el Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos. Lo anterior conlleva a concluir que resulta infundada su queja al haber quedado firme la resolución dictada por la Comisión Municipal de Procesos Internos.

9.- Que en atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 270 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el artículo 43 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Titulo Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el numeral 15 de los Lineamientos para el Conocimiento y la Sustanciación de los Procedimientos de las Faltas Administrativas, y en ejercicio de la atribución conferida por los numerales 85, párrafo 1 y 86, párrafo 1, incisos d) y l), del Código invocado, la Junta General Ejecutiva emite el siguiente:

PRIMERO.- Se declara infundada la queja presentada por el C. Benjamín Pérez Gonzaga, en contra del Partido Revolucionario Institucional, en términos de lo señalado en el considerando 8 del presente dictamen.

SEGUNDO.- Remítase el presente dictamen a los integrantes de la Comisión de Proyectos de Resolución o Devolución, en términos de lo señalado en el artículo 44 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Titulo Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

EL C. CONSEJERO PRESIDENTE Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA, MAESTRO JOSE WOLDENBERG KARAKOWSKY: PASAMOS A DESAHOGAR EL ULTIMO APARTADO QUE ES EL 2.1.12 RELATIVO AL PROYECTO DE DICTAMEN RESPECTO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LOS C.C. JOSE LUIS ALMANZA KATS Y LUIS ALBERTO POZOS GUZMAN EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR HECHOS QUE CONSIDERAN CONSTITUYEN INFRACCIONES AL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE JGE/QJLAK/CG/044/2002 Y SU ACUMULADO JGE/QLAPG/CG/047/2002. TIENE LA PALABRA EL LICENCIADO HUGO GUTIERREZ. POR FAVOR.

EL C. DIRECTOR DE QUEJAS, EN REPRESENTACION DE LA DIRECCION JURIDICA, LICENCIADO HUGO SEBASTIAN GUTIERREZ HERNANDEZ ROJAS: SON TAMBIEN DOS QUEJAS ACUMULADAS: JOSE LUIS ALMANZA KATS Y LUIS ALBERTO POZOS GUZMAN EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

DENTRO DEL PROCESO DE ELECCION INTERNA EN EL ESTADO DE VERACRUZ, DENUNCIAN QUE NO SE REALIZO LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE Y, QUE DE TODAS FORMAS ELLOS PRESENTARON SUS CANDIDATURAS, LAS CUALES NO FUERON ADMITIDAS. NO SE ENTRA AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO PORQUE NO AGOTARON LAS INSTANCIAS PREVIAS AL INTERIOR DEL PARTIDO.

EL C. CONSEJERO PRESIDENTE Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA, MAESTRO JOSE WOLDENBERG KARAKOWSKY: MUCHAS GRACIAS. ÀDUDAS, INTERVENCIONES? SI NO LAS HAY PASAMOS A APROBAR EL PROYECTO DE DICTAMEN RESPECTO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LOS C.C. JOSE LUIS ALMANZA KATS Y LUIS ALBERTO POZOS GUZMAN EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR HECHOS QUE CONSIDERAN CONSTITUYEN INFRACCIONES AL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE JGE/QJLAK/CG/044/2002 Y SU ACUMULADO JGE/QLAPG/CG/047/2002. LOS QUE ESTEN A FAVOR. SIRVANSE MANIFESTARLO. MUCHAS GRACIAS. QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD.

Distrito Federal, a 22 de noviembre de dos mil dos.

V I S T O para resolver el expediente JGE/QJLAK/CG/044/2002 y acumulado JGE/QLAPG/CG/047/2002, integrado con motivo de las quejas presentadas por los C.C. José Luis Almanza Kats y Luis Alberto Pozos Guzmán en contra del Partido Revolucionario Institucional, por posibles infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y

I. Con fecha tres de julio de dos mil dos, se recibió en la Presidencia del Consejo General el escrito de queja presentado por el C. José Luis Almanza Kats, en el que expresa medularmente que:

Anexando la siguiente documentación:

a) Copia simple de la cartilla número 30-085981, de fecha 3 de abril de 1991, a nombre de Almanza Kats José Luis, que lo acredita como militante del Partido Revolucionario Institucional.

b) Copia simple de una credencial, de fecha 19 de mayo de 1990, expedida por el Partido Revolucionario Institucional a favor del C. José Luis Almanza Kats.

c) Copia simple de un escrito de fecha 27 de junio de 2002, signado por los C.C. José Luis Almanza Kats y Hazle Yaridh Alcántara Castellanos, dirigido al C. Lic. Jesús Medellín Cruz.

d) Originales de siete publicaciones periodísticas diversas.

II. Por acuerdo de fecha diez de julio de dos mil dos, se tuvo por recibida en la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral la queja señalada en el resultando anterior, ordenándose integrar el expediente respectivo, el cual quedó registrado en el libro de gobierno con el número JGE/QJLAK/CG/044/2002.

III. Mediante oficio número SJGE/109/2002 de fecha diez de julio de dos mil dos suscrito por el Secretario de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, notificado el día dieciocho de julio del mismo año, con fundamento en los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38 párrafo 1 incisos a) y s), 40, 82 párrafo 1 incisos h) y w), 84 párrafo 1 incisos a) y p), 85, 86 párrafo 1 incisos d) y l), 87, 89 párrafo 1 incisos ll) y u), 269, 270 párrafo 2 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; en relación con los artículos 13, 14, 15, 16, 26, 27 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como los artículos 1, 2, 3, 13, 15 y 16 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y numerales 1, 4, 8, y 10, de los Lineamientos para el Conocimiento y la Sustanciación de los Procedimientos de las Faltas Administrativas, establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se emplazó al Partido Revolucionario Institucional para que dentro del plazo de 5 días contestara lo que a su derecho conviniera en relación con los hechos imputados.

IV. Con fecha tres de julio de dos mil dos, se recibió en la Presidencia del Consejo General el escrito de queja presentada por el C. Luis Alberto Pozos Guzmán, en el que expresa medularmente que:

Anexando la siguiente documentación:

a) Copia simple de la credencial número 82-14134197-2, de fecha 15 de junio 1982, a nombre de Luis Alberto Pozos, que lo acredita como miembro activo del Partido Revolucionario Institucional.

b) Copia simple de un escrito de fecha 27 de junio de 2002, signado por los C.C. Luis Alberto Pozos Guzmán y Sheila Georgina Vela Velasquez, dirigido al C. Lic. Jesús Medellín Cruz.

c) Originales de nueve publicaciones periodísticas diversas.

V. Por acuerdo de fecha diez de julio de dos mil dos, se tuvo por recibida en la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral la queja señalada en el resultando anterior, ordenándose integrar el expediente respectivo, el cual quedó registrado en el libro de gobierno con el número JGE/QLAPG/CG/047/2002 y, con vista a las partes, proceder a su acumulación, al diverso número JGE/QLAPG/CG/044/2002.

VI. Mediante oficio número SJGE/110/2002 de fecha diez de junio de dos mil dos suscrito por el Secretario de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, notificado el día dieciocho de julio del mismo año, con fundamento en los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38 párrafo 1 incisos a) y s), 40, 82 párrafo 1 incisos h) y w), 84 párrafo 1 incisos a) y p), 85, 86 párrafo 1 incisos d) y l), 87, 89 párrafo 1 incisos ll) y u), 269, 270 párrafo 2 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; en relación con los artículos 13, 14, 15, 16, 26, 27 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como los artículos 1, 2, 3, 13, 15 y 16 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y numerales 1, 4, 8, y 10, de los Lineamientos para el Conocimiento y la Sustanciación de los Procedimientos de las Faltas Administrativas, establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se emplazó al Partido Revolucionario Institucional para que dentro del plazo de 5 días contestara lo que a su derecho conviniera en relación con los hechos imputados y respecto de la acumulación de expedientes ordenada.

VII. El día veinticinco de julio del presente año el Sen. Fidel Herrera Beltrán, en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, dentro del plazo legal dio contestación en tiempo y forma a la queja interpuesta en su contra manifestando entre otros aspectos que:

1.- La que se deriva del artículo 15, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral consistente en que el que afirma tiene la obligación de probar, lo que en el caso no ocurrió por parte de la quejosa toda vez que no hay pruebas que acrediten la supuesta conducta irregular del Partido Revolucionario Institucional a quien represento.

Anexando la siguiente documentación:

a) Copia certificada de la sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal de Veracruz, de fecha 28 de junio de 2002.

b) Copia certificada de la lista de asistencia a la sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal de Veracruz, de fecha 28 de junio de 2002.

c) Copia certificada de la convocatoria a la sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal de Veracruz, de fecha 28 de junio de 2002.

d) Copia simple de un escrito de fecha 26 de ju7nio de 2002, signado por los C.C. Guillermo Zorrilla Fernández y Lázaro Galarza Granados, dirigido a la Mtra. María Agrícola Cabrera de Rueda.

e) Copia simple de una cédula de notificación, de fecha veinticinco de julio de dos mil dos, dirigida a los C.C. Luis Alberto Pozos Guzmán, José Luis Almanza Kats, Guillermo Héctor Zúñiga Martínez, Hugo Eliud Meraz Barrera, Nicolás García Zamudio y/o Ruben Barrera Ordoñes.

f) Copia simple de un escrito, de fecha 22 de julio de 2002, signado por los C.C. Martha S. Tamayo Morales y Alfredo Femat Flores, dirigido a los C.C. Luis Alberto Pozos Guzmán, José Luis Almanza Kats, Guillermo Héctor Zúñiga Martínez, Hugo Eliud Meraz Barrera, Nicolás García Zamudio y/o Ruben Barrera Ordoñes.

VIII. Por acuerdo de fecha quince de octubre del presente año, el Secretario de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral requirió diversa información y documentación al Partido Revolucionario Institucional, necesaria para la debida integración y substanciación del expediente JGE/QJLAK/CG/044 y su acumulado JGE/QLAPG/CG/047/2002.

