"1. Es el caso que el día 5 de junio del presente año [2000], la coalición de partidos denominada "Alianza por México" organizó un evento partidista en la Explanada del cerro de la Bufa de la Ciudad de Zacatecas, evento en el cual el candidato de la citada coalición a la Presidencia de la República el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano realizó la promoción de su candidatura en ese acto de campaña.

2. En ese acto de campaña, celebrado en el lugar y fecha mencionados en el anterior punto fáctico, estuvo presente y, además participó como orador promoviendo el voto a favor de los candidatos de la Alianza por México, el C. Lic. Ricardo Monreal Ávila, Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, participando en horas de trabajo consideradas hábiles dentro de la encomienda que tiene precisamente como Gobernador Constitucional de la Entidad.

El Licenciado Ricardo Monreal Ávila, en su intervención durante ese acto de campaña, según se escucha en la grabación que anexamos al presente escrito, previa la introducción que para escuchar su mensaje dieron los conductores de radio que narraban dicho evento, quienes dijeron ‘...vamos a escuchar parte del mensaje que está emitiendo en estos momentos el Licenciado Ricardo Monreal Ávila, quien en su calidad de militante ha citado precisamente a este cerro de la Bufa, en donde pues es el primer orador para darle la bienvenida a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato presidencial de la Alianza por México...’, el titular del Ejecutivo del Estado mencionó:

‘En Zacatecas...(inaudible)...esto es ...(silencio)...En Zacatecas...(silencio)...esto es...(silencio)...(inaudible)...se escucha...¿vamos a ganar? (Contestan varias voces)...¿no se escucha hayá (sic)? ...¿no van a votar por el PRI, veda (sic)?...(se oyen varias voces)...bueno, por la derecha y la reacción...(se oyen voces de la gente)...¿por quién vamos a votar?...(la gente contesta y se oyen gritos y porras y la crónica breve de los conductores de radio)...amigos, (se oye crónica de los conductores)...esta es...la nueva mayoría de Zacatecas real...hoy venimos a Cuauhtémoc Cárdenas que en Zacatecas va a ganar Cuauhtémoc Cárdenas...(silencio)...y van a ganar nuestros candidatos...(se oyen gritos de los asistentes)...(se oyen voces de los conductores de la radio)...amigos...(nuevamente las voces de los conductores)...amigos...esta tarde nos hemos reunido en esta plaza histórica para garantizar...¡Cuauhtémoc!...(se oyen gritos de la gente)...(se escuchan aclaraciones de los conductores de radio)...(se escucha el promocional de ‘Radio Zacatecas’).

Con ello se corrobora que el Lic. Ricardo Monreal Ávila, Gobernador Constitucional del Estado fue el organizador del mencionado evento partidista, utilizando recursos públicos para la organización y distrayendo personal del Gobierno del Estado, en este caso de la Coordinación General de Comunicación Social, para apoyar a la Alianza por México y promover radiofónicamente la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y a los candidatos a diputados federales y candidatos a senadores de la mencionada coalición.

3. El evento partidista celebrado en la explanada del cerro de la Bufa fue trasmitido en vivo, el mismo día y hora en que fue celebrado, a través de la Estación de Radio 97.9 de Frecuencia Modulada denominada ‘Radio Zacatecas’ y participaron como conductores en vivo y a control remoto, desde el lugar de realización del evento, los CC. Jorge Acuña, Armando López, Guillermo Hernández y Guillermo Correa, entre otros, todos ellos servidores públicos de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, como si dicho evento se tratase de un evento propio de alguna dependencia del Gobierno Estatal. Asimismo, durante la trasmisión de dicho acto de campaña los referidos servidores públicos estuvieron haciendo una constante y sistemática alabanza a la figura del candidato a la Presidencia de la República por la ‘Alianza por México’, así como realizando promoción abierta y proselitismo político a favor de la Alianza por México, tratando de que los radio escuchas recibieran ese mensaje como si esos servidores públicos fueren dirigentes o funcionarios partidistas y no funcionarios del Gobierno de la Entidad.

Además, de lo anterior se desprende claramente que efectivamente fueron funcionarios del Gobierno del Estado quiénes (sic) realizaron la conducción del programa en que se transmitió el acto de campaña realizado por la ‘Alianza por México’, y fue precisamente en la Estación de Radio que opera la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Zacatecas, se presume que la contratación del tiempo respectivo fue hecha por el Gobierno del Estado, en contravención de lo establecido por los párrafos 1 y 13 del artículo 48 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electoral.

