Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos
Coordinador de la colección
Pedro Aguirre
1. Principales partidos políticos
1.2. Partido Laborista Australiano (pla)
1.4. Demócratas Australianos (da)
Uno de los hechos sobresalientes del final del siglo xx es, sin duda, la preeminencia de la democracia sobre el autoritarismo. La extensión y el arraigo de los valores, las instituciones y las prácticas democráticas en el mundo de hoy constituyen, en efecto, un proceso global que, al parecer, se dirige hacia su consolidación. La derrota de los totalitarismos de derecha en la Segunda Guerra Mundial; las transiciones a la democracia en el sur de Europa, en América Latina y en el sudeste asiático a lo largo de los años setenta y ochenta, y el derrumbe de los regímenes totalitarios de Europa del Este, conocidos como socialismo real, durante el segundo lustro de los años ochenta, apuntalaron a las grandes democracias e impulsaron la emergencia de nuevas democracias, transformando de manera radical el mapa geopolítico mundial. Pero sobre todo, apoyado en la globalización de los medios de comunicación, dicho proceso ha significado un profundo cambio en los valores y las percepciones de las sociedades contemporáneas en favor de los derechos y las libertades fundamentales de la persona, sustento y fin del constitucionalismo democrático.
El éxito de ese proceso de universalización de la democracia no implica, sin embargo, un triunfo definitivo sobre el autoritarismo, ni mucho menos que los retos actuales y los desafíos futuros de las democracias en particular hayan sido resueltos. Los riesgos de involución hacia formas autoritarias de gobierno, en especial en las democracias más recientes y frágiles; las dificultades para emprender o consolidar transiciones democráticas frente a los autoritarismos persistentes y los viejos o nuevos problemas institucionales de las democracias, exigen cada día más imaginación y responsabilidad, más conocimientos y participación, más y mejor formación de ciudadanos libres y responsables. Exigen, en suma, una más amplia y sólida cultura democrática.
Es evidente que no hay mejor garantía para la consolidación de la democracia que la formación de una sociedad que conozca y aprecie sus valores, sus instituciones y sus prácticas y que, al mismo tiempo, a través de sus ciudadanas y ciudadanos, de sus diversas organizaciones, de sus partidos políticos y de su gobierno, participe efectivamente en el debate y en la formulación de propuestas frente a los asuntos de interés público propios de la vida democrática. Una sociedad, pues, comprometida con la democracia y su desarrollo.
En ese sentido, el objetivo de la colección Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos es contribuir a la divulgación de la cultura democrática en la sociedad mexicana, mediante el conocimiento de las democracias de nuestro tiempo. Con esta colección, el Instituto Federal Electoral busca poner al alcance del público en general, en especial de los jóvenes que cursan sus estudios de educación media superior y superior, la información y los elementos de análisis necesarios para el conocimiento de los sistemas políticos y electorales de las diversas democracias que existen en el mundo, su diseño constitucional y su forma de gobierno, los principios y los procedimientos que rigen sus elecciones, y su sistema de partidos.
Con ese fin, la colección ha sido diseñada de tal modo que permita un estudio comparativo de los sistemas políticos y electorales considerados. Para ello, cada una de las monografías tiene la misma estructura: a manera de introducción se presenta un marco conceptual básico para facilitar la comprensión de las nociones de sistema político, sistema electoral y sistema de partidos, que son, a su vez, temas tratados en capítulos aparte. Igualmente, las monografías contienen un anexo estadístico con datos generales de los países, los resultados electorales y la composición de los órganos de representación popular, así como una cronología electoral del país de que se trate.
Instituto Federal Electoral
Para el estudio de los sistemas políticos y electorales contemporáneos se requiere del conocimiento previo de su definición como conceptos y de una explicación sobre su significado. En términos generales se puede decir que el fenómeno político y, en particular, su manifestación en cada comunidad constituye un proceso complejo mediante el cual se toman las decisiones imperativas que la rigen. Pero, ¿cuáles son los elementos que intervienen en ese proceso?; ¿qué relación tienen entre sí?; ¿quiénes toman esas decisiones y con qué atribuciones?; ¿cómo se toman las decisiones imperativas?; ¿qué efectos producen y sobre quiénes? Éstas son, entre otras, las cuestiones que corresponden al estudio de los sistemas políticos y electorales, y en cada caso su respuesta explica o trata de explicar la manera en la que una comunidad específica las ha resuelto o busca resolverlas.
