Sintitul1

Uno de los hechos sobresalientes del final del siglo xx es, sin duda, la preeminencia de la democracia sobre el autoritarismo. La extensión y el arraigo de los valores, las instituciones y las prácticas democráticas en el mundo de hoy constituyen, en efecto, un proceso global que, al parecer, se dirige hacia su consolidación. La derrota de los totalitarismos de derecha en la Segunda Guerra Mundial; las transiciones a la democracia en el sur de Europa, en América Latina y en el sudeste asiático a lo largo de los años setenta y ochenta, y el derrumbe de los regímenes totalitarios de Europa del Este, conocidos como socialismo real, durante el segundo lustro de los ochenta, apuntalaron a las grandes democracias e impulsaron la emergencia de nuevas democracias, transformando de manera radical el mapa geopolítico mundial. Pero sobre todo, apoyado en la globalización de los medios de comunicación, dicho proceso ha significado un profundo cambio en los valores y las percepciones de las sociedades contemporáneas en favor de los derechos y las libertades fundamentales de la persona, sustento y fin del constitucionalismo democrático.

El éxito de ese proceso de universalización de la democracia no implica, sin embargo, un triunfo definitivo sobre el autoritarismo, ni mucho menos que los retos actuales y los desafíos futuros de las democracias en particular hayan sido resueltos. Los riesgos de involución hacia formas autoritarias de gobierno, en especial en las democracias más recientes y frágiles; las dificultades para emprender o consolidar transiciones democráticas frente a los autoritarismos persistentes y los viejos o nuevos problemas institucionales de las democracias exigen cada día más imaginación y responsabilidad, más conocimientos y participación, más y mejor formación de ciudadanos libres y responsables. Exigen, en suma, una más amplia y sólida cultura democrática.

Es evidente que no hay mejor garantía para la consolidación de la democracia que la formación de una sociedad que conozca y aprecie sus valores, sus instituciones y sus prácticas y que, al mismo tiempo, a través de sus ciudadanas y ciudadanos, de sus diversas organizaciones, de sus partidos políticos y de su gobierno, participe efectivamente en el debate y en la formulación de propuestas frente a los asuntos de interés público propios de la vida democrática. Una sociedad, pues, comprometida con la democracia y su desarrollo.

En ese sentido, el objetivo de la colección Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos es contribuir a la divulgación de la cultura democrática en la sociedad mexicana, mediante el conocimiento de las democracias de nuestro tiempo. Con esta colección, el Instituto Federal Electoral busca poner al alcance del público en general, en especial de los jóvenes que cursan sus estudios de educación media superior y superior, la información y los elementos de análisis necesarios para el conocimiento de los sistemas políticos y electorales de las diversas democracias que existen en el mundo, su diseño constitucional y su forma de gobierno, los principios y los procedimientos que rigen sus elecciones, y su sistema de partidos.

Con ese fin, la colección ha sido diseñada de tal modo que permita un estudio comparativo de los sistemas políticos y electorales considerados. Para ello, cada una de las monografías tiene la misma estructura: a manera de introducción se presenta un marco conceptual básico para facilitar la comprensión de las nociones de sistema político, sistema electoral y sistema de partidos, que son, a su vez, temas tratados en capítulos aparte. Igualmente, las monografías contienen un anexo estadístico con datos generales de los países, los resultados electorales y la composición de los órganos de representación popular, así como una cronología electoral del país de que se trate.

Para el estudio de los sistemas políticos y electorales contemporáneos se requiere del conocimiento previo de su definición como conceptos y de una explicación sobre su significado. En términos generales se puede decir que el fenómeno político y, en particular, su manifestación en cada comunidad constituye un proceso complejo mediante el cual se toman las decisiones imperativas que la rigen. Pero, ¿cuáles son los elementos que intervienen en ese proceso?; ¿qué relación tienen entre sí?; ¿quiénes toman esas decisiones y con qué atribuciones?; ¿cómo se toman las decisiones imperativas?; ¿qué efectos producen y sobre quiénes? Éstas son, entre otras, las cuestiones que corresponden al estudio de los sistemas políticos y electorales, y en cada caso su respuesta explica o trata de explicar la manera en la que una comunidad específica las ha resuelto o busca resolverlas.

La noción de sistema político se refiere al conjunto de instituciones, organizaciones y procesos políticos que, caracterizados por un cierto grado de interdependencia, rigen y conforman la vida política de una determinada comunidad. En este sentido, el estudio sistémico del fenómeno político en cualquier agrupación supone, entre otras exigencias metodológicas, determinar el ámbito del sistema, es decir, señalar sus límites, y comprender los elementos o las partes que lo integran así como las relaciones recíprocas que guardan entre sí. En otras palabras, determinar si los confines del sistema se identifican, por ejemplo, con los del Estado-nación, que es el caso de nuestro tiempo; o si los elementos que lo integran, también como ejemplo, son una Constitución escrita, un Parlamento y partidos políticos.

Para saber cuál es el sistema político de un país se debe considerar si éste tiene un orden constitucional que garantice derechos y libertades a las personas o si se trata de un régimen autoritario; si siendo un Estado constitucional de derecho su forma de gobierno es presidencial o parlamentaria; si sus procedimientos electorales responden al principio de elección por mayoría o al principio de elección proporcional; si existen pocos o muchos partidos y cuál es la fuerza o la representatividad de cada uno de ellos, entre otros rasgos característicos. Si se responden estas cuestiones, aunque sea en forma básica, se puede decir que se conocen los elementos que conforman un determinado sistema político y las relaciones que dichos elementos guardan entre sí.

A partir del sistema político, y conforme a la metodología sistémica, los sistemas electorales y de partidos pueden ser considerados como subsistemas del primero. Esto significa que si bien su estudio puede tener un mayor o menor grado de autonomía, ésta no es total en la medida en que sus relaciones con el conjunto del sistema político _con los principios constitucionales fundamentales o con la forma de gobierno, por ejemplo_ suponen la existencia de factores externos al subsistema que producen distintos efectos sobre ellos. No obstante esa consideración, es evidente que los sistemas electorales y de partidos constituyen en sí mismos un objeto de estudio.

La noción de sistema electoral tiene dos acepciones: en sentido amplio, como sinónimo de derecho electoral o régimen electoral, es decir, el conjunto de normas, instituciones y procedimientos que regulan la organización de las elecciones, la integración de los órganos de representación popular y, generalmente, a los partidos políticos; y en sentido estricto, como los principios y los métodos utilizados para convertir los votos en escaños, es decir, como el procedimiento técnico de la elección por medio del cual la voluntad de los ciudadanos manifestada en las urnas se traduce en representación política en un Parlamento.

Por su parte, la noción de sistema de partidos se refiere a la forma en la que las organizaciones partidistas interactúan entre sí o, en su caso, a la forma en la que un solo partido actúa dentro de un régimen representativo. En este sentido, se puede hablar de un

sistema de partidos competitivo, de un sistema de partido hegemónico, o de un sistema bipartidista o multipartidista, por citar las características más relevantes.

Como se ha señalado, la colección Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos se ocupará de las democracias de nuestro tiempo y, por lo tanto, hará referencia a países organizados bajo un régimen constitucional democrático. ¿Qué significa esto?; ¿qué es el constitucionalismo?; ¿qué formas de gobierno han sido adoptadas dentro del constitucionalismo?; ¿cuáles son los distintos principios electorales para la integración de los órganos de representación popular en las democracias representativas?

Con el propósito de ofrecer los elementos necesarios para la mejor comprensión de cada uno de los sistemas políticos y electorales incluidos en este esfuerzo editorial, a continuación se tratará de dar respuesta en forma breve y sencilla a estos cuestionamientos a través de una serie de definiciones básicas.

El constitucionalismo es el producto político y jurídico del triunfo del pensamiento liberal frente al absolutismo y los autoritarismos. En ese sentido, el constitucionalismo tiene como razón de ser y como fin la limitación del poder público y la garantía de los derechos fundamentales de las personas, a través de la subordinación del poder a la ley. De allí que sus principios más importantes sean la división del poder político, para crear un sistema de controles y contrapesos entre los distintos órganos del Estado, y el control sobre la constitucionalidad de los actos de la autoridad, para garantizar los derechos fundamentales, establecidos en la Constitución, de las personas frente al poder público.

El constitucionalismo democrático es, en consecuencia, un régimen político y jurídico en el que, además de establecer límites al poder público y garantías para los derechos de las personas, los órganos de gobierno deben ser populares, es decir, deben expresar el principio de gobierno del pueblo conforme al significado etimológico de la democracia. Ahora bien, en la medida en que las sociedades modernas, por su dimensión y complejidad, no permiten el ideal clásico del gobierno directo del pueblo, la democracia moderna ha sido representativa, es decir, gobierno del pueblo a través de sus representantes, cuestión que veremos enseguida. Pero, en síntesis, el constitucionalismo democrático puede definirse hoy como un sistema político con división de poderes, garantías individuales y órganos de gobierno de representación popular.

Ahora bien, un régimen constitucional democrático puede adoptar distintas formas o sistemas de gobierno. Los dos más importantes son el presidencial y el parlamentario, y si bien dentro de ellos existen diversas modalidades e incluso un sistema híbrido o mixto que toma elementos de ambos _es el caso del semipresidencialismo francés_, lo cierto es que cada uno tiene elementos característicos, los cuales se pueden resumir en los siguientes términos:

• La elección del presidente es directa o semidirecta (es el caso de Estados Unidos).

• El jefe de gobierno y su gabinete no son designados o removidos por el órgano parlamentario sino por el propio presidente.

• El jefe de Estado y el jefe de gobierno son personas distintas (en las monarquías parlamentarias, como Gran Bretaña, el rey es el jefe de Estado).

• El jefe de gobierno y el gabinete son designados y pueden ser removidos por el Parlamento.

• Los poderes Ejecutivo y Legislativo no están separados; por el contrario, se comparten.

En los dos sistemas hay un proceso de elección popular para la integración de los poderes públicos. Dicha elección se realiza y se convierte en representación política mediante un sistema electoral; cabe recordar, en este punto, que la noción de sistema electoral, en sentido estricto, se refiere a los principios y a los métodos utilizados para convertir los votos en escaños, es decir, para traducir la voluntad ciudadana en representación política. Existen dos grandes sistemas electorales, el de mayoría y el proporcional, cada uno de ellos con diversas modalidades y fórmulas de asignación de escaños, así como un sistema mixto que combina los principios de ambos. En términos generales, dichos sistemas se pueden describir de la siguiente manera:

• Se busca formar una mayoría en los órganos de representación popular que garantice estabilidad y gobernabilidad, aun a riesgo de fomentar sobre o subrepresentación en el Parlamento; por ejemplo, que un partido político obtenga un porcentaje de escaños o curules sensiblemente mayor o menor al porcentaje de la votación que haya obtenido. En este caso se privilegia la gobernabilidad sobre la representatividad.

• El ganador de la elección en el ámbito territorial-poblacional donde se realice la elección se queda con toda la representación, es decir, gana todo; por ejemplo, en un distrito electoral se elige a un solo diputado.

• Los partidos presentan candidatos individuales y el elector sólo tiene una opción.

• Se busca que los órganos de representación popular sean lo más representativos posible de la voluntad ciudadana, es decir, de los porcentajes de votación obtenidos por cada partido, aun a riesgo de generar una fragmentación en la composición del Parlamento que dificulte la estabilidad y la gobernabilidad; por ejemplo, que un Parlamento, al reflejar con exactitud los porcentajes de la votación obtenidos por los distintos partidos políticos, se fragmente de tal modo que la formación de una mayoría que legisle o integre el gobierno (en el caso de un sistema parlamentario), resulte imposible; en este caso se privilegia la representatividad sobre la gobernabilidad.

• Se elige a dos o más representantes en el ámbito territorial-poblacional en el que se realice la elección y, por lo tanto, el triunfo es compartido según los porcentajes de la votación; por ejemplo, de una circunscripción electoral pueden surgir diez diputados.

• Las candidaturas de los partidos no son individuales sino que se presentan en listas.

Antes de concluir es importante señalar que el carácter general de los contenidos de esta introducción sirve, como se apuntó, para ofrecer los elementos básicos que permitan una mejor comprensión de los sistemas políticos y electorales específicos que constituyen el objeto de la colección. En cada caso se tratarán en detalle las características y las modalidades de los distintos países considerados.

Hablar del Uruguay actual exige hablar de la militarización que vivió durante la década de los años setenta, lo que a su vez supone analizar un encadenamiento crítico que fue debilitando al Estado, minó las bases institucionales que habían sustentado al país durante más de medio siglo, y provocó la irrupción de las fuerzas armadas en el poder con el objeto fundamental de destruir el movimiento popular y eliminar las trabas que impedían la consolidación de un modelo estatal radicalmente opuesto al que había privado desde el momento de la constitución del Estado oligárquico uruguayo en 1904.

El Estado uruguayo que se consolidó en 1904 era de tipo benefactor: había logrado desarrollar una pequeña industria, siguiendo el modelo de la sustitución de importaciones, asentada en la producción pecuario-exportadora. José Batlle y Ordóñez, el caudillo del Partido Colorado que derrotó a las últimas fuerzas levantadas en armas del Partido Nacional (Blanco), implantó una política reformista basada en la estatización de los principales servicios, promovió la industrialización por sustitución de importaciones y, aunque no tocó la propiedad de la tierra, se encargó de crear extensas clases medias a partir de una política redistribuidora de los ingresos que obtenía de los gravámenes a las propiedades. Batlle y sus principales seguidores hablaban del hombre trabajador, pero nunca de clases, cuyo conflicto reconocían, aunque creían poder armonizar a través de la mediación estatal. En su concepción el Estado era el árbitro perfecto, encargado de reducir los conflictos y evitarlos si era posible, disminuir las diferencias sociales y crear una imagen de igualitarismo, cuyo pilar esencial era la escuela laica, gratuita y obligatoria.

El conjunto de la concepción ideológica batllista se internalizó de manera muy profunda en la sociedad y aunque su segundo gobierno finalizó en 1916, su influencia sobre el Estado se proyectó durante más de una década. Los gobiernos colorados que le sucedieron, aunque fueron sólo caricaturescos frente a la tendencia original, mantuvieron una política de corte populista y protectora de la industria nacional que privó en el país hasta 1958.

El modelo batllista creó la imagen de un país paradisíaco, una "Suiza de América", vuelta de espaldas a América Latina y con los ojos puestos en Europa. En 1954, Luis Batlle aludiendo a esta idea, aseveró que era más correcto decir que Suiza era el Uruguay de Europa porque la bonanza era mayor en este último que en aquél. Sin embargo, la crisis se precipitó al año siguiente y comenzó a minar las bases del Estado redistribuidor.

Sin ningún tipo de determinismo, es prudente aclarar que el proceso de militarización del Estado uruguayo surgió a partir de un encadenamiento crítico, en cuya base se encuentra la crisis económica. Después de los grandes ingresos que recibió Uruguay en el periodo de entreguerras, vino su salvación con la guerra de Corea (ya que aumentaron las exportaciones de Latinoamérica hacia los países en conflicto), pero a partir de 1955 la caída de las exportaciones pecuarias y laneras fue intensa, la balanza comercial se desestabilizó y el país, con una estructura industrial débil y estancada, con un sector pecuario tradicional, fue incapaz de realizar las adaptaciones necesarias para seguir confluyendo al mercado mundial.

Aunque el gobierno de corte populista del segundo batllismo mantuvo su política de cambios preferenciales para la industria, el descontento se desencadenó no sólo entre los sectores ganaderos sino también entre las clases medias urbanas que comenzaron a sentir las restricciones.

En medio de una huelga que demandaba una legislación universitaria que amparara la autonomía, el Partido Colorado perdió el poder después de casi 100 años (1865-1958) en favor del Partido Nacional, cuestión que resulta interesante si se piensa que no existía un importante crecimiento demográfico y la migración campo-ciudad era muy pequeña. Significaba, entonces, que lo ocurrido fue un desplazamiento de preferencias dentro de los partidos tradicionales, también llamados lemas,¹ insólito hasta el momento.

Lo que realmente esperaba el electorado del Partido Nacional era que, después de ser el perdedor continuo durante un siglo, alcanzado el poder realizara una política que favoreciera la redistribución. Pero la selección había recaído en los sectores más conservadores del Partido Nacional. El nuevo gobierno aplicó una política antiindustria y antiproteccionista respecto al campo. Aplicó la ley de reforma cambiaria y monetaria, y nuevos criterios comenzaron a dominar en la regulación del comercio exterior. Desarticuló el sistema de cambios múltiples que beneficiaba a la industria, estableció el cambio único regido por la ley de la oferta y la demanda, y levantó moderadamente la protección a la industria.

Aunque todo el paquete era liberal, no fue aplicado de forma muy consecuente, pues mientras se liberalizaron el mercado cambiario y las corrientes de mercancía y capitales, se mantuvo cierta protección a la industria y se dotó al Estado de recursos por medio de impuestos vinculados al comercio exterior. El gran final fue la devaluación de la moneda en beneficio de los sectores exportadores.

La oposición en el área urbana fue muy fuerte: los trabajadores del Estado, los asalariados, el 70% de la población, que eran en su inmensa mayoría miembros de la clase media, banqueros, maestros, etcétera, reaccionaron sumándose al movimiento sindical que ya existía haciéndolo más fuerte. Así, comenzó una serie de luchas sindicales de gran intensidad, que llegaron incluso a extremos como el corte del suministro de energía eléctrica en la ciudad capital, lo que generó la represión intensa del movimiento y la implantación del estado de sitio, conocido en Uruguay como Medidas Prontas de Seguridad. ¹ Términos tales como lema, sublema y doble voto simultáneo, serán explicados posteriormente en el apartado III, que corresponde al sistema electoral. Las elecciones de 1962 no mejoraron la situación, antes bien la empeoraron, pues el gobierno no encontró medidas para aliviar la precaria situación económica. Las siguientes elecciones fueron en 1966, momento en que se eligió a un hombre cuyo único mérito había sido la administración honesta de los ferrocarriles nacionales. El gobierno de Oscar Gestido representó el último intento de reconciliación con los sectores inconformes, que, sin embargo, no funcionó pues murió en diciembre de 1967.

De acuerdo con las normas constitucionales, el 6 de diciembre de 1967 asumió la Presidencia Jorge Pacheco Areco, vicepresidente de la República. Su gestión al frente del gobierno se caracterizó por un estilo político que poco tenía que ver con las prácticas mediadoras del Uruguay tradicional; Pacheco personalizaba un proyecto de reestructura radical de la política uruguaya, tendente a afirmar un nuevo orden basado en la profundización de la autoridad presidencial y en la superación drástica de lo que iba quedando del viejo sistema uruguayo de mediaciones y compromisos.

La conducción económica se asoció de inmediato con un agravamiento de la crisis social y un recrudecimiento de las prácticas represivas contra los movimientos de oposición, algunos de los cuales aplicaban a su vez estrategias crecientemente radicalizadas. En ese marco se decretaron ilegales los partidos y las agrupaciones políticas de izquierda, se clausuraron en forma reiterada periódicos opositores, se dispuso de modo casi permanente la vigencia de Medidas Prontas de Seguridad, se sucedieron enfrentamientos institucionales entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, y se llegó incluso a la militarización de funcionarios, tanto públicos como privados, entre otras medidas de similar tenor.

En un desborde claro de sus potestades constitucionales, Pacheco pudo gobernar casi únicamente por decreto, sin obtener legitimidad plena para su política de "mano dura". No obstante, su estrategia autoritaria también supo suscitar un considerable apoyo popular, representativo de un espectro heterogéneo que abarcó desde sectores del empresariado hasta la población marginal. No era ajeno a todo ello el papel que poco a poco fue ocupando la violencia política en el país: su avance lento pero firme contribuyó en gran medida para que una buena parte de la ciudadanía comen zara a concebir la acción política como la mera instauración de un orden, lo que no podía sino derivar en franco autoritarismo.

El escenario político profundizó su cuadro de conflicto y polarización. Se incrementaron las acciones de la guerrilla urbana, en especial de los tupamaros,² que preconizaban la estrategia foquista como mecanismo idóneo para proyectar el impulso revolucionario al resto de la sociedad. Los conflictos sindicales _que habían iniciado en la segunda mitad de los años sesenta y que alcanzaron la unificación del movimiento sindical a través de la Convención Nacional de Trabajadores_ y las movilizaciones estudiantiles se vieron muy pronto envueltos en la espiral de violencia en medio de una secuencia de asesinatos, secuestros, desapariciones, denuncias de tortura y otras violaciones a los derechos humanos, todo lo cual pautaba el resquebrajamiento de la democracia uruguaya.

En medio de esta crisis, cada vez más amplia y profunda, se llegó a las elecciones nacionales de noviembre de 1971. En un clima totalmente enrarecido, estos comicios presentaron, sin embargo, varias novedades: por primera vez se hizo efectiva la obligatoriedad del sufragio, y también por primera vez pudieron votar los soldados de línea; y, junto con la elección de autoridades nacionales y departamentales, se realizó un plebiscito sobre un proyecto de reforma constitucional que habilitaba la reelección presidencial. ² Constituye el movimiento guerrillero más conocido en ese entonces en América Latina. Sus orígenes deben rastrearse desde fines de 1962 o principios de 1963, momento de gran erosión del sistema político uruguayo. Además de las vertientes de origen socialista y de otros desprendimientos de la izquierda, el movimiento recibió el aporte de una corriente de origen católico, que impuso a la organización algunos rasgos propios de su tradición: la verticalidad de las decisiones y el apego a la moral. Inicialmente, la organización parte de un esquema limitado, se considera el "brazo armado" de la izquierda política y traslada mecánicamente la experiencia cubana, pensando que su campo de acción estará en el medio rural. Posteriormente, el grupo evolucionó para convertirse en un movimiento político-revolucionario integral, que debe operar en todo el territorio, balanceando las acciones urbanas y rurales, pero privilegiando las primeras. El movimiento tupamaro evolucionó hacia el Movimiento de Liberación Nacional, como organización política revolucionaria, que basa en la acción directa su táctica para poder desarrollar la lucha armada en Uruguay. Véase Ana María Buriano Castro, El golpe de Estado del 27 de junio de 1973 en Uruguay, tesis de licenciatura, unam, México, 1986, pp. 275-277. Mientras el Partido Colorado compareció a las elecciones con un perfil crecientemente hacia la derecha, el Partido Nacional se presentó con una clara hegemonía de las fuerzas más reformistas y con programas alejados de las tesis neoliberales y de los lineamientos del Fondo Monetario, bajo el liderazgo ascendente y renovador de Wilson Ferreira Aldunate. Por su parte, los partidos y movimientos de izquierda concurrieron coaligados en el Frente Amplio con el general Líber Seregni como candidato presidencial, culminando así un largo proceso de confluencia política y aglutinando a un amplísimo espectro de fuerzas (comunistas, socialistas, demócrata-cristianos, izquierdistas independientes y sectores escindidos de ambos lemas tradicionales).

Los resultados electorales probaron a los diputados que las urnas no podrían dirimir las disputas fundamentales: triunfó el Partido Colorado por una diferencia mínima (menos del 1% del total de votantes). La candidatura presidencial triunfante de Juan María Bordaberry, candidato de Pacheco, apenas alcanzó el 22.8% del electorado, lo que sumado a la fragmentación partidaria conformaba un muy comprometido horizonte de gobernabilidad.

Los rumores golpistas que involucraban a jerarcas militares se habían vuelto moneda corriente, al tiempo que crecían los indicios de una derechización manifiesta de los mandos castrenses. También se acumulaban señales de una progresiva tendencia hacia la autonomía del instituto militar, proceso por cierto común en los ejércitos latinoamericanos pero bastante inédito en el caso uruguayo.

De acuerdo con todas las estimaciones previas, el gobierno de Bordaberry sufrió un vertiginoso desgaste y terminó por acelerar el desenlace golpista. Tras un fracasado intento por obtener un amplio respaldo político para su gobierno, Bordaberry debió conformarse con un pacto político restringido con Jorge Batlle y con los sectores minoritarios de la derecha nacionalista.

En tanto, el proceso golpista entró en sus etapas decisivas, en medio de una profundización de la espiral de violencia. El creciente y ya desembozado protagonismo político de los militares, la cada vez más precaria estabilidad parlamentaria, una virtual situación de empate de hegemonías y de vetos recíprocos en el interior del declinante sistema político, la agudización de los conflictos sociales que se enfrentaban con represión, entre otros factores, no hacían más que brindar credibilidad a los circulantes rumores golpistas.

El golpe de Estado se produjo finalmente en dos tiempos. En febrero de 1973, los mandos del ejército y la fuerza aérea rechazaron la designación del general Francese como nuevo ministro de Defensa, provocando una grave crisis institucional. El presidente Bordaberry intentó enfrentar el conato de insubordinación militar convocando al pueblo en su apoyo, llamado que obtuvo una decepcionante respuesta que confirmaba su desprestigio y aislamiento político. Los militares aprovecharon esta circunstancia para hacer públicos los llamados "comunicados 4 y 7", que contenían un confuso plan de objetivos y propuestas de gobierno con enunciados tan amplios y vagos como "la lucha contra la corrupción económica", "la eliminación de la deuda externa" y "la erradicación de la desocupación", entre otros.³

El episodio culminó con un acto de defección de Bordaberry, quien aceptó firmar el Acuerdo de Boisso Lanza, en la base aérea del mismo nombre, que convenía entre otras cosas la creación del Consejo de Seguridad Nacional (cosena), integrado directamente por los mandos militares. Entre los meses de febrero y junio de 1973 se confirmaron los pronósticos más sombríos sobre el signo y el destino del golpe militar. Ante el cada vez más avasallante intervencionismo de las fuerzas armadas y la profundización de las vacilaciones y divisiones de los partidos, las tensiones institucionales llevaron a enfrentamientos reiterados entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. El proceso golpista culminó finalmente el 27 de junio, cuando Bordaberry decretó la disolución de ambas cámaras legislativas y la creación en su lugar de un Consejo de Estado. Los sucesos que sobrevinieron inmediatamente después del golpe dejaron en claro que quienes mantenían la hegemonía de la situación eran los jerarcas castrenses más "duros", que imponían como base programática del nuevo régimen la Doctrina de Seguridad Nacional. Las características de la represión desatada (prohibiciones y censuras de prensa, detenciones masivas, ³ Ibíd., p. 236. restricciones al derecho de reunión, disolución de la Convención Nacional de Trabajadores y el arresto y procesamiento de sus dirigentes, etc.) permitieron confirmar esa orientación con extrema claridad.

Las desavenencias entre Bordaberry y los militares generaron la crisis política de junio de 1976, que culminó con la remoción presidencial y la designación interina de Alberto Demicheli (de origen colorado) para ocupar la primera magistratura. Como primeras medidas de su gobierno, el nuevo presidente Demicheli procedió a firmar las Actas Institucionales 1 y 2, por las que suspendía "hasta nuevo pronunciamiento" la convocatoria a elecciones generales y se creaba el "Consejo de la Nación".

El 1 de septiembre de 1976, Aparicio Méndez (un político de larga militancia nacionalista) asumió la Presidencia de la República. Una serie de actas institucionales preparó el camino para lanzar una pesada proscripción sobre el elenco político. Las inhabilitaciones políticas decretadas estaban previstas para una vigencia general de quince años, lo que mostraba, sin duda, las previsiones cronológicas del proceso. Se lograba, además, la clausura formal de la vida partidaria sin el costo político de la supresión explícita de los partidos.

La superación del diferendo entre Bordaberry y las fuerzas armadas, además de suponer el relevo presidencial y la clausura de sus proyectos corporativistas, marcó el comienzo del intento de construcción de un "nuevo orden" político-institucional. En el discurso se insistía en la idea de que este cambio debía ofrecer como soporte fundamental la consolidación y profundización del ajuste estructural de la economía, iniciado en los años anteriores. Dicho ajuste suponía como objetivos prioritarios de la política económica la reducción del costo de la mano de obra y del presupuesto del Estado, para lo que era necesario disminuir la presión fiscal y terminar por completo con las tradicionales políticas redistributivas. Con tales premisas se siguió apostando a una apertura cada vez más radical de la economía, a la reducción del intervencionismo estatal, al mejoramiento de las condiciones de rentabilidad para los empresarios y a un equilibrio macroeconómico basado en el control de la inflación y en el funcionamiento libre del mercado de capitales. Entre 1974 y 1979 el gobierno dictatorial estableció la libre movilidad de capitales, la libre determinación de las tasas de interés, la eliminación del curso forzoso de la moneda nacional y la libre asignación del crédito por parte de los agentes privados.

Hasta 1978, la política económica se orientó fundamentalmente a la promoción de las exportaciones no tradicionales y a la liberalización del mercado de cambios. A partir de 1978, y sobre todo de 1979, cambió la modalidad del ajuste estructural y comenzó a instrumentarse el llamado "proyecto plaza financiera", que suponía _entre otras cosas_ la atención prioritaria en la integración de Uruguay al mercado internacional de capitales, para lo cual se puso énfasis en la estabilización de precios mediante un manejo monetarista del balance de pagos. El salario real continuó descendiendo mientras se consolidaban los procesos de concentración del ingreso con un sostenido enriquecimiento de los estratos altos. Ello, sin embargo, no fue acompañado de un incremento significativo del ahorro y de la inversión productiva.

Entre 1978 y noviembre de 1980, el gobierno se mostró decidido a legitimar su actuación mediante la convocatoria de la ciudadanía a las urnas, en un proceso que culminaría con un plebiscito constitucional. La ejecución de la estrategia coincidió con la llegada a la comandancia del ejército del teniente general Gregorio Álvarez, cargo en el que permanecería hasta comienzos de 1979.

El proyecto constitucional de 1980 eliminaba la prohibición de allanamientos nocturnos; incrementaba el lapso disponible por el juez sumariamente; condicionaba la reglamentación del derecho de huelga, por iniciativa privativa del Ejecutivo, a la aprobación parlamentaria por mayoría calificada y al establecimiento de fórmulas de mediación, conciliación y arbitraje previas a su ejercicio; y suprimía la inamovilidad de los funcionarios públicos. En lo referente a la organización institucional, las fuerzas armadas asumían competencia directa en materia de seguridad nacional, se institucionalizaba por ello el Consejo de Seguridad Nacional y se creaba un Tribunal de Control Político para destituir incluso a autoridades partidarias. En cuanto a la soberanía y a los partidos, se eliminaba el doble voto simultáneo y se imponía la presentación de candidatos presidenciales únicos dentro de los lemas, se alteraba la representación proporcional integral (confiriendo la mayoría absoluta al partido ganador) y se restringía el funcionamiento y la formación de partidos políticos.

El 30 de noviembre de 1980 se celebró el plebiscito en que el 57.9% de los ciudadanos sufragó en contra del proyecto militar, cuestión que representó una gran encrucijada para la dictadura y el comienzo de la transición democrática, restaurando a los partidos políticos como actores centrales de la vida política.

Confirmado un proceso de transición de tres años y luego de tensas deliberaciones que denotaban divisiones en la esfera militar, la Junta de Oficiales Generales designó al general Gregorio Álvarez como nuevo presidente en septiembre de 1981.

La discusión del estatuto de los partidos cobró rápidamente una fuerte implicación para todo el sistema. Los militares recogieron algunas sugerencias de los partidos tales como la preservación del doble voto simultáneo, la diversidad de candidaturas en cada partido, la prohibición del régimen de acumulación de votos por lema (en su primera elección) a los partidos que en adelante se fundaran. Los partidos habilitados obtenían entonces algún respiro, en tanto los militares parecían abandonar sus enconos iniciales contra el régimen del doble voto simultáneo.

1982 fue decisivo si se advierte que en su transcurso fue legalizada buena parte de la oposición política, se confirmaron y alistaron nuevas oposiciones sociales y comenzó a desencadenarse, a finales del año, la debacle económica y financiera. El esfuerzo de la dictadura por ambientar una nueva sociedad había fracasado y el régimen perdía crédito aun entre las diversas fracciones de los sectores económicamente poderosos. Las disidencias se reforzaban y organizaban fundamentalmente desde abajo: algunos sindicatos mostraron en aquel año importantes signos de reactivación y los estudiantes universitarios también iniciaron su reagrupación.

En las elecciones internas de los partidos políticos permitidos por el régimen, que se celebraron en noviembre de ese mismo año, los resultados llegaron a ser más adversos para el gobierno que los de 1980. Como elecciones partidarias, resultaron ser un hecho bastante inédito en la historia del país: repolitizaron intensamente a la sociedad uruguaya y de paso ayudaron a consolidar nuevamente a los partidos tradicionales. El 60.4% de los habilitados para votar concurrió finalmente a las urnas en noviembre y dio el triunfo a los sectores más antidictatoriales dentro de los partidos. El rumbo de la dictadura se volvía cada vez más complejo. Con la elección interna se había transformado a la oposición política en un interlocutor privilegiado, legítimo y, por ello, tal vez único. Los años siguientes serían de conflicto y negociación, enmarcados en la contradicción básica que surgía de las elecciones internas: los partidos políticos, con representación pero sin el gobierno, y el gobierno, una vez más, sin representación.

Puede definirse a 1983 como el año de las grandes movili-zaciones populares, que por su dimensión lograron pesar en forma decisiva en las relaciones de los partidos con los militares. La gigantesca concentración popular del 27 de noviembre marcó el punto de máxima confluencia entre la movilización social y el consenso partidario detrás de un programa invariablemente democrático. En adelante, la izquierda política quedó definitivamente integrada y acreditada en el frente opositor, legalizada de hecho pese a la permanencia de la proscripción impuesta por el régimen.

Sin embargo, fue a partir de entonces que la "dictadura transicional" comenzó a vivir una segunda etapa, signada por la voluntad de acuerdo entre militares y políticos, orientada crecientemente hacia la dinámica de la negociación, todo lo cual devolvía el timón a los partidos. Esta vocación negociadora desembocó en tres resultados de gran interconexión: relativizó la presión de la movilización social, imprimió un carácter electoral a la dinámica política (de cara a los comicios generales previstos para noviembre de 1984) y preparó la salida de los militares de acuerdo con un pacto entre éstos y la mayoría de los partidos políticos (el Partido Colorado y el Frente Amplio, quedando relegado el Partido Nacional). El problema central en el camino de la transición era en ese entonces la proscripción y amenaza de prisión para el exiliado líder de la mayoría del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, y la persistente ilegalidad (cada vez más formal) del Frente Amplio y de sus principales dirigentes. En las elecciones de noviembre de 1984 triunfó Julio María Sanguinetti con el Partido Colorado. En marzo de 1985 se decretó una ley de amnistía para todos los presos políticos; en diciembre de 1986 se aprobó por mayoría en el Parlamento la "Ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado", por la cual se declaraba libres de responsabilidad a los militares que durante la dictadura hubieran violado los derechos humanos de los ciudadanos; en abril de 1989, en una consulta plebiscitaria, la ciudadanía decidió ratificar la ley que impedía el enjuiciamiento a los militares. En las elecciones de 1989 todos los partidos participaron en la contienda sin ningún tipo de restricción. En cuanto a las reformas económicas, a partir de 1987 se establecieron las llamadas "zonas francas", áreas que podían ser designadas por el Ejecutivo en cualquier punto del país, con condiciones impositivas excepcionales, la eliminación de los monopolios estatales, oportunidades para realizar cualquier tipo de actividad económica, libre circulación de monedas y valores, entre otros privilegios. Esta política de zonas francas tenía como fin atraer al capital extranjero, sin embargo, al no complementarse con leyes de promoción industrial y de inversión extranjera, fracasaron.

Durante el periodo presidencial de Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional (1990-1995), las instituciones democráticas, continuaron fortificándose, renació el clima de tolerancia recíproca y políticamente el país tendió a dividirse en colorados, blancos y frenteamplistas. Estos últimos gobernaban, por primera vez en la historia del país, Montevideo, que es el departamento más importante por su población y por su presupuesto.

En noviembre de 1994 se celebraron elecciones generales, donde Sanguinetti resultó electo para su segundo periodo presidencial. Su gobierno se caracterizó por la coalición con el Partido Nacional, por un lado, y con el Partido por el Gobierno del Pueblo y la Unión Cívica, por el otro, en la asignación de ministerios y de otros cargos de importancia política. Esta coalición permitió reformar la ley del sistema de seguridad social y operar el paquete de ajuste económico, de corte recesivo.

En noviembre de 1999, derrotando a Tabaré Vázquez, candidato de la alianza Encuentro Progresista-Frente Amplio, triunfó en segunda vuelta el candidato de la coalición Blanco-Colorado, Jorge Batlle Ibáñez, con el 51.6% de los votos. Asumió la Presidencia el 1 de marzo de 2000.

De acuerdo con la Constitución de 1830, el presidente era electo para un periodo de cuatro años por la Asamblea Nacional (Parlamento) constituida por la Cámara de Representantes y la de Senadores. El gabinete contaba sólo con tres ministros y el Poder Judicial se depositaba en la Alta Corte de Justicia. A partir de 1910 se instauró la elección directa del Poder Ejecutivo.

La Constitución de 1918 (entró en vigor el 1 de marzo de 1919) estableció un sistema de gobierno colegiado para el Poder Ejecutivo (conformado por un presidente y un Consejo Nacional de Administración). Instauró el voto universal masculino secreto, incluyendo a los analfabetas. En la década de los veinte el porcentaje de los votantes efectivos era de 80% en relación con la población masculina mayor de 18 años. Para 1932 se estableció la elección directa de los miembros del Senado.

En 1934 entró en vigor una nueva Constitución, con un sistema de gobierno presidencial, aunque en el marco de un orden autoritario. El Poder Judicial quedó depositado en la Suprema Corte de Justicia. Se estableció la obligatoriedad del voto, que se hizo efectivo en las elecciones de 1971, así como el voto femenino, que se ejerció por primera vez en 1938.

En los siguientes años, una serie de reformas constitucionales fue modificando el sistema político uruguayo. En 1943 entró en vigor una reforma aprobada en 1942, que sostenía el sistema presidencial, pero con un retorno al orden constitucional democrático. En 1952 de nuevo se instauró un Poder Ejecutivo colegiado, conformado por un Consejo Nacional Gubernamental integrado por seis consejeros, entre los que se rotaba el ejercicio del cargo de presidente. Eran colegiados también los gobiernos departamentales. En 1967, la nueva Constitución derogó esta disposición y reinstauró el presidencialismo, con periodos de gestión de cinco años. El gabinete estaba constituido por once ministros.

La Constitución vigente actualmente es la de 1967, con las modificaciones que resultaron de los plebiscitos realizados el 26 de noviembre de 1989, el 26 de noviembre de 1994 y el 8 de diciembre de 1996. Dispone que todos los proyectos de reforma constitucional tienen que ser sometidos a un referéndum, cuya validez depende de que se alcance una participación mínima del 35% del electorado. Hacia mediados de los años noventa, las iniciativas de reforma de los partidos tradicionales apuntaban a un mayor fortalecimiento del Ejecutivo, con la expectativa de poder superar de este modo el bloqueo del sistema político. En 1996 se incluyeron algunos puntos tales como el sistema electoral proporcional (sistema del doble voto simultáneo o ley de lemas) y el pluripartidismo moderado. La reforma abarcó en total 27 artículos constitucionales y comprendió cambios político-institucionales, medidas de descentralización administrativa y declaraciones respecto a la protección del medio ambiente. El resultado definitivo del plebiscito fue proclamado por la Corte Electoral a principios de enero de 1997.

La República Oriental del Uruguay, con una estructura federal, se compone de 19 departamentos de los cuales Montevideo es la sede del gobierno nacional, así como un departamento en sí mismo. Cada departamento cuenta con un Poder Ejecutivo depositado en el intendente municipal o alcalde, electo directamente por el pueblo, que permanece cinco años en funciones. Cuenta también con una Junta Departamental, de 31 miembros electos, cuyas atribuciones incluyen crear o fijar, a propuesta del intendente, impuestos y tarifas de los servicios que se presten. Los decretos de los gobiernos departamentales sólo tienen calidad de ley en su jurisdicción.

Uruguay es una República democrática que se rige en lo federal por el principio de división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder Ejecutivo es depositado en un presidente electo directamente por el pueblo y en un vicepresidente, que es parte de la fórmula presidencial, con una duración en el poder de cinco años. La estructura de gobierno se organiza en torno de una cierta preponderancia del Ejecutivo, si bien las empresas públicas e intendencias departamentales gozan de alguna autonomía, se presenta una alta centralización ya que el Poder Ejecutivo toma decisiones, las coordina, las controla y las veta. Como el sistema de gobierno es presidencial, el presidente no es nombrado ni puede ser derrocado por el Parlamento; es él quien designa a los ministros de Estado y posee poderes de veto y de decreto, así como para proponer legislación.

El Poder Judicial es representado por la Suprema Corte de Justicia, independiente del Ejecutivo. De acuerdo con el artículo 234 constitucional, la Suprema Corte de Justicia se compone de cinco miembros designados por dos tercios de votos del total de los componentes de la Asamblea General. Su cargo es por diez años. También forman parte de este Poder los tribunales de apelaciones, los juzgados letrados de la República y tantos juzgados de paz como sean las secciones judiciales en que se divide el territorio de los departamentos.

De acuerdo con lo que establece el artículo 83 constitucional, el Poder Legislativo es ejercido por la Asamblea General, la cual se compone de dos cámaras, una de Representantes y otra de Senadores, que actúan separada o conjuntamente, según las distintas disposiciones de la ley. La Cámara de Representantes se compone de 99 miembros electos directamente por el pueblo, con arreglo a un sistema de representación proporcional. La Cámara de Senadores se compone de 30 miembros, también electos directamente por el pueblo, en una circunscripción electoral, además del vicepresidente de la República, mismo que tendrá voz y voto, y ejercerá su presidencia y la de la Asamblea General. Los senadores son electos por el sistema de representación proporcional integral. Existe también una Comisión Permanente compuesta por cuatro senadores y siete representantes designados por sus respectivas cámaras.

La Constitución de 1918 estableció el principio del ius sanguinis, el voto secreto y directo para la elección del Poder Ejecutivo (que se mantuvo a pesar de las sucesivas modificaciones a su composición), y se fijó como 18 años la edad mínima para votar, mientras que la Constitución de 1934 estableció el derecho de la mujer al voto. Todas estas disposiciones contribuyeron a una temprana participación electoral prácticamente en todo el país. La elección del Ejecutivo sigue el principio de mayoría simple, la del Legislativo se da por representación proporcional.

En Uruguay no hay circunscripciones puramente electorales. Los departamentos son, además de circunscripciones electorales, subdivisiones administrativas del país con cierto grado de autonomía, subdivisiones judiciales y entidades con identidad histórica; la pertenencia al departamento implica una especie de subnaciona-lidad, jurídicamente reconocida para ocupar cargos municipales. La norma hoy vigente data de la Constitución de 1934, que estableció la circunscripción única nacional para la elección de 30 senadores y 19 circunscripciones departamentales de diferente tamaño para la elección de los miembros de la Cámara baja, que deben ser al menos dos representantes por cada departamento. Ello es considerado como un elemento que preserva las identidades locales, defiende los intereses particulares de las regiones y enfrenta la creciente centralización del país. Respecto a los métodos para asignar los escaños en el Parlamento, el sistema vigente se consagró en la ley del 22 de octubre de 1925, que reglamentó los procedimientos, y en la Constitución de 1934, que reguló la elección del Senado como directa en una sola circunscripción.

La administración y el control electoral fueron entregados a una serie de órganos creados por la legislación de 1924: el Registro Cívico Nacional, la Corte Electoral, las Juntas Electorales, la Oficina Nacional Electoral y las oficinas electorales departamentales.

El sistema electoral uruguayo es de una extrema complejidad y difícil comprensión. Sin embargo, no es una construcción artificial sino producto de un largo proceso histórico, al punto de que sus elementos más relevantes constituyen parte de la cultura ciudadana. Así es como en la elección de autoridades, de organizaciones gremiales, cooperativas, comisiones vecinales, clubes deportivos, además de los propios partidos políticos, predominan los elementos centrales del sistema: doble voto simultáneo, uso de lema y sublema, acumulación de votos por lema, lista cerrada y bloqueada, hoja de votación distinguida por un número, representación proporcional pura y adjudicación de cargos por el método D' Hont.⁴

Sobre las formas de candidatura, dentro de cuya temática se inserta la característica clave del doble voto simultáneo, los principales hitos de la evolución del sistema se produjeron en las legislaciones de 1924-1925 y en la década de los treinta. Según las primeras, el partido político se definió con la descripción de lema y se estipularon las normas para "operar a nivel de lemas y sublemas para los diferentes cargos".⁵ La legislación de los años treinta unificó los mandatos, adoptó el principio de la lista cerrada y bloqueada, y reguló la propiedad de los lemas, así como los ⁴ A manera de ejemplo: el 30 de junio de 1989 se celebraron elecciones en la Asociación General de Autores de Uruguay (agadu). Se presentaron nueve listas de candidatos: cuatro bajo un mismo lema, con idéntico primer titular; dos, bajo otro lema; y otras tres bajo un tercer lema, dos de las cuales acumularon votos bajo un mismo sublema. Las listas eran cerradas y bloqueadas, y las hojas de votación se identificaron por número. Véase Óscar Bottinelli, El sistema electoral uruguayo: descripción y análisis, documento de trabajo núm. 83, Sociedad de Análisis Político, Uruguay, 1991.

⁵ Véase Dieter Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, fce, México, 1994, p. 253. requisitos para formar un sublema. Las reformas posteriores (1942, 1952 y 1967) se refirieron a los problemas de acumulación dentro de lemas "permanentes" y "accidentales", así como a la cantidad de hojas de votación.

A un sistema complejo se agrega un elemento adicional de confusión: el uso impreciso de términos; por un lado se dan expresiones ambivalentes, que en diferentes situaciones tienen acepciones distintas, y por otro, expresiones diferentes usadas para definir los mismos elementos.

Según la Ley Complementaria de Elecciones de 1925,⁶ lema "es la denominación de un partido político en todos los actos y procedimientos electorales", es decir, existiría una sinonimia total entre lema y partido. Sin embargo, la aplicación del sistema electoral y el proceso de desarrollo del sistema de partidos determinan la existencia, en la relación lema-partido, de tres acepciones de lema y cuatro de partido; asimismo, según su naturaleza, en Uruguay la palabra partido se aplica claramente a dos tipos diferenciados de organización política.

b) Como sinónimo de fracción de partido. Se aplicó entre 1925 y 1933 a las fracciones de partido que, a los efectos de la elección de diputados, optaron por acumular los votos emitidos en su favor en todo el país y, paralelamente, perder el derecho de acumulación con el resto de su partido.⁷

c) Como coalición electoral. Se aplicó en 1946 y 1950 a alianzas electorales formadas por fracciones de distintos partidos, o ⁶ Ibíd.

⁷ Por ejemplo, con lema propio comparecieron tres fracciones del Partido Colorado que se distinguieron con los lemas "Partido Colorado Gral. Fructuoso Rivera", "Partido por la Tradición Colorada" y "Partido Colorado Radical", Gerardo Caetano y Rilla, "Raíces y permanencias de la partidocracia uruguaya", en Secuencia, revista de historia y ciencias sociales, núm. 22, Uruguay, enero-abril de 1992, p. 198. por un partido y fracciones de otro, al sólo efecto de la elección municipal. Estos lemas tuvieron alcance estrictamente departamental.

Las cuatro acepciones de partido, también en la relación lema-partido, son:

4. Como denominación de un sector de un frente. La práctica electoral desde 1971 marca la existencia de partidos, organizados como tales, sin antecedentes de haber sido fracciones de un partido, que actúan hoy como sectores de un lema. Ellos son algunos grupos del Frente Amplio⁸ y los componentes del Nuevo Espacio.⁹

En varias etapas del proceso político, los lemas han carecido completamente de autoridades comunes, mientras las fracciones han presentado niveles de organización y funcionamiento propios de partidos políticos. En forma poco frecuente se han formado coaliciones parlamentarias cruzadas (tanto de gobierno como de oposición) entre fracciones de uno y otro partido tradicional, en oposición a otra fracción de uno de los lemas tradicionales, y a veces hasta enfrentada a otra coalición cruzada interpartidaria.

⁸ De los 17 sectores oficialmente integrantes del Frente Amplio, seis se consideran partidos: Comunista de Uruguay, Obrero Revolucionario, Socialista del Uruguay, Socialista de los Trabajadores, Unión Popular, y Por la Victoria del Pueblo. Otras tres organizaciones se registraron como partidos políticos ante la Corte Electoral, pero con el fin de obtener determinados derechos electorales (Corriente Popular, Movimiento de Liberación Nacional "Tupamaros" y Movimiento 26 de Marzo). A su vez, el Frente Amplio como tal se registró como partido político, y su lema se denomina "Partido Frente Amplio".

⁹ Partidos Demócrata Cristiano, Por el Gobierno del Pueblo y Unión Cívica. El lema del Nuevo Espacio es el correspondiente al Partido por el Gobierno del Pueblo.

En Uruguay la palabra partido se aplica a dos conceptos de organización diferente, a dos tipos distintos de estructura política:

1. En el sentido restringido del término, aplicable a los partidos centralizados como el Comunista, Demócrata Cristiano, Por el Gobierno del Pueblo, Socialista, o bien, Unión Cívica. Es decir, partido de tipo simple o centralizado.

2. En el sentido laxo del término, aplicado a los partidos tradicionales y, con ciertas precauciones (o mejor dicho, para determinadas etapas), al Frente Amplio. Es decir, a un partido de tipo complejo o federativo.

Al respecto, la influencia mayor del sistema electoral sobre el sistema político es el establecimiento de fronteras precisas entre los lemas y, consecuentemente, la generación de un sistema de partidos rígido. En cambio, al interior de los lemas funcionan subsistemas plásticos, dinámicos, en constante transformación. Esta aseveración es relativamente extensible al Frente Amplio, donde si bien es muy rígida la definición de sus sectores componentes, es altamente plástica la conformación de fracciones (grupos), producto de alianzas entre sectores.

Si los conceptos de lema y partido son relativos, también lo es el de sublema. En principio, la Ley Complementaria de Elecciones determina al sublema como "la denominación de una fracción de partido en todos los actos y procedimientos electorales", definición, quizás, precisa en los años veinte cuando la identidad de las fracciones partidarias, su estabilidad y la rigidez y precisión de sus fronteras las asimilaban como cuasi-partidos. La práctica electoral marca cuatro acepciones de sublema:

a) Como sinónimo de fracción. Es el caso regla y corresponde a situaciones como los sublemas "Herrerismo" o "Unión Colorada y Batllista" (verdaderos cuasi-partidos, con organización, funcionamiento y autonomía propia de un partido).

• Coalición electoral como sobrevivencia de toda o parte de una fracción mayor, anterior, en proceso de ruptura;

• Coalición electoral como proyecto hacia una futura unificación (que puede concretarse o frustrarse);

• Coalición electoral pura, con la exclusiva finalidad de obtener ventajas matemáticas de la acumulación de votos (son los sublemas conocidos como "cooperativas electorales").

c) Como parte de una fracción. Generalmente como mecanismo de acumulación de dos o más listas de una fracción, con independencia de la presentación electoral del resto de las listas de la misma fracción.

d) Como coalición electoral pura y mixta cuya finalidad es la obtención de los beneficios de una sumatoria de votos. Puede realizarse entre listas, tendencias, agrupaciones o inclusive alguna fracción como tal.

Del sistema electoral y de las regulaciones para el uso de denominaciones partidarias destacan los siguientes elementos:

a) Elecciones nacional y municipal simultáneas y vinculadas a nivel de lema.

El ciudadano emite su voto en una hoja para los cargos nacionales y en otra hoja para los cargos municipales, con la obligación de hacerlo por el mismo lema. Según la Ley de Lemas, los votos de todas las corrientes o sublemas se acumulan en favor del lema al que pertenecen. En el artículo 79 constitucional se establece esta acumulación de votos para cargos electivos fuera del presidente y vicepresidente de la República. Así, los votantes tienen la posibilidad de sufragar por un lema en la elección nacional y en blanco en la municipal, por un lema en lo municipal y en blanco en lo nacional, o en blanco en ambas. Pero, dentro de un lema, tienen libertad de elección.

b) Hojas de votación en bloque. Hay dos tipos de hoja: nacional (para presidente y vicepresidente de la República, ambas cámaras legislativas y Junta Electoral) y municipal (intendentes municipales y miembros de las juntas departamentales). Cada una debe contener todas las listas de candidatos correspondientes. El elector sólo puede efectuar dentro de un lema las combinaciones de listas que las agrupaciones políticas ofrecen. Las hojas de votación se distinguen por un número, encerrado en un círculo, impreso en el ángulo superior derecho.

c) Listas cerradas y bloqueadas para todos los cargos, lo que significa que el orden de los candidatos no puede ser modificado.

d) Circunscripciones únicas para todos los cargos, excepto para la Cámara de Representantes. La circunscripción es de carácter nacional para elegir presidente y vicepresidente de la República y senadores. Para elegir intendentes municipales, miembros de las Juntas Departamentales y Juntas Electorales, y seccional para las Juntas Locales Autónomas Electivas se consideran circunscripciones departamentales. Para la Cámara de Representantes se cuentan 19 circunscripciones departamentales, pero la distribución de bancas entre los lemas se realiza en función de los votos obtenidos por los mismos en todo el país, considerado éste como una sola circunscripción.

e) Doble voto simultáneo para los órganos unipersonales (presidente y vicepresidente de la República, intendentes municipales); se vota por un lema y una lista de candidatos. Triple voto simultáneo para los cuerpos pluripersonales (ambas cámaras legislativas, Junta Departamental y Junta Electoral Departamental); se vota por un lema, un sublema y una lista de candidatos.

f) Elección mayoritaria simple o relativa para los órganos unipersonales. g) Representación proporcional integral para las cámaras legislativas y las juntas electorales. Por integral se entiende: pura, que se aplica a todos los niveles (entre los lemas; al interior de cada lema, entre los sublemas; y, al interior de cada sublema, entre las listas). Utilización del método D'Hont, con las modificaciones introducidas por el parlamentario uruguayo Máximo Halty, excepto para el trigésimo primer escaño que, con voz y voto, corresponde al vicepresidente de la República. El método D'Hont utiliza un sistema conocido como cociente mayor para establecer la proporcionalidad.

h) Modificaciones al sistema proporcional para las juntas departamentales. El principio teórico es de representación proporcional integral, pero se adjudica la mayoría de los escaños al lema más votado en el departamento, si no hubiera obtenido dicho lema mayoría en la adjudicación normal de bancas. En la práctica, en alrededor de la mitad de las juntas departamentales las bancas se adjudican por representación proporcional integral, mientras en la otra mitad (incluido Montevideo), por el sistema mayoritario (y proporcional dentro de los lemas restantes).

j) Elección de titulares y suplentes por el término de cinco años. No hay posibilidad de elección anticipada o complementaria, excepto en el caso extraordinario de disolución de las cámaras legislativas, y sólo para la renovación de éstas.

k) Candidaturas partidarias. No existe la posibilidad de candidaturas independientes o sin lema.

Su principio fundamental es el voto por un partido y, dentro de éste, el voto por una lista de candidatos. Corresponde establecer una diferencia técnica entre el doble voto simultáneo propiamente dicho, es decir, el sufragio por un lema y una lista de candidatos, y el triple voto simultáneo, en el cual el voto se emite por un lema, un sublema y una lista de candidatos. El mecanismo de escrutinio de votos en la elección para un cargo determinado supone, primero, tomar en cuenta el total de votos emitidos en favor de cada lema, y por tanto, comparar los votos de los lemas entre sí, con total independencia de a qué lista y a qué sublema fueron otorgados. En segundo término, se escrutan los votos al interior de cada lema, para lo cual se toma en cuenta el total de sufragios emitidos en favor de cada sublema; también aquí se comparan entre sí los diferentes sublemas de un mismo lema, sin tomar en cuenta a qué lista fueron emitidos ni considerar tampoco a los sublemas de otros lemas. Finalmente, se escrutan los votos al interior de cada sublema y se contabilizan los votos emitidos en favor de cada lista de candidatos del mismo sublema, sin tomar en cuenta listas de otros lemas ni de otros sublemas del mismo lema. Este complejo mecanismo es lo que permite la acumulación de votos por lema. Así, si el doble voto simultáneo se basa en el sufragio emitido por un partido y por una lista de candidatos, la acumulación de votos por lema es su corolario práctico, aunque no imprescindible.

A nivel de los actores políticos es usual la defensa o la condena en bloque de la acumulación de votos, sin que se tengan presentes, los diferentes efectos del mecanismo cuando es aplicado a elecciones uninominales o a elecciones plurinominales. Estudios de simulación de efectos permiten afirmar que la supresión de la acumulación de votos por lema, aun suponiendo igual conducta de los actores políticos pese al cambio de reglas de juego, produce variaciones mínimas en la adjudicación de bancas, al menos inferiores a las que se darían con el cambio de método de representación proporcional.

En cambio, para cargos uninominales la sumatoria de votos de diferentes candidatos entre sí puede constituirse en un elemento distorsionante. Sin embargo, las elecciones de 1989 permitieron comprobar la plena percepción de los mecanismos de acumulación por parte de los electores, particularmente en lo que puede considerarse el voto indirecto a un candidato no deseado. Ello ocurre porque la acumulación de votos por lema puede implicar la posibilidad de que determinado candidato resulte ganador de su partido, y por tanto de la elección, sin haber sido el más votado de todos los contendientes. Más allá de la lógica del sistema, desde el punto de vista del comportamiento del votante, el destinatario primario del voto puede ser de dos naturalezas: por un lado, el partido político (y en segundo término el candidato) propio del votante de pertenencia, del miembro partidario; o bien el candidato (y en segundo término el partido) propio del votante independiente.

En la historia reciente del país, dos oportunidades importantes pueden generar dudas respecto de la influencia de la acumulación de votos sobre el resultado:

1) En las elecciones presidenciales de 1971, que se definieron por un porcentaje inferior a un punto. El Partido Colorado triunfó con una candidatura de derecha autoritaria, gracias al importante aporte de votantes liberales y moderados (e incluso a un no demasiado numeroso, pero sí decisivo número de votantes progresistas), frente a un candidato nacionalista de corte progresista (aunque apoyado por otra candidatura también de derecha autoritaria). Es decir, el candidato con mayores posibilidades de cada partido se situaba en el extremo opuesto del abanico político.

2) En las elecciones municipales de 1984, el Partido Colorado, con tres candidaturas, triunfó por menos del 1% sobre el Frente Amplio, con candidatura única.

Es posible que en ambos casos, sistemas de elección simple, con candidatura única por lema, hubieran determinado resultados diferentes. En definitiva, la acumulación de votos por lema para cargos unipersonales es vista como la parte menos transparente y más controvertida del sistema electoral. En determinados niveles resulta relativamente difícil de comprender que el candidato individualmente más votado pueda no resultar electo, y sí, en cambio, un candidato con un menor número de votos. Sin embargo, este argumento debe ser relativizado, en tanto es muy claro en el ámbito popular el concepto de que quien triunfa es un partido político (lema) y dentro suyo, un candidato. Más difícil de aceptar es que los votos emitidos para un candidato de una orientación determinada posibiliten la elección de otro candidato situado casi en el extremo opuesto del abanico político.

La doble vinculación de elecciones nacionales y municipales es uno de los aspectos más conflictivos del sistema político. Por un lado, la vinculación en el tiempo, la simultaneidad de su realización, tiende a opacar las campañas municipales. Más aún, aunque no existiera la vinculación jurídica a nivel de lema, la simultaneidad serviría de elemento "de arrastre" en favor de la elección de mayor peso, normalmente la presidencial.

Pero, además, desde 1952 ambos comicios han quedado jurídicamente ligados, al establecerse, primero, la hoja única para la totalidad de los cargos y, en segundo lugar, en una relativa flexibilización de 1967, la doble hoja de votación con el condicionamiento de que ambas correspondan al mismo lema.

La hoja única de votación, en la que se sufraga tanto para los cargos ejecutivos como para los parlamentarios, genera un efecto "de arrastre" de la elección presidencial sobre la parlamentaria. A nivel de lemas, tiende a producir efectos propios de las elecciones de tipo mayoritario, particularmente la generación de cambios (fundamentalmente del electorado indeciso o dudoso) en favor de los lemas con mayores posibilidades. Este efecto de "voto útil" se da no sólo en cuanto a la Presidencia de la República, sino también respecto de la Intendencia Municipal de Montevideo.

Pero el problema mayor de la hoja única es que los actores políticos tienen amplia libertad de efectuar combinaciones dentro de las fronteras del lema, libertad que no tiene el elector. Este fenómeno es conocido como de "apertura de listas" y por esta vía una agrupación departamental, que postula su propia lista a la Cámara de Representantes, puede inscribir varias hojas de votación, cada una con una lista senatorial diferente y, eventualmente, con una distinta candidatura presidencial. La apertura de listas es una decisión privativa de los actores políticos. El elector no tiene posibilidad alguna de combinar, ni dentro del mismo lema, listas diferentes para Presidencia, Senado y diputaciones. En definitiva, su libertad de elección queda determinada por la oferta de combinaciones que se produzca.

Las elecciones parlamentarias exhiben otra compleja faceta del sistema electoral uruguayo. La elección de senadores es la más simple, caracterizada por la distribución de 30 de las 31 bancas por representación proporcional integral, adjudicadas por el método D'Hont, triple voto simultáneo, lista cerrada y bloqueada y circunscripción única a escala nacional. Desde el punto de vista político, los sublemas en general se corresponden con las macrofracciones partidarias, mientras las listas senatoriales, de haber más de una por sublema, corresponden a agrupaciones o tendencias nacionales al interior de las fracciones.

La elección de las 99 bancas de la Cámara de Representantes (o diputados) es verdaderamente intrincada. Sus principios rectores son:

1. Representación proporcional pura a escala nacional entre los lemas (en función de los votos emitidos);

2. Representación proporcional entre los departamentos en función del número de habilitados para votar (inscritos en el Registro Cívico Nacional con derecho al sufragio), considerando siempre que cada departamento deberá contar con un mínimo de dos escaños;

3. Triple voto simultáneo, con validez departamental de los sublemas y listas de candidatos;

4. Jurídicamente, lista cerrada y bloqueada, y 5. Distribución proporcional entre los lemas, sublemas, listas de candidatos y departamentos por el método D'Hont.

El procedimiento de distribución de escaños comienza antes de las elecciones, oportunidad en que la Corte Electoral adjudica las bancas entre los departamentos, en función del número de habilitados para votar de cada uno, con dos características: a) todo departamento tiene asegurado constitucionalmente un mínimo de dos representantes; b) ningún departamento puede superar en más de una banca la relación matemática entre el total de habilitados del departamento y el total de habilitados del país.

Primer escrutinio. En cada departamento, la Junta Electoral adjudica las bancas que obtuvieran los lemas por cociente entero, es decir, se divide el total de votos válidos del departamento (no se computan los votos en blanco o los anulados) entre el número de bancas que previamente a la elección se le hubieran adjudicado. Luego, el total de votos de cada lema en el departamento se divide entre el cociente y se adjudican a cada lema tantas bancas como veces cubra el cociente.

Segundo escrutinio. A escala nacional, la Corte Electoral adjudica las 99 bancas entre los lemas, por el método D'Hont. Posteriormente, del total de bancas adjudicadas a cada lema, resta las ya otorgadas por las juntas electorales, con lo que obtiene el número de escaños a adjudicar a cada lema en el tercer escrutinio.

Tercer escrutinio. Al momento de iniciarse se encuentra sin adjudicar un número determinado de bancas por lema y otra cantidad determinada de escaños por departamento. El elemento básico es la elaboración de la Tabla de Cocientes Decrecientes: se dividen los votos de cada lema en cada departamento entre el número de bancas ya obtenidas en dicho departamento más uno, con lo que se obtiene un cociente. Todos los cocientes obtenidos se ordenan indistintamente de mayor a menor. Luego comienza a aplicarse el tercer escrutinio en tres vueltas:

Primera vuelta: se recorre la Tabla de Cocientes Decrecientes y se adjudica una banca a cada uno de los departamentos que, en el primer escrutinio, hayan obtenido un número inferior al mínimo constitucional.

Segunda vuelta: se efectúa un nuevo recorrido de la Tabla de Cocientes Decrecientes y se adjudican bancas hasta completar el número de escaños que corresponde a cada lema y a cada departamento.

Tercera vuelta: finalmente, si algún lema en un departamento en que no obtuvo representación ofrece mayor cociente que en otro en que sí obtuvo representación, la banca se adjudica en el departamento en que obtuvo mayor cociente.

Concluida la adjudicación de bancas a los lemas, se aplica el método D'Hont al interior de cada lema en cada departamento para la asignación de escaños entre los sublemas, y finalmente al interior de los mismos entre las listas de candidatos.

De acuerdo con los especialistas Gerardo Caetano y José Rilla,¹⁰ el periodo comprendido entre 1910 y 1934 sirve como marco cronológico para lo que se ha llamado la etapa formativa del sistema partidario uruguayo. En ese periodo se consolidó la modernización de los "partidos tradicionales"; aparecieron los llamados "partidos de ideas" modernos; se renovaron la temática y los instrumentos del debate político; ingresó a la contienda electoral la oposición nacionalista que había abandonado el recurso de la guerra civil; se produjo el ingreso de las masas a la política electoral a través de la aplicación del sufragio universal por primera vez en el país; la vida democrática adquirió mayor consistencia y credibilidad en el seno de la ciudadanía; las corrientes ideológicas universales aumentaron su influencia en el país y comenzaron a constituirse en referencias más frecuentes en el debate público; la sociedad entera se politizó en el sentido moderno, tanto a nivel individual como de sus componentes colectivos (sindicatos, grupos de presión, patronales, etc.); se inauguraron formas de relación entre los partidos y otros agentes políticos modernos; en síntesis, se estableció en forma gradual y progresiva el sistema electoral que sería el tradicional en el Uruguay del siglo xx.

En 1910 se produjo el fracaso del último intento revolucionario nacionalista, de acuerdo con el viejo estilo del siglo xix; el Partido Nacional se abstuvo en las elecciones, pero en su seno comenzó a ¹⁰ Gerardo Caetano y José Rilla, op. cit. predominar la fracción "conservadora" o "civilista". José Batlle y Ordóñez fue proclamado candidato a la Presidencia y su Partido Colorado triunfó en forma abrumadora en los comicios, a los que se presentaron también por primera vez el Partido Socialista (en coalición con el Partido Liberal) y la Unión Cívica. En 1934, Gabriel Terra resultó electo presidente por la Asamblea General Constituyente, consolidándose así el régimen iniciado el 31 de marzo del año anterior; se sancionó y sometió a plebiscito una nueva Constitución, con grandes cambios institucionales respecto de la anterior. Se realizaron elecciones de legisladores e intendentes con la abstención del batllismo y del nacionalismo independiente; se sancionó la primera de las leyes que, junto con ciertas reformas constitucionales, conformaría posteriomente el paquete de disposiciones electorales comúnmente conocido como "Ley de Lemas".

Es dentro de ese marco que los partidos políticos uruguayos comenzaron a actuar en tanto componentes de un sistema, coexistiendo e interactuando entre sí en forma más o menos continua y en un mismo nivel de actividad, comunicándose estrechamente con los actores políticos no partidarios de la sociedad, e incluso brindando legitimidad y mayor cohesión al conjunto del ámbito de relaciones políticas. Antes de 1910, pese a la existencia de indicios modernizantes en la acción de los partidos, éstos no actuaban de acuerdo con las características anotadas y en consecuencia no puede señalarse que hayan tendido a constituirse en un sistema unitario.

Conviene resaltar en este punto ciertos rasgos que caracterizaron a los bandos colorado y blanco desde su nacimiento, durante la llamada Guerra Grande de 1838 a 1852, como grupos que seguían a un caudillo más que como partidos políticos propiamente dichos:

• El peso de la tradición distinguió por igual a blancos y colorados en el siglo xix, colocando una gran carga emotiva en el pasado: el culto de los primeros caudillos y conductores, con base en recuerdos de hechos gloriosos o de martirios sufridos a manos del adversario. Esa carga tradicional animó con extraordinaria fuerza la vida emocional de los dos bandos y significó un factor fundamental de la adhesión colectiva, también en este siglo.

• Desde sus comienzos los dos bandos contaron con partidarios que provenían de los más variados sectores sociales, desde los más encumbrados y pudientes, hasta los más paupérrimos y desposeídos.

• En todo el siglo xix la lucha entre los dos bandos adversarios tuvo, ostensiblemente, un carácter político mucho más que social. Se combatió en favor de la pureza electoral, contra la corrupción administrativa, en favor de determinada cuota de poder que reclamaba el bando minoritario, etcétera; rara vez pesaron las reivindicaciones sociales, que adquirirían real importancia en el siglo xx, pero sin opacar nunca la tónica política predominante en el enfrentamiento de blancos y colorados.

• No es posible asimilar a ninguno de los bandos con el mundo rural o con el mundo urbano, desde que los dos se nutrieron y operaron tanto en un escenario como en el otro; pero no puede desconocerse que el Partido Colorado tuvo desde la Guerra Grande una base más acentuada en las ciudades, mientras que el Blanco predominó en el campo, características que, en líneas generales, han perdurado hasta hoy, aunque cada vez en forma más atenuada.

La consideración del papel decisivo de los partidos en la historia política uruguaya comienza a resultar insoslayable desde el momento en que se intenta ordenar su itinerario en la "larga duración" de la historia del país. A continuación se reseñarán algunos de los patrones más característicos de la formación política del Estado uruguayo.

Constituye ya un lugar común la referencia al carácter estructurado y fundamentalmente estable de la política uruguaya, así como al señalamiento de su fuerte proclividad a la permanencia y a la continuidad. Desde muy temprano, aún antes de su plena configuración moderna, el sistema político uruguayo manifestó trabas visibles para la irrupción de fenómenos demasiado innovadores, facilitándose en cambio la supervivencia de formas, estructuras y agentes de la vida política.

Probablemente sea la perdurabilidad de muchos rasgos que definen el proceso formativo del sistema de partidos uruguayo, el ejemplo que mejor ilustre esa tradición no disruptiva de la política uruguaya. Sin embargo, ésta constituye una característica extensiva al conjunto del sistema político y, en particular, a la dinámica histórica correspondiente a la articulación de las demandas y a la tramitación de los conflictos entre los partidos, el Estado y los actores sociales tradicionales (en especial los sindicatos y las cámaras empresariales).

En un largo proceso histórico destaca el papel decisivo en todo el sistema político de una interacción de partidos permanente, de fuerte identidad y recíprocamente referidos, bajo cuyo influjo se involucra políticamente casi la totalidad de la población del país. Asimismo, a partir de esa referencia "partidocrática", se señalan a continuación algunas implicaciones que resultan pertinentes:

• En un sistema de tales características, los partidos se proyectan como los grandes "vehículos de relevancia", como los sustentos más cabales _aunque no únicos_ de la formación y de la construcción democrática.

• La matriz partidocrática se asocia con fenómenos distintivos como el de la articulación electoral de todo el sistema, la constante presencia de un Estado inclusivo y relativamente autónomo en sus políticas respecto de los titulares del poder económico, una cultura política de fuerte presencia liberal, un elenco político estable y con índices relevantes de profesionalización, y la debilidad de los procesos de marginación política, entre muchos otros.

La centralidad del sistema de partidos no inhibió la existencia de espacios articuladores de gran relevancia para la actividad ciudadana y las acciones de cuño corporativo. Más aún, las propias características de los partidos uruguayos y de muchas de sus interacciones más estables han contribuido históricamente a generar un espacio ampliado para la política de presión, cuyo influjo ha sido decisivo en el itinerario de políticas públicas.

El peso relevante del Estado en la formación política uruguaya tiene mucho que ver con la forma en que se procesó históricamente la delimitación del espacio de lo público y la consiguiente configuración originaria de las relaciones entre Estado y sociedad civil. En este sentido, el Estado uruguayo se constituyó _junto con los partidos_ en un instrumento de cohesión y de construcción política del orden social.

El centralismo partidario y el estatal se han alimentado recíprocamente en el proceso político uruguayo, contribuyendo ambos a volver borrosa la tradicional distinción entre las esferas de lo público y lo privado, así como a consolidar la densidad y el arraigo de las mediaciones más estrictamente políticas. De allí también provienen las bases de un sistema político tradicionalmente incluyente, vinculado con una cultura del arreglo y del compromiso, enmarcado en una trama de escenarios dominada por una lógica de vetos y de equilibrios múltiples. Todo ello ha desembocado en un carácter no representativo de las políticas públicas en la mediana y larga duración.

El caso uruguayo puede ser identificado como un ejemplo sólido de corporativismo liberal-democrático, en cuyo marco una pluralidad de grupos pudo asociarse sin mayor violencia con un sistema partidario de efectiva centralidad y amplia implantación social, y con un Estado convertido en alojamiento privilegiado de una serie de mediaciones y representaciones de diversa índole. El despliegue de estas modalidades de acción corporativa fue consolidando determinados perfiles en el funcionamiento del sistema político y en el arraigo de un conjunto de pautas generales para la regulación de las relaciones entre sociedad civil y política. La quiebra del orden político y el despliegue de la "corporativización perversa"

La reproducción más o menos exitosa de estas pautas de relación entre los actores de la sociedad civil, los partidos y el Estado, no pudo ocultar algunas de sus limitaciones intrínsecas. Muchas de ellas alimentaron el impacto en la sociedad y en el sistema político uruguayos de la crisis económica de mediados de la década de los años cincuenta, acelerándose así una creciente pérdida de contenido en las formas tradicionales de representación política. El debilitamiento institucional y la crisis de gobernabilidad tendieron a confundirse cada vez más con un proceso múltiple en el que se combinaron un curso desafiante a la partidocracia, un desplome en el funcionamiento del Estado "social" neobatllista y una creciente corporativización de la política, contrapuesta al viejo modelo liberal-democrático.

Con todo, los casi veinte años que separan el estallido de la crisis económico-social y el quiebre institucional de 1973, constituyen una prueba destacable del influjo amortiguador de ciertas inercias persistentes de la tradicional formación política uruguaya. En este sentido, el registro de los intentos de cambio y de desbloqueo protagonizados por los partidos en el periodo 1955-1973 permite constatar una actividad verdaderamente impresionante que, sin embargo, no pudo concretarse. La búsqueda de un modelo de desarrollo nuevo ante la convicción generalizada del agotamiento del modelo batllista fue, en efecto, uno de los ejes de la política uruguaya en la década de los años sesenta. Durante ese periodo, las políticas públicas puestas en marcha por los sucesivos gobiernos oscilaron entre propuestas neoliberales más o menos dogmáticas y orientaciones de corte desarrollista en diferentes versiones, para culminar en el ajuste autoritario de las administraciones de Pacheco Areco y Bordaberry, que antecedieron al golpe de Estado de junio de 1973.

Desde la oposición tampoco faltaron los intentos de renovación programática orientados a evitar el avance de esta lógica de confrontación creciente: merecen destacarse, en este sentido, las propuestas de Wilson Ferreira Aldunate dentro del Partido Nacional y las acciones de diversa índole que dieron origen a la coalición de izquierda Frente Amplio en 1971.

La imposibilidad manifiesta del Estado y los partidos para canalizar y alojar en su seno las contradicciones y complejidades crecientes de la sociedad uruguaya, dejó el camino libre para una corporativización amplia de la política, de la que participaron tanto las organizaciones empresariales como las sindicales.

La dictadura militar que se prolongó por más de una década terminó demostrando una vez más la fortaleza y la capacidad restauradora de la vieja "partidocracia" uruguaya. El autodenominado "proceso" que había comenzado con la denigración de la política, de los políticos y de los partidos, evidenció otro fracaso al culminar su itinerario con las colectividades tonificadas y relegitimadas ante la sociedad civil.

Ni los entusiasmos neocorporativistas ni las proscripciones de las élites partidarias ni las propuestas del candidato único _en ocasión del plebiscito constitucional de 1980_ lograron borrar las identidades partidarias ni el sistema de lealtades que siempre las nutrió. La polémica en torno a los partidos y su papel en la dictadura ocupó un espacio central en la agenda de los militares y de sus aliados durante los primeros años del gobierno dictatorial. Si la premisa de la "eliminación" de la izquierda no admitía la más mínima discusión, las dudas surgían en cambio en torno al destino de los partidos tradicionales, que fueron finalmente suprimidos legalmente.

Sin embargo, el plebiscito constitucional de 1980 puede ser visto como una tarea de los partidos políticos, razón por la cual el nuevo plan militar cayó en la cuenta de que nada era posible sin su concurso. A diferencia de lo sucedido en otras dictaduras latinoamericanas, el régimen militar uruguayo no logró prohijar la emergencia de actores sociales ni partidos oficialistas. En este sentido se ubican fenómenos como el del fracasado intento de inducir un nuevo sindicalismo o un nuevo empresariado afines al régimen. El general Gregorio Álvarez, último presidente de la dictadura, protagonizó entre 1982 y 1983 el intento más fuerte en esa dirección, recibiendo como respuesta el repudio ciudadano y hasta el rechazo de la mayoría de la oficialidad castrense.

La restauración del sistema político tradicional, que signó el proceso de transición, desembocó en la extinción, la absorción o por lo menos la pérdida de dinamismo de muchos de los movimientos que habían surgido al abrigo del régimen militar (entre ellos, movimientos cooperativistas de vivienda, movimientos juveniles, "ollas populares", etc.), que comenzaron a ser progresivamente relegados por la reimplantación de los partidos y, en menor medida, de los sindicatos.

El final de la dictadura confirmó una transición restauradora, con un retorno vigoroso del partidocentrismo y de aspectos sustanciales del viejo mapa de relaciones entre la sociedad civil y el sistema político. En los últimos cuatro años de la dictadura se convocaron tres consultas electorales de índole diversa y con alteración casi constante de las reglas del juego imperantes: el plebiscito en torno al proyecto de reforma constitucional de 1980; las elecciones internas de los partidos entonces habilitados (Partido Colorado, Partido Nacional y Unión Cívica) en 1982, y finalmente los comicios generales de 1984.

La evolución del país a partir de 1985 está cargada de sucesos que han marcado su historia. Entre ellos, cabe destacar los siguientes:

• La secuencia de administraciones de distinto color político (la colorada de Julio María Sanguinetti de 1985 a 1990 y de nuevo entre 1995 y 2000, y la nacionalista de Luis Alberto Lacalle de 1990 a 1995), con todas las implicaciones que supone la alternancia en un país de tendencias históricas tan estables.

• El incremento de la competitividad en el sistema de partidos, traducido en los cambios espectaculares de la voluntad ciudadana en los comicios nacionales de 1989, que entre otras cosas posibilitaron el acceso del Frente Amplio a la titularidad del gobierno municipal de Montevideo y el establecimiento de una experiencia de cohabitación por muchos motivos inédita en la historia del país.

La transición pareció confirmar el partidocentrismo y la articulación electoral de la política uruguaya. En tanto que la salida de la dictadura fue pactada y electoral, requirió de la iniciativa y de la conducción de los partidos.

Aunque con algunos altibajos, tal tendencia fue luego ratificada durante las siguientes administraciones democráticas: el trámite de las políticas de concertación o las polémicas sobre la reforma de Estado constituyen buenos ejemplos en esa dirección.

Se constituyó en 1836. Puede considerarse a Fructuoso Rivera como su fundador, quien fue electo primer presidente constitucional de Uruguay para el período 1830-1834. En general, se le identificó por largo tiempo con la defensa de los intereses comerciales, y su plataforma política es de centro-derecha. Actualmente incluye varias corrientes entre las que se cuentan el Foro Batllista, Compromiso Batllista, Corriente Sanguinetista, Mártires de Quinteros, Departamental Maldonado, Lista 15, Lista 42, Lista 1321 y Vanguardia Batllista.

Fue fundado en 1836 por Manuel Oribe, segundo presidente constitucional del país en el periodo de 1834 a 1838. Tradicionalmente se le asoció con los terratenientes, con una tendencia política centrista. De las corrientes que lo conforman en la actualidad se pueden mencionar Acción Comunitaria, Desafío Nacional, Herrerismo, Lista 71, Propuesta Nacional e Irineu Riet Correa.

El Frente Amplio surgió en la vida política uruguaya en 1971 con la suscripción por parte de los sectores políticos fundacionales de la Declaración Constitutiva, unificando distintas fuerzas de izquierda y algunos sectores de los partidos Colorado y Nacional, en la coyuntura de movilizaciones populares, sindicales y estudiantiles. En 1989 se separaron el Partido por el Gobierno del Pueblo y el Partido Demócrata Cristiano, que representaban cerca de la mitad de su electorado y, en contraparte, se adhirieron la Corriente Popular, el Partido Socialista de los Trabajadores, entre otras organizaciones. Para 1999, los sectores políticos que conforman el Frente Amplio son: Asamblea Uruguay, Cabildo 2000 (Maldonado), Departamental Paysandrú, Departamental San José, Izquierda Abierta, Juventud Socialista, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, Movimiento Independiente 5 de febrero de 1971, Partido Comunista del Uruguay, Partido Demócrata Cristiano, Partido Socialista, Partido por la Victoria del Pueblo y Vertiente Artiguista.

Se fundó en 1982 como un partido católico, como respuesta a las opciones políticas tradicionales y alternativa a las organizaciones de izquierda.

Dentro de sus principios rectores cabe destacar la importancia que le da a la formación civil y moral, se manifiesta como un partido defensor de la clase media y en contra de las empresas extranjeras, entre otros aspectos.

Proveniente de la ruptura de algunas corrientes del Frente Amplio, Nuevo Espacio se constituyó como partido político en 1989, con una tendencia política de centro-izquierda, calificada como moderada. En 1994 presentó a Rafael Michelini como candidato a la Presidencia de la República y logró un porcentaje de votación de más del 5%.

El simple registro de algunos de los desafíos más importantes que enfrenta la política uruguaya contemporánea perfila no pocas paradojas. Se trata de un sistema político en curso de reestructuración visible, pero que no revela capacidades para impulsar una reforma autorregulada de sus reglas de juego. Se trata de la transición también manifiesta de los actores políticos y sociales que, sin embargo, en sus desempeños siguen reproduciendo muchas de las viejas lógicas de la formación tradicional. Es un sistema político que presenta una erosión creciente de sus capacidades y posibilidades, pero al que se sigue responsabilizando por omisión o por delegación. Se trata, finalmente, de una ciudadanía que desde hace décadas viene sancionando a los gobiernos y demostrando una proclividad de veto ante las iniciativas más audaces, que, sin embargo, no se muestra igualmente activa y decidida al momento de elegir o respaldar propuestas alternativas.

La interrogante en este sentido apunta a debatir si los partidos políticos uruguayos se encuentran efectivamente en condiciones de transformarse a fin de ser capaces de expresar y de dar respuesta a las tensiones y dilemas de la coyuntura más actual. La celeridad de los cambios mundiales de toda índole en la última década y el involucramiento del país en la región no han hecho más que profundizar los desafíos que tienen ante sí los partidos y la urgencia de no demorar respuestas apropiadas ante los mismos.

Las exigencias de finales del siglo xx y las herencias todavía vigentes de una cultura política como la uruguaya no permiten concebir agendas simples. Cualquier camino que se insinúe en la dirección del cambio podría ya incorporar las cuestiones no sólo referidas a qué cambiar sino también a cómo hacerlo. En ese marco, lo que ocurra en relación con los partidos políticos será de fundamental relevancia para el futuro de la sociedad uruguaya.

�rea	175.215 km²
Capital	Montevideo
Otras ciudades importantes	Artigas, Canelones, Melo

Poblaci�n (1996)	3,163,763 habitantes
Densidad (1996)	18 habitantes por km²
Poblaci�n por sectores (1996)	Urbana 2,872,077, rural 1,291,686 habitantes
Tasa de analfabetismo de la poblaci�n de 10 a�os o m�s	3.1%
Idioma oficial	espa�ol

Moneda	Peso uruguayo
Desempleo	10.3%(1995), 11.9%(1996), 11.5%(1997)
Poblaci�n Econ�micamente activa (PEA) por sectores (1996)	Primario 11.8%, secundario 24.9%, terciario 63.3%
Balanza comercial	-0.8%(1995), -0.9%(1996), -1.2%(1997)
Principales socios comerciales	Brasil, Argentina, Paraguay y Chile
Principales productos de exportaci�n	�gata, amatista y arroz

Forma de gobierno	Es una Rep�blica democr�tica con dos c�maras legislativas, el Senado y la C�mara de Representantes (diputados)
Principales part�dos pol�ticos	Part�do Colorado, Part�do Nacional (Blanco), Encuentro Progresista-Frente Amplio, Uni�n C�vica, Nuevo Espacio
Promulgaci�n de la Constituci�n vigente	1967

A�o	Part�do Colorado	Part�do Nacional	Frente Ampl�o	Nuevo Espacio	Otros
1950	52.3%	38.3%			9.4%
1954	50.5%	38.9%			10.5%
1958	37.7%	49.7%			12.6%
1962	44.5%	46.5%			8.9%
1966	49.3%	40.3%			10.3%
1971	41.0%	40.2%	18.3%		0.6%
1984	41.2%	35.0%	21.3%		2.4%
1989	30.3%	38.9%	21.2%	9.0%	0.6%
1994	32.3%	31.2%	30.6%	5.2%	0.7%
1999	32.7%	22.2%	40.3%	4.6%	0.2%

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