Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos
Coordinador de la colección
Pedro Aguirre
4.1. Corte Suprema de Justicia
4.4. Fiscalía General de la Nación
4.5. Consejo Superior de la Judicatura
1. Principales partidos políticos
1.2. Partido Social Conservador (psc)
1.3. Alianza Democrática- Movimiento 19 de Abril (ad-m19)
2. Nuevos grupos: guerrillas, traficantes de drogas, "escuadrones de la muerte"
2.3. Los "escuadrones de la muerte"
Uno de los hechos sobresalientes del final del siglo xx es, sin duda, la preeminencia de la democracia sobre el autoritarismo. La extensión y el arraigo de los valores, las instituciones y las prácticas democráticas en el mundo de hoy constituyen, en efecto, un proceso global que, al parecer, se dirige hacia su consolidación. La derrota de los totalitarismos de derecha en la Segunda Guerra Mundial; las transiciones a la democracia en el sur de Europa, en América Latina y en el sudeste asiático a lo largo de los años setenta y ochenta, y el derrumbe de los regímenes totalitarios de Europa del Este, conocidos como socialismo real, durante el segundo lustro de los ochenta, apuntalaron a las grandes democracias e impulsaron la emergencia de nuevas democracias, transformando de manera radical el mapa geopolítico mundial. Pero sobre todo, apoyado en la globalización de los medios de comunicación, dicho proceso ha significado un profundo cambio en los valores y las percepciones de las sociedades contemporáneas en favor de los derechos y las libertades fundamentales de la persona, sustento y fin del constitucionalismo democrático.
El éxito de ese proceso de universalización de la democracia no implica, sin embargo, un triunfo definitivo sobre el autoritarismo, ni mucho menos que los retos actuales y los desafíos futuros de las democracias en particular hayan sido resueltos. Los riesgos de involución hacia formas autoritarias de gobierno, en especial en las democracias más recientes y frágiles; las dificultades para emprender o consolidar transiciones democráticas frente a los autoritarismos persistentes y los viejos o nuevos problemas institucionales de las democracias exigen cada día más imaginación y responsabilidad, más conocimientos y participación, más y mejor formación de ciudadanos libres y responsables. Exigen, en suma, una más amplia y sólida cultura democrática.
Es evidente que no hay mejor garantía para la consolidación de la democracia que la formación de una sociedad que conozca y aprecie sus valores, sus instituciones y sus prácticas y que, al mismo tiempo, a través de sus ciudadanas y ciudadanos, de sus diversas organizaciones, de sus partidos políticos y de su gobierno, participe efectivamente en el debate y en la formulación de propuestas frente a los asuntos de interés público propios de la vida democrática. Una sociedad, pues, comprometida con la democracia y su desarrollo.
En ese sentido, el objetivo de la colección Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos es contribuir a la divulgación de la cultura democrática en la sociedad mexicana, mediante el conocimiento de las democracias de nuestro tiempo. Con esta colección, el Instituto Federal Electoral busca poner al alcance del público en general, en especial de los jóvenes que cursan sus estudios de educación media superior y superior, la información y los elementos de análisis necesarios para el conocimiento de los sistemas políticos y electorales de las diversas democracias que existen en el mundo, su diseño constitucional y su forma de gobierno, los principios y los procedimientos que rigen sus elecciones, y su sistema de partidos.
Con ese fin, la colección ha sido diseñada de tal modo que permita un estudio comparativo de los sistemas políticos y electorales considerados. Para ello, cada una de las monografías tiene la misma estructura: a manera de introducción se presenta un marco conceptual básico para facilitar la comprensión de las nociones de sistema político, sistema electoral y sistema de partidos, que son, a su vez, temas tratados en capítulos aparte. Igualmente, las monografías contienen un anexo estadístico con datos generales de los países, los resultados electorales y la composición de los órganos de representación popular, así como una cronología electoral del país de que se trate.
Instituto Federal Electoral
Para el estudio de los sistemas políticos y electorales contemporáneos se requiere del conocimiento previo de su definición como conceptos y de una explicación sobre su significado. En términos generales se puede decir que el fenómeno político y, en particular, su manifestación en cada comunidad constituye un proceso complejo mediante el cual se toman las decisiones imperativas que la rigen. Pero, ¿cuáles son los elementos que intervienen en ese proceso?; ¿qué relación tienen entre sí?; ¿quiénes toman esas decisiones y con qué atribuciones?; ¿cómo se toman las decisiones imperativas?; ¿qué efectos producen y sobre quiénes? Éstas son, entre otras, las cuestiones que corresponden al estudio de los sistemas políticos y electorales, y en cada caso su respuesta explica o trata de explicar la manera en la que una comunidad específica las ha resuelto o busca resolverlas.
La noción de sistema político se refiere al conjunto de instituciones, organizaciones y procesos políticos que, caracterizados por un cierto grado de interdependencia, rigen y conforman la vida política de una determinada comunidad. En este sentido, el estudio sistémico del fenómeno político en cualquier agrupación supone, entre otras exigencias metodológicas, determinar el ámbito del sistema, es decir, señalar sus límites, y comprender los elementos o las partes que lo integran así como las relaciones recíprocas que guardan entre sí. En otras palabras, determinar si los confines del sistema se identifican, por ejemplo, con los del Estado-nación, que es el caso de nuestro tiempo; o si los elementos que lo integran, también como ejemplo, son una Constitución escrita, un Parlamento y partidos políticos.
Para saber cuál es el sistema político de un país se debe considerar si éste tiene un orden constitucional que garantice derechos y libertades a las personas o si se trata de un régimen autoritario; si siendo un Estado constitucional de derecho su forma de gobierno es presidencial o parlamentaria; si sus procedimientos electorales responden al principio de elección por mayoría o al principio de elección proporcional; si existen pocos o muchos partidos y cuál es la fuerza o la representatividad de cada uno de ellos, entre otros rasgos característicos. Si se responden estas cuestiones, aunque sea en forma básica, se puede decir que se conocen los elementos que conforman un determinado sistema político y las relaciones que dichos elementos guardan entre sí.
A partir del sistema político, y conforme a la metodología sistémica, los sistemas electorales y de partidos pueden ser considerados como subsistemas del primero. Esto significa que si bien su estudio puede tener un mayor o menor grado de autonomía, ésta no es total en la medida en que sus relaciones con el conjunto del sistema político _con los principios constitucionales fundamentales o con la forma de gobierno, por ejemplo_ suponen la existencia de factores externos al subsistema que producen distintos efectos sobre ellos. No obstante esa consideración, es evidente que los sistemas electorales y de partidos constituyen en sí mismos un objeto de estudio.
La noción de sistema electoral tiene dos acepciones: en sentido amplio, como sinónimo de derecho electoral o régimen electoral, es decir, el conjunto de normas, instituciones y procedimientos que regulan la organización de las elecciones, la integración de los órganos de representación popular y, generalmente, a los partidos políticos; y en sentido estricto, como los principios y los métodos utilizados para convertir los votos en escaños, es decir, como el procedimiento técnico de la elección por medio del cual la voluntad de los ciudadanos manifestada en las urnas se traduce en representación política en un Parlamento.
Por su parte, la noción de sistema de partidos se refiere a la forma en la que las organizaciones partidistas interactúan entre sí o, en su caso, a la forma en la que un solo partido actúa dentro de un régimen representativo. En este sentido, se puede hablar de un sistema de partidos competitivo, de un sistema de partido hegemónico, o de un sistema bipartidista o multipartidista, por citar las características más relevantes.
Como se ha señalado, la colección Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos se ocupará de las democracias de nuestro tiempo y, por lo tanto, hará referencia a países organizados bajo un régimen constitucional democrático. ¿Qué significa esto?; ¿qué es el constitucionalismo?; ¿qué formas de gobierno han sido adoptadas dentro del constitucionalismo?; ¿cuáles son los distintos principios electorales para la integración de los órganos de representación popular en las democracias representativas?
Con el propósito de ofrecer los elementos necesarios para la mejor comprensión de cada uno de los sistemas políticos y electorales incluidos en este esfuerzo editorial, a continuación se tratará de dar respuesta en forma breve y sencilla a estos cuestionamientos a través de una serie de definiciones básicas.
El constitucionalismo es el producto político y jurídico del triunfo del pensamiento liberal frente al absolutismo y los autoritarismos. En ese sentido, el constitucionalismo tiene como razón de ser y como fin la limitación del poder público y la garantía de los derechos fundamentales de las personas, a través de la subordinación del poder a la ley. De allí que sus principios más importantes sean la división del poder político, para crear un sistema de controles y contrapesos entre los distintos órganos del Estado, y el control sobre la constitucionalidad de los actos de la autoridad, para garantizar los derechos fundamentales, establecidos en la Constitución, de las personas frente al poder público.
El constitucionalismo democrático es, en consecuencia, un régimen político y jurídico en el que, además de establecer límites al poder público y garantías para los derechos de las personas, los órganos de gobierno deben ser populares, es decir, deben expresar el principio de gobierno del pueblo conforme al significado etimológico de la democracia. Ahora bien, en la medida en que las sociedades modernas, por su dimensión y complejidad, no permiten el ideal clásico del gobierno directo del pueblo, la democracia moderna ha sido representativa, es decir, gobierno del pueblo a través de sus representantes, cuestión que veremos en seguida. Pero, en síntesis, el constitucionalismo democrático puede definirse hoy como un sistema político con división de poderes, garantías individuales y órganos de gobierno de representación popular.
Ahora bien, un régimen constitucional democrático puede adoptar distintas formas o sistemas de gobierno. Los dos más importantes son el presidencial y el parlamentario, y si bien dentro de ellos existen diversas modalidades e incluso un sistema híbrido o mixto que toma elementos de ambos _es el caso del semipresidencialismo francés_, lo cierto es que cada uno tiene elementos característicos, los cuales se pueden resumir en los siguientes términos:
En un sistema presidencial:
El presidente es, a la vez, jefe de Estado y jefe de gobierno.
La elección del presidente es directa o semidirecta (es el caso de Estados Unidos).
El jefe de gobierno y su gabinete no son designados o removidos por el órgano parlamentario sino por el propio presidente.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo están claramente separados.