La noción de sistema político se refiere al conjunto de instituciones, organizaciones y procesos políticos que, caracterizados por un cierto grado de interdependencia, rigen y conforman la vida política de una determinada comunidad. En este sentido, el estudio sistémico del fenómeno político en cualquier agrupación supone, entre otras exigencias metodológicas, determinar el ámbito del sistema, es decir, señalar sus límites, y comprender los elementos o las partes que lo integran así como las relaciones recíprocas que guardan entre sí. En otras palabras, determinar si los confines del sistema se identifican, por ejemplo, con los del Estado-nación, que es el caso de nuestro tiempo; o si los elementos que lo integran, también como ejemplo, son una Constitución escrita, un Parlamento y partidos políticos.
Para saber cuál es el sistema político de un país se debe considerar si éste tiene un orden constitucional que garantice derechos y libertades a las personas o si se trata de un régimen autoritario; si siendo un Estado constitucional de derecho su forma de gobierno es presidencial o parlamentaria; si sus procedimientos electorales responden al principio de elección por mayoría o al principio de elección proporcional; si existen pocos o muchos partidos y cuál es la fuerza o la representatividad de cada uno de ellos, entre otros rasgos característicos. Si se responden estas cuestiones, aunque sea en forma básica, se puede decir que se conocen los elementos que conforman un determinado sistema político y las relaciones que dichos elementos guardan entre sí.
A partir del sistema político, y conforme a la metodología sistémica, los sistemas electorales y de partidos pueden ser considerados como subsistemas del primero. Esto significa que si bien su estudio puede tener un mayor o menor grado de autonomía, ésta no es total en la medida en que sus relaciones con el conjunto del sistema político _con los principios constitucionales fundamentales o con la forma de gobierno, por ejemplo_ suponen la existencia de factores externos al subsistema que producen distintos efectos sobre ellos. No obstante esa consideración, es evidente que los sistemas electorales y de partidos constituyen en sí mismos un objeto de estudio.
La noción de sistema electoral tiene dos acepciones: en sentido amplio, como sinónimo de derecho electoral o régimen electoral, es decir, el conjunto de normas, instituciones y procedimientos que regulan la organización de las elecciones, la integración de los órganos de representación popular y, generalmente, a los partidos políticos; y en sentido estricto, como los principios y los métodos utilizados para convertir los votos en escaños, es decir, como el procedimiento técnico de la elección por medio del cual la voluntad de los ciudadanos manifestada en las urnas se traduce en representación política en un Parlamento.
Por su parte, la noción de sistema de partidos se refiere a la forma en la que las organizaciones partidistas interactúan entre sí o, en su caso, a la forma en la que un solo partido actúa dentro de un régimen representativo. En este sentido, se puede hablar de un sistema de partidos competitivo, de un sistema de partido hegemónico, o de un sistema bipartidista o multipartidista, por citar las características más relevantes.
Como se ha señalado, la colección Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos se ocupará de las democracias de nuestro tiempo y, por lo tanto, hará referencia a países organizados bajo un régimen constitucional democrático. ¿Qué significa esto?; ¿qué es el constitucionalismo?; ¿qué formas de gobierno han sido adoptadas dentro del constitucionalismo?; ¿cuáles son los distintos principios electorales para la integración de los órganos de representación popular en las democracias representativas?
Con el propósito de ofrecer los elementos necesarios para la mejor comprensión de cada uno de los sistemas políticos y electorales incluidos en este esfuerzo editorial, a continuación se tratará de dar respuesta en forma breve y sencilla a estos cuestionamientos a través de una serie de definiciones básicas.
El constitucionalismo es el producto político y jurídico del triunfo del pensamiento liberal frente al absolutismo y los autoritarismos. En ese sentido, el constitucionalismo tiene como razón de ser y como fin la limitación del poder público y la garantía de los derechos fundamentales de las personas, a través de la subordinación del poder a la ley. De allí que sus principios más importantes sean la división del poder político, para crear un sistema de controles y contrapesos entre los distintos órganos del Estado, y el control sobre la constitucionalidad de los actos de la autoridad, para garantizar los derechos fundamentales, establecidos en la Constitución, de las personas frente al poder público.
El constitucionalismo democrático es, en consecuencia, un régimen político y jurídico en el que, además de establecer límites al poder público y garantías para los derechos de las personas, los órganos de gobierno deben ser populares, es decir, deben expresar el principio de gobierno del pueblo conforme al significado etimológico de la democracia. Ahora bien, en la medida en que las sociedades modernas, por su dimensión y complejidad, no permiten el ideal clásico del gobierno directo del pueblo, la democracia moderna ha sido representativa, es decir, gobierno del pueblo a través de sus representantes, cuestión que veremos en seguida. Pero, en síntesis, el constitucionalismo democrático puede definirse hoy como un sistema político con división de poderes, garantías individuales y órganos de gobierno de representación popular.
Ahora bien, un régimen constitucional democrático puede adoptar distintas formas o sistemas de gobierno. Los dos más importantes son el presidencial y el parlamentario, y si bien dentro de ellos existen diversas modalidades e incluso un sistema híbrido o mixto que toma elementos de ambos _es el caso del semipresidencialismo francés_, lo cierto es que cada uno tiene elementos característicos, los cuales se pueden resumir en los siguientes términos:
En un sistema presidencial:
El presidente es, a la vez, jefe de Estado y jefe de gobierno.
La elección del presidente es directa o semidirecta (es el caso de Estados Unidos).
El jefe de gobierno y su gabinete no son designados o removidos por el órgano parlamentario sino por el propio presidente.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo están claramente separados.
En un sistema parlamentario:
El jefe de Estado y el jefe de gobierno son personas distintas (en las monarquías parlamentarias, como Gran Bretaña, el rey es el jefe de Estado).
Los miembros del Parlamento son elegidos por el voto popular.
El jefe de gobierno y el gabinete son designados y pueden ser removidos por el Parlamento.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo no están separados; por el contrario, se comparten.
En los dos sistemas hay un proceso de elección popular para la integración de los poderes públicos. Dicha elección se realiza y se convierte en representación política mediante un sistema electoral; cabe recordar, en este punto, que la noción de sistema electoral, en sentido estricto, se refiere a los principios y a los métodos utilizados para convertir los votos en escaños, es decir, para traducir la voluntad ciudadana en representación política. Existen dos grandes sistemas electorales, el de mayoría y el proporcional, cada uno de ellos con diversas modalidades y fórmulas de asignación de escaños, así como un sistema mixto que combina los principios de ambos. En términos generales, dichos sistemas se pueden describir de la siguiente manera:
En los sistemas de mayoría:
Se busca formar una mayoría en los órganos de representación popular que garantice estabilidad y gobernabilidad, aun a riesgo de fomentar sobre o subrepresentación en el Parlamento; por ejemplo, que un partido político obtenga un porcentaje de escaños o curules sensiblemente mayor o menor al porcentaje de la votación que haya obtenido. En este caso se privilegia la gobernabilidad sobre la representatividad.
El ganador de la elección en el ámbito territorial-poblacional donde se realice la elección se queda con toda la representación, es decir, gana todo; por ejemplo, en un distrito electoral se elige a un solo diputado.
Los partidos presentan candidatos individuales y el elector sólo tiene una opción.
En los sistemas proporcionales:
Se busca que los órganos de representación popular sean lo más representativos posible de la voluntad ciudadana, es decir, de los porcentajes de votación obtenidos por cada partido, aun a riesgo de generar una fragmentación en la composición del Parlamento que dificulte la estabilidad y la gobernabilidad; por ejemplo, que un Parlamento, al reflejar con exactitud los porcentajes de la votación obtenidos por los distintos partidos políticos, se fragmente de tal modo que la formación de una mayoría que legisle o integre el gobierno (en el caso de un sistema parlamentario), resulte imposible; en este caso se privilegia la representatividad sobre la gobernabilidad.
Se elige a dos o más representantes en el ámbito territorial-poblacional en el que se realice la elección y, por lo tanto, el triunfo es compartido según los porcentajes de la votación; por ejemplo, de una circunscripción electoral pueden surgir diez diputados.
Las candidaturas de los partidos no son individuales sino que se presentan en listas.
Antes de concluir es importante señalar que el carácter general de los contenidos de esta introducción sirve, como se apuntó, para ofrecer los elementos básicos que permitan una mejor comprensión de los sistemas políticos y electorales específicos que constituyen el objeto de la colección. En cada caso se tratarán en detalle las características y las modalidades de los distintos países considerados.
Australia fue fundada formalmente el 26 de enero de 1788, cuando 1,030 inmigrantes, la mayor parte de ellos prisioneros convictos por delitos comunes, llegaron a lo que hoy es Nueva Gales del Sur. El Reino Unido había pensado en hacer de la enorme isla la cárcel más grande del mundo. En 1823, Nueva Gales del Sur recibió el reconocimiento como "Colonia Imperial" (Crown Colony), mientras que nuevos establecimientos británicos se fundaban en el oeste. A mediados del siglo xix Australia dejó de ser un territorio penitenciario para convertirse en un importante centro de inmigración. Una "tierra de oportunidades" para cientos de miles de europeos. Con el descubrimiento de yacimientos de oro, la inmigración al nuevo continente creció considerablemente. Para 1861 la población se había elevado a casi 1,200,000 personas.
El número de colonias también fue en aumento. Nueva Holanda (más tarde rebautizada como Tasmania) fue fundada en 1825, Australia Occidental en 1838, Australia del Sur en 1842, Victoria se independizó de Nueva Gales del Sur en 1851 y Queensland fue creada en 1859. Para 1890 existían en Australia seis entidades políticas independientes, divididas entre sí por enormes distancias.
Fueron razones económicas y comerciales, sobre todo, las que motivaron la creación de una mayor unión entre los territorios australianos. A la par que crecía la población, crecía también la prosperidad. Ciudades como Sydney, Melbourne, Adelaida y Brisbane se desarrollaban rápidamente. El ferrocarril comenzó lentamente a unir a los grandes centros urbanos del país, lo que facilitaba los intercambios comerciales. Los colonos empezaron a entender que mientras más unidos estuviesen mayor sería la prosperidad, por lo que la idea de fundar una federación inspirada en Estados Unidos parecía cada vez más atractiva para los políticos australianos.
El arribo de inmigrantes no occidentales al país coadyuvó a fortalecer al naciente nacionalismo australiano. Desde la sexta década del siglo pasado, inmigrantes chinos llegaron en un número considerable con el propósito de trabajar en las minas. La presencia de estos "extraños" provocó una especie de "conciencia nacional" en los colonos europeos.
Sin embargo, el factor determinante para la constitución de Australia como nación fue la recesión económica que padeció el país entre 1890 y 1895. La prosperidad que había conocido desde hacía décadas súbitamente se vio amenazada como efecto de una grave crisis financiera ocasionada por movimientos especulativos verificados en la Bolsa de Valores de Londres. Varios bancos se vieron obligados a cerrar sus puertas. Muchas empresas tanto públicas como privadas quebraron, lo que dio lugar al desempleo. Los granjeros sufrieron cuantiosas pérdidas y el valor de la tierra se redujo en casi 50%. La depresión convirtió a los banqueros y financieros australianos en furibundos nacionalistas y las demandas para crear un parlamento federal aumentaron, con la esperanza de que así Australia se viera menos vulnerable a los movimientos económicos verificados en el extranjero.
