"I. Con fecha 29 de noviembre de 2001, el Partido Alianza Social fue notificado y emplazado sobre una queja administrativa presentada por el C. Juan Lago Lima, por presuntas violaciones cometidas por el Partido Político que represento a la normatividad en materia electoral federal.

Ahora bien; previo a la contestación de los hechos que pretende hacer valer el recurrente, y siendo que las causa de improcedencia son de orden público y por tanto su estudio son de previo y especial pronunciamiento, esta H. Autoridad debe revisar los requisitos de procedencia del recurso que nos ocupa, para evitar incurrir en posibles actos de afectación en perjuicio de mi representado.

En primer término, esta autoridad debe realizar un análisis minuciosos del escrito del denunciante a efecto de determinar con exactitud cual es la intención del promovente al presentar la infundada queja que ahora nos ocupa. Al respecto, es aplicable el siguiente criterio jurisprudencial, en razón de que el trámite que realiza el Secretario Ejecutivo del Instituto al recibir esta clase de escritos reúne características análogas:

‘RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. Tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que se haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación obscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador pueda válidamente interpretar el sentido de lo que se pretende’.

Sala Superior. S3ELJ04/99

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-074/97. Partido Revolucionario Institucional. 11 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-099/97. Partido Acción Nacional. 25 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-058/99. Partido del Trabajo. 14 de abril de 1999. Unanimidad de votos.

TESIS DE JURISPRUDENCIA J.04/99. Tercera Epoca. Sala Superior. Materia Electoral. Aprobada por Unanimidad de votos.

De una lectura cuidadosa y detenida del escrito de queja, se desprende que el inconforme pretende que la Junta General Ejecutiva y en su momento, El Consejo General se constituyan en instancias revisoras de los procedimientos de elección interna del Partido Político que represento, además de que emite apreciaciones completamente subjetivas y frívolas. Al respecto, es aplicable el siguiente criterio jurisprudencial.

RECURSO FRÍVOLO QUE DEBE ENTENDERSE POR.- ‘frívolo’ desde el punto de vista gramatical significa ligero, pueril, superficial, andino, la frivolidad en un recurso implica que el mismo debe resultar totalmente intranscendente , esto es que la eficacia jurídica de la pretensión que haga valer un recurrente se vea limitada por la subjetividad que revisan los argumentos plasmados en el escrito de interposición del recurso.

ST-V-RIN-202/94. Partido Acción Nacional 25-IX-94. Unanimidad de votos.

ST-V-RIN-206-/94 Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 30-IX-94

Unanimidad de votos.

En el caso a estudio, existe la causal de improcedencia señalada por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el artículo 10 párrafo 1 inciso b), de aplicación al caso que nos ocupa en términos de lo dispuesto por el numeral 15 de los Lineamientos Generales para el Conocimiento de las Faltas Administrativas y de las sanciones previstas por el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra dice:

‘ARTICULO 10.-

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los siguientes casos:

(...)

b) Cuado se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley;

(...)’

Dicho motivo de improcedencia sería motivo de sobreseimiento en el caso en estudio en términos de lo ordenado por el artículo 11, párrafo 1, inciso c) de la citada ley impugnativa, que establece:

‘Artículo 11.-

1. Procede el sobreseimiento cuando:

(...)

c) Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos de la presente ley; y

(...)’

De la lectura del escrito de queja, puede apreciarse que el inconforme pretende controvertir un presunto acto del Partido Alianza Social, que en su opinión le privó continuar y finalizar en el desempeñando (sic) del cargo de Presidente del Comité Ejecutivo del Partido Alianza Social en el Estado de México, cargo para el que en su momento fue designado, pero del que también en su momento fue destituido, suspendido de su derechos y expulsado del Instituto Político que represento, de conformidad con los Estatutos generales de Alianza Social, de lo que se desprende que esta autoridad carece de competencia para dar cause a su infundada inconformidad; pero en el supuesto, no aceptado de que lo hicieran, debe sobreseerse el infundado escrito, en razón de que la denuncia fue presentada con fecha 26 de septiembre del presente año (según se desprende del sello de recepción de dicho escrito), y con fecha 23 del mismo mes y año, se celebraron las elecciones para Presidente del Comité Ejecutivo del Partido Alianza Social en el Estado de México, por lo que las presuntas violaciones a que hace referencia el inconforme se han consumado de modo irreparable.

Es importante mencionar, que después de haber destituido, suspendido y expulsado del Partido Alianza Social al C. Juan Lago Lima, de conformidad con los Estatutos Generales del Partido Alianza Social, resultaba necesario convocar a elecciones para Presidente del Comité Ejecutivo del Estado de México, convocatoria que se realizó el 28 de marzo de 2001, y las elecciones se celebraron el pasado 23 de septiembre del año en curso. De lo anterior, se desprende que el acto reclamado por el quejoso, corresponde a un acto consumado de manera irreparable.