Asimismo, el Código de la materia establece que para que los partidos políticos puedan ejercer las prerrogativas en radio y televisión, se sujetará a lo preceptuado por el artículo 43 párrafo 1 de ese ordenamiento legal, que señala el imperativo de que serán la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Federal Electoral y la respectiva Comisión de Radiodifusión del mismo Instituto quienes tendrán a su cargo el trámite de las aperturas de los tiempos correspondientes. Aún más, el artículo 44 del Código en comento otorga a los partidos políticos 15 minutos mensuales del tiempo que corresponde al Estado en las frecuencias de radio y en los canales de televisión. En el caso en concreto que estamos denunciando, la Alianza por México utilizó un tiempo mayor al legalmente permitido por el ordenamiento legal de la materia, tal como se puede constatar en la grabación del audio casete que aportamos como medio de prueba en el presente escrito, con lo que, en caso de que esta coalición haya contratado este tiempo en radio, estamos ante la presencia de un exceso en los gastos de campaña y, por tanto se rebasan los topes máximos de esos gastos.

"Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 36 párrafo 1 incisos a), b) y g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, acudo ante usted a presentar AD CAUTELAM, CONTESTACIÓN A SU OFICIO STCFRPAP/826/01, dirigido indebidamente al partido político que represento, por medio del cual pretende hacerse del conocimiento de mi representado diversos hechos, relacionados con un procedimiento ramitado (sic) bajo un número de expediente QCFRPAP-34/00 PRI Vs. Alianza por México en contra de la Coalición Alianza por México.

(...)

Previo a la contestación en forma cautelar que realizaré respecto al fondo del asunto, someto a consideración de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y las Agrupaciones Políticas los siguientes argumentos, con los que demuestro que se ha llamado indebidamente al Partido de la Revolución Democrática a comparecer ante esta autoridad, violándose diversas formalidades esenciales del procedimiento.

En efecto, como se ha dicho con antelación, la Secretaría Técnica de la Comisión pretende con el oficio multireferido informar a mi representado que la Comisión de Fiscalización en sesión de fecha cuatro de diciembre del año que transcurre, había presuntamente estimado que existen indicios suficientes respecto de la probable comisión de irregularidades por parte de la Coalición Alianza por México, relacionadas con un procedimiento de queja instaurado por el Partido Revolucionario Institucional e identificado con el número de expediente QCFRPAP-34/00 PRI Vs. AM; así como que, en la misma sesión, se había instruido al Secretario Técnico de la Comisión para que emplazara a la también referida Coalición Alianza por México, corriéndole traslado con todos los elementos que integran el expediente respectivo.

Sin embargo, al oficio de referencia no se acompaña original o copia certificada de documento alguno, que permita conocer a mi representado sí (sic) efectivamente la Comisión de Fiscalización ordenó la realización de tales actos. No se acompaña copia certificada, por ejemplo, del acuerdo tomado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y las Agrupaciones Políticas, que nos permita corroborar la afirmación de su Secretario Técnico.

Tal circunstancia tiene singular relevancia en el caso que nos ocupa, pues el Secretario Técnico de la Comisión afirma que la Comisión de Fiscalización ha presuntamente estimado que existen indicios suficientes respecto de la probable comisión de irregularidades por parte de la Coalición Alianza por México, relacionadas con un procedimiento de queja. Sin embargo, en el oficio de referencia no se señala a que (sic) supuestos "indicios" se refiere, o cuales (sic) son las irregularidades que se imputan a mi representado, el Partido de la Revolución Democrática.

Lo anterior viola a todas luces el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se realiza un acto de molestia en contra de mi representado sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento.

No es óbice para lo anterior que en oficio referido, el Secretario Técnico de la Comisión cite como sustento de su actuar el artículo 270 párrafos 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 7.1 del ‘Reglamento que establece los Lineamientos aplicables en la Integración de los expedientes y la Substanciación del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el origen y la aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los Partidos y agrupaciones Políticas’, en razón de lo siguiente:

La Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización al citar tales preceptos, pretende que a su oficio se le otorgue la calidad de un emplazamiento a mi representado, en un procedimiento instaurado con motivo de la queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, a dicho documento no puede de ninguna manera otorgársele el valor legal de un emplazamiento, pues como se ha dicho, no se hace acompañar de los documentos con los cuales se haga de nuestro conocimiento de manera clara, plena, cierta y completa cuales (sic) son los actos que se nos imputan y por que (sic) se estima que son conculcatorios de alguna disposición legal y cual (sic) o cuales (sic), serían estos preceptos legales violados.

Es criterio reiterado de los Tribunales Federales, que el emplazamiento entraña una formalidad esencial de cualquier clase de juicio procedimiento que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del Artículo 14 de la Carta Magna. En ese sentido y por tratarse de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley. Esto es así, pues del debido emplazamiento depende precisamente que se otorgue cabal respeto a la garantía de audiencia tutelada por nuestra Ley Fundamental.

En el presente caso, no solamente no se nos entrega constancia alguna del presunto acuerdo de la Comisión de Fiscalización que motiva el acto de molestia, sino que además no se hace de nuestro conocimiento cuales (sic) son los presuntos actos que se nos imputan y las posibles violaciones que estos ocasionarían.

Lo anterior deja a mi representado en total estado de indefensión, pues esta autoridad pretende que responda sobre imputaciones inciertas e indeterminadas, lo cual viola a todas luces el principio de certeza que esta autoridad se encuentra obligada a cumplir y tutelar.

Tampoco puede considerarse que de los documentos que se acompañaron al oficio puedan desprenderse tales cuestiones, pues el Secretario Técnico de la Comisión se limitó a acompañar a su oficio un legajo de copias simples, sueltas, sin certificación, sin folio, que de ninguna manera nos permitiría constatar si se trata de un expediente completo, o que comprenda todas las actuaciones en un procedimiento.

Por otro lado, también es criterio reiterado de los Tribunales Federales que las copias simples no tienen ningún valor de convicción, por lo que sería contrario a derecho que se obligara a mi representando a contestar imputaciones sobre la base de documentos, sin ninguna certificación.

Existe además en el oficio que se contesta una clara violación al principio y a nuestra garantía de legalidad, pues si bien es cierto se mencionan los artículos 270 párrafos 1 y 2 del Código Electoral Federal y el artículo 7.1 del Reglamento para el trámite de las quejas en materia de financiamiento, también es cierto que carece de una debida motivación, pues no se razona por que (sic) se realiza un acto de molestia al Partido de la Revolución Democrática, por presuntos actos realizados por la Coalición Alianza por México. Se limita a señalar el oficio cuestionado, que la comisión de fiscalización estimó (en un presunto acuerdo) que: "...existían indicios suficientes respecto de la probable comisión de irregularidades por parte de la Coalición Alianza por México, a la que su representado perteneció durante el proceso electoral del año 2000...". Sin embargo, no expresa las razones, motivos o circunstancias especiales con las que justifique que esa única razón es suficiente para realizar un acto de molestia a mi representado.

Carece además de motivación, el oficio multireferido cuando no nos permite conocer los presuntos actos que se nos imputan ni las probables violaciones que con ellos se ocasionarían, lo cual reitero, implica ubicarnos en una situación de indefensión.

"Que por este medio, en tiempo y forma, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 párrafo 1 incisos a) y b), 270 párrafo 2, 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 8 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la integración de los expedientes y la substanciación del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y la aplicación de los Recursos derivados del financiamiento de los Partidos y Agrupaciones Políticas, venimos a manifestar lo que al Partido de la Sociedad Nacionalista respecto del supuesto "EMPLAZAMIENTO" realizado por el Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de los recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, relacionado con la queja al rubro indicada, en los términos que a continuación se hacen valer:

I. Con fechas 6 y 7 de diciembre de 2001, este Instituto Político fue enterado, mediante oficio número STCFRPAP/823/01, con fecha 6 del mismo mes y año, remitido por el Secretario Técnico de la comisión de fiscalización de los recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Federal Electoral [que] en su Sesión de fecha 4 de diciembre del presente estimó que existen indicios suficientes respecto de la probable comisión de irregularidades por parte de la Coalición alianza (sic) por México a la que perteneció el Partido de la Sociedad Nacionalista, respecto de la infundada queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la "Alianza por México", e identificada con número de expediente Q-CFRPAP34/00 PRI vs. AM.

Se precisa que del texto del mencionado oficio se desprende que la Secretaría Técnica de la comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, pretende que el mismo sea considerado como emplazamiento, al fundarlo en el contenido del artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin que el mismo reunía (sic) con las formalidades que deben revestir un procedimiento de esta naturaleza, pues no es igual un comunicado que una formal llamada a procedimiento.

Sin embargo, en este acto venimos a manifestar, la (sic) siguientes consideración (sic) y argumentos,:

1.- En principio protestamos el indebido emplazamiento que se ha hecho al partido político que represento, en virtud de no existir persona alguna en este Instituto Político que pudiera comparecer en legítima representación de la Alianza por México, con lo que evidentemente, se ha realizado un emplazamiento indebidamente al Partido de la Sociedad Nacionalista.

Pues efectivamente Sociedad Nacionalista participó en las elecciones federales del año 2000, formando parte de la Coalición alianza (sic) por México, sin embargo ni el suscrito, ni persona alguna de este Partido Político tuvo en ningún momento legitima representación de dicha coalición.

Por otro lado, no debemos olvidar que al formarse dicha coalición se cumplió con todos los requisitos establecidos por los artículos 58 y 59 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se despende (sic) que una coalición es un grupo de Partidos Políticos del que se produce el nacimiento de un ente distinto, una figura jurídica ajena a aquellas que la forman, con una vida jurídica independiente y cuya representación sustituye para todos los efectos a la de los partidos políticos que la constituyeron.

En tal virtud, no es viable, que se emplace a este partido político como parte en dicho procedimiento, en virtud de que en este instituto carecemos de la personalidad jurídica para representar a dicha coalición.

Asimismo, como se desprende de la lectura del mencionado artículo 59, párrafo 1, inciso a) "La coalición deben (sic) actuar como un solo partido político y, por lo tanto, la representación de la misma sustituye para todos los efectos a que haya lugar a la de los partidos políticos coaligados".

De igual modo el artículo 63 párrafo 1 inciso I) del mismo ordenamiento legal señala la obligación de las coaliciones de señalar quien (sic) ostenta la representación de la coalición para efectos de la interposición de los medios de impugnación previstos por la ley de la materia, representación, que como es del conocimiento de este Instituto Electoral, no recayó en miembro alguno del Partido de la Sociedad Nacionalista.

Si se revisa el Convenio de la Alianza por México, el mismo en la cláusula Décima Segunda disponía que, la representación de la coalición electoral para los efectos de la interposición de los medios de impugnación en materia electoral correspondía a los representantes de la coalición ante los órganos del Instituto Federal Electoral, a los miembros de la Coordinación Nacional y a los que tuviesen facultades de representación conforme a los Estatutos de la Coalición o mediante poder otorgado por escritura pública por los funcionarios de la coalición facultados para tal efecto. Asimismo, el artículo 16 fracción I de sus respectivos Estatutos, establecía que la representación legal de la coalición la detentaba el Vocal Presidente de la Coordinación Nacional Ejecutiva de la Coalición.

Por ende, insistimos en que si este instituto político nunca tuvo facultades para la defensa jurídica y representación de la llamada "Alianza por México", será quien detentó dicha personalidad y derechos será (sic) a quien corresponda responder por los hechos aludidos en la queja materia de este procedimiento, es decir solo (sic) podrá apersonarse como actor o demandado, quien se ostentaba y acreditaba su calidad de representante legal de la coalición "Alianza por México" y de ninguna manera el Partido de la Sociedad Nacionalista.

Como es del conocimiento de este Instituto Electoral y de acuerdo a lo establecido por el Código Federal Electoral, las coaliciones son de carácter temporal, creadas para la consecución de un objetivo, mismo que una vez que es cumplido, en este orden de ideas, al haber concluido el proceso electoral federal la coalición "Alianza por México" quedó sin efectos y sin personalidad jurídica y, en consecuencia, sus correspondientes órganos e instancias desaparecieron, por lo que no existe persona o instancia que represente legalmente a la mencionada coalición, que a la fecha tengan la posibilidad jurídica de comparecer en el presente procedimiento.

Por lo que evidentemente no es procedente jurídicamente la exigibilidad que se pretende ejercer en contra del Partido de la Sociedad Nacionalista, para que responda por actos realizados por la "Alianza por México", en virtud de que como hemos mencionado en múltiples ocasiones, este Instituto Político no detentó en ningún momento la representación ante los órganos electorales de esa Alianza, por lo que no puede pretenderse sancionarlo por actos realizados por un ente jurídico diverso.

Por lo que evidentemente no existe fundamento legal que sustente el emplazamiento realizado a mi representada (sic) y mucho menos que se le responsabilice por los actos realizados por un ente jurídico ajeno a él.

2.- Ahora bien suponiendo, sin conceder, que efectivamente mi representada (sic) tuviere que acudir al presente procedimiento por haber formado parte de la "Alianza por México, y que las pretensiones del partido promovente tuvieren éxito, no sería procedente de ningún modo la aplicación de una sanción de las previstas por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en virtud de que como se desprende de autos los actos que hipotéticamente pudieren constituir una falta a las reglas que para el financiamiento establece la ley de la materia no será posible en virtud de la extinción de la persona jurídica "Alianza por México", y de su patrimonio, por lo que sería materialmente imposible a ese Instituto Electoral aplicar una sanción a una persona extinta, en cuyo patrimonio no podrá versar dicha sanción.

Esa misma Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y las Agrupaciones Políticas, ha reconocido dicha situación, pues en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 49 B párrafo 2 inciso j) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ha sostenido categóricamente que las coaliciones están facultadas única y exclusivamente para realizar gastos de campaña. Por lo que no sería posible gravar su patrimonio, pues esta (sic) carece de financiamiento con el cual pudiera solventar el monto de la sanción. Por otro lado tampoco será posible aplicar tales sanciones a los partidos políticos que formaron parte de la "Alianza", sin que con ello se estuviere violentando algún mandato legal, pues es claro que sería un gasto de la coalición y no del Partido Político.

Así, en el supuesto de que esta autoridad impusiera una sanción pecuniaria a este Partido Político que en su momento formó parte de la coalición "Alianza por México", por actos imputados a esta última, dicha multa constituiría un menoscabo directo en el patrimonio particular del instituto político que represento y, en consecuencia, una violación directa el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo antes fundado y motivado, esa Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas deberá desechar el presente procedimiento, declarándolo sin materia el procedimiento que nos ocupa, al haber acontecido un acto posterior a la presentación de la queja que dio origen al mismo, el cual consistió en la desaparición de la coalición "Alianza por México", situación que en virtud de los argumentos señalados en párrafos anteriores impide el trámite legal de la misma.

3.- Del contenido del expediente relativa (sic) a este procedimiento se desprende que se desprenden (sic) claramente las siguientes precisiones:

Previo a la contestación en forma cautelar, someto a su consideración los siguientes argumentos con los que demuestro que se emplazó incorrectamente a Convergencia por la Democracia a comparecer al presente procedimiento administrativo, por lo que el suscrito carece de legitimación por si mismo (sic) para comparecer en el presente litigio.

Como consta en archivos de este Instituto Federal Electoral, la constitución de la coalición Alianza por México fue aprobada en sesión pública del propio Consejo con fecha 17 de diciembre de 1999, por lo que de acuerdo al convenio de coalición aprobado en sesión del Consejo General en su cláusula décima segunda, la representación de la coalición electoral, para los efectos de la interposición de medios de impugnación corresponde a los representantes de la coalición ante los Consejos del Instituto Federal Electoral, los cuales fueron designados de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 fracción X de los Estatutos de la coalición y en la cláusula décima octava se señala que el domicilio legal para oír y recibir notificaciones será el ocupado por la representación del Partido de la Revolución Democrática, en este caso la representación legal de la Coalición Alianza por México recayó en el mencionado partido.

Al haber concluido el proceso electoral y desaparecer la coalición Alianza por México, es lógico que sus órganos e instancias ya no existan, por lo que Convergencia por la Democracia, carece de legitimación para acudir a dicho procedimiento.

Conforme a los recursos de apelación SUP-RAP-017/2001 y SUP-RAP-018/2001, mismos que fueron aprobados el 13 de julio del presente año en la sesión publica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde señala que por cuanto hace a las coaliciones una vez registradas estas (sic) actúan como un solo partido, pues la representación de aquellas (sic) sustituye para todos los efectos legales relacionados con el proceso electoral y las consecuencias que derivan del mismo, a la de los Partidos políticos que la conforman, de tal manera que las conductas ilícitas en que pudieran incurrir deben valorarse como si las hubiese efectuado un solo partido. Por esta razón si de este procedimiento en el supuesto sin conceder que se impusiera una multa a Convergencia por la Democracia, como integrante de la coalición tendrían que demostrar su participación en los supuestos hechos y se multiplicaría los efectos de una sola conducta no imputable al mismo y se estaría sancionado a sujetos que no llevaron a cabo, por sí mismos las infracciones a la ley.

En este sentido, Convergencia por la Democracia desconoce totalmente, los hechos a los que se refiere la queja administrativa presentada por el Partido Revolucionario Institucional, por no ser imputables a mi representado, en este sentido, la Secretaría Ejecutiva y ahora la Comisión de Fiscalización no han aportado elementos para atribuirle a mi representada alguna conducta ilícita conforme al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En ese mismo tenor, tampoco aportaron ningún elemento para poder iniciar el procedimiento administrativo [ante] la Comisión de Fiscalización, ya que como se desprende de las constancias que obran en el expediente, no existe (sic) más que indicios que no son adminiculados con ninguna prueba que nos lleve a concluir que existan elementos fehacientes como para poder iniciar el procedimiento.

Por otro lado la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, al iniciar el procedimiento lo hace sin aportar elemento alguno que pueda desvirtuar mi representado, por lo que en obvio de repeticiones ya fueron contestados los hechos en el escrito de presentación de contestación al procedimiento previsto en el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales como obra en el expediente, del día 5 de diciembre de 2000, mismo que fue recibido en esa misma fecha por la Secretaría Ejecutiva a las 17:50 horas.

En otro orden de ideas, dentro del expediente que se remitió a la representación de Convergencia por la Democracia, no obran los argumentos, la fundamentación, y la motivación en una evidente violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la razón por la cual la propia Comisión en sesión del 4 de diciembre del presente año, decide iniciar el procedimiento administrativo, el cual se contesta de manera cautelar. Por lo que al desconocer mi Partido los motivos por los que se inicia este procedimiento me encuentro en completo estado de indefensión para desvirtuar cualquier elemento que pudiera ser imputable a mi Partido o en su defecto a la coalición Alianza por México.

Debemos recordar, que el Consejo General ya resolvió la queja en cuestión, declarándola infundada, por lo que resulta incongruente que el Secretario Técnico de la Comisión, nos remita copia de lo actuado en el presente asunto, ya que todos estos elementos fueron valorados por la Junta en su momento para emitir un dictamen y avalados y resueltos por el máximo órgano de dirección del Instituto Federal Electoral.

Sin embargo, es necesario precisar que en los elementos que supuestamente toma en cuenta la Comisión de Fiscalización, sin tener certeza de ello, para poder iniciar el procedimiento que se contesta son 2 testimoniales pasados (sic) bajo la fe de notario público número 31, Lic. Jesús Benito López Domínguez, en los que expide (sic) 2 actas de fe de hechos a solicitud del Lic. Víctor Sánchez González, tal persona se ostenta como el encargado del centro de defensa jurídica del voto del Partido Revolucionario Institucional, en las cuales denuncia según lo que le consta a él y no al notario, que el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, como candidato a la Presidencia de la República, por la Alianza por México, realizó un acto político el cual fue trasmitido por la estación 97.9 FM, que según afirma el compareciente es propiedad del gobierno del Estado.

Por otro lado, las diligencias realizadas por el Secretario Ejecutivo y el Vocal Ejecutivo, del Estado de Zacatecas del Instituto Federal Electoral, no se acreditan violaciones algunas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales como obra en el expediente, por lo que no encuentro la razón por la cual se debió de iniciar el procedimiento.

Por lo que es claro, que me encuentro en estado de indefensión, para desvirtuar cualquier elemento y alegar lo que a mi derecho conviniere en el procedimiento en cuestión, es evidente que mi garantía de audiencia y defensa no esta (sic) satisfecha, y resulta inocuo el emplazamiento como fue realizado por el Secretario Técnico de la Comisión de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas".