"... I. El día cinco de abril del año que transcurre, a las trece horas con cincuenta minutos fui enterado mediante cédula de notificación personal de un escrito que denominan 'Queja Administrativa', presentado mediante 'QUEJA VERBAL' por el C. Martín Indalecio Castro Valdez, quien se ostenta como Representante Propietario del Partido del (sic) Centro Democrático, en el cual imputan diversas conductas, a la Coalición Electoral en el distrito 04 de Guasave, Sinaloa que en este acto represento.

Ahora bien; previo a la contestación de los hechos y agravios que pretende hacer valer el recurrente, siendo que las causas de improcedencia son de orden público y por tanto su estudio es preferente, esta H. Autoridad debe revisar los requisitos de procedencia para que sea factible incurrir en posibles actos de afectación en perjuicio de mi representado.

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES PREFERENTE.- Previamente al estudio de la controversia planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que en la especie puedan actualizarse, por ser su examen preferente y de orden público de acuerdo al artículo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por lo que en primer termino pasaré a señalar las causales de improcedencia correspondientes:

1. De acuerdo a los LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y DE LAS SANCIONES, PREVISTAS EN EL TITULO QUINTO DEL LIBRO QUINTO DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. En los numerales 6 y 8 se establece como requisito FUNDAMENTALES que toda denuncia o queja se presentada en por escrito, contener una narración de los hechos objeto de la queja o denuncia y debidamente firmada por el promovente, como a continuación se cita:

'(...)

6.- TODA QUEJA O DENUNCIA DEBERÁ SER PRESENTADA POR ESCRITO CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL DENUNCIANTE Y SEÑALANDO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En el escrito correspondiente, deberán precisarse los hechos y casos concretos que motiven la queja o denuncia y aportarse los elementos de prueba con que se cuente al efecto.

7.- (...)

8.- Las quejas o denuncias presentadas por un partido político deberán ser formuladas por escrito, contener una narración de los hechos objeto de la queja o denuncia, estar debidamente firmadas en forma autógrafa por los representantes acreditados ante los órganos colegiados del Instituto, según corresponda, o por los dirigentes de los partidos políticos debidamente registrados ante el propio Instituto.'

Conforme a lo anterior la autoridad al darme vista de esta 'DENUNCIA VERBAL' cita los artículos arriba señalados, estableciendo de facto, que se cumplió con tal requisito al no existir documento que funde y motive tal denuncia.

Debe hace notarse que dentro de los artículos de los LINEAMIENTOS GENERALES en comento, que la misma autoridad cita se establece en los numerales 9 y 10 procedimientos específicos para la formación de expedientes poniendo como requisito esencial se RECIBA EL ESCRITO DE QUEJA O DENUNCIA CORRESPONDIENTE:

'9.- Recibido el escrito de queja o denuncia correspondiente, deberá remitirse inmediatamente a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral.'

En el artículo 10, también se establece la necesidad de poseer una escrito que motive el procedimiento para poder darle entrada y establecerlo como un expediente con un número determinado:

10.- Recibido el escrito de queja o denuncia, por la Secretaría Ejecutiva del Instituto, se procederá de la siguiente manera:

a) Se registrará en el libro de Gobierno;

b) Se formulará el acuerdo de recepción correspondiente;

c) Se asignará el número de expediente que le corresponda, con base en la siguiente nomenclatura:

Junta General Ejecutiva: JGE;

Queja: Q;

Partido político denunciante Vgr. PT;

Junta Local: JL; o

Junta Distrital, con el número correspondiente: Vgr. JD4; o

Consejo General: CG;

Entidad federativa: Vgr. TAB;

Número consecutivo y año: Vgr. 024/97.

En el caso de quejas presentadas por observadores electorales o las agrupaciones a las que pertenezcan, la nomenclatura se integrará de igual manera, utilizando en el lugar de las siglas relativas a la identificación del denunciante, las siguientes:

Queja de observador electoral: QOE y

Queja de organizaciones de observadores: QOO.

En el caso de quejas o denuncias presentadas por cualesquiera organización, o entidades diversas o ciudadanos en particular, se utilizarán, en el apartado correspondiente, las siglas correspondientes a su denominación, tratándose de personas morales, o de las iniciales de su nombre y apellidos, tratándose de ciudadanos a título personal, iniciando con la letra Q.

(...)'

Por lo que se aprecia de la lectura del artículo anterior existe clasificaciones distintas para actores distintos, pero en ningún caso se permite la omisión del escrito para iniciar el procedimiento correspondiente.

La ausencia de un escrito que señale los alcances y pretensiones del actor deja a la Coalición Alianza por México, que represento en completo estado de INDEFENSIÓN, pues es indeterminada la intención del actor y los alcances que pretende.

A mayor abundamiento cabe señalar que la LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL aplica de manera supletoria en los procedimientos que se sustancien en materia electoral, de tal suerte que su articulado aclara o refuerza lo señalado por la autoridad electoral, en relación al caso que nos ocupa el artículo 9 de la ley en comento señala los requisitos que debe contener cualquier impugnación:

'Artículo 9.-

a) Hacer constar el nombre del actor;

b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir;

c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería del promovente;

d) Identificar el acto o resolución impugnado y la autoridad responsable del mismo;

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado y los preceptos presuntamente violados;

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley; mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas; y

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente.

2. Cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto en el inciso f) del párrafo anterior.

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno.'

Por lo anteriormente citado; y como ya se ha señalado la ausencia de UN ESCRITO INICIAL, al cual no debería dársele entrada por las razones antes expuestas me deja en total estado de INDEFENSIÓN, al no saber la intención argumentos y alcances de las pretensiones del actor.

2. Por último, debe señalarse el alto grado de frivolidad contenido en la versión estenografica en la que supuestamente se pretende hacer valer una 'QUEJA VERBAL'(sic visto de la autoridad electoral) ya que se limitan a decir que: :

'HACER CAMPAÑA A DIPUTADO FEDERAL (/.UPOR EL 04 DISTRITO ELECTORAL DE ALIANZA POR MÉXICO, EL C. AUDOMAR AHUMANDA QUINTERO, CUANDO LOS TIEMPOS FORMALES QUE MARCA EL COFIPE NO SON PARA ESE TIPO DE ACTITUDES'

De la lectura de lo arriba citado se desprende que el actor no señala agravios concretos para controvertir algún hecho u acto. Y suponiendo sin conceder que se refiriese a una campaña electoral determinada no podría formular ningún agravio en vista del evidente vacío legal que priva sobre las precampañas.

1. No ofrecen prueba alguna en la forma debida, no existe un capitulo de pruebas en sus señalamientos en el que las pudieran relacionar, con los puntos desarrollados en su exposición de hechos.
2. No aportan medio de convicción alguno para sustentar sus aseveraciones, ni acreditan haberlas solicitado previamente a las instancias correspondientes. Se limitan a aportar un documento que dicen es un volante, pero no hay manera de que se pueda acreditar la veracidad del documento.

c) Esgrimen como argumento central que los tiempos no corresponden a lo que según el denunciante es una campaña, sin señalar legalmente cuales serian las supuestas violaciones que señala.

En razón de lo descrito en este último punto, es claro que existe otra causa de improcedencia, que es la prevista por el párrafo 3 del artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ya que el medio de impugnación resulta evidentemente frívolo y como he señalado en numerosas ocasiones deja a la Coalición Alianza por México en total y absoluto estado de INDEFENSIÓN.

Por todas las consideraciones que se han realizado, ante esta autoridad debe decretar el desechamiento de plano de la actual Queja, por ser notoriamente improcedente.

Ahora bien; si esta autoridad determina realizar el análisis de fondo del escrito; procedo a señalar lo siguiente:

De la lectura de la versión estenográfica que genera la presente controversia, se puede apreciar que los hechos narrados, en su gran mayoría, se refieren a presuntos actos realizados por

Personas que según el actor tienen relación con la Coalición Alianza por México.

Al formularse esta supuesta Queja en forma verbal se deja en estado de INDEFENSIÓN como ya se ha señalado anteriormente dejando de fijar la litis y no formulan agravio alguno encaminado a demostrar o acreditar el dicho del actor.

Por lo que deja a la Coalición Alianza por México a la que represento sin defensa ante sus argumentaciones frívolas y obscuras en cuanto a toda su argumentación como ya se ha citado y como a continuación se desarrolla:

(...) ESTO VIENE A ENARDECER EL ÁMBITO ELECTORAL, EL PROCESO EN EL QUE ESTAMOS NOSOTROS AQUÍ TRATANDO DE DAR LA MEJOR TRANSPARENCIA Y SOBRE TODO EL ASPECTO MÁS PROPOSITIVO QUE SE PUEDA DAR EN ESTE PRÓXIMO PROCESO, AQUÍ VIENE CONVOCANDO...'

De esta parte se desprende la clara oscuridad y frivolidad del actor al no determinar cuales son sus intenciones recurriendo a una prosa oscura que no acredita ningún elemento a tomarse en cuenta.

El actor no señala en forma clara que persigue o cual es su intención y pretende que la autoridad electoral subsane este hecho y formule en su nombre todos los argumentos y alcances que el impugnante (si así se le pude llamar) omite señalar.

Suponiendo sin conceder que se hubiera realizado el acto político que la parte actora establece, esta no constituye una violación a ninguna normatividad ya que es libertad del pueblo de México la libre asociación política, por lo que tanto una convocatoria como un acto político no pueden ser considerados violatorios de ninguna normatividad al estar protegidos por la Constitución y las leyes que emanan de ella.

Debiendo la autoridad electoral desechar de plano la presente, al no existir ningún elemento que pueda tenerse como valido para sustanciar un procedimiento.

Expreso en el mismo tenor, mi objeción a las pruebas ofrecidas, ya que no se señala su origen y si bien fueron presentadas ante la autoridad correspondiente, el quejoso no tiene forma de acreditar la autoría de las mismas.

Aunado a esto, suponiendo sin conceder que el documento que se anexa pudiera tener algún valor de convicción, esta sólo constituiría propaganda de PRE-CAMPAÑA, que no tiene regulación alguna en nuestra actual legislación. Además en dicho documento sólo se aprecia una invitación (como se señala en el escrito en el que se me da conocimiento de la 'DENUNCIA VERBAL') a 'miembros, simpatizantes y amigos' para a llevar a cabo una reunión, la cual no puede ser censurable en los términos que nuestra constitución marca al señalar la libertad de asociación, y asociación política."

"...8.- Por razón de método se analiza previamente las causales de improcedencia que hace valer la denunciada consistentes en que toda denuncia o queja debe hacerse por escrito, contener una narración de hechos y estar firmada por el promovente y que en el caso concreto no se cumplen esos requisitos por tratarse de una denuncia verbal, lo cual la deja en estado de indefensión.

Al respecto se debe considerar que éstos argumentos no son atendibles toda vez que, esta autoridad se encuentra facultada para iniciar un procedimiento administrativo de investigación respecto a irregularidades o faltas administrativas, que eventualmente conduzcan a la aplicación de una sanción, sin que se requiera una queja o denuncia de un partido político por escrito, sobre el particular es aplicable la tesis relevante visible en la pagina 63 y 64 de la revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de l a Federación. Suplemento número 3:

'PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO GENÉRICO EN MATERIA ELECTORAL. LA INVESTIGACIÓN DEBE INICIARSE CUANDO UN ÓRGANO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL TIENE CONOCIMIENTO DE ALGUNA VIOLACIÓN. La facultad de iniciar un procedimiento administrativo de investigación sobre irregularidades o faltas administrativas, que eventualmente culminaría con la aplicación de una sanción, no necesariamente parte del supuesto de que se haya presentado una queja o denuncia de un partido político por escrito pues también corresponde a la Junta General Ejecutiva ejercer dicha facultad cuando un órgano del Instituto Federal Electoral se lo informe, en virtud de haber tenido conocimiento, con motivo del ejercicio de sus atribuciones constitucional y legalmente conferidas, de que se ha violado una disposición del código, en relación con el sistema disciplinario en materia electoral y con respecto al contenido del párrafo 2 del artículo 270, en relación con los diversos preceptos 82, párrafo, 1, inciso h), y 86, párrafo 1, inciso 1), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En efecto, cualquier órgano del propio Instituto Federal Electoral tiene no sólo la posibilidad sino la obligación de hacer del conocimiento de las instancias competentes cualquier circunstancia que pueda constituir un acto de los sancionados por la legislación electoral, ya que el artículo 41, fracción III, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, disponen que en el ejercicio de su función estatal, el Instituto Federal Electoral tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, razón por la cual ninguno de los órganos que integran dicha institución, al ejercer las atribuciones que se prevén a su cargo en la ley, podría ignorar o dejar pasar una situación que constituyera una irregularidad en la materia y, en consecuencia, se omiso en hacer del conocimiento de la junta General Ejecutiva dicha circunstancia sino, por el contrario, tiene la obligación de informarlo, porque de no hacerlo incurriría en responsabilidad.'

9.- Que del análisis de la queja se advierte que el quejoso acusa al C. Audomar Ahumada Quintero, por estar '...realizando invitaciones como Candidato a Diputado Federal por el 04 Distrito Electoral Federal...' y '...por ' no ser los tiempos que marca el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales realizando propaganda Electoral como Candidato a la Diputación Federal...', sin estar aún registrado como candidato por su partido. Estos hechos que según el denunciante violan el artículo 177 párrafo 1 inciso a), del Código de la Materia.

Al respecto, el artículo 177 del Código sólo señala los plazos y los órganos ante quienes deben registrarse las distintas candidaturas en el año de la elección correspondiente. Por lo tanto, la simple expresión de la voluntad de participar en el proceso electoral como candidato de un partido a algún cargo no viola en ningún sentido el mencionado artículo.

De lo que antecede es importante determinar si la coalición denunciada inició campaña electoral antes del plazo establecido, al realizar propaganda para la obtención del voto a favor de quien se ha ostentado como su candidato a diputado y si con ello infringió las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que regulan la campaña electoral.

Al respecto cabe considerar que cuando las normas son claras y precisas, deben interpretarse gramaticalmente, esto es, debe extraerse su sentido atendiendo a los términos en que el texto está concebido, sin eludir su literalidad, con lo que el interprete le otorga todo el alcance que se desprende de su contenido. Lo anterior en virtud de que no es lógico que el legislador para expresar su pensamiento, se aparte de las reglas comunes del lenguaje.

Cuestión diferente acontece cuando unas disposiciones legales parecen ser incongruentes con otras o con principios pertenecientes al mismo contexto normativo, en cuyo supuesto se deberá emplear el criterio sistemático, conforme el cual, a una norma se le debe atribuir el significado que la haga lo más congruente posible con otras reglas del sistema o con los principios generales del derecho.

Sentado lo anterior, procede a analizar la legislación electoral vigente, en relación con los actos de campaña y en su caso los actos de propaganda.

Efectivamente la legislación define lo que se entiende por actos de campaña y establece el marco temporal en el que se desarrolla la misma. El artículo 182 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; señala:

1. La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto.

2. Se entienden por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

1. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado...'

Con base en este precepto se deriva la consecuencia de que la existencia de los actos de campaña están determinados por la existencia de la campaña misma, toda vez que el segundo párrafo que precisa lo que son 'actos de campaña' se enmarca en el contexto temporal del primer párrafo que define la campaña electoral; mientras que el párrafo tercero claramente señala que la propaganda electoral solo existe durante la campaña...'

10.- Al respecto, es conveniente señalar los plazos en que tiene vigencia una campaña electoral.

Sobre este particular el artículo 190 del Código Electoral dispone que:

1. Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral.

2. El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales....'

De una interpretación sistemática del artículo 190 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tenemos que el párrafo 1 de este artículo determina el momento en el que se realiza los actos de campaña y se despliega la propaganda electoral, esto es durante lo que se denomina legalmente como 'campaña'. Fuera de ese periodo de tiempo los actos de los partidos no pueden entenderse como 'actos de campaña' ni el material producido y difundido, como propaganda electoral propiamente dicha. Por lo mismo sólo cabría sancionar a los partidos que transgredan la prohibición expresa del párrafo del artículo anteriormente citado.

Ciertamente el segundo párrafo del artículo 190 si supone una prohibición expresa a los partidos políticos, no realizar determinados actos dentro de un lapso de tres días anteriores a la jornada electoral. Dado que esta prohibición no se encuentra establecida para el periodo anterior al inicio de las campañas, no procedería fincar una responsabilidad administrativa a los partidos políticos que realizan actos propagandísticos (siempre y cuando estos sean lícitos y se encuentren dentro del ámbito de sus funciones como entidades de interés público) antes del periodo de campaña, dichos actos no serían considerados como 'de campaña' porque no ha iniciado la campaña misma.

En efecto, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no contienen ninguna mención precisa sobre actividades partidarios de propaganda que se realicen fuera de los periodos definidos en el artículo 190, por ello cualquier actividad que se lleve a cabo antes de la sesión de registro de candidaturas no constituye, propiamente propaganda electoral sujeta a regulación.

Es conveniente reiterar que durante la campaña electoral se establece derechos y obligaciones de los partidos políticos, coaliciones y candidatos, los cuales están normados en términos de los artículos 182-A al 189 del Código Electoral, de tal manera que puede decirse que hay un periodo regulado y otro de prohibición absoluta, que es al que se refiere el artículo 190 párrafo 2, que abarca la jornada electoral y los tres días anteriores a ella, en los que no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electoral, de lo que se puede deducir que los supuestos que no se encuentren en ninguna de las circunstancias de tiempo antes señaladas, no fueron previstos por el legislador.

En ese contexto y en términos de lo que señala el artículo 182 párrafo 3, debe decirse que la propaganda contenida en la invitación a un acto de proselitismo, hecha por la coalición Alianza por México y el C. Audomar Ahumada Quintero como lo afirma el quejoso, no constituye propiamente propaganda electoral. En efecto, la disposición anteriormente invocada está contenida dentro del capítulo segundo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo a las campañas electorales y establece claramente que la propaganda electoral se produce y difunde durante la campaña electoral por partidos políticos y candidatos, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Sin embargo, los actos de propaganda previos al registro de candidatos, como se ha expresado en líneas anteriores, por una laguna de la ley electoral vigente no están reguladas, razón por la cual debe concluirse que la coalición y el ciudadano denunciados no incurrieron en las irregularidades que le imputa el denunciante, por lo que resultan improcedentes la queja y en consecuencia, procede someter el presente dictamen a la consideración del Consejo General, para que en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 82 , párrafo 1 inciso a) del Código Electoral determine lo conducente..."

I.- Que mediante resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral adoptada en su sesión ordinaria del 17 de diciembre de 1999, se acordó favorablemente la solicitud del registro de la coalición denominada 'Alianza por México' para postular candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos planteados por el Partido de la Revolución Democrático, el Partido del Trabajo, Convergencia por la Democracia, el Partido de la Sociedad Nacionalista y el Partido Alianza Social.

La resolución de referencia se público en el Diario Oficial de la Federación de 3 de enero de 2000.

II. La Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión del Consejo General del Instituto Federal Electoral planteó llevar acabo y organizó el Programa de Formación y Desarrollo Profesional denominado 'Foro para la discusión de las plataformas electorales de los partidos políticos y coaliciones', al cual se nos convocó e informó la participación del representante de la coalición 'Alianza por México', y que tuvo verificativo el 13 de los corrientes en el auditorio de ese organismo público a cargo de la función estatal electoral. En esa fecha se llevó a cabo la ceremonia inaugural y se celebraron sendas mesas redondas correspondientes a los temas: Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas; Procuración y Administración de Justicia; Política Social y Política Económica.

En el capítulo de pruebas se hace referencia a las documentales públicas que dan cuenta de la realización del programa referido.

Al hacer referencia al hecho de que se ocupa este punto, en representación del Partido Revolucionario Institucional deseo dejar claramente asentado que la presentación de esta queja en nada entraña dejar de reconocer y encomiar la actitud del Instituto Federal Electoral de convocar y llevar a cabo el 'Foro para la discusión de las plataformas electorales de los partidos políticos y coaliciones', toda vez que su realización propicio la exposición al público interesado y, en general al electorado de los diagnósticos y las propuestas contenidas en las plataformas electorales de las formaciones políticas que participamos en el proceso electoral federal del presente año, como una forma específica de dar cumplimiento al párrafo 4 del artículo 182 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El Partido Revolucionario Institucional sostiene y seguirá manifestando que este tipo de foros constituye un escenario adecuado para la expresión de las fuerzas políticas nacionales, la incorporación de las ideas al debate político y la elevación de los niveles de convivencia democrática a que aspiramos los mexicanos en el horizonte de la jornada electoral del próximo 2 de julio.

III.- Es el caso que en la que en la segunda de dichas mesas, fue designado como representante de la coalición denominada 'Alianza por México' el señor Leonel Godoy Rangel. Dicha mesa se llevó a cabo, aproximadamente, entre las doce treinta y catorce treinta horas del propio trece de los corrientes, actuando como moderador el Consejero Electoral doctor Jaime Cárdenas Gracia.

Al tenor de la naturaleza del foro en cuestión; de la correspondencia cruzada por la Consejera Electoral doctora Jaqueline Peschard, Presidenta de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión; y de la participación misma del señor Godoy Rangel, se desprende que la actuación de éste fue con el carácter de representante de la coalición ya mencionada.

IV. Con motivo de la gestión administrativa que principio el 5 de diciembre de 1998 para el Gobierno del Distrito Federal, el señor Leonel Godoy Rangel fue designado como Subsecretario de Gobierno. Posteriormente, con base a la licencia solicitada por el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, al cargo de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y la designación de la licenciada Rosario Robles Berlanga como titular de esa función, el señor Godoy Rangel fue designado Secretario de Gobierno del Distrito Federal. En tal virtud, a partir del día 30 de septiembre de 1999, ha venido desempeñando ese encargo público, y lo desempeña hasta la fecha.

No obstante que las designaciones de referencia del señor Godoy Rangel constituyen un hecho notorio, su ejercicio de la función pública mencionada se plantea acreditar mediante la forma en que lo detallo en el capitulo de Pruebas.

V.- De conformidad con el horario de labores vigente - que es del dominio público - para el personal que desempeña sus labores en oficinas administrativas centrales del Gobierno de la ciudad de México, la participación del señor Leonel Godoy Rangel en el foro para la Discusión de las Plataformas Electorales de los Partidos y Coaliciones se llevó acabo en tiempos incompatibles para que los funcionarios del Gobierno de la ciudad de México se dediquen a actividades distintas a las que se encuentran vinculados en razón de su encargo, entre las que se incluyen las de representación y proselitismo a favor del partido político en el que militen o la coalición de la que dicha organización forme parte.

Como es de todos sabido, durante el horario hábil de trabajo de los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal se desarrollo la mesa dos en la que participó el señor Leonel Godoy Rangel.

II. En los términos del inciso a) del párrafo 1 del articulo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos nacionales están obligados a 'conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del estado democrático...'. A su vez, en el artículo 23 del ordenamiento citado se prevé que los partidos políticos 'ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el presente Código' y que el Instituto Federal Electoral 'vigilará que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a la ley'.

De acuerdo con el inciso a) del párrafo 1 del artículo 25 del propio código electoral federal en vigor, la declaración de principios de todo partido político debe contener invariablemente el compromiso de esa organización por observar la Constitución y ... respetar las leyes e instituciones que de ella emanen ...'.

III.- Al tenor de lo previsto por el artículo 59, párrafo 1, inciso d) del propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como del punto segundo del Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el instructivo que deberán observar los partidos políticos nacionales que busquen formar coaliciones para las elecciones, entre otras, de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el proceso electoral federal del año 2000, se desprende que las coaliciones que aspiran al registro como tal en el proceso electoral vigente deberían contar, entre otros instrumentos, con una declaración de principios, entre cuyos requisitos debería figurar necesariamente 'la obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen'.

IV. En el considerando 20 de la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la solicitud de registro de la coalición denominada 'Alianza por México' para postular candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de participar en el proceso electoral federal del año 2000, bajo esta modalidad legal que presentan los partidos políticos nacionales denominados Partidos de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, Partido de la Sociedad Nacionalista y Partido Alianza Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 3 de enero de 2000, se expresa 'que la presidencia del Consejo General verificó que la declaración de principios, programa de acción y estatutos de la coalición daban cumplimiento al artículo 25, párrafo 1, incisos a), b), c), en su parte conducente y d)...'.

V. Que en el artículo 182 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se establece que la campaña electoral 'es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto'. Al tiempo que se 'entienden por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas'. De igual forma, describe que 'las actividades de campaña ... deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión se hubieren registrado'.

En su oportunidad, la coalición denominada 'Alianza por México' registró la plataforma electoral que sostiene para el presente proceso electoral, en términos de lo previsto por el artículo 176 de la ley electoral federal, en relación con lo dispuesto por su artículo 63, párrafo 1, inciso f), para la procedencia del registro de un convenio de coalición.

VI. De acuerdo al inciso a) del párrafo 2 del artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, procede la imposición de las sanciones previstas en el párrafo 1 de ese precepto a los partidos políticos y coaliciones que incumplan con las obligaciones previstas en el artículo 38 del ordenamiento invocado o en cualquiera otra de sus disposiciones.

VII. En términos de lo previsto por el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución General de la República, del apartado C del artículo 122 de la propia Carta Magna y del artículo 15 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, los servidores públicos del órgano ejecutivo de gobierno de la ciudad de México se regularán para efectos de las responsabilidades en que pudieran incurrir como funcionarios, 'por la ley federal de la materia en los términos del Titulo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'.

VIII. En los términos del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, todo funcionario esta obligado a cumplir con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de su empleo o encargo, al tiempo que su incumplimiento resulta sancionable. En particular, la fracción I de esta disposición establece que los servidores públicos están obligados a 'cumplir con la máxima dirigencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión'

Toda vez que la coalición denominada "Alianza por México" se encuentra obligada al cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las Leyes que de ella emanen, la designación para que en su representación, un funcionario público del Gobierno de la ciudad de México participara en un acto político que forma parte de las múltiples actividades de campaña electoral que realizan los partidos políticos y las coaliciones en el presente proceso electoral, durante las horas laborables de una jornada hábil de trabajo, constituye una violación al deber de conducir sus actividades dentro de los causes legales.

Es evidente que la convocatoria y designación de un servidor público para actuar en representación de la coalición mencionada, por encima de los deberes a que aquél se encuentra vinculado para la prestación de la función que se le ha encomendado, entraña una falta de respeto y apartamiento de las normas que rigen la función pública. Desde luego que todo ciudadano, sea o no servidor público, tiene pleno derecho a militar en la organización política de su preferencia y a realizar las tareas inherentes a su militancia, pero siempre dentro del limite de las obligaciones a que se encuentre constriñido por la función pública encomendada. Los servidores públicos pueden y de hecho participan en actividades políticas de carácter partidario, pero sin que ello implique dejar de cumplir estrictamente con sus obligaciones como funcionario.

I. La documental pública consistente en la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral (CG162/99) sobre la solicitud de registro de la coalición denominada 'Alianza por México' para postular candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de participar en el proceso electoral federal del año 2000, bajo esta modalidad legal, que presentan los partidos nacionales denominados Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, Partido de la Sociedad Nacionalista y Partido Alianza Social, adoptada en la sesión ordinaria celebrada por el propio Consejo General el 17 de diciembre de 1999.

Esta documental obra en los archivos de la Secretaría ejecutiva, por lo que ruego se agregue a este escrito de queja, sin dejar de abundar en que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2000.

La prueba en cuestión se relaciona con el punto I del capítulo de Hechos y demuestra el registro de la coalición 'Alianza por el Cambio'.

II. Las documentales públicas consistentes en los oficios CEJP/043/2000; y CE/052/00 de fechas 24 de marzo próximo pasado y 3 de abril en curso, dirigidos al suscrito por la Doctora Jacqueline Peschard, Presidenta de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión, relativos a la organización y realización del 'foro para la discusión de las plataformas electorales de los partidos políticos y coaliciones', que en copia simple exhibo como anexos 1 y 2 de la presente queja y cuyo cotejo con los originales solicito a la Secretaría Ejecutiva del Instituto, para efectos de que obre una copia certificada en el expediente.

Estas pruebas las relaciono con lo expresado en los puntos II y III del capitulo de Hechos y acreditan: a) la organización del 'Foro para la discusión de las plataformas electorales de los partidos políticos y coaliciones' el día jueves 13 de abril de las 9:30 a las 20:30 horas, en el auditorio del Instituto Federal Electoral; b) la solicitud de designación de los expositores por parte de los partidos políticos o coaliciones y c) la participación en el foro del representante de la 'Alianza por México'.

