Sintitul1

Uno de los hechos sobresalientes del final del siglo xx es, sin duda, la preeminencia de la democracia sobre el autoritarismo. La extensión y el arraigo de los valores, las instituciones y las prácticas democráticas en el mundo de hoy constituyen, en efecto, un proceso global que, al parecer, se dirige hacia su consolidación. La derrota de los totalitarismos de derecha en la Segunda Guerra Mundial; las transiciones a la democracia en el sur de Europa, en América Latina y en el sudeste asiático a lo largo de los años setenta y los ochenta, y el derrumbe de los regímenes totalitarios de Europa del Este, conocidos como socialismo real, durante el segundo lustro de los ochenta, apuntalaron a las grandes democracias e impulsaron la emergencia de nuevas democracias, transformando de manera radical el mapa geopolítico mundial. Pero sobre todo, apoyado en la globalización de losmedios de comunicación, dicho proceso ha significado un profundo cambio en los valores y las percepciones de las sociedades contemporáneas en favor de los derechos y las libertades fundamentales de la persona, sustento y fin del constitucionalismo democrático.

El éxito de ese proceso de universalización de la democraciano implica, sin embargo, un triunfo definitivo sobre elautoritarismo, ni mucho menos que los retos actuales y los desafíos futuros de las democracias en particular hayan sido resueltos. Losriesgos de involución hacia formas autoritarias de gobierno, en especial en las democracias más recientes y frágiles; las dificultades para emprender o consolidar transiciones democráticas frente a los autoritarismos persistentes y los viejos o nuevos problemas institucionales de las democracias exigen cada día más imaginación y responsabilidad, más conocimientos y participación, más y mejor formación de ciudadanos libres y responsables. Exigen, en suma, una más amplia y sólida cultura democrática.

Es evidente que no hay mejor garantía para la consolidación de la democracia que la formación de una sociedad que conozca y aprecie sus valores, sus instituciones y sus prácticas y que, al mismo tiempo, a través de sus ciudadanas y ciudadanos, de sus diversas organizaciones,de sus partidos políticos y de su gobierno, participe efectivamente en el debate y en la formulación de propuestas frente a los asuntos de interés público propios de la vida democrática.Una sociedad, pues, comprometida con la democracia y su desarrollo.

En ese sentido, el objetivo de la colección Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos es contribuir a la divulgación dela cultura democrática en la sociedad mexicana, mediante el conocimiento de las democracias de nuestro tiempo. Con estacolección, el Instituto Federal Electoral busca poner al alcance del público en general, en especial de los jóvenes que cursan sus estudios de educación media superior y superior, la información y los elementos de análisis necesarios para el conocimiento de los sistemas políticos y electorales de las diversas democracias que existen en el mundo, su diseño constitucional y su forma de gobierno, los principios y los procedimientos que rigen sus elecciones, ysu sistema de partidos.

Con ese fin, la colección ha sido diseñada de tal modo que permita un estudio comparativo de los sistemas políticos y electorales considerados. Para ello, cada una de las monografías tiene la misma estructura: a manera de introducción se presenta un marco conceptual básico para facilitar la comprensión de las nociones de sistema político, sistema electoral y sistema de partidos, que son, a su vez, temas tratados en capítulos aparte. Igualmente, las monografías contienen un anexo estadístico con datos generales de los países, los resultados electorales y la composición de los órganos de representación popular, así como una cronología electoral del país de que se trate.

Instituto Federal Electoral

Introducción

Para el estudio de los sistemas políticos y electorales contemporáneos se requiere del conocimiento previo de su definición como conceptos y de una explicación sobre su significado. En términos generales se puede decir que el fenómeno político y, en particular, su manifestación en cada comunidad constituye un proceso complejo mediante el cual se toman las decisiones imperativas que la rigen. Pero, ¿cuáles son los elementos que intervienen en ese proceso?; ¿qué relación tienen entre sí?; ¿quiénes toman esas decisiones y con qué atribuciones?; ¿cómo se toman las decisiones imperativas?; ¿qué efectos producen y sobre quiénes? Éstas son, entre otras, las cuestiones que corresponden al estudio de los sistemas políticos y electorales, y en cada caso su respuesta explica o trata de explicar la manera en la que una comunidad específica las ha resuelto o busca resolverlas.

La noción de sistema político se refiere al conjunto de instituciones, organizaciones y procesospolíticosque,caracterizadospor un cierto grado de interdependencia, rigen yconforman la vida política de una determinada comunidad. En este sentido, el estudio sistémico del fenómeno político en cualquier agrupación supone, entre otras exigencias metodológicas, determinar el ámbito del sistema, es decir, señalar sus límites, y comprender los elementos o las partes que lo integran así como las relaciones recíprocas que guardan entre sí. En otras palabras, determinar si los confines del sistema se identifican, por ejemplo, con los del Estado-nación, que es el caso de nuestro tiempo; o si los elementos que lo integran, también como ejemplo, son una Constitución escrita, un Parlamento y partidos políticos.

Para saber cuál es el sistema político de un país se debe considerar si éste tiene un orden constitucional que garantice derechos y libertades a las personas o si se trata de un régimen autoritario; si siendo un Estado constitucional de derecho su forma de gobierno es presidencial o parlamentaria; si sus procedimientos electorales responden al principio de elección por mayoría o al principio de elección proporcional; si existen pocos o muchos partidos y cuál es la fuerza o la representatividad de cada uno de ellos, entre otros rasgos característicos. Si se responden estas cuestiones, aunque sea en forma básica, se puede decir que se conocen los elementos que conforman un determinadosistema político y las relaciones que dichos elementos guardan entre sí.

A partir del sistema político, y conforme a la metodología sistémica, los sistemas electorales y de partidos pueden ser considerados como subsistemas del primero. Esto significa que si bien su estudio puede tener mayor o menor grado de autonomía, ésta no es total en la medida en que sus relaciones con el conjunto del sistema político con los principios constitucionales fundamentales o con la forma de gobierno, por ejemplo_ suponen la existencia de factores externos al subsistema que producen distintos efectos sobre ellos. No obstante esa consideración, es evidente que los sistemas electorales y de partidos constituyen en sí mismos un objeto de estudio.

La noción de sistema electoral tiene dos acepciones: en sentido amplio, como sinónimo de derecho electoral o régimen electoral, es decir, el conjunto de normas, instituciones y procedimientos que regulan la organización de las elecciones, la integración de los órganos de representación popular y, generalmente, a los partidos políticos; y en sentido estricto, como los principios y los métodos utilizados para convertir los votos en escaños, es decir, como el procedimiento técnico de la elección por medio del cual la voluntad de los ciudadanos manifestada en las urnas se traduce en representación política en un Parlamento.

Por su parte, la noción de sistema de partidos se refiere a la forma en la que las organizaciones partidistas interactúan entre sí o, en su caso, a la forma en la que un solo partido actúa dentro de un régimen representativo. En este sentido, se puede hablar de un sistema de partidos competitivo, de un sistema de partido hegemónico, o de un sistema bipartidista o multipartidista, por citar las características más relevantes.

Como se ha señalado, la colección Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos se ocupará de las democracias de nuestro tiempo y, por lo tanto, hará referencia a países organizadosbajo un régimen constitucional democrático. ¿Qué significa esto?; ¿qué es el constitucionalismo?; ¿qué formas de gobierno han sido adoptadas dentro del constitucionalismo?; ¿cuáles son los distintos principios electorales para la integración de los órganos de representación popular en las democracias representativas?

Con el propósito de ofrecer los elementos necesarios para la mejor comprensión de cada uno de los sistemas políticos y electorales incluidos en este esfuerzo editorial, a continuación se tratará de dar respuesta en forma breve y sencilla a estos cuestionamientos a través de una serie de definiciones básicas.

El constitucionalismo es el producto político y jurídico del triunfo del pensamiento liberal frente al absolutismo y los autoritarismos. En ese sentido, el constitucionalismo tiene como razón de ser y como fin la limitación del poder público y la garantía de los derechos fundamentales de las personas, a través de la subordinación del poder a la ley. De allí que sus principios más importantes sean la división del poder político, para crear un sistema de controles y contrapesos entre los distintos órganos del Estado, y el control sobre la constitucionalidad de los actos de la autoridad, para garantizar los derechos fundamentales, establecidos en la Constitución, delas personas frente al poder público.

El constitucionalismo democrático es, en consecuencia, un régimen político y jurídico en el que, además de establecer límites al poder público y garantías para los derechos de las personas, los órganos de gobierno deben ser populares, es decir, deben expresar el principio de gobierno del pueblo conforme al significado etimológico de la democracia. Ahora bien, en la medida en que las sociedades modernas, por su dimensión y complejidad, no permiten el ideal clásico del gobierno directo del pueblo, la democracia moderna ha sido representativa, es decir, gobierno del pueblo a través de sus representantes, cuestión que veremos en seguida. Pero, en síntesis, el constitucionalismo democrático puede definirse hoy como un sistema político con división de poderes, garantías individuales y órganos de gobierno de representación popular.

Ahora bien, un régimen constitucional democrático puede adoptar distintas formas o sistemas de gobierno. Los dos másimportantes son el presidencial y el parlamentario, y si bien dentro de ellos existen diversas modalidades e incluso un sistemahíbrido o mixto que toma elementos de ambos es el caso del semipresidencialismo francés, lo cierto es que cada uno tiene elementos característicos, los cuales se pueden resumir en los siguientes términos.

En un sistema presidencial:

• El presidente es, a la vez, jefe de Estado y jefe degobierno.

• La elección del presidente es directa o semidirecta (es el caso de Estados Unidos).

• El jefe de gobierno y su gabinete no son designados o removidos por el órgano parlamentario sino por el propio presidente.

• Los poderes Ejecutivo y Legislativo están claramente separados.

En un sistema parlamentario:

• El jefe de Estado y el jefe de gobierno son personas distintas (en las monarquías parlamentarias, como Gran Bretaña, el rey es el jefe de Estado).

• Los miembros del Parlamento son elegidos por el voto popular.

• El jefe de gobierno y el gabinete son designados y pueden ser removidos por el Parlamento.

• Los poderes Ejecutivo y Legislativo no están separados; por el contrario, se comparten.

En los dos sistemas hay un proceso de elección popular para la integración de los poderes públicos. Dicha elección se realiza y se convierte en representación política mediante un sistema electoral; cabe recordar, en este punto, que la nociónde sistemaelectoral, en sentido estricto, se refiere a los principios y a losmétodos utilizados para convertir los votos en escaños, es decir, para traducir la voluntad ciudadana en representación política. Existen dos grandes sistemas electorales, el de mayoría y el proporcional, cada uno de ellos con diversas modalidades y fórmulas de asignación de escaños, así como un sistema mixto que combina los principios de ambos. En términos generales, dichos sistemas se pueden describir de la siguiente manera.

En los sistemas de mayoría:

• Se busca formar una mayoría en los órganos de representación popular que garantice estabilidad y gobernabilidad, aun a riesgo de fomentar sobre o subrepresentación en el Parlamento; por ejemplo, que un partido político obtenga un porcentaje de escaños o curules sensiblemente mayor o menor al porcentaje de la votación que haya obtenido. En este caso se privilegia la gobernabilidad sobre la representatividad.

• El ganador de la elección en el ámbito territorial-poblacional donde se realice la elección se queda con toda la representación, es decir, gana todo; por ejemplo, en un distrito electoral se elige a un solo diputado.

• Los partidos presentan candidatos individuales y el elector sólo tiene una opción.

En los sistemas proporcionales:

• Se busca que los órganos de representación popular sean lo más representativos posible de la voluntad ciudadana, es decir, de los porcentajes de votación obtenidos por cada partido, aun a riesgo de generar una fragmentación en la composición del Parlamento que dificulte la estabilidad y la gobernabilidad; por ejemplo, que un Parlamento, al reflejar con exactitud los porcentajes de la votación obtenidos por los distintos partidos políticos, se fragmente de tal modo que la formación de una mayoría que legisle o integre el gobierno (en el caso de un sistema parlamentario), resulte imposible; en este caso se privilegia la representatividad sobre la gobernabilidad.

• Se elige a dos o más representantes en el ámbito territorial-poblacional en el que se realice la elección y, por lo tanto, el triunfo es compartido según los porcentajes de la votación; por ejemplo, de una circunscripción electoral pueden surgir diez diputados.

• Las candidaturas de los partidos no son individuales sino que se presentan en listas.

Antes de concluir es importante señalar que el caráctergeneral de los contenidos de esta introducción sirve, como se apuntó,para ofrecer los elementos básicos que permitan una mejor comprensión de los sistemas políticos y electorales específicos que constituyen el objeto de la colección. En cada caso se tratarán en detalle las características y las modalidades de los distintos países considerados.

I. Sistema político

1. Régimen constitucional

1.1.Antecedentes históricos

El siglo xx ha sido para España un siglo de grandes convulsiones y contradicciones, de crisis y de cambio. Para comprender la vida política española de nuestros días y, en particular, elrégimen constitucional producto de la transición democrática de la segunda mitad de la década de los setenta, es necesario remontarse a los conflictos y procesos que han ido moldeando la historia política de España en el siglo xx, aunque sea de manera general.

La Segunda República española fue proclamada el 14 de abril de 1931 después de una profunda y prolongada crisis de la monarquía de los Borbones. Dicha crisis estuvo caracterizada por la pérdida de los dominios coloniales ultramarinos, la grave situación económica, la desigualdad social y la opresión política. En efecto, la monarquía de los Borbones, que había sido restaurada en 1874 luego de siete años en los que España vivió una experiencia de monarquía liberal y su Primera República, no fue capaz de diseñar y construir un proyecto moderno que, acorde con los vientos liberales que recorrían el viejo continente, asegurara libertades individuales y desarrollo económico.

A partir de 1874, bajo el reinado de Alfonso XII, la monarquía restaurada intentó constituir un régimen con ciertos rasgos liberales, reconociendo las libertades de expresión, de prensa, de reunión y de asociación, y estableciendo algunos mecanismos para el equilibrio entre los poderes a fin de limitar el poder del rey y de los caciques regionales. Sin embargo, fueron intentos tan débiles que muy pronto mostraron sus limitaciones y acabaron por convertirse en expresiones meramente formales. En este sentido, si bien es cierto que la Constitución de 1876 disponía de un procedimiento de selección para la integración de las Cortes _órgano legislativo_ y establecía un sistema de competencia entre partidos políticos, hay que decir que los cambios fueron más aparentes que reales.

Dos partidos políticos, el Conservador y el Liberal, se alternaban en el ejercicio del poder público, sobre la base de una especie de arreglo político informal, alentado y cobijado por la Corona. Así, se trataba formalmente de una monarquía constitucional parlamentaria, pero en la realidad el poder se mantenía concentrado en el rey y en los caciques regionales. La aperturapolítica y la constitucionalidad del régimen terminaron en última instancia por ser una simulación.
El año de 1898 tuvo un carácter trágico para España: la pérdidade Cuba y las Filipinas, tanto en términos reales como simbólicos, enfrentó al otrora poderoso imperio a la amarga realidad de su decadencia y su fin. La crisis recorrió todos los ámbitos y regiones del reino. El desánimo y el derrotismo campearon porEspaña y con ello la agudización de la crisis económica, política ysocial. A partir de ese año, los dos partidos políticos que se habían alternado en el ejercicio del poder entraron en un proceso de desintegración que los llevó, finalmente, a su desaparición en 1917.

Una nueva derrota militar, esta vez frente a Marruecos en 1921, profundizó aún más la crisis y puso en entredicho la autoridad y la capacidad de Alfonso XIII para conducir el reino. A tal punto la situación resultaba insostenible para el monarca que cuando Miguel Primo de Rivera consumó un golpe militar y estableció una dictadura, suprimiendo el débil régimen constitucional instaurado en 1876, Alfonso XIII no tuvo más remedio que reconocerlo a cambio de que se preservara la monarquía de los Borbones, aunque despojada en buena medida del poder real.

El régimen de Primo de Rivera, que contó con el apoyo de la burguesía, los caciques regionales dueños de la tierra, el clero y el ejército, inició lo que se denominó la regeneración de España a partir de pactos e instituciones de corte fascista: en 1924 se creó la llamada Unión Patriótica, una formación con pretensiones de convertirse en partido único y basada en una estructura corporativa, y en 1926 se instaló una Asamblea Nacional Consultiva con el objeto de preparar el proyecto para una nueva Constitución de la monarquía.

El propósito era, por una parte, construir un aparato político de soporte y control para la dictadura y, por otra, revestir de constitucionalidad y libertades a un régimen con vocación fascista, inspirado en la Italia de Mussolini. Lo cierto, sin embargo, es que no todos los actores políticos respaldaban a la dictadura de Primo de Rivera y a la decadente monarquía. Del otro lado, aprovechando en lo posible esas limitadas libertades que el régimen reconocía, diversas organizaciones políticas y obreras jugaban un rol opositor que más tarde sería determinante para la instauración de la Segunda República. Precisamente esas organizaciones celebraron, en agosto de 1930, el llamado Pacto de San Sebastián, en virtud del cual se articularon las distintas fuerzas políticas contrarias a la monarquía.

Los efectos de la depresión económica de 1929 y las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 detonaron la crisis y produjeron la caída de la monarquía. Dichos comicios habíansido convocados por el gobierno en un intento de liberalización política que buscaba atenuar las presiones y las protestas contra el régimen, incapaz de resolver las demandas más elementales de bienestar social y de libertades. No obstante las maniobras para controlar los resultados electorales, el régimen no pudo contener las masivas expresiones contrarias a la monarquía: de un total de 80,472 concejales electos, 41,224 representaban los intereses monárquicos y 39,248 abanderaban la causa republicana. Aun considerando las incontables irregularidades en el proceso electoral, el veredicto popular no dejaba lugar a dudas: una significativa proporción de españoles se inclinaban por la formación de la República. Una vez que se fueron dando a conocer los resultados, los concejales identificados con el cambio proclamaron la República el 14 de abril de 1931. Frente a la incontenible movilización popular y a la descomposición de las fuerzasque apoyaban al régimen, el rey Alfonso XIII no tuvo más remedio que abandonar esa misma noche Madrid con destino a Marsella.

La vida de la Segunda República española fue breve y convulsionada. Entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936, cuando inició la Guerra Civil con el levantamiento franquista, se realizaron tres elecciones generales. Las primeras se celebraron el 28 de junio de 1931, tras la gestión durante dos meses y mediode un gobierno provisional encabezado por Niceto Alcalá Zamora, un republicano de derecha que puso las bases del proceso constituyente y preparó los comicios que darían lugar al primer gobierno democrático, con lo cual pasó él mismo a ocupar después la presidencia de la República. A partir de dichas elecciones y del proceso constituyente que concluiría en diciembre del mismo año, la construcción de la República enfrentó una fuerte y sistemática resistencia de los grupos e intereses asociados al antiguo régimen. Además, graves problemas políticos y económicos generaron una profunda inestabilidad, reflejada en la sucesión de 18 jefes de gobierno, desde ese momento hasta la caída de los republicanos en la Guerra Civil, y en la celebración de las tres eleccionesgenerales ya mencionadas.

El primer gobierno, producto de una coalición de centro izquierda encabezada por Manuel Azaña, se dio a la tarea de desarrollar un proceso de modernización institucional y un programa de cambio social, a la vez ambicioso y moderado, que lo enfrentó, por un lado, a la reacción de la derecha y, por el otro, a los reclamos de los grupos más radicales de izquierda que consideraban por lo menos tibios sus esfuerzos de reforma. Dicho gobierno se mantuvo en el poder hasta las elecciones generales de noviembre de 1933, sin haber logrado poner las bases para la consolidación de la República.

Con la derrota de la coalición encabezada por Azaña inició un periodo dominado por la derecha en el que se neutralizaron y revirtieron los esfuerzos reformistas de la primera etapa republicana. La inestabilidad política, social y económica se agudizó; la sucesión incesante de gobiernos, el descontento social y unclima de confrontación fueron los signos característicos de unlapso de poco más de dos años, hasta las elecciones generales de febrerode 1936, en las cuales triunfó el Frente Popular, una ampliacoalición de izquierda que, finalmente, tuvo que enfrentar ellevantamiento militar del 18 de julio de ese mismo año, encabezado porFrancisco Franco, y la Guerra Civil que puso punto final a la República.

Las Cortes Constituyentes de 1931 habían adoptado una forma de gobierno parlamentaria con algunos rasgos semipresidenciales que, sin embargo, no impidieron la debilidad de los gobiernos frente a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, ni la confrontación social. La proliferación de partidos políticos (26 en las Cortes de 1931) y la fragmentación de la representación parlamentaria; la tensión entre el centralismo propio de la monarquía y los reclamos federalistas, así como la inestabilidad política y social, acabaron por mostrar la ineficacia del modelo constitucional adoptado y, en consecuencia, por generar un grave problema de gobernabilidad. En las Cortes, constituidas por 470 diputados, y dada la cantidad de organizaciones políticas y de facciones en su interior, ningún partido consiguió por su cuenta más de 115 escaños, lo que obligó a que todos los gobiernos tuvieran que ser de coalición.

Además de las deficiencias del diseño constitucional, de la fragmentación política y de la convulsionada vidaparlamentaria, de las reacciones que desataron el contenido social de la Constitución y las consecuentes reformas económicas y sociales del primer periodo de la República, hay que destacar el factor religioso como uno de los detonantes de la polarización y, en última instancia, de la confrontación que llevaría a la Guerra Civil. La reacción de los sectores más conservadores frente a la afectación de sus intereses y el reagrupamiento de la derecha en torno al ejército y la Iglesia son, en ese sentido, muy ilustrativos del peso que tuvieron esas instancias en la división y el conflicto. Con el apoyo de Italia y Alemania, y ante la pasividad de las democracias europeas, las fuerzas franquistas acabaron por imponerse sobre los republicanos tras una de las más terribles guerras civiles del siglo xx.
El franquismo fue un régimen dictatorial de corte fascista, si bien con características propias que lo distinguieron de sus similares en Alemania e Italia. Sostenido en la estructura de la Falange Española (fe) y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (jons), y desde luego en la figura del caudillo, el régimen franquista obtuvo el respaldo económico y político de los grupos e intereses más conservadores de España. Su larga duración y la modificación de las condiciones que le fueron favorables en la segunda mitad de los años treinta y la primera de los cuarenta para su conformación y consolidación, exigieron que durante y después de la Segunda Guerra Mundial iniciara gradualmente un proceso de modernización y de flexibilización que, finalmente, en la década de los sesenta se tradujo en el arribo de una élite tecnocrática al gobierno _identificada con el Opus Dei_ y en un intento de "legalización" de ciertas libertades a través de decretos y leyes que pretendían cubrir la ausencia de un ordenamiento constitucional.

En 1942 se expidió la Ley de Cortes, la cual dio lugara una Asamblea Orgánica Legislativa. Esta Asamblea tenía la atribución de dotar al régimen de los ordenamientos legales necesarios para su organización y funcionamiento. Sin embargo, debido aque se carecía de un procedimiento electoral democrático, en la realidad ese órgano quedaba sujeto a las decisiones autocráticas del caudillo. En 1945, ya derrotado el fascismo en la guerra, el régimen se vio obligado a dar un vuelco en su estrategia frente al exterior, pues ya no contaba con el apoyo de los regímenes de Alemania e Italia, sobre todo a través de la generación de una imagen menos autoritaria; de allí que se haya expedido ese año el denominado Fuero de los Españoles, una especie de declaración de derechos y libertades de las personas que, en la práctica, no era sino un expediente formal, carente de las garantías propias de un sistema constitucional. Poco después, a finales de ese mismo año, seexpidió la Ley de Referéndum Nacional, en un intento más por mostrar un rostro distinto frente a la comunidad internacional, abriendo paso, aunque fuera únicamente en elpapel, a la participación ciudadana para la toma de ciertas decisiones de interés nacional. En 1947, en esa misma línea, se expidió la Ley deSucesión, cuyo fin era normar precisamente la sucesión del jefe de Estado en caso de ausencia del caudillo, reservándose éste, en su carácter de jefe vitalicio del Estado español, la facultad de designar secretamente al sucesor.

A partir de finales de la década de los cincuenta, y especialmente durante los años sesenta, España experimentó una serie de cambios profundos en su economía, en la sociedad y en la vida política. La apertura al exterior, la extensión y consolidación de las clases medias, y el reconocimiento, aunque limitado, de ciertas libertades, así como la formación de corrientes diversas en el interior del régimen, sentaron las bases, si bien no era ése su propósito, para el proceso de cambio político de mediados de los años setenta. En 1958 se expidió la Ley de Principios del Movimiento Nacional, una especie de estatuto del partido único de matriz falangista y estructura corporativa que constituía el sustento político del régimen. En 1966 se expidió la Ley Orgánica del Estado que revestía de juridicidad al Estado franquista, pues reafirmaba sus fundamentos y características, aunque por otro lado reconocía algunas libertades de asociación y participación política,siempre dentro de la estructura del Movimiento Nacional. Un añodespués se expidió la Ley de Prensa que reconocía, también de forma limitada, ciertos márgenes de libertad de expresión. En 1969, dejando de lado el secreto previsto en la Ley de Sucesión, Franco designó como heredero de la Corona a Juan Carlos I de Borbón y, al mismo tiempo, separó la jefatura del Gobierno y la del Estado, ambas concentradas en su persona hasta entonces. Nombró al almirante José Carrero Blanco jefe de gobierno y se mantuvo él como jefe vitalicio del Estado español. La designación de Carrero Blanco representó la consolidación del dominio de la tecnocracia del Opus Dei en la administración pública.

Estas decisiones produjeron un proceso de recomposición de fuerzas y agudizaron los conflictos entre los distintos gruposy corrientes del Movimiento Nacional y, en general, dentro del régimen. Entre la tecnocracia del Opus Dei _que se había hecho del control del aparato administrativo durante los primeros años de la década de los sesenta_ y los grupos falangistas más tradicionales _que consideraban estar perdiendo terreno día a día, y quienes desde dentro del régimen impulsaban una mayor apertura política como la única manera de darle viabilidad_ las diferencias y las disputas se acentuaron. Por otra parte, la oposiciónal franquismo y la persistente presión en favor de la autonomía regional aprovechaban esas condiciones de división y conflicto dentro del régimen para desplegar con mayor fuerza su acción: las protestas, la resistencia pacífica cada vez más abierta al régimen, el surgimiento de nuevas generaciones de políticos opositores y la rearticulación y el fortalecimiento de la relación entre sindicatos y partidos en la clandestinidad, reflejaban a un país distinto que ya no tenía cabida en los estrechos límites de la dictadura.

Con el asesinato de Carrero Blanco en 1973 a manos de eta, la designación de Carlos Arias Navarro en la jefatura de gobierno y el fracaso de sus intentos por continuar en la ruta de una flexibilización política tan superficial como gradual, y con las condiciones físicas propias de la vejez del caudillo, la dictadura llegaba a su fin.

1.2.Transición democrática

El general Francisco Franco murió tras una larga agonía el 20 de noviembre de 1975, y dos días más tarde Juan Carlos I de Borbón fue proclamado rey de España. En los meses siguientes, el gobierno reformista de Carlos Arias Navarro continuó, con poco éxito, sus intentos por impulsar un proceso de liberalización. Por su parte, la articulación de las fuerzas opositoras en la Junta Democrática (1974) y en la Plataforma de Convergencia Democrática (1975) cobraba cada vez mayor relevancia. En ello, las organizaciones obreras, que desde finales de los años sesenta habían intensificado sus acciones de oposición, jugaron un papeldecisivo. A su vez, los movimientos regionalistas elevaban el tono de sus reclamos de autonomía, lo que permitió, a pesar de las diferencias ideológicas, que fuera posible generar unfrente amplio, con gran soporte popular, en favor de lademocratización de la vidapolítica.

En este contexto, el rey Juan Carlos decidió relevar a Arias Navarro el 1 de julio de 1976. En su lugar designó a Adolfo Suárez, un político proveniente del ala reformista del Movimiento Nacional, quien había mostrado una mayor disposición y una concepción más avanzada del cambio político que se requería, aún en la lógica del régimen, para evitar la polarización y la confrontación de la sociedad española. El reto no era en modo alguno sencillo: se trataba de responder, con equilibrios, a las exigencias de los distintos sectores y grupos, sin generar la exclusión o la radicalización de cualquiera de las partes. Se trataba, en otros términos, de conducir un cambio sin rupturas que evitara a España enfrentarse con el pasado, aún no remoto, de la confrontación y la violencia.

En sentido estricto, el proceso de transición inició con el referéndum sobre la Ley para la Reforma Política, en diciembre de 1976, y concluyó con la aprobación, dos años más tarde, de la nueva Constitución española. Durante esos dos años sedesarrolló uno de los cambios políticos más peculiares y, al mismo tiempo, más ejemplares para la construcción de un sistema democrático: un proceso que se basó, en una primera fase, en los principios y el marco institucional del viejo régimen, para finalmente dar paso a la conformación del nuevo régimen. Pero el tránsito del autoritarismo a la democracia en España no fue sencillo, aunque su rapidez y la eficacia de sus elementos y resultados sugieran lo contrario. Dos aspectos, en ese sentido, fueron decisivos. Por una parte, la convicción, compartida por la mayoría de los actorespolíticos, de evitar a toda costa la exclusión de alguna de las partes; se trató, efectivamente, de un proceso de cambio incluyente. Por otra parte, y como consecuencia de lo anterior, el compromiso en favor del consenso. La construcción gradual, especialmente cuidadosa, de arreglos entre las partes que permitieran crear nuevos procedimientos y nuevas reglas, que poco a poco fueran brindando una base al proceso de cambio, fue también clave.

Así, lo mismo el papel del rey que el de Adolfo Suárez, como jefe de gobierno, y el de la oposición democrática, respondieron a lo que la sociedad reclamaba: un cambio profundo, pero con base en acuerdos, lo que suponía que cada una de las partes debía estar dispuesta a ceder y, por esa vía, a generar consensos que reflejaran una serie de intereses compartidos, por encima de los intereses particulares. De allí que el carácter ejemplar de la transición española se deba más a la fórmula del consenso que a cualquier otra cosa.

Aprobada la Ley para la Reforma Política y resuelta la exigencia de legalizar al Partido Comunista (abril de 1976), se convocó a las elecciones generales que habrían de celebrarse enjunio de 1977. A partir de la integración de las primeras Cortes democráticas inició el proceso constituyente que concluiría en diciembre de 1978. Antes de ello, en octubre de 1977, se suscribieronlos conocidos Pactos de la Moncloa, cuyo objetivo, en concordancia con la dinámica de la negociación y el acuerdo, consistía en asegurar una mínima legitimidad y eficacia, precisamente sobre la base del consenso, para las políticas y programas públicos en materia de ingresos y gasto, sistema financiero, y seguridad social y salarios, principalmente. El debate en torno a los arreglos y el diseño sobre los que se levantaría el nuevo Estado español se ventilaba, mientras tanto, en el seno de las CortesConstituyentes.

Al respecto, cabe subrayar dos de los temas medulares e históricamente más polémicos que la nueva Constitución resolvió. El primero se refiere a la disyuntiva entre la república y la monarquía; el segundo, a la persistente tensión entre centralismo y autonomías o nacionalismos. De todas las partes, salvo de los extremos más radicales, hubo concesiones. Al optarse por una monarquía constitucional, bajo una forma de gobierno parlamentaria, se resolvió el reclamo democrático y la exigencia de contar con un sistema efectivo de garantías constitucionales y, al mismo tiempo, se evitaba la confrontación estéril en torno a la Corona que, por añadidura, hubiera polarizado las posiciones y alejado la posibilidad de los consensos, máxime considerando el papel moderador y equilibrador del rey. Con el establecimiento de un régimen de autonomía para las comunidades regionales o nacionales se atendía la añeja oposición al centralismo, se reconocía la diversidad económica, social y cultural del Estado español, y sesentaban las bases de un ulterior proceso de descentralización y modernización de las administraciones nacional y locales, que culminaría con la estructuración de las autonomías por parte del Estado; a la vez, se evitaba colocar en la discusión política el delicado tema de la integridad de la nación y, con ello, se desterraba el riesgo de generar reacciones históricamente contrarias a la idea federalista, particularmente desde el ejército.

En suma, el proceso de transición desarrollado entre diciembre de 1976 y diciembre de 1978 tuvo como base el consenso entre los distintos actores e intereses, aun de los más férreos opositores. Esto lo ilustra la aceptación _ciertamente a regañadientes, pero finalmente aceptación_ del ejército a reconocer al Partido Comunista y la renuncia de éste a la exigencia de instituir la República. En el proceso de cambio, habría que destacar como episodios clave la aprobación por referéndum de la Ley para la Reforma Política, en diciembre de 1976, las elecciones generales de 1977 _que acabaron siendo las elecciones para la integración de las Cortes Constituyentes_, los Pactos de la Moncloa y la aprobación, también por referéndum, de la nueva Constitución, cuya elaboración fue la culminación de la lógica del acuerdo y el consenso que impulsó a la transición en su conjunto.

La Constitución de 1978 fue el producto, en efecto, de un largo y profundo proceso de debate, negociación y acuerdo durante 18 meses. Para la elaboración del anteproyecto se integró una comisión compuesta por tres miembros del naciente partido de Adolfo Suárez, Unión de Centro Democrático (ucd), uno del Partido Socialista Obrero Español (psoe), otro del Partido Comunista Español (pce), uno de Alianza Popular (ap) _el partido que reunía a la derecha de origen franquista_ y uno más de la minoría catalana. La conformación de esa comisión obligaba al consenso y, por lo tanto, a que todas las partes cedieran.

De acuerdo con el anteproyecto, España se constituyó en una monarquía parlamentaria, con el rey como jefe de Estado y con un presidente, surgido de la mayoría en el Congreso de los Diputados, como jefe del gobierno. El Congreso, integrado por 350 miembros, concentra la función legislativa, si bien requiere en algunos casos de la intervención del Senado. Éste último es una Cámara alta desprovista de relevancia.

La Constitución, asimismo, define al Estado español como un "Estado social y democrático de derecho" que, conforme a lo establecido en su título I, propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En la misma disposición, la Constitución expresa que "la soberanía reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".

Por lo que hace a la organización territorial del Estado, la Constitución es absolutamente innovadora. En su título VIII artículo 137, establece: "El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía parala gestión de sus respectivos intereses." Con esa fórmula, quehabría de desarrollarse y concretarse unos años después, se resolvió uno de los problemas más complejos de España: la tensión y los conflictos nacional-regionales que, por cierto, en la Segunda República habían llevado al centro del debate la cuestión federal y, con ello, polarizado, aparentemente sin remedio, las posiciones en torno a la organización del Estado. Una vez más, el consenso permitió un esquema original, basado en estatutos de autonomía para cada comunidad, que en muchos aspectos confiere más libertades que las que corresponden a un régimen federal.

En la práctica, el diseño constitucional de la democracia española ha sido muy exitoso. No obstante las diversas dificultades que enfrentó el proceso constituyente, se logró crear unorden constitucional aceptado por las partes y, sobre todo, adecuado a las diversas exigencias políticas, sociales y culturales. Lacombinación de un sistema parlamentario que asegura la representación de las diversas expresiones políticas y culturales de España, conun gobierno fuerte, dotado de las atribuciones necesarias para asegurar una administración dinámica y eficiente; el sistema electoral proporcional y la adopción del método D'Hondt para la distribución de escaños en el Congreso de los Diputados, de tal modoque se evita la fragmentación política y, a la vez, se permite la representación de partidos regionales; el equilibrio de fuerzaspolíticas nacionales y organizaciones políticas regionales para la conformación de mayorías en el Parlamento cuando ha sido necesario, y un completo sistema de garantías individuales para la defensa de la Constitución, conforman las piezas clave de la maquinaria constitucional que condujo a España a la consolidación democrática.

II. Sistema electoral

El sistema constitucional en España establece que tienen derechoal sufragio todos los ciudadanos españoles mayoresde edad (18 años) que estén en pleno disfrute de sus derechos políticos.

El censo es el registro general de los ciudadanos con derecho al sufragio y, por tanto, quienes no aparezcan en su listado nopueden votar. La inclusión en el censo, que se complementa en el momento de la emisión del voto con la presentación del carnet de identidad, más la señalización que hace constar algún miembro de la mesa electoral en su copia, asegura la identidad, la idoneidad y el voto único del ciudadano. El censo electoral se elabora de oficio, es decir, el propio Estado, a través de la Oficina del Censo Electoral, se ocupa de la inscripción en el registro, de las altas y las bajas, a partir de los datos generales de la población censada. Los ayuntamientos son los encargados de la inscripciónde sus residentes.

El objetivo de la administración electoral es garantizar la legalidad y la transparencia de las elecciones. Le corresponde velar por comicios libres y competitivos. La administración electoral comprende: las Juntas Electorales (central, provinciales y de zona), así como las mesas electorales. La Junta Electoral Central es un órgano permanente que tiene su sede en Madrid. Las juntas electorales provinciales radican en cada capital de provincia y las juntas electorales de zona se ubican en los municipios cabeza de los partidos judiciales. El mandato de las juntas provinciales y de zona termina 100 días después de las elecciones. Para asegurar su independencia, la ley confiere a los miembros de las juntas las garantías necesarias para evitar que puedan ser objeto de presión política.

Las mesas electorales son las responsables del desarrollo de la jornada electoral; a cada una le corresponde recibir y contarlos votos de entre 500 y 2,000 electores, encuadrados en una sección. La mesa está formada por un presidente y dos vocales, quienes son designados por sorteo entre todas las personas censadas en una sección, y el desempeño de esta función es obligatorio.

La presentación de candidaturas (partidos, coaliciones o agrupaciones de electores) siempre se efectúa ante la administración electoral. La campaña electoral dura 15 días y termina a las cero horas del día inmediatamente anterior a la votación. Los candidatos en liza nombran representantes _apoderados_ para los actos y operaciones electorales; el apoderado nombra a dos interventores por cada mesa electoral, que necesariamente habrán de estar inscritos en esa sección.

La jornada electoral comienza con la instalación de las mesas electorales; se abre la urna desde las nueve de la mañana y se cierra a las ocho de la noche, lapso durante el cual se efectúa la votación. Una vez terminada empieza el escrutinio, cuyos resultados son hechos públicos por medio de una acta de resultados. El escrutinio general es realizado al tercer día siguiente a la votación por la Junta Electoral que corresponda. Es un acto único y público.

Las reclamaciones que se manifiesten después se canalizan a través del recurso contencioso electoral, presentado ante la Junta Electoral correspondiente. El tribunal competente para la resolución de los recursos que tienen que ver con las elecciones generales y las elecciones de los miembros al Parlamento Europeo es la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. En el caso de las elecciones autonómicas o locales, el tribunal competente es la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Con respecto a los gastos y subvenciones electorales, toda candidatura debe tener un administrador electoral responsable de su contabilidad, quien debe responder sobre todos los ingresos y gastos realizados. El Estado subvenciona los gastos electorales a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones, y el control legal de los mismos es muy estricto.

El sistema electoral español, establecido en la Constitución de 1978 y en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (loreg) de 1985, tiene como antecedentes la Ley para laReforma Política (lrp) de 1976, el punto de partida formal de la transición democrática, y el Decreto-Ley 20/1977. Ambas disposiciones normativas sentaron las bases y fijaron las reglas para las elecciones generales de 1977, las que dieron lugar a la conformación de las Cortes Constituyentes.

El sistema electoral de la monarquía parlamentaria española refleja así las exigencias que, en el inicio de la transición, plantearon los distintos actores políticos. Por una parte, los grupos y organizaciones de la derecha exigían un sistema electoral basado en el principio de mayoría; por otra, las organizaciones partidistas opositoras exigían un sistema de representación proporcional. Una vez más, la lógica de la negociación y el consenso se impuso y en su proyecto de lrp, Adolfo Suárez propuso una fórmula equilibrada.

La lrp estableció un sistema de representación proporcional con un método de asignación de escaños denominado D'Hondt que, por sus efectos reductores, significaba una solución intermedia entre el principio de mayoría y el de representación proporcional más puro. Este sistema, confirmado en el Decreto-Ley 20/1977 en virtud del cual se reguló la materia electoral en forma más específica que en la lrp, pasaría finalmente a incorporarse a la loreg de 1985.

El sistema de representación proporcional que rige en España tiene diversas barreras legales que lo hacen distinto de sistemas proporcionales más puros, como son, por ejemplo, el de Holanda o Israel. En estos países el porcentaje mínimo de votación que da acceso a la representación parlamentaria es de 1.5, un umbral de entrada bajo, y donde el territorio nacional constituye una única circunscripción, lo que asegura mayor proporcionalidad, es decir, una correspondencia más exacta entre los porcentajes de votación y los porcentajes de escaños. En España, en cambio, tanto por la división del territorio como por el mínimo exigido para participar en el reparto de escaños, 3%, se genera sobre y subrepresentación parlamentaria pero, en contraparte, se facilita la formación de mayorías pues se evita la excesiva fragmentación de la representación.

Los artículos 161, 162 y 163 de la loreg establecen las disposiciones básicas del sistema electoral español. El primero determina la organización territorial del sistema y establece que "cada provincia [son 50] constituirá una circunscripción electoral"; asimismo, establece que Ceuta y Melilla, posesiones españolas en África del Norte, forman, cada una, una circunscripción más, con lo que se llega a 52. El artículo 162 establece que el Congreso de los Diputados (órgano legislativo supremo de la nación española del cual deriva, con la formación de la mayoría parlamentaria, el gobierno de España y, por tanto, el presidente del gobierno) "está formado por 350 diputados". Cada una de las 50 provincias tiene derecho a un mínimo de dos diputados, independientemente dela población que tengan, con excepción de Ceuta y Melilla que tienen derecho a un diputado. Esa distribución básica dediputaciones para la contienda arroja un subtotal de 102 escaños; el artículo 162 establece que los "248 diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población", conforme al siguiente procedimiento:

a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir entre 248 la cifra total de la población con derecho asufragio de todas las provincias.

b) Se adjudican a cada provincia tantas diputaciones como resulten, en números enteros, de dividir a la población con derecho al voto entre la cuota de reparto.

c) Los diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fracción decimal mayor.

De acuerdo con el procedimiento señalado, únicamente se determina el número de diputados que corresponde a cada provincia, además de los dos iniciales con que cada una cuenta, y los dos de Ceuta y Melilla. Esto significa, conforme al inciso a), que se realiza una división de la población total de España con derecho a votar entre el número de diputaciones a distribuir, sin considerar las 100 distribuidas paritariamente y las dos de Ceuta y Melilla, esto es, 248 diputaciones. Mediante esta división sefija el número de ciudadanos al que corresponde un diputado. El inciso b) únicamente establece la división de la población con derecho a votar de cada provincia entre el número de ciudadanos que haya resultado, conforme al inciso anterior, equivalente a una diputación, para determinar cuántas de éstas corresponden a cada provincia.

Como es evidente, la distribución inicial de diputaciones por provincia genera una primera distorsión de la representación, en la medida en que las diferencias de población entre unas y otras provincias hacen que las más pequeñas tengan de entrada una sobrerrepresentación y las más grandes, en contraste, una subrepresentación: una provincia, por ejemplo, a la cual su población en rigor no le permitiría, según el cociente de reparto, tener dos diputaciones, las obtiene de entrada con la distribución paritaria inicial de dos diputaciones, mientras otra con una población mucho mayor enfrenta un límite respecto al total de diputaciones a distribuir según el criterio poblacional, en tanto 102 ya han sido distribuidas igualitariamente. En los casos de Soria y Madrid la situación se ilustra muy bien: hay una sobrerrepresentación en favor de los habitantes de la primera respecto a los de la segunda de 4.46veces. Este factor de distorsión afecta, en términos de sub y sobrerrepresentación, a 20 circunscripciones, prácticamente 40% del total.

El artículo 163 establece el procedimiento para laasignación de escaños por circunscripciones, es decir, por provincia, conforme al método D'Hondt:

a) No se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no obtengan, al menos, 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción.

b) Se ordenan de mayor a menor, en una columna, las cifras de votos obtenidos por las restantes candidaturas.

c) Se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura entre 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta un número igual al de los escaños por distribuir en la circunscripción, formándose un cuadro como el que se muestra más adelante. Los escaños son para las candidaturas que obtengan los cocientes o cifras mayores en el cuadro, atendiendo a un orden decreciente.

Supongamos, para ilustrar el procedimiento, una circunscripción a la que corresponden tres diputaciones, en la que tres partidos superaron la barrera mínima del 3% de la votación y en la que se emitieron 150,000 votos válidos, con 75,000 para el partido A, 45,000 votos para el partido B, y 30,000 para el partido C. Sigamos el procedimiento descrito en los incisos anteriores:

N�mero de esca�os: 1 2 3

Partido A

75,000

37,500

25,000

Partido B

45,000

22,500

15,000

Partido C

30,000

15,000

10,000

Una vez formadas las columnas (en la columna uno aparecenlas cifras de los votos obtenidos por cada partido; en la dos, los votos obtenidos divididos entre dos; y en la tres, los votos obtenidos divididos entre tres), se pasa a identificar las tres cifras mayores para distribuir los tres escaños en disputa. En este caso, las tres cifras mayores son 75,000; 45,000, y 37,500. Como se ve, la primera cifra mayor corresponde al partido A, la segunda al partido B y la tercera nuevamente al partido A. Tenemos, pues, que el partido A, con 50% de la votación, se lleva el 66% de la representación; el partido B, con 30% de la votación, obtiene 33% de la representación, mientras el partido C, con 20% de la votación, se queda sin representación. Se trata, desde luego, de un mero ejemplo, que, sin embargo, ilustra la manera en que se generan las distorsiones en la formación de la representación nacional. Cabe decir, finalmente, que la loreg prevé que, en caso de empate entre dos cifras de las columnas señaladas para el reparto del último de los escaños, éste se asignará al partido que haya obtenido un número mayor de votos.

Es importante subrayar que, como se había advertido, la barrera de entrada al reparto de escaños no seestablece como un porcentaje de la votación nacional, sino en la circunscripción. Esto permite, por una parte, que los partidos regionales, al concentrar sus votos en el ámbito de su provincia, se vean beneficiados y, por otra, impide frecuentemente a partidos nacionales pequeños o medianos, que tienen su votación dispersa en todo el territorio nacional, participar en el reparto. Es decir, el hecho de que un partido regional supere la barrera de 3% en la circunscripción no significa que la rebase a nivel nacional; en cambio, el hecho de que un partido nacional gane más de 3% de la votaciónnacional no significa que lo haga en el ámbito provincial, lo que le impediría beneficiarse del reparto de escaños. Esa es, probablemente, una de las expresiones más exactas delarreglo político-electoral de la transición, respecto al conflicto nacional-regional, pues asegura a las minorías regionales una representación parlamentaria en el ámbito nacional que de otra manera difícilmenteobtendrían. Los más perjudicados con ese sistema son lospartidos pequeños o medianos nacionales, marcadamente subrepresentados en el Congreso de los Diputados.

En el caso del Senado, cada distrito provincial elige a cuatro senadores. En cada circunscripción insular se elige de la siguiente manera: tres en Gran Canaria, en Mallorca y en Tenerife; uno en Menorca, en Ibiza-Formentera, en Gomera, en Hierro, en Lanzarote y en La Palma. Ceuta y Melilla cuentan con dos senadores cada una. La representación senatorial se completa con la designación de un senador más por cada millón de habitantes por comunidad autónoma. La Asamblea Legislativa Autonómica efectúa la designación.

1.Elecciones municipales

Cada municipio es un distrito en el que se elige el número de concejales dependiendo del número de habitantes. Los pueblos con menos de 100 habitantes funcionan en régimen de Consejo Abierto, donde los electores eligen directamente al alcalde por un sistema mayoritario.

Para el resto, existe una barrera electoral de entrada de 5% de los votos emitidos en el distrito. El electorado elige mediante el procedimiento de listas cerradas y bloqueadas presentadas por partidos, federaciones o agrupaciones, y la asignación de los puestos de concejales se efectúa a través del mismo sistema explicado más arriba para el Congreso de los Diputados. Solamente en los municipios que eligen cinco concejales (con una población de entre 100 y 250 habitantes) se aplica voto limitado (un máximo de cuatro nombres) y el escrutinio mayoritario al estilo del Senado.
Una vez celebradas las elecciones locales se constituyen las Corporaciones Municipales y se procede a la elección de alcalde. Para esta última, pueden ser candidatos todos los concejales electos, que sean cabeza de lista de candidatura. Para ganar es necesario obtener mayoría absoluta de los votos emitidos por el grupo de los concejales o, si esto no es posible, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista con más votos.

2.Sistemas electorales autonómicos

La existencia de 17 parlamentos regionales, que corresponden al mismo número de comunidades autónomas, supone otrostantos sistemas electorales. La Constitución, los Estatutos de Autonomía, las propias leyes electorales de las comunidades electorales y todas aquellas disposiciones relacionadas con la legislación electoral común, constituyen sus fuentes.

La primera diferencia sustancial entre el régimen electoral nacional y algunos de los locales se da en la convocatoria de elecciones y en la duración del mandato parlamentario.Cataluña, el País Vasco, Galicia y Andalucía llevan su propio calendario.

Todos los distritos son plurinominales y, por lo general, coinciden con las circunscripciones provinciales que sirven de base para las elecciones generales, con la excepción de las islas.

La barrera electoral de entrada al reparto de escaños para la composición de los parlamentos comunitarios es, en algunos casos, la misma que se utiliza en las elecciones generales: un 3% contado por circunscripción. En siete comunidades, en cambio, se ha optado por un 5% como barrera electoral.

III. Sistema de partidos

El actual sistema de partidos español tiene sus orígenes en el franquismo, tanto por lo que hace a los grupos más liberales del Movimiento Nacional _que se convertirían, con la transición, en partidos políticos_, como por la rearticulación y recomposición de los partidos y organizaciones sociales opositoras que, durante la década de los sesenta, intensificaron su lucha contra el régimen, lo que dio lugar a formaciones realmente distintas a las que habían existido en la República o a las que, desde el exilio, habían mantenido una persistente oposición al franquismo y a la monarquía.

El desenlace de la Guerra Civil supuso el fin de la existencia legal de los partidos políticos. En 1937, en plena confrontación militar, Franco expidió un decreto de prohibición de partidos aunque, por otro lado, alentó la formación de un partido único, en concordancia con los regímenes totalitarios de sus aliados en Europa. Dicho partido se fraguó a través de la reunificación de distintas fuerzas políticas que ayudaron a la sublevación contrael régimen republicano, con lo que se originaron la Falange Española Tradicionalista, las Juntas de Ofensiva NacionalSindicalista y, finalmente, el Movimiento Nacional, cuya implantación y fuerza social se basaron en una estructura corporativa que servía al régimen como instrumento de control y, si cabe, de legitimación.

Lo cierto es que la prohibición de partidos políticos en el régimen franquista no condujo a su extinción pero sí provocó que los pocos militantes que escaparon de la represión y no optaron por el exilio, o no pudieron salir de España, tuvieran que actuar en la clandestinidad. La represión política fue sistemática, y aunque con los años el régimen tendió hacia una flexibilización real, ésta no dejó de ser limitada. En el exterior, por su parte, muchos de quienes se exiliaron mantuvieron con vida las organizaciones políticas, siempre con la esperanza de que el franquismo caería pronto y, en consecuencia, con la convicción de que sería posible restablecer la República. La espera, sin embargo, fue tan larga como inútil: después de las enormes dificultades que Franco enfrentó al término de la Segunda Guerra Mundial, al fin logró un entendimiento con las potencias occidentales que permitió la consolidación del régimen. Ello acabó por desgastar a los partidos en el exilio, lo que produjo, además, su inevitable distanciamiento con las organizaciones y movimientos opositores radicados en España.

La represión contra los partidos y los sindicatos opositores al régimen fue particularmente dura para el Partido Comunista de España (pce), en buena medida porque el principio de legitimidad del régimen descansaba en su discurso de lucha contra el comunismo y porque, en ese mismo sentido, servía para mostrar que mientras Franco se mantuviera en el poder actuaría en contra del avance del movimiento comunista. Los demás partidos, sobre todo el Socialista Obrero Español (psoe), sufrieron también la represión y la clandestinidad pero nunca con la saña y la dureza con que las padeció el pce. Esto se dio porque en muchos casos esos otros partidos estaban vinculados por razones de matriz ideológica con partidos que gozaban de enorme poder en otros países europeos y, en distintos momentos, con partidos que gobernaban y con los que, en consecuencia, el régimen franquista tenía que tratar. Al respecto resulta elocuente que en las campañas de las primeras elecciones democráticas, junto a uno de los lemas del psoe _"Un siglo de lucha"_, aludiendo a su fundación en 1879 por Pablo Iglesias, simpatizantes del pce añadieran con malicia y, hay que decirlo, inexactitud, pintas con la leyenda "y cuarenta años de vacaciones".

Regresando a la formación del partido del régimen que dio como resultado el Movimiento Nacional, puede decirse que al mismo tiempo constituía el fundamento de la legitimidad del sistema y una estructura paralela a la organización territorial del Estado. El Movimiento Nacional estaba también provisto de principios que eran inamovibles y constituían, en última instancia, el criterio de referencia para juzgar la constitucionalidad de cualquier norma legal a través del recurso de contrafuero. A pesar de la amalgama de las derechas franquistas dentro del Movimiento, siempre tuvo mayor presencia el tradicionalismo. No obstante, la existencia de esa especie de partido único hizo posible que Franco pudiera mantener el equilibrio de fuerzas en la composición de sus sucesivos gobiernos.

En la última etapa de la dictadura, los partidos de oposición en España fueron realidades de hecho, que no solamente no gozaban de reconocimiento legal alguno sino que estaban explícitamente prohibidos. Existían dos partidos mayoritarios de izquierda, el Partido Comunista de España y el Partido Socialista Obrero Español, así como una multiplicidad de pequeños partidos también en la izquierda. La derecha, por su parte, oscilaba entre organizarse en formaciones que capitalizaran el gran prestigio popular del centro político o mantenerse como opciones conservadoras, tradicionales, identificadas con las derechas clásicas. En este extremo se encontraban Fuerza Nueva y distintas clases de Falanges, cuyo compromiso con la democracia, en el fondo, era inexistente.

El fuerte impulso que la oposición clandestina recibió desde finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, a partir del debilitamiento de la estructura política unipartidista y monolítica que pretendía el dictador, siempre bajo su mando, y de los procesos de cambio en la composición, los valores y las aspiraciones de la sociedad española, con la extensión, como se ha dicho, de las clases medias urbanas y de la mayor interrelación con el exterior, sentaría las bases para el desarrollo de tendencias dentro del Movimiento Nacional contrarias a la preservación del régimen tal como había funcionado en las décadas anteriores.

A partir de 1967, después de la promulgación de la Ley Orgánica del Estado, empezó a circular la noción de "asociacionismo" dentro del Movimiento Nacional. Los distintos proyectosde asociaciones políticas mantenían únicamente el propósito de facilitar a los diversos grupos del régimen la posibilidad de canalizar su acceso al poder de un modo más organizado. Sin embargo, no fue sino hasta después de la muerte de Franco, de laproclamación del rey Juan Carlos y del ascenso de Adolfo Suárez al gobierno, que se inició realmente el proceso de cambio, que como se ha señalado tuvo su punto de partida formal con la aprobación de la Ley para la Reforma Política en 1976. Dos años más tarde, en diciembre de 1978, cuando la Constitución fue aprobada, apareció en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Partidos Políticos.

1.Izquierda

1.1.Partido Comunista Español (pce)

El Partido Comunista Español fue el partido de izquierda que emergió con mayor fuerza al inicio de la transición democrática, fruto de los largos años de lucha y oposición al régimen. En más de un sentido, el pce representaba, a los ojos de buena parte de la sociedad, la resistencia al franquismo. Sus dirigentes históricos, Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo, volvieron a España del exilio tras la muerte de Franco. De la clandestinidad en la que había vivido, el pce pasó a la legalidad en 1976, durante el gobierno de Adolfo Suárez, quien en su afán conciliador e incluyente consiguió su reconocimiento jurídico, en contra de las presiones de la derecha, especialmente del ejército, que veía en la "legalización" del pce un agravio directo.

Los buenos oficios de Suárez y la disposición al consenso de los distintos actores políticos permitieron superar ese obstáculo decisivo para la democratización. Con plenos derechos y garantías, el pce se incorporó a la transición. Sin embargo, tanto por su apego a los principios y postulados marxistas como por su falta de flexibilidad frente a las nuevas realidades y exigencias de la sociedad española, pronto fue rebasado por el psoe en las preferencias ciudadanas. Sus resultados electorales en las primeras contiendas democráticas son ilustrativos: en las elecciones generales de 1977 obtuvo poco menos de 10% de la votación y únicamente 20 escaños, de un total de 350; en las de 1979, apenas rebasó 11% de la votación y alcanzó 23 escaños; y en las de 1982 cayó al 4% de la votación y obtuvo sólo cuatro.

Esta situación desató una fuerte crisis interna que llevó a Santiago Carrillo a dejar la secretaría general del partido y a ser sustituido por Gerardo Iglesias. A partir de entonces, el pce enfatizó como una de sus banderas centrales la oposición al ingreso de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan), al punto de crear una coalición amplia de izquierda en 1986 para promover el "No" en el referéndum que, al respecto, se celebró en marzo de ese año, lo que dio lugar a la creación de Izquierda Unida (iu), que más tarde, como secretario general del pce, coordinó Julio Anguita.

A partir de ese año, en efecto, el pce se convirtió en el eje de la iu, en la que se pretendía aglutinar a distintos partidos y organizaciones contrarios o inconformes con el psoe. Sin embargo, los resultados no cambiaron y aunque se recuperaron los niveles de votación de 1977 y 1979, es decir, alrededor del 10%, nunca logró ya representar una opción de gobierno.

1.2.Partido Socialista Obrero Español (psoe)

El Partido Socialista Obrero Español, como ya se mencionó, fue fundado en 1879 por Pablo Iglesias, como la organización partidista de la Unión General de Trabajadores (ugt), constituida unos años antes por el propio Iglesias. Después del triunfo de Franco en la Guerra Civil, el psoe inició una larga etapa de dificultades y, finalmente, de desgaste y divisiones internas. Debido al exilio de buena parte de quienes fueron sus dirigentes durante la República y a la clandestinidad de sus cuadros en el interior deEspaña, el psoe se fue desdibujando de tal manera que, en los añossesenta, debió iniciar una profunda recomposición. En 1974, las diferencias entre los socialistas del exilio y los socialistas del interior se resolvieron en favor de estos últimos y, a partir de esemomento, Felipe González y Nicolás Redondo, dirigente de la ugt,tomaron el control del partido e iniciaron su gradual y, en última instancia, definitivo alejamiento de la doctrina marxista-leninista. Esto les permitió presentarse como una opción de izquierda moderada, con una firme vocación modernizadora.

El psoe renovado estaba constituido por jóvenes militantes que generacionalmente no habían vivido la Guerra Civil y, por ello, tanto su ideología, cercana a las corrientes socialistas europeas, como sus planteamientos de acción política de cara a la nueva situación tenían poco que ver con la visión de los viejos socialistas y, menos aún, con la de los dirigentes del pce. Sus resultados electorales, desde las primeras elecciones generales, fueron extraordinarios: en las de 1977 obtuvo 30% de la votación y 118 escaños; en las de 1979 tuvo un ligero incremento que le permitióalcanzar 121 escaños; y en 1982, de manera literalmente espectacular, se convirtió en la mayoría indiscutible con 48% de la votación, con lo que obtuvo 202 escaños y el control absoluto del Congreso. Con un sólido proyecto de modernización económica y desarrollo social, así como de inserción de España en la vida comunitaria europea, los socialistas se mantuvieron desde entonces en el poder hasta su derrota, frente al Partido Popular, en 1996.

2.Centro

El centro del espectro político español lo ocupó, en una primera fase, el reformismo proveniente del régimen anterior, que en las elecciones de junio de 1977 había ganado 34.8% de los votos. Adolfo Suárez se encontró en la tesitura de concurrir a las elecciones que él mismo había convocado y no tenía partido que lo apoyara. Así nació, primero como coalición y más tarde como partido, la Unión de Centro Democrático (ucd), que fue el primer partido español en el gobierno como producto de un proceso electoral abierto, después de 41 años de dictadura. Debido al decisivo papel que jugó durante la transición, el partido de Suárez mantuvo su dominio electoral en las elecciones generales de 1979, ya en el marco del nuevo orden constitucional, para después entrar en una grave crisis que lo llevaría a su disolución tras las elecciones de 1982, en las que obtuvo menos de 7% de la votación y 12 escaños. En dichos comicios, por cierto, Suárez ya se había separado de la ucd y contendió a través de una nueva formación partidista creada por él mismo, el Centro Democrático y Social (cds), que en esos comicios alcanzó sólo 3% de la votación y dos escaños. Esta nueva organización partidista, que incrementó su votación en 1986 pues alcanzó 9% de los votos y 19 escaños, y luego la disminuyó en 1989, con 8% de la votación y sólo 14 escaños, finalmente desapareció.

3.Derecha

La derecha se encontraba desacreditada por la directa vinculación que se le atribuía con el régimen franquista. Alianza Popular (ap), encabezada por ex ministros de Franco y, en concreto, por Manual Fraga, nació como una coalición. En las elecciones de junio de 1977 apenas superó el 8% de los votos y obtuvo 16 escaños; en las elecciones de 1979, como eje de la llamada Coalición Democrática, ap bajó al 6.5% de la votación y alcanzó únicamente nueve escaños. Para 1982, aprovechando la crisis de la ucd y después de cambiar de nombre por el de Partido Popular (pp) _que por cierto volvería a ser ap, para en 1989 retomar el de pp_, el partido de la derecha registró un importante ascenso y obtuvo 26% de la votación y 106 escaños. Desde ese momento, enfrentando y superando distintos momentos críticos y recomposiciones internas, el pp se constituyó como la segunda fuerza electoral en España y la principal oposición al psoe, hasta sutriunfo en 1996, ya bajo la dirigencia de José María Aznar.

4.Partidos políticos regionales nacionalistas

Las dos comunidades más notorias dentro de España son Cataluña y el País Vasco, debido a una suma de factores que explican y apuntalan su fuerza y autonomía. En ambas se registró, desde los primeros momentos de la transición, un intenso movimiento nacionalista encabezado por partidos representantes de sus burguesías: Convergéncia Democrática de Catalunya y Unió Democrática de Catalunya (ciu), y el Partido Nacionalista Vasco (pnv), respectivamente. Estas dos fuerzas políticas no sóloconsolidaron su presencia y hegemonía en el ámbito de sus comunidades, sino que se convirtieron en partidos decisivos, en el ámbito nacional, para los equilibrios parlamentarios y la formación de gobiernos.

El ciu es el partido que gobierna Cataluña, con Jordi Pujol como presidente de la Generalitat, desde las primeras elecciones autonómicas de 1980. La opción del nacionalismo catalán de centro derecha ha ido afianzándose también en las elecciones generales, variando su representación parlamentaria entre 17 y 18 diputados en el Congreso, lo que le ha permitido ser unafuerza decisiva para la formación de los gobiernos del psoe y del pp en 1993 y en 1996.

El pnv también ha gobernado su comunidad desde las primeras elecciones autonómicas en el País Vasco de 1980, en ocasiones coaligado con el psoe, aunque su presencia parlamentaria a nivel nacional ha sido menor que la de ciu, con entre ocho y cinco diputados de 1982 a la fecha. Su ideología, al igual que la del ciu, es de centro derecha.