En un sistema parlamentario:
El jefe de Estado y el jefe de gobierno son personas distintas (en las monarquías parlamentarias, como Gran Bretaña, el rey es el jefe de Estado).
Los miembros del Parlamento son elegidos por el voto popular.
El jefe de gobierno y el gabinete son designados y pueden ser removidos por el Parlamento.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo no están separados; por el contrario, se comparten.
En los dos sistemas hay un proceso de elección popular para la integración de los poderes públicos. Dicha elección se realiza y se convierte en representación política mediante un sistema electoral; cabe recordar, en este punto, que la noción de sistema electoral, en sentido estricto, se refiere a los principios y a los métodos utilizados para convertir los votos en escaños, es decir, para traducir la voluntad ciudadana en representación política. Existen dos grandes sistemas electorales, el de mayoría y el proporcional, cada uno de ellos con diversas modalidades y fórmulas de asignación de escaños, así como un sistema mixto que combina los principios de ambos. En términos generales, dichos sistemas se pueden describir de la siguiente manera:
En los sistemas de mayoría:
Se busca formar una mayoría en los órganos de representación popular que garantice estabilidad y gobernabilidad, aun a riesgo de fomentar sobre o subrepresentación en el Parlamento; por ejemplo, que un partido político obtenga un porcentaje de escaños o curules sensiblemente mayor o menor al porcentaje de la votación que haya obtenido. En este caso se privilegia la gobernabilidad sobre la representatividad.
El ganador de la elección en el ámbito territorial-poblacional donde se realice la elección se queda con toda la representación, es decir, gana todo; por ejemplo, en un distrito electoral se elige a un solo diputado.
Los partidos presentan candidatos individuales y el elector sólo tiene una opción.
En los sistemas proporcionales:
Se busca que los órganos de representación popular sean lo más representativos posible de la voluntad ciudadana, es decir, de los porcentajes de votación obtenidos por cada partido, aun a riesgo de generar una fragmentación en la composición del Parlamento que dificulte la estabilidad y la gobernabilidad; por ejemplo, que un Parlamento, al reflejar con exactitud los porcentajes de la votación obtenidos por los distintos partidos políticos, se fragmente de tal modo que la formación de una mayoría que legisle o integre el gobierno (en el caso de un sistema parlamentario), resulte imposible; en este caso se privilegia la representatividad sobre la gobernabilidad.
Se elige a dos o más representantes en el ámbito territorial-poblacional en el que se realice la elección y, por lo tanto, el triunfo es compartido según los porcentajes de la votación; por ejemplo, de una circunscripción electoral pueden surgir diez diputados.
Las candidaturas de los partidos no son individuales sino que se presentan en listas.
Antes de concluir es importante señalar que el carácter general de los contenidos de esta introducción sirve, como se apuntó, para ofrecer los elementos básicos que permitan una mejor comprensión de los sistemas políticos y electorales específicos que constituyen el objeto de la colección. En cada caso se tratarán en detalle las características y las modalidades de los distintos países considerados.
Durante el periodo de la Colonia, en el que Colombia formó parte del virreinato de Perú, no era una región tan importante como éste o como México. Su producción de metales preciosos era menor a la de aquellos, aunque existía una cantidad sustancial de oro. En 1739 la ciudad de Santa Fe de Bogotá se convirtió en el centro de un virreinato nuevo, el cual también incluyó los países que hoy forman Venezuela, Panamá y Ecuador. La lucha por la independencia de Colombia fue iniciada por los criollos, quienes se encontraban en mejores posiciones sociales. Las batallas fueron agresivas, en las montañas de los Andes, varios de los enfrentamientos fueron históricos. Finalmente vino la independencia después de la batalla de Boyacá (1819), y el ejército libertador comandado por Simón Bolívar viajó al sur y jugó un papel importante en la liberación de Ecuador, Perú y Bolivia.
Sus primeros 10 años de independencia nacional fueron una confederación junto con Venezuela y Ecuador en lo que se llamó la Gran Colombia. Sin embargo, surgieron diferencias regionales entre esos tres países. El propio Bolívar llegó a reconocer la existencia de conflictos entre las tres naciones que, inevitablemente, en 1830 siguieron sus propios destinos. Colombia era llamada Nueva Granada, incluía una lejana provincia que después se convertiría en Panamá.
Aunque en los primeros años tras el fin de la Confederación el caos persistió en la mayoría de los países independientes de América Latina, para 1850 el nuevo país había establecido patrones de organización que en cierta medida continúan hasta la actualidad. Muchas normas fueron copiadas de las experiencias de otros países de la región. Para ese entonces existían dos partidos políticos: el Liberal y el Conservador, en cuyos programas no existían grandes discrepancias en un principio, pero no así entre sus liderazgos, por lo que las diferencias ideológicas aparecieron y se desarrollaron rápidamente. Los liberales estaban en favor del federalismo y del el libre mercado, y proponían restricciones para la participación de la Iglesia en la política. Los conservadores estaban en favor del centralismo y el proteccionismo hacia las nacientes industrias, además eran proclericales.
A partir de 1880 el Partido Liberal sustituyó en el poder al Conservador, lo cual produjo modificaciones tanto en las políticas públicas como en las económicas, principalmente en relación con los tratados económicos. De igual forma, la posición del gobierno frente a la Iglesia se vio evidentemente transformada. La competencia por el poder público en este periodo no se limitó al ámbito electoral. Estallaron seis guerras civiles _algunas de ellas con un alto costo y grandes pérdidas humanas_ encabezadas por las élites partidistas y en las cuales la leva se realizó entre las personas económicamente dependientes de los patrones involucrados, es decir, se formaron ejércitos de campesinos en su mayoría. De este modo, la filiación política de estos campesinos-soldados respondió a los intereses de sus patrones, estableciendo fuertes lazos de lealtad hacia un partido u otro y, por tanto, generando también sentimientos de intolerancia hacia el partido contrario. Este hecho, combinado con la gran cantidad de conflictos religiosos _los conservadores usaban la religión católica para movilizar a sus seguidores contra los "ateos liberales"_ condujo a una división de la población colombiana en dos grupos cerrados: uno liberal y otro conservador. Los campesinos y otras clases bajas de la sociedad tomaron estas diferencias partidistas con gran seriedad. Los dirigentes de los partidos ganaron beneficios y gobernaron. Hubo periodos estables de gobierno de cada partido: los liberales monopolizaron el poder desde 1861 hasta 1886 y los conservadores desde 1886 hasta 1930. Algunas veces las élites de los dos partidos entraron en desacuerdos de manera violenta, provocando la guerra civil. Pero en nueve casos antes de 1930 y en otros tres después, una parte o toda la élite de un partido se unió con parte del otro, formando así coaliciones.
Hacia el final de la década de los años treinta, el Partido Conservador se vio envuelto en dificultades debido, por una parte, a la crisis desatada por la gran depresión estadounidense, y por la otra, a la aparente bancarrota del partido y a las posturas del mismo en relación con el crecimiento de los movimientos sindicales laborales. La hegemonía conservadora fue reemplazada por el Partido Liberal en 1930, pero muchos de los asuntos a tratar se mantuvieron como en el pasado, aunque con algunas variantes. El presidente liberal, Enrique Olaya Herrera, fue electo en ese año mediante una coalición de liberales y conservadores. Una guerra civil estalló entre campesinos liberales y conservadores, debido al incremento de conflictos por las tierras, apoyada sólo por algunos elementos de las élites partidistas.
Sin embargo, hubo contrastes importantes con el periodo previo. Una facción significativa del Partido Liberal se identificó con la corriente llamada Nuevo Liberalismo, que proponía una reforma social (incluyendo la reforma agraria). Este grupo de liberales obtuvo casi todo el poder durante la "Marcha de la Revolución" que sostuvo Alfonso López Pumarejo (1934-1938) cuando se plantearon varios programas de reforma, aunque sin resultados en la mayoría de los casos. Como respuesta, una parte del Partido Conservador, guiado por Laureano Gómez, tomó una orientación reaccionaria, evocando como modelo del régimen de España de Fernando e Isabel, esto es, el tradicional corporativismo español. La parte central del espectro se mantuvo moderada: liberales y conservadores querían mantener el status quo. La coalición moderada de ambos partidos y los conservadores de Laureano Gómez tuvieron éxito en retrasar la legislación social de los liberales de Alfonso López, lo cual finalmente provocó su dimisión durante su segundo periodo como presidente (1942-1945).
No obstante, el Partido Liberal no estaba dispuesto a detener los cambios sociales. Un movimiento laboral organizado fue legalizado por Alfonso López, también artífice de la primera federación laboral, la Confederación de Trabajadores Colombianos (ctc), en 1935. Los conservadores, en 1946, reaccionaron favorablemente cuando la Iglesia formó la Unión de Trabajadores Colombianos (utc). Así, las organizaciones de trabajadores entraron en escena política en Colombia a través de dos diferentes grupos.
Un capítulo importante de la modernización de la historia colombiana comenzó con la elección de 1946, en la cual dos liberales se opusieron contra un solo conservador, Mariano Ospina Pérez. Después de la elección de Ospina, la violencia estalló entre los seguidores de los dos partidos, en gran parte provocada por los conservadores, que buscaban consolidar a su nuevo presidente y obtener la mayoría de las elecciones en el Congreso en 1948, y por los liberales para evitarlo. Los campesinos conservadores retomaron tierras que les habían expropiado los liberales 16 años atrás, creyendo correctamente que el gobierno de Bogotá los apoyaría.
La guerra civil que comenzó en 1946 fue muy diferente de las anteriores, los colombianos la llaman "la violencia", lo cual indica su intensidad, agraviados por el asesinato de Jorge Gaitán el 9 de abril de 1948, liberal populista quien había perdido la elección en 1946 pero que se había convertido en presidente del partido y era el favorito para ganar las elecciones de 1950. La violencia cubrió la región de los Andes, los llanos de la región del Orinoco, y menos agresiva en la región del Caribe. Durante los diez años siguientes por lo menos 200,000 colombianos (en un país de diez millones de habitantes) perdieron la vida peleando en nombre de la lealtad partidaria. La guerra se intensificó en aquellos lugares donde la presión por la posesión de la tierra era más profunda. En un análisis final, una generación entera de campesinos colombianos creció creyendo que la violencia era un modo de vida normal.
Uno de los resultados de la violencia fue la única dictadura militar del siglo xx en el país, la de Gustavo Rojas Pinilla, de 1953 a 1957. Rojas llegó al poder prometiendo terminar la ola de violencia con el apoyo de las mayores facciones de ambos partidos, excepto los conservadores de Laureano Gómez. El régimen de Rojas fue sólo parcialmente exitoso en suprimir la violencia en un principio y, aunque hablaba de las reformas sociales y llevó a cabo varios proyectos de infraestructura económica, comenzó a mostrar intenciones de permanecer en el poder asumiendo actitudes represivas.
Dos motivaciones, el grupo no tradicional en el poder y la violencia continua en el país, condujeron a los líderes de los dos partidos históricos a planear una coalición para reemplazar a Rojas y para institucionalizar un gobierno bipartidista. Rojas también perdió el apoyo de varios otros grupos de poder, incluyendo el de la Iglesia, los estudiantes y, el más importante, el militar. En 1957 fue destituido y reemplazado durante un año por un régimen militar. Este régimen fue apoyado por la más significativa coalición bipartidista en la historia de Colombia, el Frente Nacional. Aprobado por la sociedad colombiana en un plebiscito y por el Congreso Nacional en una enmienda constitucional, era básicamente creación de dos hombres: Alberto Lleras Camargo, liberal que había sido presidente durante 1945-1946 (completando el segundo término de López) y el expresidente conservador Laureano Gómez.
Los criterios básicos del Frente Nacional que rigieron de 1958 a 1974 fueron los siguientes: la presidencia se alternaría cada cuatro años entre los dos partidos tradicionales; todos los cuerpos legislativos (Congreso Nacional, departamento de asambleas y consejos municipales) se dividirían equitativamente entre los liberales y los conservadores sin importar los resultados electorales en los distritos; en cada partido, los escaños serían asignados con una lista de proporción representativa. Las mismas reglas del partido se aplicarían a todos los cargos administrativos superiores, tales como el presidente del gabinete, gobernadores y alcaldes. No se permitiría la participación de nuevos partidos durante este periodo, sólo conservadores y liberales. Los niveles burocráticos más bajos serían escogidos no por la filiación partidista sino por el mérito en una propuesta de servicio civil. Toda legislación en el Congreso Nacional debía ser aprobada por dos tercios de sus miembros. El Frente Nacional, contra muchos pronósticos, permaneció estable un largo tiempo. Dos liberales fueron presidentes (Alberto Lleras Camargo, 1958-1962; Carlos Lleras Restrepo, 1966-1970), y también dos conservadores (Guillermo León Valencia, 1962-1966; Misael Pastrana Borrero, 1970-1974). Nuevos grupos participaron en las elecciones, aunque sin calificarse como partidos políticos, hasta que una reforma constitucional en 1968 lo hizo posible. La paridad de los partidos prevaleció hasta que la misma reforma reabrió las elecciones competitivas para las asambleas departamentales (equivalentes a las legislaturas de los estados en Estados Unidos, pero con menos poder) y los consejos de pueblo en 1970. La violencia terminó, pero al gobierno le costó por lo menos seis años lograr este cometido.
El 7 de agosto de 1974, la acción del Frente Nacional terminó con el triunfo de Alfonso López Michelsen, liberal que ganó con el 56% de la votación. Sin embargo, esta victoria estuvo restringida por ciertos aspectos del desmantelamiento del Frente Nacional, como dictaba la reforma constitucional de 1968. Durante los cuatro años de la administración de López Michelsen, todos los ministros, gobernadores, alcaldes y otras posiciones administrativas que no formaban parte del servicio civil fueron divididas equitativamente entre liberales y conservadores.
Los dos presidentes siguientes, Julio César Turbay Ayala, liberal (1978-1982), y Belisario Betancur Cuartas, conservador (1982-1986), ofrecieron lo que consideraron una forma adecuada y equitativa de participación aceptando posiciones del otro partido. Pero en 1986 los conservadores se rehusaron a aceptar las tres posiciones del gabinete ofrecidas por el recién electo presidente liberal Virgilio Barco, quien había hecho un llamado a un gobierno partidista durante su campaña. Los conservadores entraron en lo que se llamó oposición reflexiva por primera vez desde el derrocamiento de Rojas Pinilla en 1957.
El año de 1987 se caracterizó por una gran violencia. Se calcula que ocurrieron 17,000 asesinatos, 4,500 de los cuales se atribuyen.
1 Véase Cajas Castro, Juan, Educar para la democracia: algunas campañas y experiencias de educación cívica en América Latina, IFE, México, 2000, pp. 17-19. a motivos políticos.1
El candidato liberal a la presidencia, Luis Carlos Galán, fue una de las víctimas más notables y con su muerte se desató una serie de manifestaciones sociales que culminarían en un gran movimiento cívico llamado "Todavía podemos salvar a Colombia". Se recolectaron 30,000 firmas y se contó con el apoyo de muy distintos sectores de la ciudadanía a tal punto que se presentó al presidente Virgilio Barco una petición para convocar a un plebiscito que permitiera la reforma a la Constitución. Por otra parte, a principios de 1990 fue asesinado el candidato de Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo, y poco después caería también Carlos Pizarro León-Gómez, candidato del Movimiento 19 de abril (m 19), que había suspendido sus acciones guerrilleras para participar pacíficamente en las elecciones. Ante ello, las autoridades aceptaron consultar a los colombianos, al tiempo que se realizaban las elecciones de marzo de 1990. Para ello, el movimiento debió imprimir y distribuir una "séptima papeleta". Se estima que la participación se acercó a los tres millones de votos. Como consecuencia, se convocó a un plebiscito el 27 de mayo de 1990 que arrojó un resultado de 88% en favor de una Asamblea Nacional Constituyente.
La nueva Constitución colombiana rige desde 1991 y establece el plebiscito y el referéndum como mecanismos de participación popular, además de las elecciones. Se reestructuró el Poder Judicial, se agregaron artículos referidos a la corrupción en el ejercicio del gobierno, al financiamiento público de las campañas políticas para presidente de la República y miembros del Congreso, se reformó el régimen electoral y de partidos, y se regularon los mecanismos para el establecimiento del estado de excepción.
Durante la presidencia del liberal Ernesto Samper Pizano (1994-1998) la guerrilla, especialmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc), estuvo fuera de control. Una encuesta difundió que el 64% de los colombianos pensaban que el gobierno estaba perdiendo la batalla contra la guerrilla. Ciertamente, desde 1997 los ataques de las farc y del Ejército de Liberación Nacional (eln) contra blancos económicos se intensificaron significativamente. Ello repercutió en las elecciones municipales en octubre de ese año. La intimidación de las farc y el eln provocó que muchos candidatos se retiraran. En el otro extremo del espectro político, las milicias del ala derecha, formadas por los terratenientes para proteger sus intereses, amenazaron a los candidatos de izquierda, forzándolos a renunciar. Frente a esto, Samper designó una Comisión de Conciliación Nacional en julio para explorar las posibilidades de un acuerdo de paz con las farc y el eln, la cual no impresionó ni a la guerrilla ni a los militares.
Para las elecciones presidenciales de 1998, el candidato conservador, Andrés Pastrana Arango, utilizó como motivo central de su campaña la "Gran alianza por el cambio", sin embargo tuvo que competir en segunda vuelta. Entonces, tildó el proyecto de su contrincante liberal, Horacio Serpa Uribe, como de continuismo con las políticas de Ernesto Samper, quien había sido acusado de aceptar para su campaña fondos provinientes del narcotráfico, del grupo conocido como Cartel de Cali. Así, Pastrana asumió la presidencia el 7 de agosto de ese año.
El presidente de la República de Colombia es el jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa del país. La forma de elección del presidente es directa, secreta, uninominal, mayoritaria y por circunscripción nacional. Desde 1991, el principio de mayoría absoluta implica que para ser electo se requiere obtener la mitad más uno del total de votos válidos, por lo menos. Si no se logra este porcentaje, se convoca a una segunda votación o segunda vuelta tres semanas después, en la cual sólo concursan los dos candidatos que obtuvieron el mayor número de votos durante el primer escrutinio. Los candidatos para la segunda vuelta, si la hubiere, deben ser los mismos que integraran cada fórmula en la primera. En caso de muerte o incapacidad física absoluta de alguno de los dos candidatos, se puede inscribir un nuevo candidato antes de la segunda votación, la cual podrá posponerse hasta por quince días. Si uno de los dos candidatos mayoritarios renuncia, lo reemplaza quien haya obtenido el tercer lugar en la primera vuelta. Esto favorece la coalición de partidos minoritarios con miras a lograr un resultado mejor en el segunda vuelta electoral. El periodo presidencial es de cuatro años, e inicia el día 7 de agosto del año en que se realiza la elección. Para ser presidente se requiere ser colombiano de nacimiento y ciudadano mayor de treinta años. Cualquier partido o movimiento político que cuente con personalidad jurídica puede inscribir candidatos en las elecciones "sin requisito adicional alguno", segín lo establece el artículo 108 constitucional. No se permite la reelección ni ejercer por otro mecanismo la presidencia dos veces, salvo en el caso del vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua o discontinua durante el cuatrienio.
Corresponde al presidente el nombramiento de los ministros y de los directores de los departamentos administrativos, así como dirigir las relaciones internacionales. Una función relevante del Ejecutivo consiste en conservar el orden público y reestablecerlo donde sea alterado, dirigir las fuerzas de seguridad pública y disponer de ellas como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. En relación con el Poder Legislativo, el presidente instala y clausura las sesiones del Congreso; sanciona, promulga, obedece y vela por el estricto cumplimiento de las leyes.
El vicepresidente reemplaza al presidente en el caso de ausencia absoluta o temporal: renuncia, destitución por sentencia judicial, incapacidad física permanente y abandono del cargo _las dos últimas deben ser declaradas por el Senado. Se consideran como faltas temporales la licencia, la enfermedad, la suspensión en el ejercicio_ mismas que deben ser declaradas por el Senado.
Tanto el presidente como el vicepresidente de la República se eligen mediante votación popular el mismo día y en la misma fórmula. El presidente puede confiar al vicepresidente misiones o encargos especiales y designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva. Para ser electo vicepresidente se deben cubrir los mismos requisitos que para ser presidente. El vicepresidente no podrá ser elegido presidente de la República ni vicepresidente para el periodo inmediato siguiente.