IX. El día veintitrés de octubre del presente año, el Sen. Fidel Herrera Beltrán, en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, dentro del plazo legal dio contestación en tiempo y forma al requerimiento de información y documentación referido en el resultando anterior

X. Por acuerdo de fecha treinta y uno de octubre del presente año, el Secretario de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniese, en términos de lo dispuesto en el artículo 42, párrafo 1 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

XI. El día siete de noviembre de dos mil dos, mediante la cédula de notificación respectiva y a través del oficio SJGE-178/2002, de esa misma fecha, suscrito por el Secretario de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, con fundamento en los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, párrafo 1, incisos h) y w); 84, párrafo 1, incisos a) y p); 85; 86, párrafo 1, incisos d) y l); 87; 89, párrafo 1, incisos Il) y u); 270 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 13, 14, 15, 16, 26 y 27 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los artículos 1, 2, 3, 42, párrafo 1 y 54 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y numerales 1, 4 y 10 de los Lineamientos para el Conocimiento y la Sustanciación de los Procedimientos de las Faltas Administrativas, establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se notificó al partido Revolucionario Institucional, del acuerdo de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dos, para que dentro del plazo de 5 días manifestara por escrito lo que a su derecho conviniese.

XII. El día ocho de noviembre de dos mil dos, con fundamento en los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, párrafo 1, incisos h) y w); 84, párrafo 1, incisos a) y p); 85; 86, párrafo 1, incisos d) y l); 87; 89, párrafo 1, incisos Il) y u); 270 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 13, 14, 15, 16, 26 y 27 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los artículos 1, 2, 3, 42, párrafo 1 y 54 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y numerales 1, 4 y 10 de los Lineamientos para el Conocimiento y la Sustanciación de los Procedimientos de las Faltas Administrativas, establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se notificó al partido Revolucionario Institucional, del acuerdo de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dos, para que dentro del plazo de 5 días manifestara por escrito lo que a su derecho conviniese, se notificó personalmente a los quejosos, a través del C. Ricardo Luna Díaz, autorizado por ellos para esos efectos, en las oficinas de este Instituto, el acuerdo de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dos, para que dentro del plazo de 5 días manifestaran por escrito lo que a su derecho conviniese.

XIII. Por escrito de fecha doce de noviembre de dos mil dos, presentado ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto en esa misma fecha, el Sen. Fidel Herrera Beltrán, en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, dentro del plazo legal dio contestación en tiempo y forma a la vista que se le mandó dar mediante proveído de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dos y alegó lo que a su interés convino.

XIV. Por escrito de fecha trece de noviembre de dos mil dos, presentado ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto en esa misma fecha, los C.C. Luis Alberto Pozos Guzmán y José Luis Almanza Kats, dieron contestación a la vista que se les mandó dar mediante proveído de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dos y alegaron lo que a su interés convino.

XV. Mediante proveído de fecha dieciocho de noviembre de dos mil dos, el Secretario de la Junta General Ejecutiva declaró cerrada la instrucción, atento a lo dispuesto en el artículo 42, párrafo 2 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

XVI. En virtud de que se ha desahogado en sus términos el procedimiento administrativo previsto en el artículo 270, párrafos 1, 2, 3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el dispositivo 271 del propio ordenamiento legal; 42 y 43 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el numeral 15 de los Lineamientos para el Conocimiento y la Sustanciación de los Procedimientos de las Faltas Administrativas, establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a formular el dictamen correspondiente, al tenor de los siguientes:

1.- Que en términos del artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General tiene facultades para conocer de las infracciones a la normatividad electoral federal, y sustanciar el procedimiento administrativo respectivo a través de la Junta General Ejecutiva del Instituto, la cual elabora el Dictamen correspondiente para ser sometido, previos los trámites a que se refieren los artículos 42, 43 y 44 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas Establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la consideración del órgano superior de Dirección, para que en ejercicio de las facultades que le otorga el Código de la materia determine lo conducente.

2.- Que el artículo 85, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece la integración de la Junta General Ejecutiva; y que el 86, párrafo 1, incisos d) y l), de dicho Código Electoral, consigna como facultad de este órgano colegiado, supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos políticos y sus prerrogativas, así como integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas y en su caso los de imposición de sanciones en los términos que establezca el citado ordenamiento legal.

3.- Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del Código Electoral Federal, es obligación de los partidos y agrupaciones políticas nacionales conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

4.- Que el dispositivo 39, párrafos 1 y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el incumplimiento de las obligaciones de los partidos y agrupaciones políticas se sancionará en los términos de lo dispuesto en el Título Quinto del Libro Quinto del ordenamiento legal invocado y que la aplicación de las sanciones administrativas es facultad del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

5.- Que el diverso 82, párrafo 1, incisos h) y w) del Código de la materia consigna como atribución del Consejo General, vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego al Código Electoral y cumplan con las obligaciones a que están sujetos, así como conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan.

6.- Que atento a lo que dispone el artículo 3, párrafo 1, del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto del presente Dictamen, resulta aplicable, en lo conducente, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

7.- Que por cuestión de orden, procede entrar al estudio del desechamiento de la queja que solicita el Partido Revolucionario Institucional.

El Partido Revolucionario Institucional en este apartado aduce principalmente que: "se solicita a ése órgano ejecutivo deseche la queja interpuesta por los quejosos; toda vez que la misma además de no acreditar su personería, no cuenta con facultades de representación para la promoción del escrito que contiene la queja que actualmente nos ocupa, ni acredita el interés jurídico en el presente caso, dado que no existe alguna afectación en sus derechos, adicionalmente a que no se han agotado las instancias previas establecidas por los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional para determinar, en su caso, si el acto que reclama se ajusta o no al marco normativo que rige en la vida interna del Partido que represento,..."

De la transcripción anterior se desprende que el Partido Revolucionario Institucional expone dos cuestiones de previo y especial pronunciamiento, la primera relacionada con la falta de personería e interés jurídico para interponer la queja administrativa en contra de actos internos del partido (falta de legitimación ad causam), y la segunda, derivada de que la quejosa no hizo valer previamente su petición ante las instancias previas del propio partido (falta de legitimación ad processum).

Resulta infundada la primera cuestión, relativa a la falta de personería e interés jurídico de la denunciante pues de acuerdo con lo que se prescribe en los artículos 27, párrafo 1, inciso d); 38, párrafo 1, inciso e); 82, párrafo 1, incisos w) y z); 269, párrafo 2, inciso a), y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 8 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de Faltas y Aplicación de Sanciones administrativas Establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el H. Tribunal Electoral ha resuelto en repetidas ocasiones que cuando un ciudadano o militante de un partido político presenta una queja o denuncia, el Consejo General tiene atribuciones para conocer de las infracciones cometidas por los partidos políticos y, en su caso, imponer las sanciones respectivas.

Se ha considerado que dentro de la categoría de infracciones, así como de faltas o irregularidades electorales, tratándose de los partidos políticos, cabe el incumplimiento, contravención o violación de lo dispuesto en alguna disposición legal, o bien, derivada de la normatividad que el mismo partido se haya dado.

De esta manera, si en el artículo 269, párrafo 2, inciso a), del Código Electoral Federal se establece que los partidos políticos podrán ser sancionados cuando incumplan las obligaciones previstas en el artículo 38 del mismo ordenamiento jurídico, en tanto que en el inciso a) del párrafo 1 de este último numeral, a su vez, se determina que los partidos políticos nacionales tienen la obligación de conducir sus actividades a través de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, resulta por demás incuestionable que el Consejo General del Instituto sí tiene atribuciones para conocer de las infracciones consistentes en el incumplimiento de obligaciones legales del partido político.

De acuerdo con lo que ha sostenido el H. Tribunal Electoral, una conclusión diversa de lo que aquí se razona permitiría la clara elusión de obligaciones legales, como la prevista en el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento legal de referencia, lo cual resulta inadmisible. En otras palabras, siendo las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de orden público, su cumplimiento, por regla general, no puede quedar al arbitrio de sus destinatarios, sino que tienen eficacia obligatoria incondicional.

De lo expuesto resulta innegable la competencia del Instituto para conocer, sustanciar y, en su caso, imponer sanciones a los partidos políticos tratándose de violaciones cometidas en sus elecciones internas, ya sea en la postulación de candidatos a cargos públicos o a puestos de dirección dentro del propio partido, lo que trae como consecuencia la posibilidad evidente de revisar la legalidad de dichos actos.

Por otro lado, contrariamente a lo afirmado por el partido denunciado, en el presente caso no se hace necesario que los ciudadanos en cuestión acrediten ser militantes del Partido Revolucionario Institucional, toda vez que, como quedó asentado, los hechos denunciados consisten en supuestos actos realizados por los órganos internos de dicho partido que eventualmente podrían afectar no sólo los derechos políticos de los denunciantes, sino constituir violaciones de carácter genérico a lo dispuesto por la legislación electoral.

En efecto, el requisito de acreditar la militancia de los ciudadanos quejosos en los diversos procedimientos administrativos instaurados en contra de los partidos políticos, se surte cuando los actos reclamados afectan exclusivamente la esfera jurídica de los promoventes; en cuyo caso, es premisa fundamental demostrar el vínculo que une a los ciudadanos actores con el partido político denunciado, para así estar en aptitud de determinar si los actos o resoluciones emitidas por éste, conculcan o no los derechos de los militantes en cuestión.

Sin embargo, en el presente caso, los hechos denunciados no son consecuencia de la actividad de los quejosos, ni se trata de actos o resoluciones encaminados a incidir directamente en la esfera jurídica de los promoventes, por lo tanto, la causal de previo y especial pronunciamiento alegada es inatendible.

En otro orden de ideas, resulta fundado lo expresado por el Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de que existiendo las instancias internas previstas por sus estatutos, los únicos facultados para acceder a las peticiones de la inconforme serían las internas del propio partido (en el entendido de que una vez agotadas las instancias internas, el Instituto cuenta con las facultades para revisar el cumplimiento de la legalidad de sus actos en los términos apuntados con antelación).

Para arribar a la conclusión anterior, debe tomarse en cuenta que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen entre otros fines, el de promover la participación del pueblo en la vida democrática y el hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan. Es así que la actuación de los partidos políticos queda sujeta a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En este sentido los partidos políticos nacionales rigen sus actos y vida interna de conformidad con su declaración de principios, programa de acción y fundamentalmente con apoyo en sus estatutos, tal y como se desprende de los artículos 24, 25, 26 y 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que a la letra dicen:

En este entendido, tanto los órganos internos, como los militantes del Partido Revolucionario Institucional se encuentran constreñidos en su actuación a la observancia de sus documentos básicos.

En el caso que nos ocupa el estatuto del Partido Revolucionario Institucional prevé en los artículos 209, 210, 211 y 214 las facultades y obligaciones de las Comisiones de Justicia Partidaria, que en lo medular expresan:

Además el Instituto Político denunciado cuenta con una Defensoría de los Derechos de los Militantes prevista en el artículo 216 de su estatuto que a la letra dice:

De las normas transcritas se desprenden los derechos con que cuenta todo afiliado a ocurrir ante dichos órganos para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas estatutarias, cuando estime que han sido violados o vulnerados por un órgano, instancia de dirección, de representación o por alguna resolución de cualquiera de éstos, por sus integrantes o cualquier afiliado.

Se advierte, en consecuencia, que los militantes del partido denunciado cuentan de manera expresa y clara con los medios de defensa y de protección a sus derechos, que permiten defender en el seno del partido mismo la legalidad de los actos de sus órganos internos.

Aunado a lo anterior, es importante destacar que dentro de las obligaciones que tienen los partidos políticos se encuentra la prevista en el artículo 38, párrafo 1, inciso f), que a la letra dice:

Tal obligación permite que las Comisiones de Justicia Partidaria y la Defensoría de los Derechos de los Militantes se encuentren en todo momento expeditas para conocer de las presuntas irregularidades, incumplimientos u omisiones que generen agravio a sus afiliados, para efecto de proteger los derechos legales y estatutarios de los mismos. Considerar que no es necesario acudir a instancias internas conllevaría a dejar sin vigencia los órganos estatutarios expresamente creados para tales fines.

En este sentido, también los militantes o afiliados tienen el deber de observar sus normas estatutarias, como lo es el recurrir ante las instancias internas para dirimir los conflictos que surjan al interior del partido, como lo prevén los artículos 59, párrafo I, en relación con el 58, párrafo IV y IX del Estatuto del Partido Revolucionario Institucional que a la letra dicen:

Del estudio de las constancias que integran el presente expediente, particularmente de los documentos aportados por el partido denunciado, se desprende que los quejosos presentaron un escrito de inconformidad dirigido al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, mismo que fue turnado a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, la cual lo tuvo por recibido integrando al efecto el expediente número 10/2002-CNJP.

A mayor abundamiento, el partido denunciado aportó, con fecha veintitrés de octubre del presente año, copia certificada de las constancias que integra el expediente antes referido.

De lo anterior, resulta evidente que los quejosos promovieron la presente queja sin esperar a que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del partido denunciado emitiera la resolución correspondiente a su inconformidad.

En consecuencia, no es procedente que esta autoridad entre al conocimiento de los hechos planteados en el recurso que se tramita ante la instancia partidaria, sin que medie una resolución emitida por la misma, ya que lo contrario podría tener como consecuencia, la emisión resoluciones contradictorias.

En consecuencia, este Instituto como garante del fortalecimiento del régimen de partidos y respetuoso del principio de legalidad que debe imperar en el actuar cotidiano de los partidos políticos, como parte de los fines a que se encuentra sujeto de conformidad con el artículo 69, en relación con el artículo 82, párrafo 1, inciso h) ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, llega a la convicción de que en el caso que nos ocupa no es procedente entrar al estudio de los hechos planteados por el quejoso en atención a que no se agotaron las instancias previas contempladas en el estatuto del partido denunciado.

A mayor abundamiento, debe dejarse en claro que considerar lo contrario generaría que los propios afiliados del Partido Revolucionario Institucional incumplan las obligaciones previstas en sus estatutos y, siendo que los miembros o afiliados son el fundamento y pilar del instituto político como principales obligados al respeto irrestricto de sus documentos básicos, no es jurídicamente válido permitir una indiferencia e ignorancia de la obligación de recurrir en vía primaria a las instancias previamente establecidas por el partido denunciado, como lo son las comisiones de justicia partidaria y la Defensoría de los Derechos de los Militantes.

En adición a lo anterior, el artículo 3, párrafo 1, del reglamento aplicable en la sustanciación de los procedimientos administrativos prevé la aplicación de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en lo que no se encuentre previsto.

Lo anterior reviste importancia, en virtud de que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral prevé en el artículo 10, párrafo 1, inciso d), lo siguiente:

El citado precepto resulta aplicable al procedimiento sancionatorio de mérito, en virtud de que el supuesto previsto en el inciso d) que se menciona no se encuentra considerado en el reglamento de la materia, situación que genera su aplicación supletoria, de conformidad con el artículo 3 reglamentario.

En este sentido, cabe puntualizar que, si bien es cierto esta disposición se refiere a leyes, también lo es que a través de los mecanismos legales que prevén los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, los actos o resoluciones impugnados pueden ser modificados, revocados o anulados.

Esto es así, en virtud de que de una interpretación funcional del artículo antes transcrito la causal de improcedencia tiene que ver directamente con la existencia de instancias por de las cuales puedan ser revisables los actos y en consecuencia éstos puedan ser modificados, revocados o anulados, cuestión prevista en el Estatuto.

Además debe decirse que si bien los Estatutos no son considerados como leyes en sentido formal por no tener las características de creación de un proceso legislativo, sí reúnen las condiciones materiales de la ley, ya que contienen normas impersonales, generales y abstractas.

Como se ha apuntado con antelación, la quejosa omitió la obligación de acudir ante sus órganos internos para plantear las presuntas violaciones de que se queja en la presente instancia, a pesar de existir el medio procedimental para recurrir tales actos y que fueron creados por el instituto político denunciado para la solución de sus conflictos, situación que es de medular importancia para determinar la obligatoriedad de recurrir ante las instancias internas en forma previa y cumplir con el principio de definitividad en los actos sujetos a revisión por parte de este Instituto.

En consecuencia, se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1 inciso d) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al procedimiento administrativo en que se actúa, por no haber agotado la quejosa las instancias previas previstas por los artículos 210, 211, 214 y 216 del estatuto del partido denunciado.

Por lo tanto, resulta innecesario entrar al estudio de las demás cuestiones planteadas por las partes en el procedimiento administrativo que nos ocupa.

Vistos los razonamientos vertidos con anterioridad se propone declarar improcedente la presente queja y como consecuencia su sobreseimiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 18, inciso a) del reglamento de la materia, en relación con el artículo 10, párrafo 1, inciso d) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

8.- Que en atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 270 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los artículos 42 y 43 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Titulo Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el numeral 15 de los Lineamientos para el Conocimiento y la Sustanciación de los Procedimientos de las Faltas Administrativas, y en ejercicio de la atribución conferida por los numerales 85, párrafo 1 y 86, párrafo 1, incisos d) y l), del Código invocado, la Junta General Ejecutiva emite el siguiente:

PRIMERO.- Se sobresee por improcedente la queja presentada por los C.C. José Luis Almanza Kats y Luis Alberto Pozos Guzmán en contra del Partido Revolucionario Institucional, en términos de lo expuesto en el considerando 7 del presente dictamen.

SEGUNDO.- Remítase el presente dictamen a los integrantes de la Comisión de Proyectos de Resolución o Devolución, en términos de lo señalado en el artículo 44 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Titulo Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

EL C. CONSEJERO PRESIDENTE Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA, MAESTRO JOSE WOLDENBERG KARAKOWSKY: MUCHAS GRACIAS, LICENCIADO HUGO GUTIERREZ.

PASAMOS AL PUNTO NUMERO 3 DEL ORDEN DEL DIA, A CARGO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL. EL PRIMER APARTADO ES EL 3.1 Y ES UN PROYECTO DE ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS MECANISMOS, PROCEDIMIENTOS Y PORCENTAJES, ASI COMO LOS INDICADORES DEL RUBRO EFICACIA/EFICIENCIA EN EL LOGRO DE RESULTADOS GLOBALES DERIVADOS DE OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL SISTEMA DE EVALUACION ESPECIAL DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 2002-2003.

TIENE LA PALABRA EL LICENCIADO MARCO ANTONIO BAÑOS.

EL C. DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL, LICENCIADO MARCO ANTONIO BAÑOS MARTINEZ: GRACIAS. VOY A SER BREVE. SOLAMENTE PARA DECIR QUE ESTE PROYECTO DE ACUERDO QUE ESTAMOS TRAYENDO A ESTA MESA CONTIENE EL SISTEMA DE EVALUACION ESPECIAL DEL PROCESO ELECTORAL 2002-2003, AL QUE VAN A SER SUJETOS TODOS LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL. ESTE PERIODO DE EVALUACION ES EL QUE CORRESPONDE AL PROCESO ELECTORAL, Y POR TANTO SE CONCLUIRA EN EL MES DE AGOSTO DEL PROXIMO AÑO.

QUEDARIA, POR TANTO, UN TRAMO DE EVALUACION QUE ESTA EN PROCESO DE DEFINICION, Y QUE CORRESPONDE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DEL PROXIMO AÑO, DONDE SOLAMENTE RESALTARE QUE LLEVAMOS UN 70 POR CIENTO DE AVANCE CON LA PARTICIPACION DE LAS AREAS.

ESTE PROYECTO DEL SISTEMA ESPECIAL DE EVALUACION HA SIDO ELABORADO CON LA PARTICIPACION DE TODAS LAS AREAS DEL INSTITUTO, POR SUPUESTO DE LA COMISION DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y DADO QUE TODOS MANEJAMOS LA INFORMACION SOBRE EL TEMA, ME PARECE QUE YO NO TENDRIA QUE ABUNDAR MAS SOBRE EL TEMA.

EL C. CONSEJERO PRESIDENTE Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA, MAESTRO JOSE WOLDENBERG KARAKOWSKY: GRACIAS, LICENCIADO MARCO ANTONIO BAÑOS. ÀDUDAS, INTERVENCIONES, PREGUNTAS? SI NO LAS HAY PASAMOS A APROBAR EL PROYECTO DE ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS MECANISMOS, PROCEDIMIENTOS Y PORCENTAJES, ASI COMO LOS INDICADORES DEL RUBRO EFICACIA/EFICIENCIA EN EL LOGRO DE RESULTADOS GLOBALES DERIVADOS DE OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL SISTEMA DE EVALUACION ESPECIAL DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 2002-2003.

LOS QUE ESTEN A FAVOR, SIRVANSE MANIFESTARLO.

MUCHAS GRACIAS. QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD.

2. QUE EL ORDENAMIENTO ANTES CITADO ESTABLECE QUE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL SERA INDEPENDIENTE EN SUS DECISIONES Y FUNCIONAMIENTO Y PROFESIONAL EN SU DESEMPEÑO; QUE CONTARA EN SU ESTRUCTURA CON ORGANOS DE DIRECCION, EJECUTIVOS, TECNICOS Y DE VIGILANCIA, PRECISANDO QUE LOS ORGANOS EJECUTIVOS Y TECNICOS DISPONDRAN DEL PERSONAL CALIFICADO NECESARIO PARA PRESTAR EL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL.

3. QUE SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 86, PARRAFO PRIMERO, INCISOS b) Y e) DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LE CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA FIJAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME A LAS POLITICAS Y PROGRAMAS GENERALES DEL INSTITUTO Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL.

4. QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 95, INCISOS b) Y c) DEL CODIGO DE LA MATERIA, ESTABLECE QUE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL TIENE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y LLEVAR A CABO LOS PROGRAMAS DE RECLUTAMIENTO, SELECCION, FORMACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL PROFESIONAL.

5. QUE ASIMISMO EL CODIGO ELECTORAL EN SU ARTICULO 167 FACULTA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL PARA ORGANIZAR Y DESARROLLAR EL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL TENIENDO COMO PRINCIPIOS PARA LA FORMACION DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL LA OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD.

6. QUE EL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y DEL PERSONAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN SU ARTICULO 4, FRACCION I, ESTABLECE QUE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL PARA ASEGURAR EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBERA ENTRE OTRAS EVALUAR AL PERSONAL DE CARRERA Y VINCULAR EL DESEMPEÑO DE SUS RESPONSABILIDADES Y SU DESARROLLO PROFESIONAL CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

7. QUE EL ORDENAMIENTO CITADO CON ANTELACION EN SU ARTICULO 6 ESTABLECE QUE LA OPERACION Y EL DESARROLLO DEL SERVICIO DEBERAN BASARSE EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS, EL DESEMPEÑO ADECUADO, LA EVALUACION PERMANENTE, LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS, EL APEGO A LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCION ELECTORAL FEDERAL Y LA COMPETENCIA DE SUS MIEMBROS.

8. QUE ASIMISMO EN SU ARTICULO 14, FRACCIONES III Y IV DEL ESTATUTO VIGENTE ESTABLECE QUE CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA FIJAR A PROPUESTA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO RESPECTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO, CONFORME A LAS POLITICAS Y PROGRAMAS GENERALES DEL INSTITUTO, ASI COMO EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PROPIO SERVICIO.

9. QUE SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 18, FRACCION V DEL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y DEL PERSONAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, CORRESPONDE A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL LLEVAR A CABO LOS PROGRAMAS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, EVALUACION DEL DESEMPEÑO, FORMACION Y DESARROLLO DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO, ASI COMO LOS DEMAS CONTENIDOS EN EL PROPIO ESTATUTO, EN LO QUE RESPECTA AL PERSONAL DE CARRERA DEL INSTITUTO.

10. QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 100 DEL ESTATUTO VIGENTE, EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL LLEVARA A CABO UN PROCESO DE EVALUACION DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO, QUE INCLUIRA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO.

11. QUE SEGUN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 103 DEL ESTATUTO VIGENTE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL INSTRUMENTARA UNA EVALUACION ESPECIAL PARA CADA PROCESO ELECTORAL, CUYOS RESULTADOS SERAN PARTE DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL.

12. QUE SEGUN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 105 DEL ESTATUTO, PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO SE TOMARAN EN CUENTA LAS POLITICAS Y PROGRAMAS ANUALES DEL INSTITUTO, CONSIDERANDO FACTORES DE EFICACIA, EFICIENCIA, PRINCIPIOS DE ACTUACION, DESARROLLO LABORAL Y RESULTADOS GLOBALES.

13. QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 101 Y 108 DEL PROPIO ESTATUTO, LA DIRECCION EJECUTIVA ESTABLECERA LOS MECANISMOS PARA DIFUNDIR LOS CRITERIOS DE LA EVALUACION ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION PREVIAMENTE AL PERIODO QUE VA A SER EVALUADO, Y DIFUNDIRA ENTRE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO LOS FACTORES Y PORCENTAJES DE LA EVALUACION.

14. QUE ATENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 106 DEL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y DEL PERSONAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DETERMINARA POR MEDIO DE UN ACUERDO, LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SERVIRAN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DEL CARRERA.

15. QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 107 DEL ESTATUTO VIGENTE, LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL INSTRUMENTARA UN MECANISMO Y ESTABLECERA UN PLAZO LIMITE PARA QUE, CON LA OPORTUNIDAD NECESARIA, SE EFECTUEN OBSERVACIONES Y SE DETERMINE EL DISEÑO DE LAS CEDULAS DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO ANUAL Y LA EVALUACION ESPECIAL PARA PROCESO ELECTORAL.

16. QUE EL PLAN INTEGRAL DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2002 -2003 DA CUENTA DETALLADA DE LAS POLITICAS PRIORITARIAS DEL INSTITUTO Y DE LAS ESTRATEGIAS QUE SE SEGUIRAN EN CADA UNA DE LAS FUNCIONES ELECTORALES; ADEMAS DE LAS ETAPAS Y TAREAS QUE EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEBERA REALIZAR CADA UNA DE LAS INSTANCIAS ORGANIZATIVAS DEL INSTITUTO PARA ASEGURAR LA REALIZACION EXITOSA DE ELECCIONES LIMPIAS Y CONFIABLES.

17. QUE ENTRE LOS OBJETIVOS DE LA EVALUACION ESPECIAL PARA EL PROCESO ELECTORAL ESTA EL VALORAR DE MANERA OBJETIVA, EQUITATIVA Y JUSTA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y RESULTADOS, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES ESPECIFICAS BAJO LAS CUALES SE LLEVAN A CABO LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROCESO ELECTORAL Y AQUELLOS FACTORES IMPREVISTOS QUE PUDIERAN AFECTAR EL BUEN DESEMPEÑO DEL PERSONAL DEL CARRERA DEL INSTITUTO.

EN ATENCION A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 41, SEGUNDO PARRAFO, FRACCION III DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 86 PARRAFO PRIMERO, INCISOS b) Y e), 95 INCISOS b) Y c), 167 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; 4, FRACCION I) 6) 14, FRACCIONES III Y IV, 18, FRACCION V, 100, 101, 103, 105, 106, 107 Y 108 DEL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y DEL PERSONAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA EMITE EL SIGUIENTE:

PRIMERO.- SE APRUEBAN LOS MECANISMOS, PROCEDIMIENTOS Y PORCENTAJES, ASI COMO LOS INDICADORES DEL RUBRO EFICACIA/EFICIENCIA EN EL LOGRO DE RESULTADOS GLOBALES DERIVADOS DE OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL SISTEMA DE EVALUACION ESPECIAL DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 2002-2003, LOS CUALES ANEXOS, FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE DIFUNDIR ENTRE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO, Y EN SU MOMENTO, COORDINAR LA APLICACION DE LA EVALUACION ESPECIAL DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL EN LOS TERMINOS QUE EL SISTEMA DE EVALUACION ESPECIAL DETERMINA.

SISTEMA DE EVALUACION ESPECIAL DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2002-2003

Este documento presenta la propuesta del Sistema de Evaluación Especial del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral para el Proceso Electoral Federal 2002-2003 mediante el cual la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y a lo establecido en el artículo 103 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral ("La Dirección Ejecutiva instrumentará una evaluación especial para cada proceso electoral, cuyos resultados serán parte de la evaluación del desempeño...").

Esta propuesta ha sido producto de un intenso proceso de análisis y sistematización de información así como de la revisión de la experiencia previa de la evaluación especial 1999-2000, buscando mejorar el Sistema de Evaluación Especial del desempeño de los funcionarios electorales, con el propósito de que su aplicación permita una clara orientación a resultados verificables, la detección a tiempo de los principales problemas que puedan presentarse, una retroalimentación permanente y el fomento de la planeación estratégica.

El Sistema de Evaluación Especial 2002-2003, al igual que el Sistema 1999-2000, mantendrá los objetivos básicos y las mejoras que han sido consolidadas a partir de la aplicación de este último y de los subsecuentes, esto es:

1. Será un Sistema de Evaluación que permitirá a los participantes conocer por anticipado los aspectos a ser evaluados (mecanismos, procedimientos, factores y porcentajes), con la finalidad de que dichos aspectos se correlacionen con metas y objetivos relevantes y sea factible orientar las tareas hacia mayores niveles de desempeño y calidad, fortaleciendo la planeación y elevando con ello la eficacia institucional durante el Proceso Electoral.

2. Se mantendrá como una evaluación oportuna, que contemplará la valoración de los objetivos y metas a alcanzar entre los meses de octubre de 2002 y hasta agosto del año 2003, mismos que incluyen a los de la Jornada Electoral. Esto permitirá aumentar la validez de aplicación y contenido a partir de favorecer la cercanía entre la ejecución de tareas que conducen a los resultados sustantivos del Proceso Electoral y la evaluación de los mismos, incrementando la objetividad, la justicia evaluativa y la consistencia de las valoraciones.

3. Se propone un procedimiento de evaluación sencillo, claro y directo que permita reducir el tiempo dedicado a la valoración y procesamiento de la información. Ello se podrá lograr mediante el uso de tecnologías capaces de procesar los aspectos sustantivos con mayor eficiencia.