Precisamente por el espacio político ideológico que cubren el ciu y el pnv en el ámbito de sus respectivas comunidades, en las elecciones generales han representado una difícil competencia para las opciones nacionales de centro o de derecha, y en la medida en que el sistema electoral, por su organización en circunscripciones provinciales y por el método de reparto de escaños, privilegia a los partidos regionales que concentran su fuerza electoral en una o pocas circunscripciones, el dominio de estos dos partidos en el espacio comunitario se ha traducido en una fuerte influencia a nivel nacional, que durante varios años afectó a lo que hoy es el pp.

Además de esos dos partidos, a lo largo de la vida democrática de España han existido muchas otras formaciones políticas nacionalistas o regionalistas, con tendencias ideológicas diversas y posiciones distintas frente al tema de las autonomías, en algunos casos extremistas, como Herri Batasuna en el País Vasco. Así, lo mismo en Andalucía que en Galicia, en Aragón que en Navarra, en Canarias que en Valencia, el reclamo de autonomía y, en algunos casos, de independencia frente al Estado nacional, se ha traducido en la proliferación de organizaciones locales que, en mayor o menor medida, han tenido presencia en el Congreso de los Diputados o han incidido, aun con pocos representantes, en el curso de la vida política española. Sin embargo, en ningún caso, hay que decirlo, han tenido la fuerza del ciu o el pnv.

En síntesis, prácticamente desde las primeras elecciones democráticas, el español ha sido un sistema multipartidista, si bien es cierto que en un inicio la concentración de votos en favor de la ucd y del psoe llegó a sugerir la posibilidad de que se conformara un sistema de competencia bipartidista, con pequeños partidos regionales a su alrededor. En ese sentido, y no obstante la persistencia de una disputa bipolar entre el psoe, por un lado, y desde 1982 el pp, por el otro, como opciones de gobierno factibles, es indudable que la necesidad constatada en los últimos dos procesos electorales de recurrir a ciu para la formación de una mayoría que permitiera hacer gobierno a esos dos partidos nacionales impide asociar al sistema español con un sistema bipartidista. Si a ello se añade la importancia que tienen los gobiernos autónomos y el dominio indiscutible de los dos grandes partidos regionales en esos ámbitos, se confirma indudablemente el carácter multipartidista del sistema español.

IV. Anexo estadístico*

Geografía

Área

505,990 km².

Costas

4,964 km².

Capital

Madrid.

División política

17 regiones autónomas y 50 provincias.

Demografía y sociedad

Poblaci�n (1996)

39,270,313 habitantes.

Densidad (1996)

78.6 habitantes por km².

Poblaci�n en las principales ciudades (1994)

Madrid 3,041,101; Barcelona 1,630,867; Valencia 764,293; Sevilla 714,148; Zaragoza 606,620; M�laga 531,443; Bilbao 371,876; Las Palmas 371,787; Murcia 341,531; Valladolid 336,917; C�rdoba 315,948; Granada 271,180.

Tasa anual de natalidad (1995)

9.2 nacimientos por cada 1,000 habitantes.

Tasa anual de mortalidad (1995)

8.7 defunciones por cada 1,000 habitantes.

Edad promedio de la poblaci�n (1995)

35.2 a�os

Esperanza de vida

77.5 a�os; mujeres 80.5; hombres 74.6.

Alfabetismo (1994)

95.8%.

Religi�n

cat�licos 94.9%; musulmanes 1.2%; protestantes 0.5%; otros 3.4%.

Idioma oficial

espa�ol o castellano.

Otras lenguas

catal�n, euskera, gallego, valenciano, mallorqu�n

* Fuentes: Para resultados electorales anteriores a 1991 se utilizó el International Almanac of Electoral History, Thomas Mackie y Richard Rouse, Congressional Quarterly, Baltimore, Maryland, 1991. Para los resultados electorales posteriores a 1991 y datos sociodemográficos, véase Encyclopaedia Britannica, Book of the Year, 1992-1998..

Economía

Moneda

peseta.

Tasa de cambio por dólar

140 pesetas.

Ingreso por habitante

13,440 dólares/año.

Inflación (1994)

6.5%.

Producto Nacional Bruto (1995)

532,347 millones de dólares.

Producto Nacional Bruto per c�pita (1995)

13,580 dólares.

Balanza de pagos

6,491 millones de dólares.

Fuerza laboral (1995)

15,625,400 personas.

Presupuesto 1997

Ingresos

16,090.9 millones de pesetas.

Gasto

18,099.2 millones de pesetas.

Reservas internacionales

62,148 millones de dólares.

Principales socios comerciales

Francia, Alemania, Italia, Reino Unido.

Instituciones políticas

Forma de gobierno

Monarqu�a constitucional parlamentaria.

Divisi�n del gobierno

3 poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Fiesta nacional

12 de octubre, D�a de la Hispandad y de Nuestra Se�ora del Pilar.

Organismos internacionales en los que participa

onu, otan, ue, Consejo de Europa, uoa,

Elecciones legislativas después
de la Constitución de 1978

Año

Fecha

1979

1º de marzo

1982

28 de octubre

1986

22 de junio

1989

29 de octubre

1993

6 de junio

1996

3 de marzo

Primeros ministros desde 1976 a la fecha

1976-1981

Adolfo Suárez

1981-1982

Leopoldo Calvo Sotelo

1982-1996

Felipe González

1996-

José María Aznar

Bibliografía

Aguirre, Pedro, et al., Sistemas políticos, partidos y elecciones, Nuevo Horizonte Editores-Trazos, Centro de Investigación, A.C., México, 1997.

Caciagli, Mario, Elecciones y partidos en la transición española, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1986.

Carr, Raymond, España: de la restauración a la democracia, 1875-1980, Ariel, Barcelona, 1995.

Cotarelo, Ramón, "El sistema de partidos", en José Félix Tezanos, Ramón Cotarelo, Andrés de Blas (eds.), La transición democrática española, Sistema, Madrid, 1993.

Del Águila, Rafael, "La dinámica de la legitimidad en eldiscurso político de la transición", en Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986), Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1992.

Maravall, José María y Julián Santamaría, "Transición política y consolidación de la democracia en España", en José Félix Tezanos, Ramón Cotarelo, Andrés de Blas (eds.), La transición democrática española, Sistema, Madrid, 1993.

Morodo, Raúl, La transición política, Tecnos, Madrid, 1984.

Preston, Paul, El triunfo de la democracia en España: 1969-1982, Plaza & Janés, Barcelona, 1986.

Román, Paloma, "Partidos y sistemas de partidos y los sistemas electorales", en Paloma Román (coord.), Sistema político español, McGraw-Hill-Universidad Complutense, Madrid, 1995.

Partido A	75,000	37,500	25,000
Partido B	45,000	22,500	15,000
Partido C	30,000	15,000	10,000

Área	505,990 km².
Costas	4,964 km².
Capital	Madrid.
División política	17 regiones autónomas y 50 provincias.

Poblaci�n (1996)	39,270,313 habitantes.
Densidad (1996)	78.6 habitantes por km².
Poblaci�n en las principales ciudades (1994)	Madrid 3,041,101; Barcelona 1,630,867; Valencia 764,293; Sevilla 714,148; Zaragoza 606,620; M�laga 531,443; Bilbao 371,876; Las Palmas 371,787; Murcia 341,531; Valladolid 336,917; C�rdoba 315,948; Granada 271,180.
Tasa anual de natalidad (1995)	9.2 nacimientos por cada 1,000 habitantes.
Tasa anual de mortalidad (1995)	8.7 defunciones por cada 1,000 habitantes.
Edad promedio de la poblaci�n (1995)	35.2 a�os
Esperanza de vida	77.5 a�os; mujeres 80.5; hombres 74.6.
Alfabetismo (1994)	95.8%.
Religi�n	cat�licos 94.9%; musulmanes 1.2%; protestantes 0.5%; otros 3.4%.
Idioma oficial	espa�ol o castellano.
Otras lenguas	catal�n, euskera, gallego, valenciano, mallorqu�n

Moneda	peseta.
Tasa de cambio por dólar	140 pesetas.
Ingreso por habitante	13,440 dólares/año.
Inflación (1994)	6.5%.
Producto Nacional Bruto (1995)	532,347 millones de dólares.
Producto Nacional Bruto per c�pita (1995)	13,580 dólares.
Balanza de pagos	6,491 millones de dólares.
Fuerza laboral (1995)	15,625,400 personas.
Presupuesto 1997
Ingresos	16,090.9 millones de pesetas.
Gasto	18,099.2 millones de pesetas.
Reservas internacionales	62,148 millones de dólares.
Principales socios comerciales	Francia, Alemania, Italia, Reino Unido.

Forma de gobierno	Monarqu�a constitucional parlamentaria.
Divisi�n del gobierno	3 poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Fiesta nacional	12 de octubre, D�a de la Hispandad y de Nuestra Se�ora del Pilar.
Organismos internacionales en los que participa	onu, otan, ue, Consejo de Europa, uoa,

Año	Fecha
1979	1º de marzo
1982	28 de octubre
1986	22 de junio
1989	29 de octubre
1993	6 de junio
1996	3 de marzo

1976-1981	Adolfo Suárez
1981-1982	Leopoldo Calvo Sotelo
1982-1996	Felipe González
1996-	José María Aznar