Con base a los razonamientos jurídicos vertidos en los párrafos que anteceden, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por conducto del Secretario de la misma; apegándose a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que deben regir su actuación consagrados en la fracción III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; debe declarar improcedente la infundada queja que se contesta por carecer de sustento legal.

Sin embargo, sí la Junta General y en su momento el Consejo General del Instituto Federal Electoral decidieran indebidamente conocer de la queja que nos ocupa; ad cautelam procedo a dar contestación a los hechos, en los siguientes términos:

I.- Este hecho es cierto, en virtud de que el Instituto político al que represento, ha sido emplazado en los expedientes a los que se refiere el quejoso, los cuales están pendiente de resolución por parte de esa H. Autoridad, quien deberá resolver apegada a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

II.- Este hecho es parcialmente, en razón de que la Comisión Nacional del Garantías y Apelación, durante el proceso que se le instruyó al C. Juan Lago Lima de conformidad con los Estatutos Generales del Partido Alianza Social, con fecha 29 de Julio del año 2000, emitió un acuerdo a través del cual determinó suspender provisonalmente en sus derechos dentro del partido, al C. Juan Lago Lima, cabe mencionar que esta suspensión tuvo efectos desde el momento en que se emitió tal determinación y hasta que se concluyó el procedimiento de referencia.

Como ya se ha mencionado, el quejoso intenta que se revise una resolución que la Comisión Nacional de Garantías y Apelación, órgano máximo jurisdiccional del Partido Alianza Social, emitió de manera estatutaria, pretendiendo que el Consejo General del Instituto Federal Electoral, revoque dicho acuerdo sin contar con facultades legales para ello.

Por otro lado y con relación a que la expulsión dictaminada por la Comisión Nacional de Garantías y Apelación del Partido Alianza Social es ilegal, se niega en virtud de que la multicitada Comisión Nacional con fecha 28 de diciembre del año 2000, fundamentando y motivando conforme a Estatutos, en el Considerando único de dicha resolución, señaló: ‘Después de la lectura y análisis del citado informe de la comisión de seguimiento se pone de manifiesto la constante y reiterada negativa del C. Juan Lago Lima a entregar la presidencia estatal del Estado de México, a pesar de que así le fue requerido en reiteradas ocasiones por parte del Comité Nacional Ejecutivo y el Consejo Nacional Estratégico y por personal de esta H. Comisión Nacional de Garantías incumpliendo así el punto séptimo del acuerdo de fecha 19 de Agosto del presente año, emitido por esta H. Comisión habiéndosele apercibido que en caso de no hacerlo, se entenderá que existe desacato y se hará acreedor a la sanción correspondiente, por lo que se actualiza dicha hipótesis en virtud d que a la fecha el C. Juan Lago Lima no ha acatado dicho acuerdo’.

‘Después de haber sido deliberado ampliamente en el seno de esta H. Comisión Nacional de Garantías y Apelación, se actualiza la causa de sanción contenida en el art. 90 inciso a) de nuestros Estatutos Generales por desacato a una resolución de un órgano competente del Partido como lo es ésta H. Comisión Nacional de Garantías, además de que también se actualiza el inciso e) del artículo antes mencionado como causa de sanción al relajar la disciplina al quebrantar la cohesión orgánica provocando la intriga y la discordia entre los diversos militantes del Estado de México.’

Dado los considerandos anteriores, la Comisión Nacional de Garantías y Apelación, resolvió: ‘PRIMERO.- Se le impone al C. Juan Lago Lima la sanción estatutaria consistente EN EXPULSIÓN PÚBLICA DEL PARTIDO ALIANZA SOCIAL, a partir del día siguiente de su notificación.’

En esa tesitura se desprende que en ningún momento la dictada resolución de expulsarlo públicamente del partido es ilegal, por el contrario se atendieron lo preceptos aplicables contenidos en los Estatutos Generales vigentes del instituto político que represento. Con la resolución antes referida el Partido Alianza Social ha pretendido orientar a su militancia por los cauces partidistas y democráticos, no permitiendo que personas como el hoy quejoso vean a los partidos políticos como empresas mercantiles, de las cuales pretendan obtener un beneficio personal económico, sin importarles de forma alguna el objeto para el cual han sido creados los Partidos Políticos Nacionales.

III.- Este hecho ni se afirma ni se niega por no ser hecho propio del Partido Alianza Social.

IV.- Este hecho se acepta parcialmente ya que como se señaló anteriormente, después de haber concluido el procedimiento que conforme a los Estatutos Generales del Partido Alianza Social, se le instruyó al C. Juan Lago Lima, y después de haber sido expulsado legalmente del Instituto Político que represento, y a fin de mantener en función a la dirigencia del partido en el Estado de México, el 28 de marzo de 2001, el Comité Nacional, con fundamento en el artículo 69, inciso a) de los Estatutos Generales, emitió la convocatoria para la elección de Presidente del Comité Ejecutivo del Partido Alianza Social en el Estado de México, celebrándose dicha elección el pasado 23 de septiembre del año en curso.

Es importante señalar, que contrario a lo que alega el hoy quejoso, esta convocatoria y consecuentemente la elección correspondiente, de ninguna manera afecta derecho alguno del C. Juan Lago Lima.

V.- Este hecho se afirma, en términos de los argumentos vertidos en la contestación al hecho IV.

VI.- Este hecho se niega, ya que como se ha mencionado anteriormente, las resoluciones que emite la Comisión Nacional de Garantías y Apelación del Partido Alianza Social, de conformidad con los Estatutos Generales del Instituto Político que represento, tienen el carácter de definitivas, por ser éstas emitidas por el Máximo órgano jurisdiccional interno del Partido Alianza Social, es decir, es la última instancia resolutora. De lo anteriormente señalado, se desprende que en virtud de que la resolución por la cual el órgano de referencia, determinó expulsar del Partido al C. Juan Lago Lima, es definitiva, y por lo tanto ya no existe instancia interna alguna a la cual recurrir, el Comité Nacional Ejecutivo del Partido Alianza Social, de conformidad con lo señalado en el articulo 69, inciso a) de los Estatutos Generales, emitió la convocatoria para elección de Presidente del Comité Ejecutivo del Partido en el Estado de México.

Es importante mencionar, que el Instituto Político que represento no pasa por alto la autoridad del Instituto Federal Electoral, pero debe precisarse que este Instituto carece de facultad alguna para intervenir en la vida interna de los Partido Políticos y con mayor razón para inmiscuirse en las decisiones que tomen los órganos internos de los Partidos Políticos en la solución de controversias internas. En razón de lo anterior, y aunado a lo manifestado en el párrafo que antecede, el Partido Alianza Social, en ningún momento ha actuado de manera ilegal y arbitraria.

VII.- Este hecho se niega, en virtud de cómo se desprende de todos los argumentos vertidos en la contestación a los hechos que anteceden, la suspensión y posterior expulsión del C. Juan Lago Lima, se determinaron después de haberse instruido el procedimiento correspondiente señalado en los Estatutos Generales del Partido Alianza Social, procedimiento en el cual el hoy quejosos tuvo oportunidad de ser oído y por lo tanto de defenderse, es decir, en todo momento se le respetó al C. Juan Lago Lima su garantía de audiencia y legalidad, por lo que resulta infundado el hecho de que el recurrente manifieste que con la celebración de la elección de Presidente del Comité Ejecutivo del Partido Alianza Social en el Estado de México, se le ha dejado en estado indefensión, argumento que resulta frívolo, en virtud de que tal acto no afecta derecho alguno del C. Juan Lago Lima.

VIII.- Este hecho es cierto.

IX.- Este hecho se niega, en razón de que por determinación del máximo órgano jurisdiccional interno del Partido Alianza Social, resolvió conforme a los Estatutos Generales, destituir al C. Juan Lago Lima del cargo que desempeñaba, además expulsarlo del Instituto Políticos que represento; por lo que el quejoso no puede pretender que se respete el período de gestión del cargo que desempeñaba, en virtud de que el C. Lago Lima carece de interés para ello, ya ni siquiera forma parte del Partido que pretende dirigir, luego entonces y a fin de mantener en función al órgano de dirección del Partido en el Estado de México, se realizó la Convocatoria correspondiente a la elección de Presidente del Comité Ejecutivo del Partido Alianza Social en el Estado de México, para sustituir al C. Juan Lago Lima.

En el caso que nos ocupa, no es aplicable el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que al C. Juan Lago Lima, no se le privó de su derecho de audiencia como se desprende del debido procedimiento instruido por la Comisión Nacional de Garantías y Apelación del Partido Alianza Social como Presidente del Comité Ejecutivo del Partido Alianza Social en el Estado de México, habiéndole seguido previamente un procedimiento, sino que por el contrario, el C. Juan Lago Lima, fue destituido de su cargo, suspendidos sus derechos y expulsado del Partido Alianza Social, por resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Garantías y Apelación, de fechas 29 de julio y 28 de diciembre del año 2000 respectivamente, del Instituto Políticos que represento, de conformidad con lo señalado en los Estatutos Generales del Partido. Cabe señalar que durante la tramitación del procedimiento de referencia siempre se le respetó al hoy quejoso su garantía de audiencia y legalidad.

Es importante señalar y contrario a lo que manifiesta el C. Juan Lago Lima, que el procedimiento que se le instruyó ante los órganos internos del Partido, la resolución por la cual se determinó su expulsión del Instituto Políticos Alianza Social, fue emitida en última instancia, por lo que no queda litis alguna que resolver.

Tampoco es aplicable lo señalado en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los partidos políticos no gozan de fuero alguno, como lo señala el quejoso, en razón de que la ley no les otorga ese derecho. Sin embargo, la Carta Magna señala que los partidos políticos son entidades de interés público que tendrán derecho a participar en las elecciones, así como promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo"