Sesión I: "Crisis de legitimidad: ¿representación del pueblo o representación del dinero? Gobernabilidad, Estado y dinero."

Antiguo Colegio de San Ildefonso, Anfiteatro Simón Bolívar.
Día y hora: martes 06 de diciembre, de 10:30 a 11:45 h.

Cada voto tiene el mismo valor; pero ¿tienen acaso el mismo peso político o la misma influencia las voces de todos los ciudadanos y grupos sociales?.

La pregunta se complica cuando agregamos la variable dinero: ¿es la riqueza un factor de influencia que, aún en ambientes de libre competencia electoral, puede inclinar significativamente la balanza hacia un lado u otro?.

En América Latina, la transición democrática creó una confianza casi generalizada en que la representación equitativa y balanceada de todos los individuos y grupos sociales sería un hecho; no obstante, pareciera que los actores sociales y políticos más influyentes son aquellos que disponen de mayores recursos económicos y que, además, los dirigen presuntamente a procesos políticos, electorales o legislativos particulares, provocando desbalances en la representatividad real de las instituciones y sensibles crisis de legitimidad en nuestros países.

¿Qué retos enfrenta el Estado para afirmarse como el actor responsable de garantizar una representación equitativa del pueblo, que permita una buena gobernabilidad, supervise y limite el uso del dinero en los procesos políticos?.

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Sesión II: "Financiamiento político y medios de comunicación"

Antiguo Colegio de San Ildefonso, Anfiteatro Simón Bolívar.
Día y hora: martes 06 de diciembre, de 12:45 a 14:15 h.

¿Cuál es la relevancia de los medios de comunicación respecto del financiamiento político?

Hace tiempo que los medios de comunicación dejaron de ser actores meramente informativos, abriendo paso a funciones de monitoreo y seguimiento a todo tipo de actividad política, lo que los ha convertido en protagonistas de los procesos de transparencia y rendición de cuentas en América Latina.

El nuevo reto que enfrentan las sociedades de la región, sin embargo, es garantizar la pluralidad real de medios que pueda, a su vez, servir de base a sólidos esquemas de observación y transparencia del financiamiento político para que éste sea lo más equitativo y balanceado posible.

Es decir, si los medios de comunicación permanecen alejados del partidismo político, son entonces capaces de juzgar imparcialmente la manera en que las organizaciones políticas y las instituciones del Estado organizan, reciben y gastan sus presupuestos electorales, o de cualquier otro tipo.

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Sesión III: "Debilidad fiscal y captura del Estado"

Antiguo Colegio de San Ildefonso, Anfiteatro Simón Bolívar.
Día y hora: martes 06 de diciembre, de 16:00 a 17:30 h.

¿Qué implicaciones tiene para la política el hecho de que un país tenga una pobre capacidad tributaria?.

No sólo es difícil que el Estado destine recursos suficientes a sanar las carencias estructurales de su sociedad (pobreza, educación, salud y seguridad, entre otros temas), sino que ciertos actores económicos de gran influencia pueden limitar al Estado y convertir ciertas de sus atribuciones en compromisos directos con sus propios intereses.

Banqueros, financieros o grandes empresarios, al ser prestamistas (y así controlar la deuda interna de los países latinoamericanos) se encuentran en una posición privilegiada para defender sus propios intereses políticos, en particular los fiscales: bajos impuestos –sobre todo al capital, la renta y los bienes inmuebles– y facilidades para deducirlos.

Se crea entonces un círculo vicioso entre la debilidad fiscal del Estado (que encuentra imposible obtener recursos necesarios para cumplir eficazmente con sus funciones) y la dificultad del Estado mismo por revertir esa situación, visto que, en ocasiones, se encuentra limitado para realizar los grandes cambios fiscales que requiere.

¿Cómo superar, en ese contexto, la debilidad fiscal del Estado al mismo tiempo que se relaja la presión y la influencia que sobre él ejercen algunos grupos económicos y sociales?

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Sesión IV: "Financiamiento de la política y desigualdad social"

Antiguo Colegio de San Ildefonso, Anfiteatro Simón Bolívar.
Día y hora: miércoles 07 de diciembre, de 10:15 a 11:45 h.

Lícito o no, el financiamiento de la política evidencia –y en ocasiones promueve– las desigualdades económicas y sociales de una población.

¿Por qué sigue siendo así, incluso en regímenes democráticos que promueven la participación universal e igualitaria de los individuos en los procesos electorales, con el fin de elegir a sus gobernantes?

Finalmente, son los actores económicos más relevantes (los propietarios de los medios de producción y del capital) quienes en regímenes democráticos tienen mayores oportunidades para influir en política mediante mecanismos económicos.

Y esto no sólo porque cuenten con importantes cantidades de dinero que podrían invertirse directamente en política (hay países que prohíben o limitan el financiamiento privado de partidos políticos, por ejemplo), sino porque toman decisiones económicas que responden directamente a los procesos políticos, afectan así el bienestar y la seguridad económica de los ciudadanos y, cerrando el círculo, impactan nuevamente en las decisiones políticas más relevantes.

Si consideramos que la participación política se encuentra efectivamente limitada por la pobreza y las desigualdades sociales, obtenemos que incluso en el régimen democrático más perfecto el financiamiento de la política –y por lo tanto el acceso a ella– sea desigual.

En las democracias capitalistas, la fórmula “un individuo, un voto, un mismo valor” es válida únicamente para los procesos electorales transparentes y justos; para las decisiones políticas y económicas realmente trascendentales, esa fórmula no es válida.

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Antiguo Colegio de San Ildefonso, Anfiteatro Simón Bolívar.
Día y hora: miércoles 07 de diciembre, de 12:00 a 13:30 h.

Debido a sus diferentes fases, a sus nuevos contenidos y a la magnitud de sus operaciones, las campañas electorales son cada vez más costosas, lo que provoca una constante y profunda incidencia del dinero en los procesos políticos electorales.

Y conforme más recursos se requieren para el mayor impacto de las campañas, mayores riesgos existen de que el dinero se obtenga de manera opaca e ilícita. La corrupción, si bien no es el único obstáculo a una óptima competencia y participación electoral, es uno de los factores esenciales de desigualdad política en los países de América Latina.

El clientelismo, por su parte, refiere menos al origen de los recursos con los que se financia la política que a su destino. Es entonces un mecanismo de compra de lealtades y desarticulación de grupos opositores con fines electorales –aunque no únicamente.

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Sesión VI: "Financiamiento de las campañas"

Antiguo Colegio de San Ildefonso, Anfiteatro Simón Bolívar.
Día y hora: miércoles 07 de diciembre, de 14:45 a 16:15 h.

La democracia requiere de cierto grado de apoyo financiero dirigido a los partidos políticos y a las campañas. De ahí la necesidad de contar con un régimen de financiamiento (público, privado o mixto) que le permita a los partidos políticos disponer de los recursos adecuados para llevar a cabo sus funciones electorales de manera satisfactoria.

Si bien el dinero juega un papel importante en el proceso electoral y la política, y los grandes contribuyentes ejercen influencia en la contienda y con ello en los resultados electorales, este no debe de ser un factor que determine quién ganará la contienda. De ahí la necesidad de encontrar mecanismos democráticos que hagan equitativa la competencia y obliguen la transparencia del origen, monto y destino de los recursos.

El encarecimiento de la política que pone en riesgo la equidad de la contienda electoral, las quejas por las finanzas partidarias, la ausencia de límites en los ingresos y gastos electorales, están generando desconfianza social hacia los partidos políticos, los candidatos y funcionarios electos, afectando la legitimidad del sistema político.

La principal función de la fiscalización es mantener la equidad electoral, a través de la vigilancia del cumplimiento de las normas que regulan el financiamiento de los partidos –tanto público como privado–, el ingreso y el gasto electoral, el acceso del público a esa información, las sanciones que el sistema establece para quienes incumplen esas normas, y la capacidad institucional del órgano de control.

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Sesión VII: "Dinero en la política: inseguridad, crimen organizado y narcotráfico"

Antiguo Colegio de San Ildefonso, Anfiteatro Simón Bolívar.
Día y hora: miércoles 07 de diciembre, de 16:30 a 18:00 h.

Ante el protagonismo de los poderes fácticos, es importante estudiar los efectos de su injerencia en la política y en los procesos electorales, como es el caso de la influencia del crimen organizado sobre ciertos candidatos.

La posible existencia del dinero ilícito en la esfera de la política implica la posible subordinación del Estado ante los intereses de los grupos criminales, de ahí la necesidad de hacer todo lo posible para evitar su penetración.

Tenemos dos elementos sustanciales: la entrada de dinero ilegal –y de origen dudoso– a los procesos electorales y la participación directa de miembros del crimen organizado en las elecciones.

Ante estos problemas, aparece como inevitable la búsqueda de un diseño e instrumentación de mecanismos de disciplina, regulación y ajuste del dinero en la política.

Ante, la inseguridad y la violencia, es necesario un nuevo diseño y articulación de política pública para hacer viable la acción gubernamental de la representación política.

Evitar a toda costa que la inseguridad se convierta en inestabilidad y que afecte el desarrollo pacífico de las actividades electorales y políticas. Así, ¿cómo puede realmente el proceso electoral desvincularse de cualquier situación de violencia e inseguridad?

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Sesión VIII: "México rumbo a 2012"

Antiguo Colegio de San Ildefonso, Anfiteatro Simón Bolívar.
Día y hora: jueves 08 de diciembre, de 11:15 a 12:45 h.

Las elecciones federales de 2012 en México representarán un reto mayúsculo por muchas razones.

Será crucial en todo momento atender las problemáticas económicas ligadas a la crisis, el desempleo y la pobreza estructural, y tomar en consideración la redefinición de políticas laborales y educativas. No obstante, en términos de urgencia política –no siempre vinculada a lo que es sustancial para el desarrollo social– dos temas serán todavía más relevantes: diseñar mecanismos eficaces de solución al ambiente de violencia que impera en gran parte del país y edificar bases sólidas para el Estado Mexicano, tarea que bien podría pasar por reformas políticas de hondo calado.

Pareciera que en 2012 la contraposición de programas de nación y Estado no será tan evidente como en 2000 (cuando se esperaba una alternancia importante) o en 2006 (cuando la propuesta que desafiaba al gobierno saliente era muy sugerente para gran parte del electorado mexicano).

¿Es acaso una afirmación correcta? ¿Seremos testigos de un debate inteligente de propuestas políticas, sociales y económicas para definir el rumbo del país durante seis años o, generalizando, la apuesta consistirá en mantener las políticas, estrategias y motivaciones actuales, haciendo tan sólo cambios de forma, más que de fondo?.

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