4. El Sistema de Evaluación Especial permitirá desarrollar una evaluación estratégica y precisa, centrada en una cantidad adecuada de metas programadas y resultados esperados, lo que implicará enfocar los esfuerzos de seguimiento y control hacia los aspectos verdaderamente relevantes que identifiquen problemáticas y aporten soluciones a las mismas. Permitirá fomentar la comunicación y la retroalimentación permanente entre todos los involucrados.

Por su parte, y tal como ha venido sucediendo en evaluaciones anteriores, el diseño y formulación de los indicadores de Eficacia/Eficiencia en el Logro de Resultados Globales derivados de objetivos y metas programadas, se dará en un marco de corresponsabilidad y trabajo conjunto entre la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral y las distintas áreas del Instituto involucradas en el proceso de evaluación (fundamentalmente las Direcciones Ejecutivas, la Dirección Jurídica y el grupo de trabajo integrado por representantes de los Consejeros Electorales miembros de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, representantes de las Direcciones Ejecutivas -incluyendo a la DESPE-, y la Dirección Jurídica, así como la participación de los miembros del Servicio adscritos en órganos desconcentrados a través de las observaciones que sobre los mismos indicadores remitirán a las áreas normativas). El proceso de diseño y formulación de indicadores descrito se dará a través de la coordinación de la DESPE, quien, durante los meses de julio a septiembre del año 2003, será la responsable de la operación del Sistema.

La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, determinará la estrategia de comunicación específica para difundir los mecanismos y criterios de la evaluación del desempeño correspondiente al Proceso Electoral Federal 2002-2003. Esta estrategia podrá incluir visitas de presentación en oficinas centrales y en los órganos desconcentrados, elaboración de folletos u otro material de difusión, programación de teleconferencias, entre otros.

Finalmente, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral llevará a cabo, como parte de los procedimientos de evaluación, una evaluación de los evaluadores con el objetivo de obtener información sobre la forma en que éstos realizan sus tareas de evaluación. Esta evaluación incluirá un estudio de verificación sobre la forma y calificaciones asignadas a una muestra representativa de funcionarios del Servicio evaluados.

Como en todo proceso de evaluación, la necesidad de definir y medir los resultados esperados a partir de las metas programadas justifica la implementación de mecanismos que documenten y permitan conocer el cumplimiento y la calidad efectiva de las actividades.

La evaluación especial del desempeño se enfocará a los aspectos que componen el desempeño integral (resultados obtenidos, estándares profesionales y trabajo en equipo), los cuales son la base que permitirá controlar y dirigir la actividad laboral durante el Proceso Electoral Federal 2002-2003, así como favorecer cambios comunicativos, motivar al personal, identificar elementos críticos en la organización y mejorar la operación de nuestra Institución ante las grandes responsabilidades que tiene encomendadas.

Por ello, el fin último de esta evaluación será generar entre los miembros del Servicio Profesional Electoral la necesidad de la excelencia y la superación para la conformación de equipos de trabajo altamente calificados, plenamente dedicados y motivados y capaces de responder a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que rigen a nuestro Instituto para así mantener la confianza de los ciudadanos en su sistema electoral.

Esto podrá lograrse a partir del fortalecimiento de un sistema integral fundado y motivado que permitirá la evaluación rigurosa y objetiva del desempeño de todos los integrantes del Servicio Profesional Electoral a partir de mecanismos diseñados sobre la base de méritos y rendimiento.

a) Evaluar el desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral durante el Proceso Electoral Federal 2002-2003, considerando los rubros o factores de Eficacia/Eficiencia en el Logro de Resultados Globales derivados de objetivos y metas programadas, Estándares Profesionales de Servicio fundados en Principios y Perfiles de Actuación y Trabajo en Equipo.

b) Generar información acerca del grado de cumplimiento de los objetivos y metas sustantivas del Instituto Federal Electoral, de la manera en la que se alcanzan esos resultados y de los principales problemas que en el logro de los mismos detectan los miembros del Servicio Profesional Electoral.

c) Evaluar el desempeño individual y grupal de los miembros del Servicio Profesional Electoral detectando su actuación y comportamiento respecto a la consecución de los objetivos y metas del Instituto así como al seguimiento de sus principios rectores.

d) Fomentar una cultura de la evaluación de los funcionarios que destaque la importancia que tiene valorar objetivamente el desempeño de nuestro personal, así como la orientación a la consecución de resultados plenamente verificables.

e) Permitir detectar a los funcionarios cuyo excelente desempeño ejemplifica el nivel profesional que el Instituto desea en todos sus funcionarios.

La Evaluación Especial del Desempeño para el Proceso Electoral Federal 2002-2003 del personal de carrera adscrito en órganos desconcentrados, Oficinas Centrales y estructura desconcentrada del Registro Federal de Electores, contempla tres rubros o factores generales a evaluar:

Evalúa el cumplimiento de objetivos y metas programadas, a partir de los resultados concretos obtenidos en el desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral (Eficacia: 95% del peso total de este rubro), mismos que se derivan del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; acuerdos del Consejo General; Programas de Actividades, Políticas y Programas aprobados, Calendario de Actividades del Proceso Electoral Federal 2002-2003; Manual de Organización del Instituto Federal Electoral, manuales de procedimientos de las áreas respectivas, instrucciones específicas, circulares y, en general disposiciones emanadas por las áreas normativas en función de la calidad y aplicación de recursos en cada uno de ellos (Eficiencia: 5% del peso total de este rubro), individualizándolos para cada miembro del Servicio Profesional Electoral en su cargo y nivel jerárquico, manteniendo la correspondencia obligada y necesaria entre las instrucciones giradas por las áreas normativas y/o jerárquicas con relación al desempeño cotidiano de los funcionarios de carrera durante el periodo evaluado.

En este sentido, los indicadores propuestos por las áreas normativas relacionarán, por cada cargo o puesto del Servicio Profesional Electoral, las metas específicas que los funcionarios deberán cumplir durante el Proceso Electoral Federal 2002-2003 con los resultados logrados al término del mismo, de acuerdo a los lineamientos establecidos.

En esta evaluación, el subfactor de Eficiencia se aplicará considerando el desempeño mostrado por cada funcionario a lo largo de todo el Proceso Electoral Federal y no por meta individual, en función de que la eficiencia en el desempeño pude ser valorada no solo a niveles específicos por tarea, sino como parte de un rasgo de conducta que se manifiesta de manera permanente y estable en el comportamiento de los individuos y que se modifica como resultado de las experiencias, la retroalimentación y el aprendizaje. En este sentido, la evaluación del desempeño juega un papel fundamental en el mejoramiento del rendimiento de los evaluados.

Adicionalmente, se incorporan en este subrubro tres indicadores más: Accesibilidad a la Información, Compromiso de Gestión y Rendimiento Laboral, que permitirán valorar con mayor integralidad la eficiencia en el desempeño.

Evalúa la observancia de los Principios rectores del Instituto Federal Electoral por parte de los miembros del Servicio Profesional Electoral en su desempeño cotidiano, así como el cumplimiento de las reglas y normas del Instituto en el comportamiento del funcionario, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 41, fracción III, primer párrafo; el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 69 Numeral 2, y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, Artículos 105, 108 y 144.

Al igual que en las evaluaciones precedentes, los indicadores de este Factor tendrán distinta ponderación de acuerdo a lo siguiente: Legalidad, Certeza, Objetividad, Imparcialidad e Independencia tendrán un peso de 50.2% respecto al total de indicadores de Estándares Profesionales de Servicio; Profesionalismo y comunicación, Capacidad Organizativa, Capacidad de mando y dirección, Colaboración y Disciplina tendrán un peso de 33.2% respecto al total de indicadores de este Factor; y finalmente, Criterio y Previsión, Relaciones Interpersonales y Puntualidad y Asistencia tendrán un peso de 16.6% respecto al total de indicadores de este Factor.

Considera a las unidades administrativas como equipos de trabajo básicos. Se evaluará el desempeño que como equipos de trabajo mantendrán los funcionarios del Servicio en las unidades administrativas en las cuales se encuentran adscritos tanto en Oficinas Centrales como en los órganos desconcentrados del Instituto durante el Proceso Electoral Federal 2002-2003, en aquellos aspectos funcionales y de organización interna que contribuyen a la realización de los objetivos y metas institucionales que tienen encomendados.

De esta manera, cada miembro de la Junta Local de cada entidad (Vocal Ejecutivo Local, Vocal Secretario Local, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica Local, Vocal de Organización Electoral Local, Vocal del Registro Federal de Electores Local, Jefe del Departamento de Coordinación Regional, Jefe de Oficina de Cartografía Estatal y Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis Local) forma parte de un equipo de trabajo al cual se valorará.

En el mismo sentido, los miembros de cada una de las Juntas Distritales (Vocal Ejecutivo Distrital, Vocal Secretario Distrital, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica Distrital, Vocal de Organización Electoral Distrital, Vocal del Registro Federal de Electores Distrital y Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis Distrital) conforman un equipo de trabajo sujeto a evaluación.

En Oficinas Centrales, se considerará como unidad administrativa básica cada una de las subdirecciones (incluido al Subdirector, a los Jefes de Departamento y a los funcionarios de nivel técnico y operativo), las cuales serán evaluadas, de manera individual, tanto por el Director de Área correspondiente, en su caso el Coordinador de Área y el Director Ejecutivo. La calificación de este rubro para los Directores de Área será asignada por el Coordinador de Área (en su caso) y/o por el Director Ejecutivo correspondiente. Para el caso de los Coordinadores de Área, la calificación asignada será determinada por el Director Ejecutivo. En el supuesto de que algún o algunos miembros del Servicio se encuentren adscritos en una unidad administrativa en la cual él es el único funcionario de carrera, o no todos los demás integrantes de dicha unidad lo sean, la evaluación correspondiente a este rubro para quienes son funcionarios de carrera, deberá considerar su desempeño como miembro de un equipo de trabajo aún y cuando la calificación obtenida se asigne solamente al (o los) funcionario(s) de carrera.

Cabe mencionar que la evaluación del trabajo en equipo se realizará de manera individual. Así, las Juntas Locales Ejecutivas serán evaluadas por todos y cada uno de los integrantes de la Junta General Ejecutiva, las Juntas Distritales Ejecutivas serán evaluadas por los integrantes de su respectiva Junta Local y, en Oficinas Centrales, El Director Ejecutivo, el Coordinador de Área (en su caso) y el Director de Área evaluarán a sus respectivas unidades administrativas.

La evaluación del trabajo en equipo valora el desempeño de los equipos de trabajo como un todo y no como grupos de individuos. Al respecto, Jon Katzenbach y Douglas Smith, han definido al equipo de la siguiente manera: "Un equipo se compone de un número reducido de personas con actividades complementarias, que tienen un compromiso con un propósito en común, una serie de metas de desempeño y un enfoque, de todo lo cual son mutuamente responsables". Esta distinción es de una importancia crucial en la conceptualización de las clases de equipos deseados en los esfuerzos de desarrollo organizacional del Instituto, en la formación de equipos autodirigidos y en el desarrollo de equipos de desarrollo superior. Lo que se pretende es, efectivamente, generar un sentido de responsabilidad compartido. Por otra parte, en el rubro de Estándares Profesionales de Servicio se contemplan los indicadores de capacidad organizativa, capacidad de mando y dirección, colaboración y relaciones interpersonales, los cuales valoran actitudes individuales de los funcionarios del Servicio que impactan la labor de los equipos de trabajo.

El rubro Trabajo en Equipo será valorado con base en un instrumento de evaluación diseñado en función del "Perfil de las Características Organizacionales" de Likert, que mide el trabajo en equipo en ocho dimensiones:

Métodos de mando

Fuerzas motivacionales

Procesos de comunicación

Procesos de influencia

Toma de decisiones

Procesos de planificación

Procesos de control, y

Objetivos de rendimiento y perfeccionamiento

De las dimensiones señaladas se derivan elementos de control (un indicador), modernización (un indicador), productividad (un indicador), comunicación (un indicador), colaboración y cambio (dos indicadores); valorando al mismo tiempo, aspectos del proceso de trabajo y aspectos psicosociales (dos indicadores). Estos indicadores pueden consultarse en la cédula correspondiente que se presenta en el apartado Instrumentos de este documento.

Finalmente, cabe señalar que para el subfactor Eficiencia, así como para los rubros o factores de Estándares Profesionales y Trabajo en Equipo, se considerará la definición clara y precisa de los parámetros que los conforman, con el objeto de homogenizar los criterios de evaluación, reducir los efectos de halo, los errores de rigor, indulgencia y de tendencia central, proporcionando bases objetivas de evaluación.

Tal como lo establece el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral (Art. 106) el modelo de evaluación comprenderá a los superiores jerárquicos, es decir, los jefes inmediatos superiores en la estructura ocupacional de puestos y a los superiores normativos, esto es, los superiores que en órganos o áreas centrales son responsables de la definición, conducción y/o seguimiento de actividades y programas institucionales vinculados al Proceso Electoral Federal 2002-2003.

Los superiores jerárquicos y los superiores normativos podrán realizar la aplicación de cualesquiera de los formatos de evaluación en función de sus ámbitos de competencia, del nivel de responsabilidad que tengan en el seguimiento y control directo o indirecto a las actividades de los funcionarios a su cargo y del conocimiento directo respecto al apego de éstos a los principios rectores del IFE.

A continuación se muestran cuadros resumen de las instancias evaluadoras, así como del universo del personal a evaluar.

A continuación se señalan los pesos porcentuales que tiene cada factor de la evaluación con relación al peso total de la misma, dichos pesos son proporcionalmente equivalentes a los contemplados en las evaluaciones anuales del desempeño de los ejercicios 1999, 2000, 2001 y 2002:

Donde:

E.E.L.R.: Eficacia/Eficiencia en el Logro de Resultados.

E.P.S.P/P Estándares Profesionales de Servicio.

T.E.: Trabajo en Equipo.

*: De acuerdo a lo establecido en el apartado IV de este documento.

Donde:

E.E.L.R.: Eficacia/Eficiencia en el Logro de Resultados.

E.P.S.P/P Estándares Profesionales de Servicio.

T.E.: Trabajo en Equipo.

*: De acuerdo a lo establecido en el apartado IV de este documento.

Donde:

E.E.L.R.: Eficacia/Eficiencia en el Logro de Resultados.

E.P.S.P/P Estándares Profesionales de Servicio.

T.E.: Trabajo en Equipo.

Dada la importancia que estos cargos ostentan durante los Procesos Electorales, los Vocales Ejecutivos de Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, en función de las responsabilidades que tienen, en primer lugar, en la coordinación de la Junta Ejecutiva Local y de las Juntas Ejecutivas Distritales; en segundo lugar, como enlaces formales entre éstas y las distintas instancias normativas del Instituto y, en tercer lugar, como Presidentes de los Consejos Locales y Ditritales, serán valorados por diversos evaluadores incluyendo el superior jerárquico (el Secretario Ejecutivo del Instituto, para el caso de Vocales Ejecutivos Locales, y el Vocal Ejecutivo Local para el caso de los Vocales Ejecutivos Distritales) y los evaluadores normativos (la Junta General Ejecutiva, el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales del Consejo General, de los Consejos Locales y de los Consejos Distritales, y los representantes de los Partidos Políticos ante los Consejos General, Local y Distritales, en función de su ámbito de competencia).

Así, para evaluar estos cargos, las Direcciones Ejecutivas diseñarán los indicadores que valoran el cumplimiento de las actividades de los Vocales Ejecutivos Locales y Distritales en el rubro Eficacia/Eficiencia en el Logro de Resultados Globales derivados de Objetivos y Metas programadas. A partir de estos indicadores, los integrantes de la Junta General Ejecutiva y de las Juntas Ejecutivas Locales, respectivamente, harán la evaluación correspondiente.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo del Instituto evaluará como superior jerárquico los Estándares Profesionales de Servicio fundados en Principios y Perfiles de Actuación de los Vocales Ejecutivos de Junta Local, mientras que los Vocales Ejecutivos Locales harán lo propio con los Vocales Ejecutivos Distritales.

El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto, los Consejeros Electorales del Consejo Local y los representantes de los Partidos Políticos ante el Consejo General y Local evaluarán Estándares Profesionales de Servicio fundados en Principios y Perfiles de Actuación a los Vocales Ejecutivos de Juntas Locales, mientras que los Consejeros Electorales del Consejo Distrital y los representantes de los Partidos Políticos ante el Consejo Distrital emitirán su valoración también en la misma vertiente, a partir de una cédula especial.

La evaluación del Trabajo en Equipo que involucrará a estos cargos será aplicada de manera individual por los integrantes de la Junta General Ejecutiva bajo la coordinación del Secretario Ejecutivo a los Vocales Ejecutivos Locales, mientras que los integrantes de las Juntas Ejecutivas Locales lo harán para evaluar a las Juntas Ejecutivas Distritales.

A continuación se presenta el cuadro de los evaluadores, el peso de cada uno de éstos y las ponderaciones de los factores a evaluar que se contemplan para este puesto:

Donde:

E.E.L.R.: Eficacia/Eficiencia en el Logro de Resultados.

E.P.S.P/P Estándares Profesionales de Servicio.

T.E.: Trabajo en Equipo.

Donde:

E.E.L.R.: Eficacia/Eficiencia en el Logro de Resultados.

E.P.S.P/P Estándares Profesionales de Servicio.

T.E.: Trabajo en Equipo.

La escala de calificación de los indicadores contiene cinco parámetros que permiten realizar una valoración más objetiva.

En esta escala se utilizan cinco recuadros en los que se definen los niveles de desempeño de la siguiente manera:

Para ajustarse a la escala de valoración señalada en el artículo 115 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral y obtener los resultados de la evaluación del desempeño, se convertirán los valores de la escala descrita al inicio de este apartado en una escala decimal a partir de los procedimientos estadísticos señalados a continuación:

• La Evaluación Especial del Desempeño para el Proceso Electoral Federal 2002-2003 incluye 3 factores de evaluación: Eficacia/Eficiencia en el Logro de Resultados Globales derivados de Objetivos y Metas Programadas, Estándares Profesionales de Servicio y Trabajo en Equipo, cada uno con distinto peso en la conformación del resultado final de la evaluación.
• El Factor Estándares Profesionales de Servicio contempla indicadores con distinto peso entre sí.
• Para el caso de los Vocales Ejecutivos se consideran pesos distintos por factor y por los distintos evaluadores con diferente peso.
• Cada puesto tipo tiene un número específico de indicadores de Logro de Resultados.
• Si no se evalúa algún indicador por alguna causa justificable o se le evalúa incompleto, el peso ponderado del indicador se repartirá equitativamente entre el resto de indicadores o tipo de indicadores correspondiente.
• La evaluación de personal que tuvo cambio de adscripción o puesto durante el periodo evaluado será valorado conforme a los puestos ocupados, considerando los puntos anteriormente señalados.

A partir de las consideraciones arriba referidas, se llevará a cabo el procesamiento de datos de acuerdo a lo siguiente:

Para cada Factor con un número determinado y fijo de indicadores (Estándares Profesionales de Servicio y Trabajo en Equipo) se procede a determinar el puntaje mínimo y máximo posible que puede obtenerse considerando la escala inicial (de 1, 2, 3, 4 y 5).

Por ejemplo, para calificar un factor con 10 indicadores:

Puntaje mínimo (Equivalente a calificar con 1 los 10 indicadores): 10 puntos.

Puntaje máximo (Equivalente a calificar con 5 los 10 indicadores): 50 puntos.

Este es el rango total de puntos: 10 - 50 (40 puntos de diferencia).

La calificación mínima aprobatoria debe ser de 6 (en escala de 0 a 10). Esta calificación se obtiene al alcanzar 24 puntos.

Las calificaciones que determinan niveles muy buenos o sobresalientes, según los criterios de calificación aprobados y contenidos en el Sistema de Evaluación se encuentran a partir de 8.5 (en escala de 0 a 10), lo cual equivale a obtener 39 puntos de 50 posibles. La calificación de 10 únicamente se obtiene con calificación de 5 en los 10 indicadores (50 puntos).

La calificación promedio que corresponde al buen desempeño equivale estadísticamente a 7.75, puesto que el rango considerado para el buen desempeño se ubica entre las calificaciones de 7.00 y 8.49.

En este sentido, entre 10 y 23 puntos se encuentran ubicadas las calificaciones no aprobatorias (0 a 5.571); entre 24 y 38 puntos se encuentran ubicadas las calificaciones de entre 6.0 a 8.417, y de 39 a 50 puntos se ubican las calificaciones de 8.5 a 10.0.

Si algún indicador no es evaluado, su valor se repondera entre los indicadores del grupo que tienen un peso similar y que fueron evaluados. El total de calificaciones posibles en el ejemplo de 10 indicadores se muestra a continuación:

Un procedimiento similar al arriba descrito se realiza para asignar el peso ponderado del factor y construir así la calificación definitiva de la evaluación considerando: 1) el peso de este factor en la calificación total de la evaluación; 2) el peso que tiene cada uno de los evaluadores que lo califican (si es más de uno, por ejemplo para el caso de Vocales Ejecutivos Locales al evaluarles Estándares Profesionales de Servicio); 3) El peso que al interior de cada factor de evaluación tengan los indicadores que lo conforman, en su caso; y 4) Para Eficacia/Eficiencia en el Logro de Resultados Globales, el peso de Eficacia (95% respecto al total del factor) y Eficiencia (con un peso del 5% respecto al total del factor).

1. El personal de carrera que no apruebe la evaluación especial del desempeño no será separado del Servicio Profesional Electoral en virtud de que esta evaluación formará parte de la Evaluación Anual del Desempeño correspondiente al ejercicio 2003, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral. El peso que tendrán los resultados de la Evaluación Especial del desempeño 2002-2003 será de 75% respecto de la Evaluación Anual 2003.

2. La escala de valoración de la evaluación especial del desempeño es de cero a diez puntos.

3. La calificación aprobatoria de la evaluación especial del desempeño es de 6 a 10 puntos.

4. Las calificaciones obtenidas en la Evaluación Especial 2002-2003 se ubicarán en cinco (5) grados de desempeño conforme a la siguiente clasificación:

La Junta General Ejecutiva establecerá, a partir de la aprobación del presente documento, el Sistema de Evaluación Especial del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral para el Proceso Electoral Federal 2002-2003.

En Oficinas Centrales, la evaluación del superior jerárquico será aplicada por las Direcciones Ejecutivas en sus respectivos ámbitos de competencia, a partir del llenado de los formatos correspondientes. Asimismo, aplicarán la evaluación del superior normativo a los miembros del Servicio Profesional Electoral adscritos a Órganos Desconcentrados. En estos últimos la evaluación del superior jerárquico será aplicada por los Vocales Ejecutivos de Juntas Ejecutivas Locales y Distritales en sus respectivos ámbitos de competencia. Para el caso de los Vocales Ejecutivos de Juntas Locales Ejecutivas, la evaluación del superior jerárquico será aplicada por el Secretario Ejecutivo del Instituto.

Para la evaluación del rubro Eficacia/Eficiencia en el Logro de Resultados Globales derivados de objetivos y metas programadas, los Vocales Ejecutivos Locales serán evaluados por los integrantes de la Junta General Ejecutiva mientras que los Vocales Ejecutivos Distritales serán evaluados por la correspondiente Junta Local. El resto de los Vocales Locales y Distritales serán evaluados en este factor por su correspondiente superior normativo.

El factor Trabajo en Equipo será aplicado por los integrantes de la Junta General Ejecutiva del Instituto a las Juntas Ejecutivas Locales, bajo la coordinación del Secretario Ejecutivo. Para el caso de las Juntas Ejecutivas Distritales, este factor será aplicado por los integrantes de la respectiva Junta Ejecutiva Local. Para el resto de cargos y puestos, este factor será valorado de acuerdo a lo señalado en el apartado VI del presente documento.

Por otro lado, se tomará en cuenta la valoración que emitan los Consejeros Electorales del Consejo General, de los Consejos Locales y de los Consejos Distritales sobre la actuación de los miembros del Servicio Profesional Electoral que ocuparon el cargo de Vocal Ejecutivo de Juntas Ejecutivas Locales y Distritales durante el Proceso Electoral Federal 2002-2003, en su vertiente de Estándares Profesionales de Servicio fundados en Principios y Perfiles de Actuación. Los representantes de los Partidos Políticos ante el Consejo General y ante los Consejos Locales y Distritales darán su opinión en la misma vertiente. En ambos casos, se utilizará una cédula especial.

La aplicación de la evaluación a que se refiere el párrafo anterior será coordinada por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, misma que distribuirá los formatos referidos, y una vez aplicados y requisitados, los concentrará para su procesamiento.

A partir de los formatos de evaluación la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral obtendrá los resultados y con base en los mismos emitirá un informe que entregará a la Junta General Ejecutiva y a la Comisión del Servicio Profesional Electoral.

Para el caso de Vocales Ejecutivos de Juntas Ejecutivas Locales y Distritales se seguirá el procedimiento de evaluación tal como se detalla en el Capítulo VIII del presente documento.

La Junta General Ejecutiva, por conducto del Secretario Ejecutivo, entregará un reporte de los resultados de la evaluación especial del desempeño 2002-2003 del personal de carrera al Consejo General del Instituto.

1. Corresponde a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral difundir las normas, políticas y procedimientos aprobados, en materia de evaluación especial del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral, a las áreas centrales del Instituto y a las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, para su aplicación.

2. Las áreas centrales y los órganos desconcentrados referidos en la norma anterior deberán observar y hacer cumplir en todo momento las normas, políticas y procedimientos en el desarrollo del proceso de evaluación especial del desempeño.

3. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral es responsable de coordinar el proceso de evaluación especial del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral.

4. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, previo conocimiento de la Comisión del Servicio Profesional Electoral será responsable de coordinar el proceso de integración de los indicadores del rubro Eficacia en el Logro de Resultados, para lo cual establecerá los mecanismos a partir de los cuales las distintas áreas normativas conformarán la propuesta de dichos indicadores, misma que deberá incluir las observaciones realizadas por los funcionarios del Servicio adscritos en los órganos desconcentrados.

5. Los indicadores del rubro Eficacia/Eficiencia en el Logro de Resultados derivados de Objetivos y Metas Programadas podrán ser modificados hasta el mes de marzo del año 2003 habida cuenta que pueden generarse Acuerdos del Consejo General y/o Lineamientos o Políticas de las Direcciones Ejecutivas que pueden afectar actividades sustantivas durante el Proceso Electoral Federal 2002-2003. En el caso de presentarse esta situación, las distintas Direcciones Ejecutivas, la Dirección Jurídica, la Junta General Ejecutiva o las Comisiones Permanentes del Consejo General podrán sugerir tales modificaciones, las cuales serán valoradas por las instancias correspondientes y la propia Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral. La correspondiente modificación a los indicadores se realizará por Acuerdo de la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio Profesional Electoral.

6. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral establecerá los plazos y términos para la aplicación y demás procedimientos incluyendo la obtención de resultados de la evaluación especial del desempeño, en función de los periodos de evaluación aprobados por la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio Profesional Electoral.

7. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral llevará el registro y control del procedimiento de la evaluación especial del desempeño del personal de carrera, y emitirá un informe que presentará a la Junta General Ejecutiva.

8. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, en coordinación con las áreas normativas del Instituto involucradas con el Servicio Profesional Electoral, diseñará los instrumentos de evaluación especial, sustentándolos en parámetros y medidas objetivas, equitativas y mensurables.

9. La evaluación considerará los factores de eficacia, eficiencia, principios de actuación, resultados globales y demás factores que, en su caso, determine la Junta General Ejecutiva con relación al desempeño de los miembros del Servicio, independientemente de la denominación del rubro de evaluación que los contenga.

10. En la evaluación especial del desempeño 2002-2003, no será considerado el factor Desarrollo Laboral así como tampoco las actividades extraordinarias, adicionales y no programadas, las cuales se contabilizarán de manera independiente al resto de los factores en la Evaluación Anual del Desempeño 2003.

11. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral presentará a la Junta General Ejecutiva los formatos e instrumentos de evaluación especial del desempeño para su aprobación, previo conocimiento de la Comisión del Servicio Profesional Electoral.

12. La evaluación especial del desempeño 2002-2003 comprenderá el periodo que abarca entre el inicio del Proceso Electoral Federal (a partir de la primera sesión del Consejo General del Instituto durante la primera semana de octubre de 2002) y el 31 de agosto de 2003, considerando la fecha de ingreso de los miembros del Servicio Profesional Electoral.

13. Los resultados obtenidos por los miembros del Servicio en la Evaluación Especial del desempeño para el Proceso Electoral Federal 2002-2003 representarán el 75% del peso total de la Evaluación Anual del Desempeño 2003.

14. La Evaluación Especial del Desempeño 2002-2003 será aplicada a todos los miembros del Servicio en activo, en función de su cargo o puesto. En caso de aprobarse, durante el ejercicio evaluado, alguna modificación a la estructura de cargos y puestos del Servicio, los funcionarios que se mantengan en éste, serán evaluados de conformidad a lo establecido en la Norma 25 del presente documento. En todo caso, la Junta General Ejecutiva resolverá cualquier situación, de acuerdo a la Norma 41 de este mismo documento.

15. El procedimiento para la evaluación especial del desempeño deberá considerar la evaluación del superior jerárquico y la de los superiores normativos del Instituto.

16. Cuando la evaluación del superior normativo la realice más de un área, el peso ponderado correspondiente a ésta, así como el de los aspectos que se califiquen se dividirá proporcional y equitativamente entre tantas áreas la apliquen de acuerdo al número de indicadores propuestos para valorar un cargo o puesto determinado con el objeto de proporcionar equidad en los pesos de las evaluaciones que apliquen el total de los evaluadores normativos involucrados.

17. Cuando un evaluador sea jerárquico o normativo no asiente calificación alguna en uno o varios parámetros de un indicador o en uno o varios indicadores de un rubro o factor de evaluación por alguna causa plenamente justificada o por no tener elementos para evaluar, el peso ponderado correspondiente al parámetro o al indicador no valorado se dividirá proporcionalmente entre tantos parámetros o indicadores se apliquen con el objeto de proporcionar equidad en los pesos de los parámetros o indicadores restantes.

18. En el supuesto de que algún cargo o puesto del Servicio Profesional Electoral se encuentre vacante y cuyo ocupante debiera aplicar la evaluación como superior jerárquico o normativo, dicha evaluación la aplicará quien ocupe el siguiente nivel jerárquico en línea ascendente o en su defecto el evaluador normativo que corresponda en Oficinas Centrales.

19. En todo caso, podrá y le corresponderá evaluar a quien cuente con los elementos que soporten una evaluación objetiva, sea jerárquico o normativo, tomando en consideración las siguientes situaciones:

a) Para la evaluación de Estándares Profesionales de Servicio, si el evaluador correspondiente, por cualquier causa, ya no presta sus servicios en el Instituto, el Encargado de Despacho podrá aplicar la evaluación por todo el periodo siempre y cuando posea el nivel jerárquico homólogo o inmediato inferior al del puesto del evaluador vacante, tenga relación funcional directa con los funcionarios evaluados y haya estado adscrito a esa área o junta ejecutiva durante por lo menos seis meses antes de la conclusión del periodo evaluado. En caso de no existir Encargado de Despacho o cuando éste no cumpla con cualquiera de estos requisitos, la evaluación será aplicada invariablemente por el inmediato superior jerárquico en línea ascendente, de acuerdo con lo señalado en la norma anterior, quien podrá apoyar su valoración a partir de la consulta a las fuentes pertinentes, si así lo considera necesario.

b) Para la evaluación de Eficacia/Eficiencia en el Logro de Resultados, el evaluador será invariablemente el superior normativo que al momento de la evaluación tenga bajo su responsabilidad y resguardo los elementos documentales necesarios para aplicar esta valoración.

c) Para la evaluación de Trabajo en Equipo, si alguno de los evaluadores ha tenido cambio de adscripción, evaluará a los equipos de trabajo de acuerdo a los periodos correspondientes. Si alguno de los evaluadores, por cualquier causa, ya no presta sus servicios en el Instituto, la evaluación de este rubro considerará únicamente la de aquellos evaluadores que se encuentren en activo.

20. Para la aplicación de la evaluación especial del desempeño del Proceso Electoral Federal 2002-2003, el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General y del Consejo Local fungirán como instancia normativa, evaluando con una cédula especial a los Vocales Ejecutivos Locales en el rubro de Estándares Profesionales de Servicio fundados en Principios y Perfiles de Actuación con un peso de 13.90% del peso ponderado global de la siguiente manera: 1.66% para el Consejero Presidente, 6.64% para Consejeros Electorales del Consejo General, y 5.60% para Consejeros del Consejo Local, dividido entre tantos Consejeros Electorales apliquen, respectivamente.

21. Por su parte, los representantes de los Partidos Políticos ante el Consejo General y ante los Consejos Locales fungirán como instancia normativa, emitiendo también su valoración con una cédula especial en el rubro de Estándares Profesionales de Servicio fundados en Principios y Perfiles de Actuación con un peso global de 2.70% del peso ponderado global de la evaluación, de acuerdo a la página 20 de este documento. En todo caso, podrán ser evaluadores, aquellos representantes de partidos políticos que cuenten con un mínimo de tres meses de registro ante el Instituto durante el periodo que se evalúa.

22. Para la aplicación de la evaluación especial del desempeño del Proceso Electoral Federal 2002-2003, los Consejeros Electorales del Consejo Distrital y los representantes de los Partidos Políticos ante el Consejo Distrital fungirán como instancia normativa, evaluando con una cédula especial a los Vocales Ejecutivos Distritales en el rubro de Estándares Profesionales de Servicio fundados en Principios y Perfiles de Actuación con un peso de 5.60% y 2.70% del peso ponderado global, respectivamente, dividido entre tantos evaluadores apliquen, respectivamente. En todo caso, podrán ser evaluadores, aquellos Consejeros Electorales y representantes de Partidos Políticos que cuenten con un mínimo de tres meses de registro ante el Instituto durante el periodo que se evalúa.

23. Cada uno de los Consejeros Electorales y representantes de los Partidos Políticos ante el Consejo General y ante los Consejos Locales y Distritales evaluará de manera individual a los Vocales Ejecutivos correspondientes.

24. Para ser sujeto de evaluación especial del desempeño, el personal de carrera deberá haberse desempeñado como mínimo tres meses en el mismo cargo o puesto durante el ejercicio que se evalúa.

25. Los miembros del Servicio Profesional Electoral serán evaluados conforme a los puestos que hubieren ocupado durante el Proceso Electoral Federal, si alguno ocupó dos o más puestos será sujeto a dos o más evaluaciones, de acuerdo al periodo que los ocupó, en este último caso, las evaluaciones que se apliquen serán consideradas en la integración del resultado final de manera proporcional al periodo en el cual el evaluado ocupo los cargos o puestos valorados.

26. La evaluación especial del desempeño por cambio de adscripción se aplicará exclusivamente a los miembros del Servicio Profesional Electoral que se hayan desempeñado como mínimo dos meses en cada sitio de adscripción, durante el periodo que se evalúa.

27. El rubro Eficacia/Eficiencia en el Logro de Resultados Globales derivados de Objetivos y Metas programadas evaluará el cumplimiento de éstos a partir de los resultados concretos obtenidos en el desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral, en función de la calidad, aplicación de recursos, accesibilidad a la información, compromiso de gestión y rendimiento laboral, manteniendo la correspondencia obligada y necesaria entre las instrucciones giradas por las áreas normativas y/o jerárquicas con relación al desempeño cotidiano de los funcionarios de carrera durante el periodo evaluado. El nivel de exigencia entre los parámetros del desempeño de oficinas centrales y de los órganos desconcentrados mantendrá la equivalencia obligada y necesaria para garantizar la aplicación de criterios de equidad en la evaluación del desempeño.

28. UNICOM proporcionará a los evaluadores correspondientes, de acuerdo a sus formatos, la información pertinente a partir de la cual valorarán los indicadores del rubro Eficacia en el Logro de Resultados que se refieren a la incorporación y actualización de datos que los funcionarios efectúen en los sistemas incorporados a la RED-IFE.

29. El personal de carrera que no apruebe la evaluación especial del desempeño no será separado del Servicio Profesional Electoral en virtud de que ésta evaluación formará parte de la Evaluación Anual del Desempeño correspondiente al ejercicio 2003, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral.

30. La escala de valoración de la evaluación especial del desempeño es de cero a diez puntos.

31. El parámetro aprobatorio de la evaluación especial del desempeño 2002-2003 es de 6 a 10 puntos.

32. La obtención de los resultados de la evaluación especial del desempeño del personal de carrera, a partir del cálculo que se realice con base en las cédulas u hojas de resultados de evaluación aplicados, es responsabilidad exclusiva de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral.

33. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, establecerá los mecanismos para dar a conocer los resultados de la evaluación especial del desempeño y los presentará a la Junta General Ejecutiva.

34. Una vez registrados los resultados de la evaluación especial del desempeño, las hojas de resultados correspondientes se integrarán al expediente personal de los miembros del Servicio Profesional Electoral.

35. De la misma manera, en el procedimiento de evaluación deberá considerarse la complejidad de los distintos tipos de Distritos o regiones a partir de las clasificaciones que para tal efecto propongan las distintas áreas normativas en los casos necesarios; así como las condiciones específicas bajo las cuales se llevan a cabo las actividades propias de la función electoral y aquellos factores imprevistos que pudieran afectar el buen desempeño de los funcionarios de carrera.

36. En todo momento, los evaluadores tanto jerárquicos como normativos evaluarán el desempeño del personal de carrera a su cargo conforme a los procedimientos establecidos, basándose en criterios equitativos y sujetos a las disposiciones del Artículo 144, Fracción V, del Estatuto Vigente, y a la Fracción Undécima del Acuerdo del 10 de diciembre de 1999 de la Junta General Ejecutiva por el que se establecen los lineamientos para la determinación de sanciones previstas en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral. En este sentido, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral podrá solicitar o instruir en lo conducente a los evaluadores para observar y hacer cumplir en todo momento las normas, políticas y procedimientos del proceso de evaluación especial del desempeño.

37. Los evaluadores jerárquicos y normativos deberán motivar en tiempo, modo y lugar la calificación que asienten en todos y cada uno de los indicadores de los rubros evaluados señalando en los formatos correspondientes el o los documentos que soportan su apreciación (oficio, reporte, informe, etc.); y, en caso que la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral lo requiera, enviarán los soportes documentales en los que sustenten su valoración (Art.113 del Estatuto Vigente). Dichos soportes y motivaciones servirán de base, junto con otro tipo de documentación que la Dirección Ejecutiva estime pertinente, para llevar a cabo un estudio de validación de las calificaciones asentadas por los evaluadores a una muestra representativa cuyas características y tamaño determinará en su momento la propia Dirección Ejecutiva.

38. La notificación de resultados a los miembros del Servicio incluirá la calificación obtenida por estos en cada uno de los indicadores de los rubros evaluados, la calificación por rubro y la calificación final definitiva.

39. La presentación de inconformidades sobre los resultados de la evaluación del desempeño se sujetará a lo dispuesto en los artículos 111, 112 y 113 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral.

40. La DESPE en todo momento podrá solicitar a las distintas áreas datos referentes a los rubros e indicadores de la evaluación especial, cuando así lo considere pertinente.

41. Cualquier asunto no previsto por las presentes normas será resuelto por la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio Profesional Electoral.