Este Poder en Colombia se deposita en un Congreso bicameral, compuesto por la Cámara de Senadores y la Asamblea de Representantes. Los senadores y los representantes son electos por votación directa para un periodo de cuatro años, que inicia el 20 de julio siguiente a la elección.
EL Congreso se reúne en sesiones ordinarias durante dos periodos anuales, los cuales constituyen una sola legislatura. También se reúne en sesiones extraordinarias por convocatoria del gobierno durante el tiempo que éste señale. Cada cámara elige comisiones permanentes que tramitan en primer debate los proyectos legislativos. El Senado y la Cámara de Representantes pueden disponer que cualquiera de las comisiones sesione durante el receso. El Congreso, las cámaras y sus comisiones requieren para sesionar de por lo menos una cuarta parte de sus miembros.
Corresponde al Congreso elaborar las leyes así como modificar los decretos de ley dictados por el gobierno. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras a propuesta de sus miembros, del gobierno nacional o por iniciativa popular. Los proyectos de ley deben cubrir los siguientes requisitos: haber sido publicados oficialmente por el Congreso antes de darles curso en la comisión respectiva; haber sido aprobados en primer debate en la Comisión Permanente correspondiente de cada cámara; haber sido aprobados en cada cámara en segundo debate y haber obtenido la sanción del gobierno.
El Senado de la República está integrado por 100 miembros electos en circunscripción nacional, más dos senadores electos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas. Estos últimos se rigen por el sistema de cociente electoral. Los representantes de las comunidades indígenas que aspiran a integrar el Senado deben haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su comunidad o haber sido líderes de una organización indígena. Para ser electo Senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano mayor de 30 años de edad en la fecha de la elección.
El Senado admite o rechaza las renuncias del presidente y el vicepresidente; aprueba o descarta los ascensos militares que confiere el gobierno, desde oficiales generales y de insignia de la fuerza pública hasta el más alto grado. Concede licencia al presidente para separarse temporalmente del cargo; elige a los magistrados de la Corte Constitucional y al titular de la Procuraduría General de la Nación.
La Cámara de Representantes se elige en circunscripciones territoriales y especiales. Hay 161 miembros, dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 250,000 habitantes o fracción mayor de 125,000 que tenga en exceso sobre los primeros 250,000. Para ello, cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá conforman una circunscripción territorial. Adicionalmente, se estipula que la Ley puede establecer una circunscripción especial para asegurar la participación de los grupos étnicos, de las minorías políticas y de los colombianos residentes en el exterior. En tal caso, mediante esta circunscripción se puede elegir hasta cinco representantes. Para ser electo representante se requiere ser ciudadano colombiano y tener más de 25 años de edad en la fecha de la elección.
Esta Cámara elige al "Defensor del pueblo"; acusa ante el Senado, cuando hubiera causas constitucionales, al presidente de la República y a altos funcionarios; conoce de las denuncias y quejas que se presenten por el Fiscal General de la Nación o por los particulares contra los funcionarios públicos y, después de analizarlas, fundamenta su acusación ante el Congreso.
La administración de justicia en Colombia es una función pública que se realiza de manera independiente, y sus órganos son desconcentrados y autónomos. Los actos son públicos y permanentes, y en ellos prevalece el derecho sustancial. La nueva estructura del Poder Judicial incluye una Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, además de los tribunales y los jueces.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado son nombrados por la propia corporación mediante un sistema de listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere ser colombiano de nacimiento y ciudadano, ser abogado, no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Además, es necesario que hayan desempeñado cargos en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Estos magistrados son elegidos para periodos individuales de ocho años, no pueden ser reelegidos y permanecen en el ejercicio de sus cargos mientras observen rendimiento satisfactorio y buena conducta.
4.1. Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de jurisdicción ordinaria y, al igual que las demás cortes, se compone de número impar de magistrados (23). Se divide en salas de casación: civil y agraria, laboral y penal. Las principales atribuciones de esta corte son actuar como tribunal de casación, juzgar al presidente de la República y demás funcionarios públicos por cualquier hecho punible que se les impute. También investiga y juzga a los miembros del Congreso y conoce de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno de la nación.
El Consejo de Estado, integrado de 27 consejeros, desempeña las funciones de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y actúa como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de administración, dividido en salas y secciones. Además, presenta y prepara proyectos de reforma de la Constitución e iniciativas de ley; asesora al gobierno en relación con los actos diplomáticos; administra justicia y tiene capacidad para decretar la pérdida de la investidura de los congresistas. Asimismo, realiza algunas actividades en común con la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.
La Corte Constitucional guarda la integridad y supremacía de la Constitución en términos precisos y estrictos: decide sobre las demandas de inconstitucionalidad que promueven los ciudadanos contra los actos de reformas a la Constitución; decide sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y sobre las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Comunica al presidente de la República o al presidente del Congreso el inicio de cualquier proceso en el cual se examine la constitucionalidad de normas dictadas por ellos.
Corresponde a la Corte Constitucional decidir con anterioridad al pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución.
Los nueve magistrados de la Corte Constitucional son elegidos por el Senado a partir de ternas presentadas por el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. No pueden ser elegidos quienes durante el año anterior a la elección se hayan desempeñado como magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, y no pueden ser reelegidos.
4.4. Fiscalía General de la Nación
Se integra por un Fiscal General, fiscales delegados, además de otros funcionarios determinados por la ley. Los fiscales son nombrados por la Corte Suprema de Justicia a partir de ternas propuestas por el presidente de la República, para un periodo de cuatro años y no pueden repetir en sus cargos.
La Fiscalía es autónoma y su función es dirigir, realizar y coordinar las investigaciones en materia penal. Debe también, de oficio o por denuncia, investigar y acusar a los altos funcionarios públicos que gocen de fuero constitucional, excepto los que señale la Constitución, que presuntamente hayan cometido delito, y está obligada a proteger a las víctimas, testigos y personas que intervengan en los procesos que conduzca.
5.5. Consejo Superior de la Judicatura
Es un órgano corporativo encargado de la administración y la función disciplinaria de la rama judicial. Para ello, se divide en dos salas. Está conformado por trece magistrados, seis para la sala administrativa y siete para la disciplinaria, nombrados por el Consejo Nacional a partir de ternas enviadas por el gobierno. Goza de autonomía para crear, suprimir, fusionar y transformar juzgados, despachos y tribunales.
El sistema federal colombiano está integrado por diversas entidades territoriales: 32 departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. La ley puede conferir el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley. Las entidades territoriales son autónomas en la gestión de sus intereses, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Se gobiernan con autoridades propias. Los departamentos tienen funciones administrativas y de coordinación entre la federación y los municipios. En cada uno hay un gobernador y una corporación administrativa de elección popular llamada Asamblea Departamental, integrada por no menos de 11 miembros ni por más de 31. El gobernador es el representante legal del departamento y se encarga de la administración sectorial, así como de las funciones que le delegue el presidente de la República; debe cumplir la Constitución y las leyes, así como las ordenanzas de la Asamblea Departamental y revisar los actos de los concejos municipales y de los alcaldes. Dura en su encargo tres años, no puede ser reelecto en el periodo siguiente y sólo puede ser suspendido o sustituido, en los casos señalados por la ley, por el presidente de la República.
La Asamblea Departamental emite ordenanzas para regular las funciones y los servicios del departamento, decreta los tributos y contribuciones, crea y suprime municipios y territorios municipales y autoriza al gobernador para contratar préstamos. Puede también delegar a los concejos municipales las funciones que considere convenientes. El periodo de los diputados a estas Asambleas es de tres años y para ser electo se requiere ser ciudadano de más de 21 años de edad y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección. El Consejo Nacional Electoral puede formar dentro de los límites de cada departamento, con base en su población, círculos para la elección de diputados, previa aceptación de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
El municipio es el cuerpo fundamental de la división político- administrativa del Estado. Es la unidad encargada de proporcionar los servicios públicos, construir obras comunes, promover el desarrollo de su región y motivar la participación ciudadana. Cuenta con un alcalde y con una corporación administrativa elegida popularmente para periodos de tres años llamada concejo municipal, integrada por no menos de siete ni por más de 21 miembros de acuerdo con la población respectiva. El alcalde es el jefe de la administración y el representante legal del municipio, electo popularmente por periodos de tres años, no reelegible para el periodo siguiente. Debe cumplir los decretos, ordenanzas y acuerdos del concejo, y es el jefe de la policía. Los concejos pueden dividir sus municipios en comunas, cuando se trate de áreas urbanas y en corregimientos, en el caso de las zonas rurales. En cada una se integra una junta administradora local de elección popular. Esta junta local tiene las siguientes funciones: participar en la elaboración de planes y programas municipales de desarrollo y obra pública; vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales y las inversiones que se realicen con recursos públicos; formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, departamentales y locales; distribuir las partidas globales que les asigne el presupuesto municipal; organizar juntas administradoras, y, ejercer las funciones que el concejo les delegue.
Las provincias se constituyen agregando municipios o territorios indígenas circunvecinos pertenecientes a un mismo departamento, creadas por ordenanzas por iniciativa del gobernador, de los alcaldes o de un cierto número de ciudadanos. Por su parte, las entidades territoriales indígenas se conforman de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Se gobiernan por concejos regidos según los usos y costumbres de la comunidad. II. Sistema electoral La organización de las elecciones se rige por la Constitución, el Decreto 2241 de 1986, el Código Electoral y el Estatuto Básico de los Partidos Políticos.
El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil son los organismos encargados de la realización de las elecciones, los cuales tienen funciones de organización, dirección y vigilancia, así como las relativas a la identidad de las personas. El Consejo Nacional Electoral es la institución facultada para de reconocer la personalidad jurídica a los partidos o movimientos políticos organizados para participar en la vida democrática del país, cuando comprueban su existencia con cincuenta mil firmas por lo menos, o cuando hayan obtenido el mismo número de votos en la elección anterior, o alcanzado representación en el Congreso. El Estado, a su vez, contribuye al financiamiento de las campañas electorales de los partidos o movimientos políticos con personalidad jurídica.
El Consejo se compone de por lo menos siete miembros elegidos para un periodo de cuatro años por el Consejo de Estado, de ternas elaboradas por los partidos y movimientos políticos con personalidad jurídica. El Consejo elige y remueve al Registrador Nacional del Estado Civil y conoce y decide definitivamente los recursos que se interpongan contra las decisiones de sus delegados sobre escrutinios generales. El Registrador Nacional del Estado Civil es elegido por el Consejo Nacional Electoral para un periodo de cinco años y debe reunir las mismas características que exige la Constitución para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Colombia cuenta con varios mecanismos de participación de los ciudadanos en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, la iniciativa legislativa, entre otros. El voto es un derecho y un deber ciudadano de los mayores de 18 años de edad. El plebiscito indica ya sea pronunciamientos populares no precedidos por actos estatales o, sobre todo, hechos o sucesos que debido a la excepción no están contemplados constitucionalmente. La Constitución colombiana se limita a enumerar al plebiscito dentro de los mecanismos de participación sin establecer los casos en los cuales tendría aplicación esta figura.
En cuanto al referendo, se aplica en las ocasiones en que se requiera someter a la opinión ciudadana decisiones tomadas por el Congreso, por ejemplo, cuando dos o más departamentos deseen constituirse en una región como entidad territorial. La consulta popular es una institución a través de la cual la ciudadanía expresa su opinión sobre un asunto concreto, a petición de una autoridad determinada. La iniciativa legislativa permite presentar proyectos de ley o de reforma constitucional cuando un número de ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral existente así lo manifieste. El presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previa aprobación del Senado, consulta al pueblo sobre decisiones de trascendencia nacional. Asimismo, los gobernadores y alcaldes pueden realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de la competencia del departamento o municipio respectivo.
Los ciudadanos eligen en forma directa al presidente y vicepresidente de la República, a los senadores, representantes, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales municipales y distritales, miembros de las juntas administradoras locales, y, en su oportunidad, a los miembros de la Asamblea Constituyente.
Para la elección de los senadores, las candidaturas se presentan en forma de listas cerradas y bloqueadas, es decir, una serie de nombres ordenados que no puede modificarse. La distribución de los escaños se realiza por cociente simple y el método de resto mayor. El sistema de cociente simple es el resultado de dividir el total de votos válidos emitidos entre el número de escaños a asignar. Cada lista de candidatos obtiene tantos puestos como el cociente quepa en el número de votos obtenido. Si todavía quedaran escaños, se distribuyen de acuerdo con el resto, en orden descendente. Este último procedimiento tiende a favorecer la representación de los partidos con menor votación.
Este sistema funcionó desde 1929, con algunas restricciones, y en 1932 se instauró para todas las elecciones. En 1951 fue sustituido por el de representación por mayoría, que consiste en dar la mayoría absoluta de los escaños al partido que obtenga el número más alto de votos, repartiendo sólo el resto de los puestos a los demás partidos. Entre 1958 y 1974, el periodo de vigencia del Frente Nacional, ambas cámaras se asignaron de forma paritaria a los dos partidos tradicionales colombianos, a pesar de que en 1968 se dio una reforma constitucional que restablecía el sistema del cociente electoral.
La elección de los diputados a la Cámara de Representantes se organiza por circunscripciones territoriales y especiales: se vota por dos representantes en cada circunscripción territorial y uno más por cada 250,000 habitantes o fracción mayor de 125,000. La elección se realiza por medio de listas cerradas y bloqueadas, siguiendo también el sistema de cociente electoral simple. Las circunscripciones territoriales son los 32 departamentos y el distrito capital de Santa Fe de Bogotá. Las circunscripciones especiales "podrán ser constituidas por la ley para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos, de las minorías políticas y de los colombianos residentes en el exterior".2
2 Dieter Nohlen, Enciclopedia Electoral Latinoamericana y del Caribe. Op. cit., p. 143.
Actualmente las diferencias ideológicas de las élites de los partidos son tan grandes como las diferencias entre los republicanos y conservadores de Estados Unidos. Los liberales tienen divisiones internas pero, como un todo, este partido tiende a orientarse más hacia el Estado, y es más anticlerical y menos propenso hacia la propiedad privada que los conservadores. Estos últimos, aunque tienen sus propias divisiones internas, tienden a adoptar un bando opuesto en estas dimensiones ideológicas.
Los partidos políticos en Colombia han sido instrumentos muy débiles de comunicación entre la sociedad civil y el Estado. Esta debilidad está relacionada con sus escasos mecanismos de representatividad en la medida en que se ha tratado principalmente de asociaciones de notables, con pretensiones burocráticas, que en vez de organizaciones para la acción política y la transformación social han sido, generalmente, maquinarias electorales. Los partidos políticos en Colombia no han desarrollado plataformas políticas ligadas a las necesidades reales de los diferentes sectores poblacionales. Sus acciones más bien han sido de tipo clientelista y electoral, sin democracia interna y sin participación de las bases.
Un hecho clave en el presente colombiano es que el Partido Liberal es el de la mayoría. Incluso durante el periodo del Frente Nacional, un mayor número de personas votaron por los liberales para el Congreso que por los conservadores. López Michelsen, en su exitosa campaña presidencial de 1974, recibió 56% de los votos en una elección contra dos oponentes principales y varios secundarios. Turbay Ayala logró una pequeña mayoría sobre Betancur en 1978. Aunque un presidente conservador fue electo en 1982, incluso esa elección parece reforzar el hecho de que el Partido Liberal es el de la mayoría. Los liberales presentaron dos candidatos: Alfonso López Michelsen y Luis Carlos Galán, lo cual permitió al conservador Belisario Betancur ganar la elección con un 46.6% de la votación. Betancur se convirtió en el primer conservador electo en una elección competitiva desde 1946, y al hacerlo reforzó la histórica tradición de un partido minoritario ganando cuando el partido mayoritario se divide entre dos candidatos. En 1986, con los liberales unidos una vez más, Virgilio Barco ganó las elecciones de manera avasalladora.
Los movimientos para formar un tercer partido, hasta principios de los años 70, habían fallado. En 1961, el exdictador Gustavo Rojas Pinilla fundó la Alianza Nacional Popular (anapo) en un intento de postular su candidatura. La anapo no se declaró como un nuevo partido político; eso la hubiera hecho inelegible para las elecciones antes de la reforma de 1968. Se llamó "movimiento" y ofrecía tanto a liberales como a conservadores escaños para el Congreso, asambleas de departamento y consulados en las ciudades. Dado que el sistema electoral entre los partidos era de representación proporcional, los anapistas fueron elegidos en estos tres niveles. El movimiento tuvo su mayor éxito en el año de 1970 cuando los anapistas liberales ganaron el 14% del voto nacional liberal, y los anapistas conservadores obtuvieron el 21% del voto nacional conservador. El mismo año, Rojas perdió la elección presidencial por cerca del 3% contra el conservador Misael Pastrana, un candidato de coalición propuesto por los liberales y un grupo significativo de conservadores. Desde entonces, la influencia de la anapo ha disminuido. En 1971 el movimiento se declaró a sí mismo como partido, un paso lógico ya que las restricciones bipartidistas habían sido anuladas en algunas áreas, pero no logró suficiente arraigo entre los votantes. Con el fin del Frente Nacional, los votos fueron más significativos. Aunque en 1970 un liberal podría votar por el conservador Rojas ya que todos los candidatos para presidente debían ser conservadores, esta situación no prevaleció en 1974 cuando una vez más los liberales y los conservadores estaban compitiendo en la elección. La anapo siempre había sido un partido personalizado con escasa participación de líderes fuera del grupo de Rojas. A su muerte, el liderazgo se enfocó en su hija, María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, quien fuera candidata presidencial para las elecciones en 1974. Compitiendo contra los dos partidos tradicionales y siendo que estaba en un territorio en donde los hombres dominaban la política, María Eugenia recibió sólo el 9.4% de los votos, quedando en un alejado tercer lugar contra sus competidores López y Gómez.
Otro caso notable de un nuevo partido se dio en 1986, cuando la izquierda presentó un candidato de coalición por primera vez, bajo el ala de apertura democrática del gobierno de Betancur. Se llamó Unión Patriótica (up) fundada por el Partido Comunista legalmente registrado y un grupo de guerrillas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc). El candidato de estos movimientos, Jaime Pardo Leal, recibió sólo 4% de los votos, no obstante obtuvo 12 escaños en el Congreso.
En el análisis del sistema político colombiano es importante mencionar el problema gestado durante la década de 1980, cuando experimentó una de las mayores crisis de su historia. Por un lado operaba el tradicional sistema de estabilidad colombiano, representado por los partidos políticos, y, por el otro, surgieron grupos de diversa naturaleza que acumulaban cada vez más poder, especialmente guerrilleros y de intereses vinculados con el narcotráfico, que comenzaron a construir un sistema diferente con nuevas estructuras y reglas de juego. Los movimientos guerrilleros, los narcotraficantes y los "escuadrones de la muerte", han provocado un deterioro en las estructuras sociales y políticas nacionales colombianas en una magnitud desconocida en otras latitudes. 1. Principales partidos políticos
1. Principales partídos políticos
Fue fundado en 1848 por Ezequiel Rojas, y obtuvo su sustento ideológico en la defensa de las libertades individuales, la separación de la Iglesia y el Estado, y la eliminación de los monopolios estatales. Es un partido que tiende a reflejar los intereses del sector más comercializado e industrializado del electorado. El pl ha promovido reformas económicas y sociales moderadas. Desde su fundación, es el partido que más veces ha estado en el poder.
En 1948 perdió la elección presidencial, lo que generó una insurrección armada _mencionada ya como el periodo de "la violencia". Posteriormente, durante el tiempo en que duró el Frente Nacional, en el que estuvieron aliados con los conservadores, los liberales obtuvieron votaciones superiores en las elecciones al Congreso, excepto en 1970 para el Senado. Tras el final de dicho pacto, el pl ha vencido en cinco de las últimas ocho elecciones presidenciales y ha obtenido la mayoría en el Congreso, salvo en el cuatrienio 1986-1990
En mayo de 1979, tras la conclusión del acuerdo del grupo de los 90, facción encabezada por el presidente Turbay Ayala y con el liderazgo del Partido Conservador, se introdujo al partido un movimiento de oposición, la Unión Liberal Popular (ulp), con la disidencia de la facción Democratización Liberal del anterior presidente, Lleras Restrepo, en el centro.
En una convención del partido en septiembre de 1981, López Michelsen fue designado candidato para la presidencia para las elecciones del año siguiente. Como resultado, su rival Lleras Restrepo y otro presidente anterior, Alfonso Lleras Camargo, dieron su apoyo a una campaña independiente de centro-izquierda promovida por Luis Carlos Galán Sarmiento, de la organización Nuevo Liberalismo (nl), con la finalidad de abrir el camino hacia una plataforma en la que se pudiera abandonar el sistema bipartidista de la Constitución y que permitiera a expresidentes buscar la reelección después de sólo cuatro años de haber abandonado el puesto. Para la campaña de 1986, el liderazgo principal, que incluía la gran influencia de Lleras Camargo, se unió en favor del entonces alcalde de Bogotá, Virgilio Barco Vargas, un político centralista que ascendió a la presidencia el 25 de mayo, predecesor de la victoria del pl en el Congreso del 9 de marzo de ese año.
De acuerdo con el desempeño insuficiente en las votaciones del Congreso, el nl entró nuevamente al partido inicial a mediados de 1988 para buscar el apoyo del Presidente Virgilio Barco. Galán Sarmiento, candidato liberal para la presidencia de 1990 fue asesinado el 18 de agosto de 1989. Posteriormente, como una política sin precedente llevada a cabo entre el Legislativo y el electorado municipal en marzo de 1990, César Gaviria Trujillo fue nominado como candidato por el pl y venció a su contrincante más cercano, el disidente conservador Gómez Hurtado. En las elecciones legislativas y gubernamentales en octubre de 1991, los liberales obtuvieron la mayoría en ambas cámaras del Congreso, y conquistaron 15 de las 27 gubernaturas. En las elecciones municipales de marzo de 1992, el pl obtuvo 18 de las 23 ciudades más concurridas, pero perdió tres de las más importantes: Barranquilla, Cali y Medellín. En abril de 1992, López Michelsen renunció como líder del partido. El exitoso candidato presidencial del pl en 1994, Ernesto Samper Pizano, pertenece al Nuevo Liberalismo, proveniente del ala derecha del partido. En la elección de 1998 el partido perdió el poder, por primera vez en doce años, pues su candidato fue víctima del escándalo de financiamiento del narcotráfico atribuido a su predecesor.
1.2. Partido Social Conservador (psc)
En 1849, con base en la filosofía liberal del siglo xviii, se redactó el primer programa que daría origen al Partido Conservador (nombre con el que fue identificado hasta 1978). Se trata de un partido tradicionalista frecuentemente ligado a los intereses de la aristocracia agraria y vinculado a la Iglesia, que propugna un Estado central fuerte.
Estuvo dividido entre conservadores del Frente Nacional y las facciones independientes, compuestas de seguidores del ex presidente Laureano Gómez. Las esencias de la separación continuaron hasta noviembre de 1981, cuando los ospina-pastrantistas, guiados por Misael Pastrana Borrero, tuvieron un acuerdo con un grupo guiado por Álvaro Gómez Hurtado (candidato a la presidencia en 1974). Esto abrió el camino hacia la victoria Belisario Betancour Cuartas, miembro moderado del partido que había perdido en un encuentro con el candidato del Frente Nacional, Pastrana, en 1970. En 1986, Gómez Hurtado fue postulado como el candidato conservador pero derrotado con amplia ventaja por el candidato liberal Virgilio Barco, en parte debido a su estrecha asociación con su dictatorial padre, Laureano, durante el periodo de "la violencia".
Para la campaña de 1990, el partido se encontraba nuevamente dividido. El candidato oficial, Rodrigo Lloreda Caicedo, fue destituido por Gómez Hurtado quien, como candidato del disidente Movimiento de Salvación Nacional (msn) resultó ampliamente derrotado por el candidato del pl, Gaviria Trujillo, en las votaciones populares de mayo de ese año. En 1994 Andrés Pastrana Arango perdió contra el candidato liberal Samper Pizano por un estrecho margen de menos de un punto porcentual (0.82%) en la segunda ronda de votaciones. Antes de aceptar la nominación del psc, Pastrana Arango, un ex-alcalde de Bogotá, había encabezado un grupo conservador disidente, la Nueva Fuerza Democrática (nfd). En 1998 nuevamente Pastrana Arango se postuló candidato, ganando la presidencia en segunda vuelta.
1.3. Alianza Democrática-Movimiento 19 de Abril (ad-m 19)
Mejor conocido como m-19, originariamente era una autoproclamada rama de la anapo, que sacudió la estructura militar, las bases militares, la institución por su sorpresivo ataque contra un arsenal militar en la capital en enero de 1979. Se formó a partir de una coalición de pequeños partidos de derecha, disidentes liberales y conservadores, y algunos intelectuales. El m-19 fue después el responsable de la ocupación durante dos meses de la embajada dominicana en Bogotá, a principios de 1980, y por la ocupación de 27 horas del Palacio de Justicia en la capital, en noviembre de 1985, en donde más de 100 personas perdieron la vida. En 1981 pareció haberse separado en dos facciones: un grupo moderado guiado por Jaime Bateman Cayón, quien anunció en enero que estaba en favor de un papel legal en la organización, y una línea dura que se autonombró la Coordinadora Nacional de Bases (cnb), que abogó continuamente por la resistencia armada que se suponía tenía lazos de operación con las farc. Antes de su muerte en un accidente aéreo en abril de 1983, Bateman repudió los acuerdos concluidos seis meses antes; un nuevo diálogo con el gobierno, llevado a cabo por su sucesor en 1984, fue duramente cuestionado y criticado a mediados de 1985. Carlos Pizarro León-Gómez, comandante del Batallón América, se convirtió en la cabeza del m-19 en marzo de 1986, seguido de los asesinatos por fuerzas del gobierno de sus dos líderes principales, Iván Mariano Ospina y Álvaro Fayad; también fue asesinado en agosto de 1986, el segundo comandante del grupo, Gustavo Londoño Arias.
A principios de 1990, el m-19 estuvo de acuerdo en dejar las armas y unirse con diversos grupos pequeños, incluyendo el Partido Demócrata Cristiano (pdc), formando la Acción Nacionalista por la Paz (anp) que tuvo éxito en superar a la Unión Patriótica en las votaciones municipales y legislativas del 11 de marzo. Pizarro fue asesinado el 26 de abril y lo sucedió como líder del m-19 Antonio Navarro Wolff, quien consiguió un sorpresivo tercer lugar en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de ese año como candidato de una coalición izquierdista de trece miembros, llamada Convergencia Democrática (cd). Siguiendo las votaciones de Navarro Wolff, el grupo, ahora operando bajo las siglas ad-m19, más que duplicó sus votos a casi el 27% en la Asamblea Constitutiva en diciembre, comenzó a declinar a casi el 10% en octubre de 1991 y bajó aún más llegando a obtener el 3.81% en las primeras rondas presidenciales de votación el 30 de mayo de 1994. Una facción disidente encabezada por el antiguo líder guerrillero Carlos Alonso Lucio, fue considerada como responsable de la caída del Movimiento en el abandono por parte de su líder de los principios revolucionarios del mismo. En julio de 1997 el Consejo Nacional Electoral aceptó su personalidad jurídica. En las elecciones de 1998 obtuvo un solo escaño en la Cámara de Representantes.
La up fue formada en mayo de 1985 como un brazo político de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) y del Partido Comunista de Colombia (pcc), con la intención de llegar al poder por la vía electoral. Con un programa que incluía mejorar la participación política de los sindicatos, libertad, reforma agraria y oposición a la interferencia estadounidense en Latinoamérica, la up ganó un asiento en el Senado y 10 en la Cámara en marzo de 1986. Realizó un gran esfuerzo en nombre de su primer candidato presidencial, el líder de la farc Jacobo Arenas, aunque éste declinó su candidatura en enero, después de enterarse de la planeación de un complot para asesinarlo. Un número considerable de miembros de la up fueron asesinados después, incluyendo al presidente de la organización Jaime Prado Leal, el 11 de octubre de 1987. La up tuvo un pobre desempeño en las votaciones de 1990, en parte debido a la competencia de la recién formada anp y porque la "guerra sucia" que se había iniciado había cobrado ya las vidas de más de 1,000 de sus miembros durante 1989. De hecho, durante la campaña presidencial de 1990, su candidato, Bernardo Jaramillo Ossa, fue asesinado por órdenes del cartel de Medellín. En 1994, después de que las muertes habían sido más de 2,300, el partido decidió no lanzar un candidato presidencial, ya que de acuerdo con su líder, el candidato simplemente "sería asesinado". Otro líder, Manuel Cepeda Vargas, representante de la up y de los comunistas en el Senado, fue asesinado en agosto de 1994. En 1998 participó en las elecciones de 1998 la up, sin obtener ningún escaño.
1.4. Alianza Nacional Popular (anapo)
Organizada en 1971 por el exdictador Gustavo Rojas Pinilla, quien murió en 1975, la anapo tenía un gran apoyo de las clases bajas, especialmente en las grandes áreas urbanas, al punto en que Rojas Pinilla perdió las elecciones de 1970 por una diferencia de sólo 1.6%. Miembros de este grupo denunciaron un fraude electoral y formaron el Movimiento 19 de abril (m 19). Para finales de 1997, se dividió en varias facciones diferentes. Un grupo se unió a dos pequeños partidos radicales, el Movimiento Obrero Izquierdo Revolucionario (moir) y el Movimiento Amplio Colombiano (mac), para formar el Frente por la Unidad del Pueblo (fup) que obtuvo un solo asiento en las elecciones para el Congreso en febrero de 1978, después se unió al Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista (pcc-ml) apoyando al candidato presidencial Jaime Pedrahita Cardona. Un segundo grupo de la anapo se unió a la Unión Nacional de Oposición (uno) apoyando al candidato presidencial Julio César Pernía. Un tercer grupo, encabezado por Carlos Toledo Plata, hizo campaña en 1978 como el anapo Socialista, mientras que otro grupo guiado por María Eugenia Rojas de Moreno Díaz apoyó la candidatura de Betancur Cuartas y reafirmó su regreso a finales de 1982.
2. Nuevos grupos: guerrillas, traficantes de drogas, escuadrones de la muerte
Tres grandes grupos han surgido en el sistema tradicional colombiano: las guerrillas, los narcotraficantes y los escuadrones de la muerte.
A partir del asesinato del líder popular Jorge Eliecer Gaitán en 1949 y de la guerra civil que se desató en ese tiempo, se fueron formando grupos armados independientes. Entre 1955 y 1957 se estableció una alianza entre guerrillas liberales de las regiones cafetaleras y guerrillas comunistas _se les conoció como los liberales comunes_, y que constituyó el origen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) en 1964. Al año siguiente se organizó otro grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional (eln), con una filosofía marxista-leninista y con influencia de la Revolución Cubana, de las ideas del Che Guevara y de José Carlos Mariátegui. Entre 1966 y 1967 surgió el Ejército Popular de Liberación (epl), inspirado en el maoísmo, Y en 70 nacería el m 19. Para 1988, los primeros tres cooperaban con la Coordinadora Nacional Guerrillera (cng).
Las farc, el grupo guerrillero más grande, mejor equipado y mejor entrenado, tiene un estimado de 60% del total de los grupos guerrilleros. La organización es dirigida por Manuel Marulanda Vélez, también conocido como Tirofijo.
Durante la mayor parte de su existencia, el m-19 había sido el segundo movimiento guerrillero del país. Dentro de sus filas se encuentran doctores, abogados, y otros profesionistas, pero en los años más recientes, los fanáticos marxistas han obtenido mayor control y el grupo se ha radicalizado. Los líderes se han confrontado con el ejército y la policía, especialmente desde julio de 1985. En noviembre de ese año, unidades del m-19 tomaron el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá y a casi todos los miembros de la Suprema Corte como rehenes. Después de un breve intento de negociación, los militares entraron al edificio y se produjo una batalla que terminó con la vida de 12 personas, entre jueces y líderes del movimiento. A principios de 1986, el m-19 se debilitó y falló en su esfuerzo por tomar una mayor ofensiva en Cali. Después, en serios problemas, el grupo se retrajo en actos aislados de terrorismo. En 1989 el m-19 firmó un acuerdo con el gobierno de Virgilio Barco, donde el grupo guerrillero entregaría sus armas y se desmovilizaría, a cambio de una reincorporación a la vida civil.
El pequeño grupo llamado Ejército Popular de Liberación se encuentra activo en el valle central del Río Magdalena y tiene conexiones con el ala marxista-leninista del Partido Comunista. Con menos de 1,500 miembros, el epl mantiene una disciplina fuerte y una postura de critica a las farc por financiar sus operaciones, en parte, por medio del narcotráfico. El epl financia sus actividades mediante secuestros y usa la violencia para adquirir poder y liquidar a la élite política, y pretende que los militares abandonen las áreas rurales y termine el estado de sitio. Junto con las farc se unió al cese al fuego en 1984. El Ejército de Liberación Nacional, otro movimiento marxista, es más o menos del mismo tamaño que el epl y también usa los secuestros y la extorsión para financiar sus operaciones. Actualmente es la cabeza de la Coordinadora Nacional Guerrillera y ha trastornado la economía colombiana ya que bombardea las fuentes petroleras desde las planicies del este hasta el mar Caribe, donde se realiza la mayor parte de las exportaciones petroleras.
Durante el gobierno de Julio César Turbay se proclamó el Estatuto de Seguridad, ley antiterrorista que desató una generalizada ola de represión, lo cual extendió la resistencia en todo el territorio nacional. Posteriormente, el conservador Belisario Betancur inició las negociaciones de paz con los grupos guerrilleros proponiendo la Ley General de Amnistía en 1982. Se estima que en ese periodo había aproximadamente 17,000 guerrillas. Con excepción del eln, los grupos más importantes participaron en el acuerdo. La apertura democrática intentaba motivar a los grupos guerrilleros para que se convirtieron en partidos políticos y postularan candidatos en las elecciones. En 1984 se firmó un acuerdo de paz entre las farc y la Comisión Nacional de Paz, para el cese al fuego. Sin embargo, el gobierno promovió la creación de grupos paramilitares, dando comienzo a la guerra sucia.
Pese al hostigamiento, las farc participaron en las elecciones de 1986 por medio de la Unión Patriótica. El candidato presidencial, Jaime Prado Leal, fue asesinado al año siguiente por traficantes a quienes les interesaban los ingresos del partido (unos 500 miembros de la up fueron asesinados desde que se fundó el partido). En las elecciones la up logró la mayor votación en la historia de una agrupación de izquierda en Colombia. Las farc continuaron sus conversaciones durante el primer año de la administración de Virgilio Barco y establecieron lazos de negociación con él. Para finales del año, tras haber sufrido el asesinato de parlamentarios, diputados, concejales, militantes y simpatizantes de la up, el convenio había terminado. Al quedar roto el acuerdo de paz las farc reanudaron su campaña militar contra las fuerzas de seguridad gubernamentales y participaron en secuestros de agentes del gobierno. En 1987 se forma la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar integrada por el m-19, el epl y el eln. Poco después se les unen las farc. A través de esta alianza el movimiento insurgente cobra fuerza.
Con el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) se inició un nuevo proceso de paz, el cual propuso a la guerrilla desmontan su aparato militar, entregan las armas y que se reintegrara a la sociedad civil. Estas propuestas dieron los primeros resultados en 1990 con la desmovilización del m-19 con la reincorporación a la vida civil de un importante sector del epl, siendo los ofrecimientos del el gobierno: amnistía, espacio político legal y promesas de ayuda económica. El m-19 se conviertió en un partido político, que en las primeras elecciones alcanzó el 12.6% de los votos.
Sin embargo, las negociaciones de paz no fructificaron del todo, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y el gobierno tuvieron contacto con la toma de la embajada de Venezuela, por lo que se acordó celebrar conversaciones entre ellos, pero nuevamente no resultaron satisfactorias y en 1992 se dio la suspensión oficial de las mismas. Según la guerrilla, "en Colombia, prácticamente no existen espacios legales para la oposición. El sindicalista, el religioso, el estudiante universitario o la pobladora de un barrio marginal todos están amenazados. El sitio más seguro para un opositor colombiano es la selva y la lucha armada".3
El presidente Ernesto Samper subió al poder en medio de acusaciones de haber recibido financiamiento del cartel de Cali para su campaña electoral, con lo que perdió fuerza en sus negociaciones con la guerrilla. Su gobierno sevió seriamente afectado debido a estas relaciones difíciles y aumentó la crisis política que dio lugar a la gudizción del conflicto armado. Actualmente el gobierno del presidente Pastrana ha regresado a las conversaciones de paz con las guerrillas y con los narcotraficantes con un Plan llamado "Plan Colombia",4 una iniciativa para luchar contra el narcotráfico, para propiciar las negociaciones de paz con la
3 http://www.nadir.org/nadir/initiativ/rpl/span/guerr-s.htm
4 http://noticias.mx.yahoo.com/noticias/000722/actualidad/europa_press/aex-iit-964300140.html
http://noticias.mx.yahoo.com/noticias/000713/actualidad/europa_press/aex-iit-963527880.html
http://noticias.mx.yahoo.com/noticias/000707/actualidad/ap/colombia-narcotrafico-2370.html
http://noticias.mx.yahoo.com/noticias/000705/actualidad/europa_press/aexiit-colombia -962805180.html
guerrilla, financiar programas sociales y reactivar la economía, según la explicación del presidente colombiano. Se intenta destinar fondos a los programas de desarrollo alternativo para generar oportunidades de trabajo, ejecutar obras que beneficien a la comunidad y mejorar las carreteras en áreas afectadas por la violencia.
Sin embargo, las farc rechazan el plan porque financia mayores operaciones militares para erradicar los cultivos de la coca y la amapola. Pastrana, por su parte, ha señalado que tiene la esperanza de lograr un acuerdo de paz con la guerrilla.
Uno de los grupos colombianos más poderosos, pero también de los más complicados de describir, es el de los narcotraficantes. Está formado por individuos con una riqueza exorbitante, se estima que existen más de 150 millonarios y multimillonarios producto de este negocio. Tres grandes grupos están en conflicto entre sí: los carteles de Medellín, de Cali y de la costa del Atlántico.
Existen casos documentados de narcotraficantes que cooperan con grupos guerrilleros y otros grupos armados. Hay evidencia también documentada sobre otros casos de diversificación de ganancias producto del narcotráfico hacia negocios lícitos (incluyendo un equipo profesional de futbol), políticos, y fuerzas militares y policiales. Nadie sabe con exactitud el grado en el que los narcotraficantes se encuentran en la vida cotidiana de Colombia. No obstante sabido que los líderes de las drogas han estado involucrados en asesinatos de ministros de justicia, abogados generales y editores de periódicos que repudiaban abiertamente sus actividades.
En el transcurso de 1987-1988 el poderío de este grupo se manifestó significativamente. Un primer caso fue el del conocido narcotraficante Jorge Luis Ochoa, quien fue puesto en libertad en una cárcel de Bogotá, porque no hubo orden de aprehensión en su contra a pesar de que la dea (agencia del gobierno estadounidense encargada del combate al narcotráfico) pedía su extradición. El juez encargado del caso después fue enjuiciado por corrupción. Otro caso en este sentido es el de un juez que intentó citar como testigo a un conocido narcotraficante relacionado con el asesinato del editor de un diario de Bogotá; el juez recibió una carta en la cual él y toda su familia eran amenazados de muerte por lo que decidió no llamar al traficante.
El 18 de agosto de 1989 los narcotraficantes asesinaron al senador Luis Carlos Galán, candidato favorito para ganar las elecciones de 1990, quien en varias ocasiones había propuesto acciones más severas contra ellos. Al día siguiente, el presidente Virgilio Barco hizo un llamado para que toda la ciudadanía se opusiera al narcotráfico. Esta estrategia fue apoyada por el presidente de Estados Unidos, George Bush. Las acciones tomadas por el gobierno colombiano incluyeron la confiscación de drogas y la extradición de aquellos a quienes Estados Unidos señalaban como líderes. Los narcotraficantes respondieron con una serie de ataques masivos, especialmente en las ciudades de Bogotá y Medellín. Para finales de 1989 varios narcotraficantes de medio nivel habían sido extraditados, proceso que continúa en un intento permanente del gobierno colombiano por vencer a estos grupos que, además de las actividades ilícitas propias de la producción y distribución de drogas, se relacionan también con fenómenos de lavado de dinero y el tráfico de armas.
2.3. Los "escuadrones de la muerte"
Es muy poco lo que se sabe acerca de los escuadrones de la muerte, grupos paramilitares terroristas, conformados por diversas alianzas entre militares, terratenientes y narcotraficantes, aunque en 1988 el Ministerio de Justicia señaló que existían alrededor de 160 "escuadrones de la muerte" operando en el país. Quizás el más conocido es el llamado Muerte a Secuestradores (mas), iniciado por los narcotraficantes para protegerse a sí mismos de las guerrillas financiadas através de los secuestros. Pero otros grupos se han planteado como meta el matar a la gente "problemática". La Unión Patriótica señala que 500 de sus miembros han sido asesinados en los años recientes, campesinos que demandan la posesión de la tierra son atacados y estudiantes son asesinados. En resumen, los escuadrones de la muerte parecen diversificar sus blancos pero con una táctica común de guerra sucia: si existe duda, mata.
Para el momento en el que inició el régimen de Barco en 1986, Colombia entró en un segundo periodo bipartidista, como había ocurrido durante "la violencia". Visto de una manera simple, este término significaba que existía una gran probabilidad de impunidad, un grupo individual podía intentar alcanzar sus fines (tierra, justicia, dinero, etc.) por medio de la violencia. Existe muy poca probabilidad de que el sistema legal de Colombia logre encarcelar a los "escuadrones de la muerte" o que el sistema judicial los procese.
Durante el gobierno de Samper, Horacio Serpa, el vicepresidente, sostuvo contactos con los escuadrones paramilitares de la muerte, y también negoció a nombre del presidente Gaviria, aun cuando, finalmente, abandonó las conversaciones. De hecho, algunos analistas opinan que esta actitud le costó la presidencia que ganó Andrés Pastrana.
El gran problema que estos grupos representan para Colombia es la destrucción del Estado de derecho tanto por el desacato manifiesto a las leyes e instituciones nacionales como por que impera en el país la corrupción. El gran reto, en consecuencia, es el fortalecimiento del Estado, que logre mantener la paz en el país.
Geografía
Nombre oficial |
República de Colombia. |
Área |
1,141,784 km2. |
Costas (km) |
3,208. |
Límites |
Al norte con el Mar Caribe, al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador, al oeste con el Océano Pacífico y al noroeste con Panamá. |
Capital |
Santa Fe de Bogotá, D.C. |
Otras ciudades importantes |
Medellín, Cali, Barranquilla. |
Idiomas |
Oficial español; no oficiales, chibcha, guajiro y cerca de 90 lenguas indígenas más. |
* Fuentes:
http://www.apoyar.com/Colombia/el_pais.asp
http://www.odci.bov/cia/publications/factbook/geos/co.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/co.html
http://www.apoyar.com/Colombia/el_pais.asp
http://www.mae.es/mae/textos/oid/monografias colombia.html
Almanaque mundial 1999, México, Televisa, 1999. División política:
Demografía y sociedad
Población (1997) |
36'200,000 habitantes. |
Población proyectada para el año 2000 por el dane |
42'299,301 habitantes. |
Densidad (1997) |
31.7 habitantes por km2. |
Población en las cabeceras |
30'048,759 (71%). |
Población en la zona rural |
12'250,542 (29%). |
Razas |
58% de mestizos, 14% mulatos, 20% blancos, 6% negros y 2% indígenas. |
Distribución poblacional por edades |
0-14 años 32%; 15-64 años 63% ; más de 65 años 5%. |
Edad promedio (1995) |
23.7%. |
Analfabetismo (1995) |
8.7%. |
Religión (1995) |
Católicos, 95.2%; otros 4.8%. |
Esperanza de vida al nacer (1996) |
Hombres 65.4; mujeres 73.3. |
Esperanza de vida (estimado al 2000) |
Hombres 66.43 años; mujeres 74.27 años. |
Índice de fecundidad |
2.69 hijos por mujer. |
Tasa anual de natalidad (estimación 2000) |
22.85 nacimientos por cada 1,000 habitantes. |
Tasa anual de mortalidad (estimación 2000) |
5.73 defunciones por cada 1,000 habitantes. |
Economía
Producto Interno Bruto (pib) (1999) |
95,500 millones de dólares pib per cápita (1999) 2,296 dólares. |
pib per cápita |
2,296 dólares. |
Tasa de inflación (1999) |
11.2%. |
Fuerza laboral (1997 estim.) |
16.8 millones de habitantes. |
Fuerza laboral por ocupación (1990) |
46% servicios, 30% agricultura, 24% industria. |
Desempleo (1999) |
20%. |
Moneda |
Peso colombiano. |
Crecimiento real pib (1999) |
-5%. |
Balanza comercial de dólares (fob) (1999) |
Exportaciones 11.5 billones; Importaciones 10 billones. |
Moneda peso colombiano ($C) |
1 peso=100 centavos. |
Tasa de cambio (1998) |
$ 1,344=1 dólar. |
Tasa de inflación (1994) |
25.6%. |
Principales productos de exportación (1996) |
Café, 23.7%; productos forestales y del mar, 14.8%; productos de petróleo, 14.7%; textiles y confecciones, 9.5%; carbón 6.6%; productos químicos, 6.5%; alimentos y tabaco, 5.1%. |
Destino de las exportaciones (1995) |
Eu, 34.9%; Alemania, 7.3%; Perú, 6.1%; Venezuela, 5.5%; Japón, 3.6%; Ecuador, 4.1%. |
Fuente de las importaciones (1995) |
EU, 39.1%; Venezuela, 9.8%; Japón, 7.6%, Alemania, 5.8%. |
Instituciones políticas
Forma de gobierno |
República presidencial. |
Fiesta nacional |
20 de julio, Día de la Independencia. |
Constitución vigente |
6 de julio de 1991. |
Sistema ejecutivo |
Presidente (no reelegible de por vida), vicepresidente y los ministros determinados por la ley. El presidente y el vicepresidente son electos para un periodo de cuatro años por la mitad más uno de los votos emitidos en votación popular directa. |
Sistema legislativo |
Congreso bicameral formado por el Senado (102 miembros electos por circunscripción nacional para un término de cuatro años y un número adicional de dos senadores electos en circunscripción nacional por comunidades indígenas) y la Cámara de Representantes, (161 miembros electos por cuatro años, dos representantes por cada circuns cripción nacional y uno más por cada 250,000 habitantes o fracción mayor de 25,000). |
Sistema judicial |
Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Tribunales y Juzgados y Corte Electoral. La respectiva corporación nombra a los magistrados, a partir de listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura. |
Sufragio |
Mayores de 18 años. |
Gobierno subdivisional |
Los departamentos tienen gobernadores y legisladores propios electos por sufragio. Se subdividen en municipios con un alcalde electo cada dos años por votación directa. |
Miembro de |
Organización de las Naciones Unidas (onu), Organización de Estados Americanos (oea), Acuerdo Latinoamericano de Integración (aladi), Pacto Andino. |
Principales partidos políticos |
Partido Liberal (pl), Partido Social Conservador (psc), Alianza Democrática/Movimiento 19 de abril (ad/m-19), Unión Patriótica (up). |
Fuerzas armadas (estimado para el año 2000) |
Total de efectivos 10'599,704. |
Gasto militar |
3.4 billones de dólares. |
Presidentes de la República desde 1930
Enrique Olaya Herrera (Liberal) 1930.
Eduardo Santos (Liberal) 1938.
Alfonso López Pumarejo (Liberal) 1942.
Alberto Lleras Camargo (Liberal) 1945.
Mariano Ospina Pérez (Conservador) 1946.
Laureano Gómez (Conservador) 1950.
Gustavo Rojas Pinilla (Militar) 1953.
Junta Militar 1957.
Alberto Lleras Camargo (Liberal) 1958.
Guillermo León Valencia (Conservador) 1962.
Carlos Lleras Restrepo (Liberal) 1966.
Misael Pastrana Borrero (Conservador) 1970.
Alfonso López Michelsen (Liberal) 1974.
Julio César Turbay Ayala (Liberal) 1978.
Belisario Betancour Cuartas (Conservador) 1982.
Virgilio Barco (Liberal) 1986.
César Gaviria Trujillo (Liberal) 1990.
Ernesto Samper Pizano (Liberal) 1994.
Andrés Pastrana Arango (Conservador) 1998.
Fuentes:
http://b-quilla.cetcol.net.co/colombia/gobier.html
http://www.terra.es/personal2/monolith/colombia.htm
Nohlen, Dieter; Enciclopedia Electoral Latinoamericana y del Caribe, op. cit., pp. 178, 179.
Resultados de las elecciones de 1994 y 1998 Presidente
Partido |
1990 % |
1994(2da. vuelta) % |
1998 (2da. vuelta) % |
Partido Liberal |
48.2 |
50.57 |
46.6 |
Movimiento de Salvación Nacional (msn) |
23.9 |
|
|
ad/m-19 |
12.6 |
|
|
Partido Social Conservado |
12.3 |
48.45 |
50.3 |
Fuentes:
Nohlen, Dieter; Enciclopedia Electoral Latinoamericana y del Caribe. Op. cit. p. 178.
http://www.georgetown.edu/pdba/Elecdata/Col/pres94_1.html
http://www.georgetown.edu/pdba/Elecdata/Col/pres94_2.html
http://www.irela.orge/es/p_politicos/parte_1/col.asp
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Boletín Jurídico, Organización Electoral de Colombia, núm. 3. Santa
Fe de Bogotá, enero de 2000.
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Rangel Suárez, Alfredo; "Nuevos grupos políticos e implicaciones para el régimen constitucional", en Revista Foro, ed. Foro, Bogotá, Colombia, 1991..
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http://noticias.mx.yahoo.com/noticias/000707/actualidad/ap/colombia-narcotrafico-2370.html
http://noticias.mx.yahoo.com/noticias/000705/actualidad/europa_press/aex-iit-colombia-962805180.html