III. La documental privada consistente en el programa del 'Foro para la discusión de las plataformas electorales de los partidos políticos y coaliciones', que como anexo 3 acompaño a la presente queja en donde aparece como participante en la mesa 2, en representación de la coalición denominada 'Alianza por México', el señor Leonel Godoy Rangel.

Esta prueba la relaciono con lo afirmado en el punto 3 del capitulo de Hechos y prueba fehaciente que la coalición 'Alianza por México' acreditó como su representante al señor Leonel Godoy Rangel.

IV. La documental privada consistente en la versión esteneográfica de la mesa 2 del 'Foro para la discusión de las plataformas electorales de los partidos políticos y coaliciones', en la que actuó como moderador el Consejero Electoral doctor Jaime Cardenas Gracia, y que por este conducto solicito a la Secretaría Ejecutiva se agregue como anexo al expediente que se abra con motivo de la presente queja.

Esta prueba la relaciono con lo afirmado en el punto 3 del capitulo de Hechos acreditando la participación del Sr. Godoy Rangel en la 'Mesa 2 Procuración y administración de justicia' del 'Foro para la discusión de las plataformas electorales de los partidos políticos y coaliciones', en el horario de las 12:30 a las 14:30 horas del día 13 de abril del presente año.

V. La prueba técnica consistente en la videograbación de las intervenciones que se produjeron en la mesa 2 del 'Foro para la discusión de las plataformas electorales de los partidos políticos y coaliciones', y que por este conducto solicito a la Secretaría Ejecutiva se agregue como anexo al expediente que se abra con motivo de la presente queja.

Esta prueba la relaciono con lo afirmado en el punto 3 del capitulo de Hechos y pureba: a) la celebración del Foro el día 13 de abril del año en curso; b) la participación del Sr. Leonel Godoy Rangel como representante de la coalición 'Alianza por México' en la 'Mesa 2 Procuración y administración de justicia'.

VI. La documental pública consistente en el nombramiento del Sr. Leonel Godoy Rangel como Secretario de Gobierno del Distrito Federal, misma que fue solicitada al órgano ejecutivo de gobierno de la ciudad de México con esta fecha, pidiéndose a usted por esta vía, señor Presidente del Consejo General que con relación a la presente queja se sirva disponer la formulación de la solicitud correspondiente por parte del Instituto Federal Electoral en términos del artículo 131 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Al efecto, ruego a usted se sirva precisar en la solicitud correspondiente si a la fecha y desde su nombramiento como Secretario de Gobierno del Distrito Federal, el señor Leonel Godoy Rangel ha venido desempeñando ese encargo.

Esta prueba la relaciono con lo afirmado en el punto IV del capitulo de Hechos y acredita el carácter de servidor público del Sr. Leonel Godoy Rangel.

VII. La presuncional en su doble aspecto, legal y humana, que hago consistir en todo aquello que favorezca a los intereses del Partido Revolucionario Institucional.

VIII. La instrumental de actuaciones que hago consistir en todas que las constancias que integran este expediente que favorezca a los intereses del Partido Revolucionario Institucional"

"El día doce de mayo del año que transcurre, fue notificada y emplazada la coalición que represento, en virtud de existir una queja administrativa presentada por quien se ostenta como Marco Antonio Zazueta Félix y como representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por un presunto incumplimiento de las obligaciones de la Coalición Alianza por México, con lo cual a su juicio se incumple la nomatividad en materia electoral federal.

Ahora bien; previo a la contestación de los hechos y el derecho que pretende hacer valer el quejoso, siendo que las causas de improcedencia son de orden público y por tanto su estudio es preferente, esta H. Autoridad debe revisar los requisitos de procedencia para que sea factible incurrir en posibles actos de afectación en perjuicio de mi representado.

El numeral once de los Lineamientos Generales para el conocimiento de las Faltas Administrativas y de las Sanciones, previstas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece como una causa de improcedencia y por tanto de desechamiento de plano, el que los hechos narrados resulten evidentemente frívolos. El contenido de dicho precepto señala textualmente lo siguiente:

'll.- Si el escrito de queja o denuncia, no contara con la firma autógrafa del denunciante o, en su caso, del representante o dirigente acreditado ante el órgano del Instituto que recibió dicho escrito; o los hechos narrados resultaran evidentemente frívolos o no se aportara prueba alguna, el Secretario Ejecutivo elaborará el proyecto de dictamen proponiendo el desechamiento del asunto, el cual será sometido a la consideración de la Junta General Ejecutiva.'

En relación con lo anterior, el entonces Tribunal Federal Electoral sostuvo el siguiente criterio, que forma parte del acervo jurisprudencial en materia electoral.

RECURSO FRÍVOLO. QUE DEBE ENTENDERSE POR.- 'Frívolo', desde el punto de vista gramatical significa ligero, pueril, superficial, andino; la frivolidad en un recurso implica que el mismo deba resultar totalmente intrascendente, esto es, que la eficacia jurídica de la pretensión que haga valer un recurrente se vea limitada por la subjetividad que revisan los argumentos plasmados en el escrito de interposición del recurso.

ST-V-RIN-202/94.- Partido Acción Nacional. 25-IX-94 Unanimidad de votos.

ST-V-RIN-206/94.- Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 30-IX-94. Unanimidad de votos.

De la simple lectura del escrito de queja que presenta el partido inconforme, se desprende con claridad el alto grado de frivolidad que revisten sus argumentos. En primer término el inconforme se limita a realizar una narración de hechos para posteriormente hacer un desarrollo de lo que denomina 'derecho'. Sin embargo, tales capítulos se encuentran totalmente desarticulados, es decir, no se señala razonamiento lógico-jurídico alguno tendente a demostrar el por que considera el inconforme que con los hechos narrados se pudiera incurrir en alguna violación a la normatividad electoral federal.

Esto se hace evidente, cuando el inconforme no encuentra argumentos jurídicos para sustentar la presunta violación por la que se queja y decide redactar un capítulo que denomina 'conducta sancionable'; en el que en dos párrafos, vierte una serie de argumentos totalmente subjetivos con los que pretende acreditar la presunta violación alegada, que según se hace consistir en el hecho de que un funcionario del Gobierno del Distrito Federal hubiera acudido a un acto académico organizado por el Instituto Federal Electoral.

La frivolidad del escrito de referencia queda también demostrada si atendemos a lo alegado por la misma representación del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral; la cual en sesión ordinaria de dicho órgano colegiado celebrada con fecha veintisiete de abril del año que transcurre sostuvo literalmente lo siguiente:

'(...)

Creo que es una exageración lo que se insinúa, de que un ciudadano por el hecho de ejercer un cargo público, por esa sola circunstancia tenga cancelados sus derechos políticos. Pero le agradezco la sugerencia y voy a tomar las medidas necesarias para que el Partido Revolucionario Institucional plantee la queja correspondiente.'

Tal argumento es visible en la hoja ciento setenta y ocho del Acta de la sesión del Consejo General a que se ha hecho alusión, correspondiente a la discusión del punto número veinte del Orden del Día; y que obra en poder de esta autoridad por lo que solicito sea integrada al expediente en copia certificada para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 270 párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Lo anterior, deja perfectamente acreditado que el mismo partido inconforme considera que la conducta por la que ahora se queja, no es sancionable por la ley electoral. Sin embargo, de manera por demás contradictoria decide, por una 'ocurrencia' que tuvo en dicha sesión, instaurar un procedimiento administrativo en contra de mi representada, aún en contra de sus propias convicciones, y con fines eminentemente políticos y no jurídicos. Circunstancia que, por sí misma, es violatoria de lo dispuesto por el numeral 38 párrafo I inciso a) del Código Electoral Federal que establece como una obligación de los institutos políticos ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

Al resultar evidente la frivolidad de la denuncia que se contesta, solicito respetuosamente a la Junta General Ejecutiva y en su momento al Consejo General el desechamiento de plano del escrito tantas veces citado.

Por otra parte, el recurrente en el desarrollo de su escrito muestra una profunda confusión especto a las facultades con que cuenta el órgano al que pretende someter la jurisdicción de su denuncia. En el desarrollo de su escrito imputa una serie de conductas no a la coalición que represento, sino al Licenciado Leonel Godoy Rangel, funcionario de la administración pública del Distrito Federal. Llega al extremo en su temerario escrito, de hacer alusión a presuntas obligaciones a que se encontraría sujeto el citado funcionario en relación con la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos (puntos siete y ocho romanos de su capítulo de hechos).

Además de resultar totalmente irrelevantes tales consideraciones para esta autoridad electoral, con ellas se demuestra que el partido inconforme pretende hacer valer cuestiones, cuya competencia por materia correspondería, en su caso, a las autoridades facultadas para aplicar la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos o a la autoridad en materia penal.

Lo anterior en el supuesto no aceptado que realmente se configuraran las conductas por las que se queja el partido inconforme, lo cual es absolutamente falso por las razones que se expondrán más adelante.

Resulta evidente que no existe en el escrito de queja, alguna posible conducta irregular en la que podría haber incurrido mi representada; por lo que el asunto que nos ocupa quedaría totalmente fuera de la jurisdicción de esta autoridad electoral, razón por la cual deberá declararse incompetente.

Sin embargo, sí esta Junta General Ejecutiva y en su momento el Consejo de General del Instituto Federal Electoral decidieran conocer del fondo del asunto en al queja que nos ocupa; procedo a dar en forma cautelar:

En términos generales la razón por la que se queja el partido inconforme es por que el Licenciado Leonel Godoy Rangel asistió como ponente al 'Foro para la discusión de las plataformas electorales de los partidos políticos y coaliciones'; organizado por el Instituto Federal Electoral con fecha trece de abril del presente año.

La razón principal de la inconformidad se hace consistir en el hecho de que, en opinión del partido impugnante, el foro organizado por el Instituto Federal Electoral fue, cito 'un acto político que forma parte de las múltiples actividades de campaña electoral que realizan los partidos políticos y las coaliciones en el presente proceso electoral', relacionando tal evento con lo dispuesto por el artículo 182 párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Señala además el inconforme que existiría violación a la ley , por que el funcionario público acudió a tal evento a su juicio 'durante las horas laborales de una jornada hábil de trabajo', y en su opinión dejó de cumplir con sus obligaciones como funcionario.

Como se ha dicho, no existe una violación concreta a la ley electoral federal que se impute a la coalición que represento; pero aún en el supuesto no aceptado que la hubiera, la asistencia del Licenciado Leonel Godoy Rangel al foro organizado por el Instituto, de ninguna manera constituye alguna violación ni a la ley electoral, o a algún otro ordenamiento legal.

Esto es así, por que el partido inconforme parte de la premisa falsa de que el foro organizado por el Instituto Federal Electoral es un acto de campaña en el que se realizaron actos de propaganda; lo cual es absolutamente falso y temerario.

Para acreditar lo anterior, es suficiente que se lean con detenimiento las palabras de la Doctora Jacqueline Peschard Mariscal Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Federal Electoral y organizadora del evento, tanto en el oficio con el que se invita a los partidos políticos a participar en dicho evento, como en la versión estenográfica que recoge sus palabras en la inauguración del multicitado foro:

OFICIO DE INVITACION:

(ofrecido por la parte quejosa como prueba y que por tanto obra en el expediente)

'(...)

Me es muy grato informarle en el marco de las actividades que el Instituto Federal Electoral lleva a cabo de manera permanente para promover el voto, coadyuvar a la difusión de la cultura democrática y al fortalecimiento del sistema de partidos políticos y por considerarlo un tema especialmente relevante para el Proceso Electoral Federal en curso, se ha organizado el Foro para la Discusión de las Plataformas Electorales de los Partidos y Coaliciones ...'

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LAS PALABRAS DE BIENVENIDA AL FORO:

(Que obra en poder de esta autoridad, por lo que solicito sea integrada al expediente en copia certificada, con fundamento en el artículo 270 párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.)

'(...)

Ahora bien, ciertamente las campañas tienen ese propósito, el desplegar sus distintas ofertas para a partir de ello atraerse el apoyo de elector, pero no resultará difícil reconocer que con frecuencia las propias campañas no permiten el análisis de las propuestas a profundidad, Además de que a veces son escasos los espacios para contrastar y comparar las distintas propuestas.

En efecto, hoy en día, el grueso de las campañas que se hacen en los medios electrónicos privilegian la imagen y el impacto que se logre tener sobre la audiencia, dejando de lado una comunicación más detenida y refregaba entre los contendientes electorales.

El fortalecimiento de nuestro sistema de partidos políticos reclama que los diagnósticos sobre los problemas nacionales y regionales y las diferentes alternativas para solucionarlos alcancen la mayor penetración en el tejido social, es decir, que se conviertan en referentes político programático permanentes. De ahí entonces el propósito de un evento como el que hoy ha organizado el Instituto Federal Electoral.

De hecho, al organizar este evento para la difusión de las plataformas electorales de los partidos políticos y las coaliciones, el IFE busca cumplir con mandatos legales específicos y por demás evidentes: por un lado promover la cultura política de los ciudadanos y, por el otro, fortalecer nuestro sistema de partidos. Estamos seguros que la contribución que hagan nuestros invitados, y la acuciosa atención de todos ustedes permitirán alcanzar tal objetivo.

Por último, quiero expresar mi profundo agradecimiento a las distintas áreas del Instituto que colaboraron para hacer posible este evento. A las Coordinaciones de Asuntos Internacionales y de Comunicación Social por su apoyo en la difusión de este evento; a la Dirección del Secretariado y a las Direcciones Ejecutivas de Administración, de Capacitación Electoral y Educación Cívica por su indispensable respaldo logístico y desde luego este evento no habría sido posible sin la abierta disposición de todos los Partidos Políticos y coaliciones. Finalmente, son ellos quienes en este momento y en la difusión de sus plataformas tienen la palabra.

(...)'

De lo citado textualmente se desprende con claridad que, contrario a lo que afirma el quejoso, el Foro para la Discusión de las Plataformas Electorales de los Partidos Políticos y Coaliciones, no fue un acto que la coalición Alianza por México haya organizado para los efectos de lo dispuesto por el artículo 182 párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; sino que fue un evento planteado, organizado y financiado por el Instituto Federal Electoral en ejercicio de sus atribuciones legales, que entre otras, le facultan a promover la cultura política democrática de los ciudadanos y fortalecer el sistema de partidos políticos, según puede apreciarse del contenido del artículo 69 párrafo 1 incisos a), b) y g) del código de la materia.

Es decir, que fue un acto organizado por el Instituto Federal Electoral, financiado por el mismo y realizado en la sede del organismo al cual, dicho sea de paso, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere carácter autónomo.

Situación que trae como consecuencia lógica, jurídica y necesaria que el multicitado foro haya sido un acto eminentemente académico.

Esto se refuerza si se atiende también a la intervención que tuvo el Licenciado Leonel Godoy Rangel en el foro del que se ha hecho mérito, en dos rondas y en una serie de preguntas y respuestas, en la que en ningún momento realizó algún acto de propaganda.

Por otro lado, cabe señalar que el representante del partido quejoso presume que el funcionario público identificado es militante de la Coalición que represento. Asume también como un hecho comprobado que tal persona habría asistido al evento, a su juicio, 'durante las horas laborales de una jornada hábil de trabajo', y dejando de cumplir, en su opinión, con sus obligaciones como funcionario público.

Pretende que esta autoridad asuma que el horario de labores del funcionario es un hecho 'notorio' o del 'dominio público', y partiendo de esa base asume como un hecho comprobado el que dicha persona dejó de cumplir con sus obligaciones como funcionario.

Sin embargo no expresa razonamiento alguno para acreditar el por que a su juicio es un hecho notorio o del dominio público el horario de labores del Licenciado Leonel Godoy Rangel, pasando por alto que es principio general de derecho que 'quien afirma está obligado a probar', máxima recogida por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en su artículo 15 párrafo 2; disposición de aplicación supletoria en el caso que nos ocupa.

Misma circunstancia ocurre respecto a la presunta militancia del ciudadano multirreferido, ya que no aporta elemento de prueba alguno para acreditar que sea militante del órgano político que represento.

Ha quedado plenamente probado que no existe un acto imputable a la coalición electoral que represento en el escrito que se contesta. De igual manera se ha acreditado que el evento organizado por el Instituto Federal Electoral tuvo características únicamente de un acto académico. Pero aún en el supuesto no aceptado que se hubiera tratado de un acto de campaña o propaganda realizado por la coalición que represento, pretender limitar la participación del funcionario aludido en dicho evento constituiría una violación directa a sus derechos políticos consagrados en nuestra Ley Fundamental.

Por otra parte, cabe señalar que si en opinión del Partido Revolucionario Institucional, la participación de un funcionario público en un acto de proselitismo constituye una violación a la legislación electoral federal; solicito respetuosamente a esta Junta General Ejecutiva que inicie un procedimiento administrativo de sanciones en contra del referido partido político, en razón de que ha sido del conocimiento de la Junta General Ejecutiva y del Consejo General, y ha quedado debidamente acreditado en hoja diez de la resolución dictada en el expediente identificado con el número Q-CFRPAP/01/00/AMvsPRI por el Órgano Superior de Dirección del Instituto Federal Electoral como punto número veinte del Orden del Día de la sesión celebrada con fecha veintisiete de abril del presente año, que el Gobernador del estado de Durango Lic. Angel Sergio Guerrero Mier, asistió a un evento organizado por el partido político ahora inconforme, evento en el que se desarrollaron actos eminentemente proselitistas y de campaña.

Por todo lo antes expuesto, deben declararse infundados los argumentos del quejoso en el caso de que se decidiera entrar al estudio de fondo del asunto.

1. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la versión estenográfica de la sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral celebrada con fecha veintisiete de abril del año que transcurre, en la parte correspondiente a la discusión del punto número veinte del Orden del Día.

2. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la versión estenográfica de la palabras de bienvenida de la Consejera Electoral Jacqueline Peschard Mariscal, al Foro para la Discusión de las Plataformas Electorales de los Partidos y Coaliciones.

3. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en informe que deberá rendir el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, respecto a la forma en que fue financiado el evento multirreferido, organizado por el instituto.

4. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la opinión por escrito que deberá solicitarse a la Consejera Electoral Jacqueline Peschard Mariscal Presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y organizadora del evento, en la que precise sí el evento de mérito consistió en un acto de campaña o de propaganda, o en un acto académico realizado por el Instituto Federal Electoral.

5. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en las constancias que obran en el expediente que se forme con motivo del presente trámite administrativo, en todo lo que beneficie a mi representado.

6. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO.- consistente en todo lo que esta H. Autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento.

Respecto a las tres primeras documentales ofrecidas, obran en poder de esta autoridad por lo que solicito sean integradas al expediente en copia certificada para los efectos legales a que haya lugar. La cuarta de las probanzas listadas solicito respetuosamente sea requerida a la Presidencia de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Todo lo anterior, con fundamento en el artículo 270 párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Las anteriores probanzas se relacionan con los puntos del capítulo de improcedencia y de contestación a los hechos y el derecho del escrito de queja que se contesta."

"7.- Que del análisis de las constancias que obran en el expediente que se estudia se desprende lo siguiente:

Que el Partido Revolucionario Institucional formuló queja en contra de la Coalición Alianza por México en los términos que han quedado plasmados en el resultando I del presente proyecto de dictamen, argumentando sustancialmente que la Coalición denunciada designó como representante para participar en el Foro para la Discusión de las Plataformas Electorales de los Partidos y Coaliciones, organizado por este Instituto y que tuvo verificativo el trece de abril del año en curso, al Señor Leonel Godoy Rangel, quien tiene el cargo de Secretario de Gobierno del Distrito Federal y cuya participación se llevo a cabo en tiempos incompatibles para que los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, se dedique a actividades distintas a las que se encuentran vinculados en razón de su cargo, es decir, durante las horas laborales de una jornada hábil de trabajo dejando de cumplir con ello sus obligaciones como funcionario.

Por su parte la Coalición Alianza por México esgrimió en su defensa que no existe violación concreta a la Ley electoral que se impute a su representada, ya que la asistencia del Lic. Leonel Godoy Rangel al foro organizado por el Instituto Federal Electoral, de ninguna manera constituye alguna violación ni a la Ley electoral ni a otro ordenamiento legal.

8.- Previo al estudio de los argumentos de las partes, y por razón de método se procede al análisis de la causal de improcedencia hecha valer por el denunciado, consistente en que la queja que nos ocupa reviste un alto grado de frivolidad, en virtud de que el quejoso se limita a realizar una narración de hechos en los cuales no se señalan razonamientos lógico-jurídicos tendientes a demostrar que la Coalición Alianza por México incurrió en una violación a la normatividad federal electoral.

Por lo que respecta a esta causal de improcedencia, debe decirse que esta autoridad considera que es operante, toda vez que tal y como lo señala el denunciado los hechos narrados por el quejoso resultan ser evidentemente frívolos, al no existir motivo o fundamento para la formulación de la queja en contra de la Coalición Alianza por México.

En efecto, como lo afirma la Coalición denunciada se trato de un acto organizado por el Instituto Federal Electoral, el cual tuvo un carácter eminentemente académico, sin el propósito de constituir propaganda política a favor de partido político alguno. Por lo que el C. Lic. Leonel Godoy Rangel únicamente asistió como ponente a dicho evento por lo que no puede interpretarse su intervención en el mismo como un acto de proselitismo.

Al respecto es conveniente precisar que debe de entenderse por frivolidad.

En sentido gramatical el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se ha pronunciado al manifestar que el término frivolidad se utiliza para denotar una actividad pasiva, superficial, poco seria, poco profunda, de escaso valor, sin interés, sin sustancia, verdaderamente trivial, insignificante y común y corriente.

Asimismo el entonces Tribunal Federal Electoral sostuvo el siguiente criterio:

'RECURSO FRIVOLO. QUE DEBE ENTENDERSE POR.- 'Frívolo', desde el punto de vista gramatical significa ligero, pueril, superficial, anodino, la frivolidad en un recurso implica que el mismo debe resultar totalmente intrascendente, esto es, que la eficacia jurídica de la pretensión que haga valer un recurrente se vea limitada por la subjetividad que revistan los argumentos plasmados en el escrito de interposición del recurso.

ST-V-RIN-202/94. Partido Acción Nacional. 25-IX-94. Unanimidad de votos.

ST-V-RIN-206/94. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 30-IX-94. Unanimidad de votos.'

Con base en lo anterior, podemos concluir que los argumentos vertidos por el promovente en el escrito de queja que nos ocupa, son totalmente intrascendentes, al pretender que esta autoridad sancione a la Coalición Alianza por México, por haber nombrado como su representante al Lic. Leonel Godoy Rangel, Secretario de Gobierno del Distrito Federal, para participar como ponente en el Foro para la Discusión de las Plataformas Electorales de los Partidos Políticos y Coaliciones, que se llevó a cabo el 13 de abril del año en curso, en el Auditorio de este Instituto, sin acreditar con ello alguna violación en que hubiere incurrido la citada Coalición.

En efecto, los hechos narrados por el quejoso resultan evidentemente frívolos, pues de ninguna manera se demuestra que la coalición haya transgredido con su conducta alguna norma establecida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues únicamente se señala como supuesta violación el que el Lic. Leonel Godoy Rangel, al ser Secretario de Gobierno del Distrito Federal haya participado en el Foro para la Discusión de las Plataformas Electorales de los Partidos Políticos y Coaliciones, en horas laborable de una jornada hábil de trabajo, lo que de ninguna manera implica haber infringido algún precepto del ordenamiento antes citado.

A mayor abundamiento este Instituto Federal Electoral únicamente puede sancionar a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas en los casos que señala el artículo 269 del Código Electoral que a letra dice lo siguiente:

'Artículo 269

1. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, miembros o simpatizantes, podrán ser sancionados:

1. Con multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal;
2. Con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la resolución;
3. Con la supresión de la entrega de las ministraciones del financiamiento que les corresponda, por el período que señale la resolución;
4. Con la suspensión de su registro como partido político o agrupación política; y
5. Con la cancelación de su registro como partido político o agrupación política.

2. Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior podrán ser impuestas cuando:

1. Incumplan con las obligaciones señaladas en el artículo 38 y demás disposiciones aplicables de este Código;
2. Incumplan con las resoluciones o acuerdos del Instituto Federal Electoral;
3. Acepten donativos o aportaciones económicas de las personas o entidades que no estén expresamente facultados para ello o soliciten crédito a la Banca de Desarrollo para el financiamiento de sus actividades, en contravención a lo dispuesto por el artículo 49, párrafo 2 y 3, de este Código;
4. Acepten donativos o aportaciones económicas superiores a los límites señalados en el artículo 49, párrafo 11, inciso b), fracciones III y IV de este Código.
5. No presenten los informes anuales o de campaña en los términos y plazos previstos en los artículos 35 y 49-A de este Código;
6. Sobrepasen durante la campaña electoral los topes a los gastos fijados conforme al artículo 182-A de este Código; y
7. Incurran en cualquier otra falta de las previstas en este Código.

3. Las sanciones previstas en los incisos c) al e) del párrafo 1 de este artículo, sólo podrán imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea particularmente grave o sistemático. La violación a lo dispuesto en el inciso o) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código, se sancionará, si la infracción se comete durante las campañas electorales, con multa y la suspensión total o parcial de la prerrogativa prevista en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 47 de este mismo ordenamiento, y sólo con multa si la misma se cometiere en cualquier otro tiempo.
4. Cuando la perdida de registro obedezca a alguna de las causales previstas en los artículos 35 y 66, se estará a lo dispuesto en el artículo 67 de este Código'

En tal virtud y toda vez que la causal de improcedencia que se estudia resultó atendible, esta autoridad desecha de plano la queja que nos ocupa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 párrafo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y en el numeral 11 de los lineamientos generales para el conocimiento de las faltas administrativas y de las sanciones, previstas en el Titulo Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

9.- Por lo que hace a las pruebas aportadas por las partes, es conveniente señalar que resulta innecesario llevar a cabo su estudio puesto que en virtud de haber resultado atendible la causal de improcedencia hecha valer por el denunciado."

"... denunciar, ante la Junta electoral que usted preside la infracción al artículo 189 párrafo 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, imputable al Partido Revolucionario Institucional, cometida el día de antier, con ocasión de la marcha y el mitin realizado por sus Candidatos, durante todo el curso de la mañana y hasta bien entrada la tarde, consistente en haber colgado gallardetes plásticos sobre la mayoría de los inmuebles de la Av Madero Oriente declarados monumentos históricos de esta Ciudad, por determinación de Ley y por decreto presidencial de 14 de Diciembre de 1990 y algunos de ellos, incluso, edificios públicos..."

"1.- Mediante oficio número 433/2000 del fecha 17 de mayo del presente año, se solicito al quejoso acudir el día 18 de mayo del presente año a esta Junta Local Ejecutivo, con la finalidad de realizar algunas diligencias respecto a la denuncia que presentó, manifestando que la propaganda consistente en gallardetes plásticos la colocaron desde la madrugada del día de los hechos, y confirmando los hechos narrados en su denuncia, exhibiendo como prueba de los mismos el original del Periódico La Voz de Michoacán, de fecha miércoles 26 de abril del 2000, el cual se anexa.

2.- Asimismo, exhibe un escrito original misma que se anexa signado por algunos de los vecinos de los inmuebles ubicados sobre la Avenida Madero Oriente, en donde manifiestan que no dieron autorización para colgar en el exterior de dichos inmuebles la propaganda de referencia, sin embargo que la misma fue retirada una vez que finalizó el 'mitin' del día 26 de abril del año 2000.

3. Por su parte esta Junta Local Ejecutiva se constituyó en los domicilios que están asentados en el documento que exhibió el quejoso referido en el punto numero 2, para constatar la veracidad del mismo, realizando la entrevista con los que ahí signaron, verificándose que efectivamente cada uno de ellos lo hizo y confirmando lo ahí asentado.

4. De igual forma esta Junta Local obtuvo copia simple del Decreto Presidencial publicado en el Boletín de Monumentos Históricos de la Ciudad de Morelia, Michoacán, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 1990, por el que se declara una zona de monumentos históricos en la Ciudad de Morelia, Mich., y en donde se observa que los inmuebles a que se refiere el escrito referido en el punto número 2, están comprendidos dentro de dicho decreto. (se anexa)

5. Mediante oficio número 454/2000 de fecha 18 de mayo del presente año, se solicitó al C. Lic. Rodolfo Cortés Suárez, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local acudiera el día 19 de mayo del mismo año a esta Junta Local Ejecutiva con el mismo propósito, compareciendo el C. LIC. FELIPE DE JESÚS DOMÍNGUEZ representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante este Consejo Local, en donde presentó escrito de aclaración para el esclarecimiento de los hechos denunciados en contra del partido que representa, con los siguientes escritos en original mimos que se anexan al presente informe:

1. certificación expedida por el C. Lic. Daniel Mora Ortega, secretario del H. Ayuntamiento de Morelia, en donde hace constar que el C. Manuel Santos Avilés Sánchez forma parte del ayuntamiento de Morelia, en su calidad de regidor electo por la vía plurinominal por el Partido Acción Nacional.
2. Escrito signado por el C. Jorge Guerrero Chavez, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional dirigido al M.C. Salvador Galván Infante Presidente Municipal de Morelia, por medio del cual solicita autorización para realizar una marcha así como para instalar propaganda en el trayecto de la misma, el día 25 de abril del presente año.
3. Escrito signado por el C. Lic. Daniel Mora Ortega, secretario del H. Ayuntamiento de Morelia, por medio del cual únicamente autoriza a llevar a cabo la marcha, solicitada en el escrito descrito en el inciso anterior.
4. Escrito signado por el C. Lic. Felipe de Jesús Domínguez Muñoz, dirigido al C. Lic. José Luis de la Mora Gálvez, Director de Reglamentos Municipales de Morelia, por medio del cual solicita se realicen las inspecciones necesarias a fin de acreditar que al término de la marcha referente en el inciso b) se dio cabal cumplimiento a las recomendaciones para la conservación del buen orden.
5. Escrito signado por el C. Lic. José Luis de la Mora Gálvez, Director de Reglamentos Municipales de Morelia, en donde anexa informe rendido por los inspectores referente a la marcha descrita en el inciso b)"

"Paso a referirme a los hechos señalados en el cuerpo del escrito de la quejosa mismos a los que me referiré a continuación.

El descrito por la quejosa en el primer párrafo de su escrito sustantivamente contiene la imputación consistente en que 'El Partido Revolucionario Institucional, colgó gallardetes plásticos sobre la mayoría de los inmuebles particulares y públicos de la Av. Madero Oriente en la ciudad de Morelia, Michoacán, incluso son declarados monumentos históricos' y que ello contraviene lo dispuesto por el artículo '189 párrafo 1 inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales'.

La acusación de la quejosa, es simplemente absurda, inverosímil y obscura:

Es absurda e inverosímil porque colgar gallardetes propagandísticos en 'la mayoría' de inmuebles de una de las principales y más densa y altamente construidas de la ciudad, sería una tarea de muchos días, de equipo de altura, protección especial para los operarios y requeriría de enormes esfuerzos imposibles de realizar en el limitativo tiempo de unos minutos que dura el paso de una manifestación política y pública en marcha.

Es obscura porque evidentemente al utilizar un término colectivo como es 'la mayoría', dejó de precisar en cuáles inmuebles públicos y privados dijo que mi representado colgó propaganda y ante tal imprecisión, evidentemente resulta obscura su imputación que desde luego en nombre del Partido Revolucionario Institucional niego de manera categórica por ser falsa de toda falsedad.

En efecto, la imputación que formuló la quejosa es espuria, no sólo por ser falsa sino porque es omisa en precisa las circunstancias de modo tiempo y lugar de los hechos que considera infractores de la norma, en este orden de ideas, es que mi representado se encuentra en imposibilidad de contestar con detalle la febril imputación, del mismo modo como esa autoridad está impedida para conocer de dichos hechos y cuanto más, está impedida para imponer alguna sanción respecto de actos que no puede conocer con detalle.

En cuanto a la norma que según la quejosa ha sido hipotéticamente infringida, es menester revisarla, a la letra dice así:

Art. 189.- En la colocación de propaganda eletoral los partidos y candidatos observarán la reglas siguientes:

e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en el exterior de edificios públicos'

Resulta evidente que para verificara si la conducta imputada a mi representado, encuadró en la descripción típica, es menester identificar según el tipo descrito, las siguientes características: a).- ¿Que propaganda supuestamente se colocó?, b).-¿En que parte supuestamente se colocó?, c).-¿En que monumento público se colgó la supuesta propaganda? d).-¿Cuándo?, ¿a que hora? y ¿quién lo hizo?. Es obvio que ante la temeridad de la imputación, ninguna de estas preguntas tiene respuesta cierta por la única razón de ser falso de toda falsedad el hecho que se atribuye a mi representado que desde esta oportunidad niego de manera categórica.

Por estas razones, no resulta aplicable sanción alguna respecto de alguna norma que jamás fue vulnerada.

En otro orden de análisis, de las constancias de autos, se desprende que efectivamente mi representado anunció a la autoridad que realizaría una marcha y un mitín en un sitio específico, y anunció también que instalaría propaganda.

Más conocedor de la normatividad electoral que es el Partido Revolucionario Institucional, evidentemente no la instalaría en lugares prohibidos por la norma y sí en otros en los que estuviese permitido y es el caso que no existe constancia de que el Partido Revolucionario Institucional hubiese instalado propaganda en lugares prohibidos.

Más aún mi partido exhibió como prueba de descargo, el informe que rindieron elementos de la autoridad municipal en los de manera puntual explicaron que después del recorrido que hicieron en el lugar por donde se realizó la marcha y mitin, no había ningún desorden ni existía colgada alguna propaganda ni mucho menos en lugar prohibido.

Esta prueba, es una documental pública, con efectos probatorios plenos y como tal merece ser tomada en consideración por esa autoridad y conforme a las reglas de la lógica y recta razón, deberá ser útil para constituir elementos de convicción en esa autoridad administrativa para establecer que mi representado no vulneró las normas invocadas por el quejoso.

En la segunda foja de su escrito, la quejosa, vaga en el terreno de la especulación, la imprecisión, sus fantasías e incongruencias, y se aleja de formular hechos reales o acreditables, limitándose a plantear hipótesis a futuro o premisas sin sustento que sólo existen en su imaginación como las que a continuación describo a manera de ejemplificación y que se pueden corroborar de la simple lectura de la queja:

'....el hecho de colgar en el exterior de una edificación cualquier tipo de propaganda significa la manifestación de aprobación o apoyo del propietario o encargado del inmueble respecto a lo que manifiesta dicha propaganda....'

Esta afirmación, es una suposición ajena a la materia de la queja que es útil para exhibir el alejamiento de la realidad de la quejosa quién a partir de suposiciones personales pretende que se aplique una sanción a mi representado.

'....Por ejemplo, en las fiesta patrióticas o religiosas, los vecinos fijan banderas o papeles que significas su adhesión, u júbilo o beneplácito a dichas manifestaciones públicas. '

La quejosa se sale del tema, divaga en suposiciones y ejemplificaciones desafortuandas ajenas a la materia de la queja, razón por la que a mi representado no tiene interés por pronunciarse respecto a estas inconsistencias de la queja, no obstante si resalta el alejamiento de la realidad que caracteriza a la quejosa lo que constituye un indicio de que las afirmaciones que sustenta en contra de mi representado son falsas de toda falsedad.

'....en el caso que nos atañe, el Partido Revolucionario Institucional a dado a entender....'

Estas especulaciones, interpretaciones o suposiciones de la quejosa, solo existen en su imaginación, evidencian la inconsistencia y ociocidad de la queja.

'....(y habría que ver en este caso si acaso se recabó la anuencia de cada propietario....'

Estas expresiones, de nueva cuenta divagan en suposiciones ajenas a los hechos que evidencian la incongruencia en las ideas del quejoso, y la inconsistencia y ociocidad de la queja.

'....Pero si entre particulares pudiera ello ocurrir, '

Estas suposiciones, son ajenas a la materia de la queja, y solo evidencian la inconsistencia de la queja y su nivel especulativo.

'y tendría que acreditarse '

Igual que en el caso anterior, estas suposiciones, son ajenas a la materia de la queja, y sólo evidencian la inconsistencia de la queja y su nivel especulativo.

'porque querría significar que la Ciudad...'

Esta actitud deductiva de la quejosa es ajena a la realidad y a los hechos que pudieran atribuirse a mi representado, solo son mecánica de pensamiento de la quejosa que sólo existen en su imaginación y nada tienen que ver con la materia de la queja, no obstante sirven para evidenciar la inconsistencia de la queja y su alejamiento de la realidad, lo que implica una presunción de falsedad respecto de lo que temerariamente afirmó:

' y ello ofende y hiere profundamente la noción y el sentimiento de todos los mexicanos compartimos de la Patria que supera cualquier división en credos o por convicciones políticas.'

La quejosa sin legitimidad alguna, se irroga facultades interpretativas de los sentimientos de los mexicanos lo que hace evidente su megalomanía y alejamiento de la realidad, es decir su tendencia a fantasear lo que constituye una presunción de que fantaseó con las imputaciones que formuló en contra de mi representado.

' Además no vale la opinión estulta de ciertos funcionarios....'

Las afirmaciones de la quejosa, hacen evidente que su nivel de megalomanía es grave, lo que constituye una presunción de que las afirmaciones que hace en su queja son producto de su imaginación y tienen un claro propósito de llamar la atención más allá de verdaderamente formular una queja ciudadana basada en la realidad.

'....si se me permite proponer....'

'....sugiero que ese cuerpo colegiado electoral local acuerde imponer una multa de cuando menos....'

¡ Que tal !, ¡ La quejosa propone a la autoridad los montos por los que ha de sancionarse a mi partido !

Esta actitud de la quejosa, habla por si misma y atento al principo de conducta procesal de las partes, es obligatorio para la autoridad tomar en consideración la poca seriedad y fantasías de la quejosa para tomar en consideración la falsedad de sus afirmaciones

Paso a referirme al acervo probatorio que obra en el expediente.

En cuanto al escrito mediante el cual pareciera que diversas personas hacen constar que había propaganda colgada de mi representado y manifestan que no dieron autorización para tal efecto, es claro que se trata de una manipulación espuria de la quejosa que fue su oferente.

En efecto, se trata de una documental privada carente del mínimo valor probatorio porque quienes suscriben, no están plenamente identificados, es decir, no existe dato alguno de sus generales, no acreditan su legitimidad para conceder o no autorización respecto de los monumentos históricos, no especifican el día, hora, lugar o circunstancia en la que otorgaron su firma, tampoco especifican que tipo de propaganda ni a que cantidad corresponde la que se refieren en su escrito, tampoco especifican en que parte de los inmuebles que supuestamente citan se instalaron las propagandas que refieren, etc. Las inconsistencias son multiples y evidencian que el contenido del documento nada tiene que ver con la imputación consistente en que en la mayoría de inmuebles públicos y privados de los que existen en la calle de Madero Oriente.

En cuanto a la documental privada que la quejosa pretende hacer pasar por decreto presidencial, es evidente que el documento es una reproducción comercial, cuyo texto desconozco como el que pretende la quejosa ya que contiene ilustraciones y una descripción que no es usual en decretos públicos emitidos por el titular del Poder Ejecutivo Federal. En su caso, la fuente correcta sería el Diario Oficial y no una simple reproducción de origen desconocido. No obstante dicha documental no es útil o eficaz para acreditar los supuestos hechos realizados por mi representado o sus militantes ya que solo se trata de una reproducción de un decreto que nada tiene que ver con la conducta de militantes priístas en Morelia .

Respecto de la copia simple Sr. Jorge Guerrero Chávez mediante el cual solicita permiso para iniciar la marcha e instalar propaganda, es evidente que nada prueba en contra de mi representado ya que dicho escrito solo se limita a solicita (sic) permiso no prueba que se haya instalado propaganda en lugares prohibidos y ni siquiera la intención de hacerla. Respecto de esta probanza, es evidente que el aviso de que se instalaría propaganda a al paso de la marcha, es respecto de los lugares donde la norma lo permite nunca en lugares prohibidos ya que evidentemente para ello mi representado no hubiese obtenido permiso.

En cuanto al escrito fechado el 26 de abril del 2000 elaborado por los señores Marco Vinicio Pedraza Silva y Gerardo A. Romero Martínez, es el único que siendo documental pública constituye elementos de prueba plena, y no ha sido objetado por la quejosa ni por nadie y de su contenido se desprende de manera inobjetable y contundente que sobre las calzadas por donde pasó la marcha y donde se estableció el mitin político que realizó el Partido Revolucionario Institucional, inmediato después del evento no se encontró propaganda política de mi representado ni tampoco muy especialmente colgados en inmuebles de los considerados históricos

En este orden de ideas, es evidente que para el hipotético caso de instalar propaganda política a la que se refiere la quejosa, la instalación tendría como propósito su permanencia como mínimo hasta el día de las elecciones, por lo que sería absurdo como lo pretende la quejosa instalar propaganda para que solo la vean los priístas que forman el mitin ya que a ellos no les es dirigida la propaganda.

En otro orden de ideas, mi representado estima que por tratarse de una imputación notoriamente falaz que de ninguna manera ha sido acreditada por la quejosa que es quien de conformidad con el artículo 15 párrafo 2 de la Ley General de Medios de impugnación en Materia Electoral tiene la obligación procesal de acreditar y no habiéndolo hecho, mi representado no tiene ninguna necesidad de probar hechos negativos razón por la que solo ofrece como pruebas la Presuncional Legal y Humana y la Instrumental de Actuaciones en lo que beneficie a mi representado.

1.- La que se deriva del articulo 15 párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral consistente en que el que afirma tiene la obligación de probar, lo que en el caso no ocurrió por parte del quejoso toda vez que las pruebas que ofreció carecen de valor probatorio.

Es de destacarse, que en autos no existe alguna investigación realizada por autoridades que sea destinada a observar o verificar la veracidad de lo afirmado por la quejosa, razón por la que para el caso de que en lo subsecuente esa autoridad resolviese sustentado en algún documento que por ahora no obra en autos, estaría violando las garantías de audiencia de mi representado y las de seguridad jurídica ya que lo dejaría en estado de indefensión.

2.- La de obscuridad, que hago consistir en que la imputación que se hace a mi representado carece de información que permita establecer las características de modo tiempo y lugar en que hipotéticamente ocurrieron los hechos a que se refiere la quejosa.

3.- La de 'Nullum Crime Nula pena', consistente en que si no existe dispositivo legal que prohiba un hecho o una conducta, no puede existir sanción alguna para quién la realice, lo anterior sin consentir que mi representado hubiese realizado los actos que le atribuye la quejosa. Esta defensa encuentra sustento en que además de no haberse acreditado a mi representado conducta alguna que fuese irregular, tampoco existe dispositivo legal que prohiba los hechos que se atribuye a mi representado.

4.- La de Falsedad de la quejosa, que hago consistir en la evidencia de que faltó a la verdad al afirmar que mi representado realizó conductas cuya realización y autoría nunca acreditó.

5.- La consistente en que la autoridad únicamente me notificó con los documentos que se contienen en el escrito de emplazamiento circunstancia que para el caso de que en lo subsecuente emitiera alguna resolución basándose en algún documento que no hubiese agregado a su notificación, violaría la garantía de audiencia y debido proceso legal de mi representado.

6.- Las que se deriven del presente escrito."

"8.- Que en mérito de lo expuesto procede a fijarse la litis, misma que consiste en determinar si el Partido Revolucionario Institucional es responsable de que se hayan colgado gallardetes plásticos con propaganda de ese partido político en la mayoría de los inmuebles de la Avenida Madero que son monumentos históricos de esta Ciudad y algunos de ellos son edificios públicos y si con esa conducta se infringe el artículo 189 párrafo 1 inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales el cual a la letra dice:

'ARTICULO 189

1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos observarán las reglas siguientes:

...

e) No podrá colocarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en el exterior de edificios públicos.'

Sentado lo anterior, cabe considerar que de la investigación realizada por el Vocal Ejecutivo del Consejo Local de este Instituto en el Estado de Michoacán, se exhiben los siguientes documentos:

Copia del Decreto Presidencial de fecha 19 de diciembre de 1990 por el que se declaran monumentos históricos a diversos inmuebles ubicados, entre otros lugares, en la Avenida Madero Oriente, en la Ciudad de Morelia Mich., con el perímetro, características y condiciones que se mencionan en el artículo 4, el cual en su parte conducente señala:

'ARTICULO 4

Para los efectos de la presente declaratoria se hace la relación de las obras civiles relevantes construidos en los siglos XVII al XIX comprendidas dentro de la zona que por determinación de la Ley son monumentos históricos, mencionando los nombres con los que se conocen algunos de ellos... ... Avenida Francisco I. Madero Oriente, Madero 398, esquina Fray M. de Navarrete números 26, 25, 27 (sector 03, manzana 06)... ... Avenida Francisco I. Madero Oriente número 440 (sector 03, manzana 06)...'

Como es de advertir dos de los inmuebles señalados en la queja están presentes en dicho decreto presidencial, siendo los ubicados en la Avenida Francisco I. Madero Oriente número 398 y Avenida Francisco I. Madero Oriente número 440.

Por otra parte es de considerarse la documental consistente en el escrito original, signado por algunos de los ocupantes de los inmuebles ubicados en la avenida Francisco I. Madero Oriente, en donde manifiestan que no dieron autorización para que la propaganda del Partido Revolucionario Institucional se colgara en el exterior de los inmuebles que habitan, entre los que señala los ubicados en Av. Francisco I. Madero Oriente números 398 y 440, documento que confirma que los habitantes de los inmuebles antes mencionados, indican que sí había propaganda colgada del Partido Revolucionario Institucional colgada dentro de la zona que por determinación legal comprende a varias construcciones como monumentos históricos.

Estos elementos de prueba son suficientes para generar en esta autoridad la convicción de que efectivamente como lo afirma el denunciante se encontraban colgados gallardetes plásticos conteniendo propaganda del Partido Revolucionario Institucional, por lo menos en dos de los inmuebles que se encuentran en esa avenida los que se consideran monumentos históricos, sin que el Partido Revolucionario Institucional haya ofrecido prueba alguna que a juicio de esta autoridad desvirtúe estas afirmaciones, y sí reconoció que solicitó autorización para colocar esa propaganda de las autoridades municipales, como se desprende del documento de fecha 17 de abril del 2000 suscrito por el C. Lic. Jorge Guerrero Chávez Presidente del Comité Directivo Estatal, dirigido al M.C. Salvador Galván Infante, Presidente Municipal de Morelia, sin embargo del contenido se advierte que la petición es para el uso de la Plaza Melchor Ocampo, así como de la Calzada Fray Antonio de San Miguel sin referirse en ningún momento a la Av. Francisco I. Madero en donde están ubicados los inmuebles que son declarados monumentos históricos, documento que además de no favorecerle no tiene la relevancia jurídica que pretende darle el Partido Político denunciado, toda vez que el artículo 189, párrafo 1 inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no contiene excepciones que justifiquen su inobservancia, por lo que la autorización a la que se alude no beneficia a dicho partido y si en cambio de la misma se deriva la presunción de que efectivamente es responsable que se haya colgado su propaganda en inmuebles que se consideran monumentos históricos, motivo por el que este documento tiene eficacia probatoria con el apoyo en la tesis jurisprudencial que a la letra dice:

'ADQUISICIÓN PROCESAL, OPERA EN MATERIA ELECTORAL.- Opera la figura jurídica de la adquisición procesal en materia electoral, cuando las pruebas de una de las partes pueden resultar benéficas a los intereses de la contraria del oferente, así como a los del colitigante, lo que hace que las autoridades estén obligadas a examinar y valorar las pruebas que obren en autos, a fin de obtener con el resultado de esos medios de convicción, la verdad histórica que debe prevalecer en el caso justiciable, puesto que las pruebas rendidas por una de las partes, no sólo a ella aprovechan, sino también a todas las demás, hayan o no participado en la rendición de los mismos.

Sala Superior. S3EL 009/97

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-017/97. Partido Popular Socialista. 27 de mayo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.'

Por otra parte, el Lic. Carlos González Martínez, Vocal Ejecutivo de la Juntan Local Ejecutiva en el Estado de Michoacán, manifiesta en su escrito motivo de la investigación, en el punto 3 que: '...Se constituyó en los domicilios que están asentados en el documento que exhibió el quejoso referido en el punto número 2, para constatar la veracidad del mismo, realizando la entrevista con los que ahí signaron, verificándose que efectivamente cada uno de ellos lo hizo y confirmando lo ahí asentado'.

Con esto se justifica que parte de los inmuebles motivo de esta queja sí están comprendidos dentro del decreto antes mencionado.

Por lo anterior, así como del análisis efectuado a las pruebas aportadas por las partes, de sus escritos respectivos y de la investigación llevada a cabo por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, en el Estado de Michoacán, así como del artículo 4 del Decreto por el que se declara una zona de monumentos históricos en la Ciudad de Morelia Mich., debe declarase fundada la presente queja al probarse los hechos motivo de la misma, lo que es suficiente para considerar que el Partido Revolucionario Institucional es responsable de infringir el artículo 189 párrafo 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

No esta por demás agregar que de la prueba exhibida por el denunciante consistente en una nota periodística del diario denominado La Voz de Michoacán, de fecha 26 de abril del 2000, Diario Matutino, año LII N° 16,971, de la entidad de Michoacán, en la que aparece una marcha de simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional en la cual se aprecia que los edificios aledaños se encuentra propaganda colgada de ese partido, en construcciones que son monumentos históricos, probanza que admiculada con otros elementos que obran en el expediente y que se indican en el párrafo anterior, producen en esta autoridad que efectivamente se encuentra colgada propaganda del partido político denunciado en alguno de los inmuebles que señala el denunciante.

Por lo anteriormente asentado no son atendibles las defensas y las excepciones que hace valer el partido denunciado en el sentido de que no se señalan en forma clara los inmuebles y los presuntos dueños de los mismos, además de que no se precisan circunstancias de tiempo, modo y lugar, y de que avisó con toda oportunidad a las autoridades municipales que realizaría una marcha mitin y que instalaría propaganda con el mismo fin."

"1.- El Representante Propietario acreditado por Democracia Social, Partido Político Nacional C. MARCO ANTONIO MILANES RODRIGUEZ, profirió aseveraciones que constituyen faltas sancionadas por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que afirmó constarle que la Candidata a Diputada Federal Magdalena Nuñez Monreal fue la persona que había 'inaugurado y cortado el listón' de la obra de agua potable de una de las colonias de la ciudad capital."

" ...con fundamento en el párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vengo a dar contestación a la obscura e infundada queja presentada por la Alianza por México de fecha 3 de mayo de 2000, ante el Consejo Local de Instituto Federal Electoral del Estado de Zacatecas, mediante la cual denuncia hechos que considera pudieran constituir presuntas infracciones a la ley de la materia, para lo cual me permito manifestar lo siguiente:

1.- Con fundamento en el párrafo 3 del artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral solicito que la queja presentada por la Alianza por México de fecha 3 de mayo objeto de este procedimiento, sea desechada de plano por improcedente, en virtud de que el escrito de queja incumple el requisito establecido en el inciso g) del párrafo 1 del artículo 9 de la ley citada, el cual establece, que los medios de impugnación deberán presentarse por escrito..., y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

...

...

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente.

Y en virtud de que la copia del escrito que nos fue entregado como notificación de la queja presentada se desprende que el promovente fue omiso en relación al cumplimiento del inciso g) del párrafo 1 del artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ya que no dio contestación a lo establecido en dicho precepto al no hacer constar la firma autógrafa del promovente, debe ser desechada de plano la queja que nos ocupa, toda vez que el párrafo 3 del artículo mencionado establece:

'Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante las autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechara de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado solo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno.'

2.- Debido a lo anterior y contestando ad cautelam, niego categóricamente que Democracia Social Partido Político Nacional y su representante ante el Consejo Distrital Federal 03 con cabecera en la ciudad de Zacatecas, hayan incumplido o dejado de cumplir sus obligaciones previstas en las leyes de la República, particularmente las establecidas en el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El partido querellante hace una manifestación de hechos que niego que impliquen diatriba, calumnia, infamia, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos, porque tal dispositivo esta vinculado y subordinado al texto Constitucional en el que se consagra de manera contundente y categórica la libertad de expresión.

La Constitución de la república establece, en su artículo 6, que 'la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público'. Es evidente que en la queja que se contesta no se demostró, ni se probó el agravio moral, a la vida privada, ni la alteración del orden público, por lo que no pueden ser sujetas a la inquisición judicial o administrativa las manifestaciones del C. Marco Antonio Milanés Rodríguez o de cualquier mexicano que aborde temas de interés nacional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el pensamiento del Constituyente de 1917, respecto del alcance que tiene esta garantía constitucional, desde la perspectiva electoral: 'La manifestación de las ideas y la libertad de exponerlas, haciendo propaganda para que lleguen a ser estimadas por la comunidad, no tiene otra restricción constitucional que los ataques a la moral o la provocación a la comisión de un delito, así como la perturbación del orden público, por lo que aquellas manifestaciones que tienden a hacer prosélitos para determinada bandería o ideología, no pueden constituir, entre tanto no alteren realmente el orden público, delito alguno y reprimirlos constituye una violación a las garantías individuales. Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, 5° ,Tomo 38.

El elemento principal que tutela la garantía constitucional del artículo 6 relacionada a la materia electoral, es permitir a los candidatos, miembros y representantes de partidos políticos exteriorizar sus opiniones sobre problemas nacionales o el quehacer del gobierno, por lo que no se puede permitir censuras administrativas que contravengan esta disposición.

Abundando, el C. Marco Antonio Milanés Rodríguez, no llamó con sus expresiones a alterar o perturbar el orden público, ni tampoco a violentar la moral o a los derechos de terceros. Una manifestación pública de ideas que inviten o convoquen a contrariar o atacar el Estado de Derecho sería sancionable de manera válida desde el Código Electoral y la Constitución del País. Sin embargo ello, no está probado ni acreditado, ni tampoco ocurrió en la realidad de los hechos que denuncian. En efecto, el artículo 38, párrafo 1, inciso p), busca inhibir, exclusivamente la exteriorización de ideas que pretendan, como lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alterar realmente el orden público y no censurar las críticas a la tarea de gobierno o al comportamiento público de las personas que forman los partidos políticos.

Es por lo anterior mencionado, que de las manifestaciones realizadas por el C. Marco Antonio Milanés Rodríguez, no se ha acreditado en la especie la violación a las disposiciones legales y constitucionales que rigen la materia, pues las condicionantes establecidas en el artículo sexto constitucional para permitir a una autoridad administrativa reprimir expresiones protegidas como garantías individuales no se surte en la especie.

En virtud de lo manifestado con anterioridad, la obligación de esa autoridad es la de aplicar los preceptos del Código Electoral en concordancia con las disposiciones de la Constitución General de la República. En particular en el caso concreto que se estudia, el artículo constitucional mencionado sustancialmente señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Lo que significa que en la especie es necesario acreditar las condiciones establecidas en el artículo 6° constitucional para que una autoridad administrativa pueda prohibir expresiones protegidas por el texto de nuestra carta magna.

Así las cosas, el artículo 38 párrafo 1, inciso p) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se encuentra una relación con el texto constitucional relativo a la libertad de expresión. Por eso, este precepto no puede ni debe limitar la libre manifestación de las ideas, salvo en los casos expresamente previstos por el dispositivo constitucional.

En tal sentido, atendiendo a las prohibiciones genéricas del citado artículo del código electoral, las cuales imponen a los partidos políticos la obligación de abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales y en la propaganda política que se utilice durante las misma; no resultan aplicables a las declaraciones del C: Marco Antonio Milanés Rodríguez, representante de Democracia social Partido Político Nacional ante el Consejo Distrital 03, con cabecera en la ciudad de Zacatecas, ya que con las expresiones de las que se inconforma la parte querellante, no se configura violación alguna a los preceptos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás disposiciones que aduce el partido quejoso, ya que no se rebasan las limitaciones a la libre manifestación de las ideas establecidas en el artículo 6° Constitucional, dado que no se acredito por parte del denunciante que las expresiones proferidas por el C. Marco Antonio Milanés Rodríguez, produzcan un daño o lesión concreta a los derechos de tercero, una alteración real del orden o la moral pública o la provocación de algún delito, pues no basta con señalar la posible comisión de esos ilícitos sino que es necesaria su plena comprobación.

3.- Por este conducto objeto formalmente la presentación de la documental privada consistente en la copia simple de la nota periodística de inauguración de Obras de Agua Potable, publicada en el diario de circulación estatal 'El Sol de Zacatecas', el día 26 de abril del presente año, al no acreditar con la misma los extremos de su pretensión, ya que según el artículo 40 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el partido político que solicite se investiguen las actividades de otros partidos políticos cuando supuestamente incumplen de manera grave y sistemática, deberá al momento de hacer tal solicitud aportar elementos de prueba, situación que no fue cumplida cabalmente conforme la ley de la materia por el representante de la Alianza por el Cambio ante el Consejo Local del Estado de Zacatecas, ya que la prueba sobre la cual sustenta su argumentación es obscura y no acredita fehacientemente sus argumentaciones.

Es importante mencionar que el artículo citado señala que: 'Un partido Político, aportando elementos de prueba, podrá pedir al Consejo General del Instituto se investiguen las actividades de otros partidos políticos o de una agrupación política cuando incumplan sus obligaciones de manera grave o sistemática', por lo que también es clara la improcedencia de la inconformidad presentada por la Alianza por México, ya que Democracia Social no ha incumplido sus obligaciones, menos aun de manera grave o sistemática, lo que deja sin fundamento legal la procedencia de la inconformidad que nos ocupa, la cual debe ser desechada de plano."

"8.- Que por cuestión de orden, procede entrar al estudio de la causal de improcedencia planteada por Democracia Social, Partido Político Nacional, respecto de la queja instaurada en su contra por la Coalición Alianza por México, y que hace consistir principalmente en que la quejosa omitió firmar su escrito de queja, fundando la misma en lo dispuesto en el inciso g) del párrafo 1 del artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En relación a este alegato debe decirse que si bien esta Secretaría se percató de la omisión de la firma del quejoso en su escrito de queja, también lo és que existe firma autógrafa en el escrito de presentación de la misma, tal y como se aprecia en la copia simple que del mismo se le envió al denunciante, con lo que se satisface el requisito de la firma autógrafa en el escrito de queja que pretende hacer valer el denunciado como improcedencia; para reafirmar lo antes descrito sirven de apoyo dos tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el siguiente sentido:

'RECURSO DE INCONFORMIDAD. CUANDO DEBEN TENERSE POR CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL PROMOVENTE.- Aún y cuando en el propio recurso de inconformidad no conste el nombre y la firma autógrafa del promovente, pero en las hojas adjuntas al escrito de presentación del recurso aparezcan cumplidos estos requisitos, con fundamento en lo previsto en el artículo 316, párrafo 1, inciso g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las Salas del Tribunal Federal Electoral deben tener por satisfechos dichos requisitos, toda vez que el escrito de presentación y sus anexos forman parte del recurso de inconformidad, máxime si en dicho escrito es en donde la autoridad electoral responsable estampa los sellos de recibido y relaciona la documentación que integra el expediente respectivo.

ST-V-RIN.229/94. Partido de la Revolución Democrática. 18-IX-94. Unanimidad de votos.

FIRMA AUTOGRAFA. EN LA PROMOCION DE UN MEDIO DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL SE SATISFACE ESTE REQUISITO, AUN CUANDO LA FIRMA NO APAREZCA EN EL ESCRITO DE EXPRESION DE AGRAVIOS Y SÍ EN EL DOCUMENTO DE PRESENTACION DE DICHO MEDIO IMPUGNATIVO. Cuando en el escrito de demanda por el que se promueve un medio impugnativo, no conste la firma autógrafa del promovente, pero el documento de presentación (escrito introductorio) sí se encuentra debidamente signado por el accionante, debe tenerse por satisfecho el requisito previsto en el artículo 9, párrafo 1, inciso g) de la Ley General del sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que de éste se desprende claramente la voluntad del promovente de combatir el acto de autoridad que considera contrario a sus intereses, pues ambos escritos deben considerarse como una unidad a través de la cual se promueve un medio de impugnación.

Sala Superior. S3ELJ 01/99. TESIS JURISPRUDENCIAL J.0199.'

Por lo que resulta infundada la causal de improcedencia que pretende hacer valer el denunciado.

9.- Que del análisis de las constancias que obran en el expediente que se actúa se desprende lo siguiente: que la Coalición Alianza por México formuló queja en contra de Democracia Social, Partido Político Nacional, en virtud de que su representante ante el Consejo Local en el Estado de Zacatecas el C. Marco Antonio Milanés Rodríguez, afirmó 'constarle que la Candidata a Diputada Federal Magdalena Núñez Monreal había inaugurado y cortado el listón de la obra de agua potable de una colonia de la ciudad', con lo que difamó, calumnió y causó perjuicio a su candidata a Diputada Federal Lic. Magdalena Nuñez Monreal y a la Coalición que la postula, por lo que considera que está infringiendo lo dispuesto por el artículo 38 párrafo 1 inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que señala como obligación de los partidos políticos nacionales 'conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.' Así mismo viola lo preceptuado en el inciso p) 'abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales y en la propaganda política que se utilice durante las mismas.'

Por su parte el Partido denunciado argumentó a su favor que la coalición querellante hace una manifestación de hechos que niega impliquen diatriba, calumnia, infamia, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos, por que tal dispositivo esta vinculado y subordinado al texto constitucional en el que se consagra de manera contundente y categórica la libertad de expresión; apoyándose en el artículo 6 Constitucional, así como en una tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que no se acreditó que las expresiones proferidas por el C. Marco Antonio Milanés Rodríguez produzcan un daño o lesión concreta a los derechos de tercero, una alteración real del orden o la moral pública o la provocación de algún delito; objetando la presentación de la documental privada ya que la prueba sobre la cual sustenta su argumentación es obscura y no acredita fehacientemente sus argumentaciones.

Que en mérito de lo expuesto procede a fijarse la litis, misma que consiste en constatar sí el C. Marco Antonio Milanés Rodríguez, Representante de Democracia Social, Partido Político Nacional, con su afirmación 'constarle que la Candidata a Diputada Federal Magdalena Núñez Monreal había inaugurado y cortado el listón de la obra de agua potable de una colonia de la ciudad', difamó, calumnió y causó perjuicio a la Candidata a Diputada Federal Magdalena Núñez Monreal por la Coalición Alianza por México.

En ese tenor, las pruebas ofrecidas por la parte denunciante para sustentar la veracidad de su dicho, consistente en copia del acta número 11 de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de marzo del 2000 en el Consejo Distrital 3 en el Estado de Zacatecas, donde claramente se señala que se trata de '...UN COMENTARIO A LA DEMANDA...', así como unos recortes periodísticos de los cuales no se desprende daño moral o perjuicio alguno a la candidata Magdalena Nuñez Monreal o a la Alianza que la postula, asimismo no especifica en que consiste el daño ocasionado a su candidata y no ofreció otras pruebas para ser adminiculadas entre sí para generar convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

A continuación procede analizar el alcance de las prohibiciones contenidas en el artículo 38, párrafo 1, inciso p) del Código Electoral, para cuyo fin debe acudirse al significado gramatical de las palabras empleadas en la disposición, para obtener la acción o conducta que le esta impedida a los partidos políticos y a sus militantes, esto en razón de que cuando el legislador no proporciona conceptos específicos de las palabras que utiliza, estas deben entenderse en el sentido que tienen en el lenguaje común.

Sobre el particular, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos da las siguientes definiciones:

'Diatriba: Discurso o escrito violento e injurioso contra personas o cosas.

Calumnia: Acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. / Delito perseguible a instancia de parte, consistente en la imputación falsa de un delito perseguible de oficio.

Infamia: Descrédito, deshonra. / Maldad, vileza en cualquier línea.

Injuria: Agravio, ultraje de obra o de palabra. / Hecho o dicho contra razón y justicia. // Daño o incomodidad que causa una cosa.

Difamar: Desacreditar a alguien, de palabra o por escrito, publicando cosas contra su buena opinión y fama. / Poner una cosa en bajo concepto y estima.

Denigrar: Deslustrar, ofender la opinión o fama de una persona. / Injuriar, agraviar, ultrajar.'

De los conceptos anteriormente transcritos se colige que las expresiones del C. Marco Antonio Milanés Rodríguez, no encuadran en dichas definiciones ya que no tienen el propósito de desacreditar de palabra a la Candidata a Diputada Magdalena Núñez Monreal ni a la Coalición Alianza por México, sino como se aprecia de la simple lectura de la copia del acta de la sesión ordinaria referida se trató tan solo de '..hacer un comentario..', es decir nunca la acusó, ni la injurió, ni la difamó, en el ejercicio de su derecho a hacer uso de la palabra en la propia sesión y con apego a la libre manifestación de las ideas consagrada en el artículo 6 de nuestra Carta Magna que a la letra dice:

' ARTÍCULO 6: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial ni administrativa, sino en el caso que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado.'

Lo anterior no significa que la expresión del C. Marco Antonio Milanés Rodríguez por sí misma constituya un acto denigrante ya que para ello se requiere que en tales conductas se contengan elementos que reflejen de manera objetiva una lesión o afectación a la imagen o percepción que se tenga sobre un determinado partido político o sobre una persona.

Por lo antes expuesto se puede concluir que resulta infundada la presente queja al no haberse acreditado los hechos atribuidos al Representante de Democrácia Social, Partido Político Nacional, con los cuales supuestamente infringió las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

"PRIMERO.- Con fecha 25 de marzo del 2000, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) elaboró una Carta Pastoral, denominada 'Del Encuentro con Jesucristo a la Solidaridad con Todos', y pretende ser una guía moral para millones de católicos durante los próximos 50 años.

En dicha Cara Pastoral se advierte en la página 108, lo siguiente:

Número 251:

'Un cambio particularmente significativo es el que experimentan los procesos democráticos en México. Las estructuras, instituciones y grupos que tenían las decisiones sustanciales del país comienzan a dejar espacios a nuevas propuestas y convenciones gracias a una creciente cultura de participación ciudadana.'

Número 252:

'Por esta razón, más que de 'crisis' o 'cambio', en México en México hoy hablamos de transición democrática. Un signo es la incipiente alternancia en algunos ordenes de gobierno. Una más plena cultura de la democracia supone la posibilidad real de ésta alternancia.'

SEGUNDO.- El 27 de marzo mismo, o sea dos días después de la emisión del documento episcopal mencionado, el Comité de Campaña del C. Vicente Fox Quezada, publicó la 'Carta Semanal de Campaña' en la que dice:

El PAN y la Coordinación de Asuntos Religiosos de la Campaña de Vicente Fox, supuestamente reproducen párrafos de la Carta Pastoral en la Carta Semanal de Campaña, sección de Documentos de Interés, en la cual tergiversan y manipulan de mala fe a favor de su candidato, el documento religioso que nos ocupa, desde luego con el evidente interés de obtener apoyo electoral para su candidatura.

Tal tergiversación es la siguiente:

(Cita del documento semanal de campaña)

'La transición democrática está impulsada por la sociedad mexicana gracias a una creciente cultura de participación, pero sin alternancia no hay transición democrática'.

Manipulando el concepto 'de posibilidad de alternancia' (usado en la Carta Pastoral) por el de 'necesidad de alternancia', que conlleva a otros supuestos.

TERCERO.- El C. Alberto Ortega Venzor, ante los medios masivos de comunicación, comentó que tanto la Carta Semanal de Campaña, como la Carta Pastoral se envió a todos los Comités Estatales foxistas para que lo imprimiesen y lo difundiesen. En esa entrevista Ortega Venzor informó que hasta ese momento se habían repartido miles de impresiones en todo tipo de reuniones (declaración pública reproducida por diversos medios de comunicación)

CUARTO.- Consideramos que el aprovechamiento de la Carta Pastoral en comento, por parte del Comité de Campaña del C. Vicente Fox Quezada, es tendencioso por utilizar un documento religioso en su propaganda, sobre todo cuando recomienda la lectura de la misma y la puesta en práctica de sus 'valientes propuestas', lo que hace presumir ligas con organismos religiosos. Además se subraya el hecho de la manipulación comentada en párrafos arriba, sobre ese documento que prueba el mal uso y abuso de la Carta Pastoral.

Estas situaciones son violatorias de la ley: tanto el usar como propaganda el documento religioso mencionado; como la recomendación de su lectura y 'poner en práctica sus valientes propuestas'; así como la tergiversación del texto del mismo y sus posibles ligas con organismos religiosos.

QUINTO.- Hacemos la presente denuncia porque nuestra representada tiene interés en que se respeten los principios legales y laicos en que está fundado nuestro Estado de Derecho.

Nuestra denuncia la fundamos por la violación del artículo 38 fracción 1 en sus incisos n) y q) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra dicen:

'Artículo 38.

1.Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

'...

n) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales y extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión o secta.'

'...

q) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;

'..."

"La queja en cuestión debe ser desechada, por los siguientes motivos:

1.- El promovente, JORGE GAVIÑO AMBRIZ y la asociación civil que representa, carecen de interés jurídico para denunciar una supuesta 'tergiversación' de la carta pastoral que según el dicho del promovente fue elaborada por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) bajo la denominación 'Del Encuentro con Jesucristo a la Solidaridad con Todos'.

Es obvio que en materia religiosa, en el supuesto y no concedido caso de existir alguna tergiversación en el sentido apuntado, corresponde propiamente al autor del documento fuente y del cual aparentemente se llevó a cabo el plagio de la idea, y no a una asociación civil cultural cuyo objeto social difiere del culto religioso de cualquier tipo.

2.- Por otra parte, debe desecharse la queja planteada tomando en cuenta que quien afirma la utilización de la carta pastoral mencionada, fue la autora de la nota periodística y no la coalición 'Alianza por el Cambio', el propio candidato Vicente Fox Quesada o el Sr. Alberto Ortega Venzor en su carácter de coordinador de Asuntos Religiosos del Comité de Campaña 'Fox 2000'.

3.- Por otra parte, del ejemplar del periódico 'Reforma' que exhibió la parte contraria, se puede constatar que aparece un documento que dice 'documentos de interés', 'Del encuentro con Jesucristo a la Solidaridad Con Todos', SOBREPUESTO a otro que dice 'Carta Semanal de Campaña', 'Coordinación de Asuntos Religiosos', pero cuyo contenido no se puede apreciar ni aparece la rúbrica del signante y ni siquiera en papel membretado, por lo que bien pudiera corresponder a la apreciación subjetiva de quien elaboró la nota periodística y el formato del ejemplar exhibido, con el afán de darle un tinte religioso, más no del Comité de Campaña de Vicente Fox Quesada o de la coalición 'Alianza por el Cambio' y que ahora el denunciante considera erróneamente como la utilización de material religioso para la realización de un acto de campaña. En este sentido, es menester primero acreditar la existencia del documento religioso atribuido a la Conferencia del Episcopado Mexicano para posteriormente acreditar su utilización en un acto de campaña, no en un periódico elaborado por un tercero que considera subjetivamente que se esta utilizando un documento religioso para fines electorales.

2.- De igual manera, el promovente se abstuvo, en su perjuicio, de aportar elementos probatorios que acreditaran los supuestos hechos imputados a la coalición 'Alianza por el Cambio' y que fueran idóneos para acreditar las circunstancias de tiempo, modo y personas que realizan las pretendidas actividades ilegales.

En cuanto a los hechos, procedo AD CAUTELAM a darles contestación en los siguientes términos:

1.- El correlativo hecho identificado con el número UNO no es propio de la coalición 'Alianza por el Cambio', por lo que no me corresponde afirmarlo o negarlo.

En todo caso, quien debió haber exhibido en autos la carta pastoral denominada 'Del Encuentro con Jesucristo a la Solidaridad con Todos' es precisamente la parte denunciante y no al suscrito negar tal hecho.

"7.- Que por cuestión de método, procede entrar al estudio de la solicitud de desechamiento planteado por la coalición Alianza por el Cambio en su escrito de contestación a la queja que nos ocupa, desechamiento que en concepto de esta Junta General Ejecutiva resulta inatendible en atención a los siguientes razonamientos jurídicos:

Señala la coalición demandada que la presente queja debe ser desechada porque el promovente, JORGE GAVIÑO AMBRIZ y la asociación civil que representa, carecen de interés jurídico para denunciar la supuesta 'tergiversación' de la carta pastoral que según el dicho del denunciante fue elaborada por la Conferencia del Episcopado Mexicano; que en materia religiosa, en el supuesto y no concedido caso de existir alguna tergiversación, corresponde propiamente al autor del documento fuente y del cual aparentemente se llevó a cabo el plagio de la idea, y no a una asociación civil cultural cuyo objeto social difiere del culto religioso de cualquier tipo.

Por su parte, la Asociación Cultural Gran Logia Valle de México manifiesta en su escrito de queja, que el Partido Acción Nacional y la Coordinación de Asuntos Religiosos de la Campaña de Vicente Fox Quesada, supuestamente reproducen párrafos de la Carta Pastoral en la Carta Semanal de Campaña, sección de Documentos de Interés en la cual tergiversan y manipulan de mala fe a favor de su candidato, el documento religioso antes señalado con el evidente interés de obtener apoyo electoral para su candidatura, circunstancia que efectivamente, como lo señala la coalición Alianza por el Cambio, correspondería a la Conferencia del Episcopado Mexicano defender los derechos de autor que le corresponden, y no al Instituto Federal Electoral. Sin embargo, en el caso, la Asociación Cultural accionante también denuncia presuntas violaciones al artículo 38, párrafo 1, incisos n) y q) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al señalar que las situaciones denunciadas son violatorias de la ley, tanto el usar como propaganda el documento religioso mencionado como la recomendación de su lectura y poner en práctica sus valientes propuestas, así como la tergiversación del texto del mismo y sus posibles ligas con organismos religiosos y fundamentar su denuncia por la violación que según el dicho del quejoso se hace del precepto legal antes señalado.

De lo anterior se concluye que el promovente Jorge Gaviño Ambriz y la Asociación Civil que representa se encuentran facultados para denunciar presuntas irregularidades al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, habida cuenta que el párrafo 1 del artículo 1° del Código Electoral señala que las disposiciones contenidas en el cuerpo de leyes en cita, son de orden público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, en términos de lo dispuesto por al artículo 1° del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el derecho electoral se tutelan derechos de orden público, por lo tanto en este sentido, los ciudadanos y los partidos políticos cuentan con interés legítimo para denunciar presuntas irregularidades al código de la materia, por lo que a juicio de esta Junta General Ejecutiva resulta inatendible el desechamiento de la queja que propone la coalición denunciada, toda vez que como ya se señaló, la Asociación Cultural Gran Logia Valle de México denuncia presuntas violaciones a lo preceptuado por los incisos n) y q) del artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por cuanto se refiere a las manifestaciones de la coalición Alianza por el Cambio, respecto de que también debe desecharse la queja que nos ocupa, en virtud de que quien afirma la utilización de la carta pastoral mencionada, fue la autora de la nota periodística y no la coalición demandada; que del ejemplar del periódico exhibido por la Asociación demandante, en el que aparecen los documentos 'Del encuentro con Jesucristo a la Solidaridad Con Todos' y 'Carta Semanal de Campaña', no se puede apreciar su contenido ni aparece la rubrica del signante y ni siquiera en papel membretado, por lo que bien pudiera corresponder a la apreciación subjetiva de quien elaboró la nota periodística y el formato del ejemplar exhibido, y, que el promovente se abstuvo, en su perjuicio, de aportar elementos probatorios que acreditaran los supuestos hechos imputados a la coalición Alianza por el Cambio y que fueran idóneos para acreditar las circunstancias de tiempo, modo y personas que realizan las pretendidas actividades ilegales, debe decirse que en virtud de que es facultad de la Junta General Ejecutiva la investigación de los hechos que presuntamente infrinjan la legislación electoral, tales circunstancias serán materia de estudio del fondo de la cuestión controvertida, en la que se analizaran y valorarán los elementos de convicción aportados por las partes, por lo tanto, se reitera, resulta inatendible el desechamiento solicitado.

8.- Que en mérito de lo expuesto procede a fijarse la litis, misma que consiste en determinar si como lo afirma la Asociación Cultural quejosa, la Coalición Alianza por el Cambio, viola lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, incisos n) y q) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con la Carta Semanal de Campaña emitida el veintisiete de marzo del año en curso.

Aduce la Asociación Cultural Gran Logia Valle de México que el PAN y la Coordinación de Asuntos Religiosos de la Campaña de Vicente Fox Quesada, supuestamente reproducen párrafos de la Carta Pastoral emitida por la Conferencia del Episcopado Mexicano en la Carta Semanal de Campaña, sección de Documentos de Interés en la cual tergiversan y manipulan de mala fe a favor de su candidato, el documento religioso antes señalado con el evidente interés de obtener apoyo electoral para su candidatura; que el aprovechamiento de la Carta Pastoral en comento, por parte del Comité de Campaña del C. Vicente Fox Quesada, es tendencioso por utilizar un documento religioso en su propaganda, sobre todo cuando recomienda la lectura de la misma y la puesta en práctica de sus valientes propuestas, lo que hace presumir ligas con organismos religiosos, situación que es violatoria de la ley.

Por su parte, la coalición denunciada al dar contestación a la queja que nos ocupa, negó los hechos que se le imputan señalando esencialmente que son meras apreciaciones subjetivas, las del denunciante, al afirmar la supuesta utilización de un documento religioso en la propaganda de la Coalición Alianza por el Cambio, así como la existencia de ligas con organismos religiosos, manifestando que en realidad no ha habido ni habrá propaganda religiosa, ni se utilizará documento religioso alguno ni se recomienda para fines electorales la utilización de ningún documento religioso.

Al respecto, el artículo 38, párrafo 1, incisos n) y q) establece que:

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

14. Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión o secta;

17. Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;'

Queda claro entonces, que conforme a la prohibición expresa contenida en el precepto anterior, los partidos políticos deben conducirse sin ligas de dependencia con organismos religiosos, así como abstenerse de utilizar símbolos religiosos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso para hacerse propaganda.

Conforme lo dispuesto por el numeral 38, párrafo 1, inciso q), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es procedente analizar el alcance del mismo, respecto de la 'Carta Semanal de Campaña' emitida el veintisiete de marzo del año en curso, por el Comité de Campaña de Vicente Fox Quesada, en la cual, según lo manifestado por la demandante se reproducen párrafos de la Carta Pastoral, lo que es tendencioso por utilizar un documento religioso en su propaganda.

Del análisis del precepto legal en cita, se desprende que su contenido consiste en un mandato categórico dirigido a los partidos políticos nacionales, de abstenerse de llevar a cabo diversas conductas que se restringen en la norma jurídica antes señalada, por lo que conviene establecer qué se entiende por 'propaganda' de los partidos políticos, porque es en esa actividad en donde deben de abstenerse de utilizar la religión en sus diversas manifestaciones.

Al respecto, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define la palabra propaganda en los términos siguientes:

Propaganda. (Del lat. Propaganda, que ha de ser propagada.) f. Congregación de cardenales nominada De propaganda fide, para difundir la religión católica. 2. Por est., asociación cuyo fin es propagar doctrinas, opiniones, etc. 3. Acción o efecto de dar a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos o compradores. 4. Textos, trabajos y medios empleados para este fin.

A su vez, los estudiosos del tema establecen que la propaganda, en un sentido amplio, es una forma de comunicación persuasiva, que trata de promover o desalentar actitudes en pro o en contra de una organización, un individuo o una causa; implica un esfuerzo sistemático en una amplia escala para influir la opinión, conforme a un plan deliberado que incluye la producción y la transmisión de textos y mensajes específicamente estructurados, mediante todos los medios de comunicación disponibles para llegar a la audiencia más amplia, o audiencias especiales y provocar los efectos calculados.

Su propósito es ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un grupo de personas para que actúen de determinada manera, adopten ciertas ideologías o valores, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre temas específicos.

Ahora bien, el significado de la palabra símbolo, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es el siguiente:

'Imagen, figura o divisa con que materialmente o de palabra se representa un concepto moral o intelectual, por alguna semejanza o correspondencia que el entendimiento percibe entre este concepto y aquella imagen'.

Por otra parte, la palabra religión, según el diccionario citado, significa:

'Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Virtud que nos mueve a dar a Dios el culto debido'

De las anteriores definiciones podemos concluir que un símbolo religioso es aquel por medio del cual se representa o identifica una determinada religión, es decir, es una figura y objeto que tiene una significación de carácter convencional y que, en el caso que nos ocupa, lo que se pretende designar con el uso de ciertas figuras o símbolos es una determinada afinidad o preferencia religiosa.

De lo anterior, se colige que, cuando el dispositivo legal impide a los partidos políticos hacer uso de símbolos, expresiones, alusiones y fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda, se refiere a toda la actividad que desarrollen, de lo anterior se concluye que la prohibición contenida en el precepto analizado, no debe entenderse limitada a los actos desplegados con motivo de la propaganda inherente a la campaña electoral, sino que, como quedó precisado, ese concepto utilizado por el legislador en el inciso q), párrafo 1, del numeral 38 del Código Electoral Federal, atañe a todo tipo de propaganda a que recurra algún instituto político, ya por sí, por sus militantes o los candidatos por él postulados.

Tomando en cuenta las reglas de la sana lógica y el sentido común, resulta claro que el acto denunciado no encuadra en el supuesto de prohibición previsto por el inciso q) del antes mencionado artículo 38 de la Legislación Electoral vigente, por lo que la publicación de la Carta Semanal de Campaña, emitida por el Comité de Campaña del C. Vicente Fox Quesada, el veintisiete de marzo último, no constituye incumplimiento alguno a la hipótesis contemplada en el artículo antes invocado.

En efecto, se afirma lo anterior porque la Asociación Cultural quejosa señala que el PAN y la Coordinación de Asuntos Religiosos de la Campaña de Vicente Fox, supuestamente reproducen párrafos de la Carta Pastoral en el Carta Semanal de Campaña, Sección de Documentos de Interés, en la cual tergiversan y manipulan de mala fe a favor de su candidato, el documento religioso que nos ocupa, desde luego con el evidente interés de obtener apoyo electoral para su candidatura. Que tal tergiversación es la siguiente:

(Cita del documento semanal de campaña)

'La transición democrática está impulsada por la sociedad mexicana gracias a una creciente cultura de participación, pero sin alternancia no hay transición democrática'.

Manipulando el concepto 'de posibilidad de alternancia' (usado en la Carta Pastoral) por el de 'necesidad de alternancia', que conlleva a otros supuestos.

Ahora bien, de las constancias que integran el presente procedimiento administrativo se desprende que, con fecha veinticinco de marzo del año en curso, la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió la Carta Pastoral denominada 'Del Encuentro con Jesucristo a la Solidaridad con Todos', en la que se aprecia en la página 107 lo siguiente:

'251. Un cambio particularmente significativo es el que experimentan los procesos democráticos en México. Las estructuras, instituciones y grupos que tenían las decisiones sustanciales del país comienzan a dejar espacios a nuevas propuestas y convicciones gracias a una creciente cultura de participación ciudadana.

252. Por esta razón, más que de 'crisis' o 'cambio', en México hoy hablamos de transición democrática. Un signo es la incipiente alternancia en algunos órdenes de gobierno. Una más plena cultura de la democracia supone la posibilidad real de esta alternancia'

Que con fecha veintisiete de marzo último, el Comité de campaña del C. Vicente Fox Quesada, publicó la Carta Semanal de Campaña en la que se lee lo siguiente:

'Urgimos a los mexicanos que creemos que sin alternancia no hay transición a la democracia, a leer el documento de la CEM y a poner en práctica YA, sus valientes propuestas que tienen toda la autoridad moral de sus autores, encabezados por Monseñor Luis Morales, Arzobispo de San Luis Potosí y Presidente de la CEM.

De lo anterior, se colige que en la especie no se actualiza la violación de lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, incisos n) y q) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece la obligación de que los partidos políticos deben actuar y conducirse sin ligas de dependencia con organismos religiosos, así como de abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda, habida cuenta que del contenido de la Carta Semanal de Campaña del C. Vicente Fox Quesada, no se desprende que en la misma se utilicen los elementos antes señalados, ni que la coalición demandada se conduzca con ligas de dependencia a organismos religiosos, por lo tanto, lo procedente es declarar infundada la queja que nos ocupa, al no haberse acreditado violación alguna a lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, incisos n) y q) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

No constituye óbice a la anterior consideración la tergiversación a que se refiere la denunciante, porque de existir tal tergiversación, con la misma tampoco se acredita la violación al artículo en comento, ni que la Coalición Alianza por el Cambio obtenga apoyo electoral para su candidato, y como ya se señaló al resolver el desechamiento planteado por la denunciada, la denuncia de dicha tergiversación corresponde propiamente a la autora de la Carta Pastoral y no a esta autoridad electoral.

En las referidas circunstancias resulta infundada la queja que se resuelve porque como ya se señaló, de la Carta Semanal de Campaña no se advierte la utilización de los elementos prohibitivos regulados por el precepto legal que nos ocupa."