El panorama se agravó al surgir desórdenes sociales en el país. Una ola de huelgas azotó a las colonias australianas durante el periodo de recesión. El poder y la presencia de los sindicatos crecieron enormemente en el transcurso de los últimos años del siglo xix, dando lugar a la formación de una fuerza política cuya influencia sería de una importancia capital en el futuro inmediato. Capitalistas y trabajadores se encontraban, sin embargo, de acuerdo en que era impostergable la formación de un sistema que fortaleciera los lazos intercoloniales como una medida para consolidar la posición de las instituciones políticas australianas frente al mundo.
En 1891 se redactó una Carta Constitucional, pero no fue sino hasta 1901 que entró en vigor formalmente una Constitución aprobada por el Parlamento británico. Ese mismo año fue creado el Parlamento Federal del Commonwealth de Australia, que pasaría a ser desde entonces un miembro soberano del imperio británico.
Oficialmente, el Commonwealth de Australia es un Estado federal parlamentario (antes una monarquía constitucional parlamentaria y federal). El 1º de enero de 1901 las seis colonias británicas establecidas en Australia decidieron federalizarse. La ley promulgada en Londres por el Parlamento británico que decretó la formación de una Federación también proveyó al país de una nueva Constitución, que se mantiene vigente hasta la fecha y de acuerdo con la cual el gobierno nacional es responsable ante la Cámara baja del Parlamento (Cámara de Representantes), que está conformada por 148 miembros. El término de la legislatura es de tres años, pero existe la posibilidad de disolver a la Cámara anticipadamente. El Senado cuenta con 76 miembros, electos para un periodo de seis años por los ciudadanos mediante un sistema proporcional. El jefe de gobierno es el primer ministro, quien es designado en votación por los miembros de la Cámara de Representantes.
Australia es una Federación compuesta por seis estados (Australia Occidental, Australia del Sur, Nueva Gales del Sur, Queensland, Tasmania y Victoria) y dos territorios (Territorio de la Capital Federal y Territorio del Norte). Cada estado cuenta con su propio Parlamento (bicameral en todos los casos, excepto en Queensland) y su Constitución local. Los territorios son directamente gobernados por la Federación, aunque existe un estatuto especial de autonomía para la capital.
Cualquier enmienda a la Constitución requiere, para entrar en vigor, obtener la aceptación de la mayoría absoluta en cada una de las cámaras legislativas federales, así como la aprobación, vía referéndum, de la mayor parte de la ciudadanía a nivel nacional y por lo menos en cuatro de los seis estados federados.
Técnicamente, el Poder Ejecutivo federal australiano es encabezado por la reina del Reino Unido quien, como sucede en otras naciones de tradición anglosajona como Canadá o Nueva Zelanda, designa a un gobernador general para que la represente en las tareas de gobierno. El gobernador general debe ser australiano de origen y la práctica dicta que la reina nombre a aquel personaje que haya sido recomendado a la Corona por el gobierno de Australia. Como sucede en casi la totalidad de los regímenes monárquicos democráticos contemporáneos, la figura de la Corona es casi meramente protocolaria, y lo mismo sucede, en el caso de Australia, con la de gobernador general, quien pese a que formalmente aún conserva importantes funciones (como, por ejemplo, la designación del primer ministro y su eventual remoción), en la práctica no posee una auténtica influencia política. El gobernador general dura en su cargo un periodo único de cinco años.
En 1975 surgió un fuerte debate cuando, de forma completamente inusual y sorpresiva, el entonces gobernador general John Kerr despidió al primer ministro con el propósito de poner fin a una crisis política, con lo que forzó la celebración de elecciones adelantadas. Esta iniciativa, aunque no violó la Constitución, sí fue en contra del concepto democrático de que un gobernante designado no debe prevalecer sobre un representante electo. La crisis de 1975 abrió la puerta a una encendida polémica que continúa hasta la fecha acerca de la conveniencia de que Australia se convierta en una república totalmente independiente del Reino Unido.
En la práctica, un Consejo Ejecutivo Federal (gabinete), presidido por el primer ministro, quien es a su vez el dirigente del partido con mayoría en el Parlamento, decide sobre la política federal. Todos los ministros deben ser, en su totalidad, miembros de alguna de las cámaras del Parlamento o, en su defecto, ser electos en un plazo de tres meses a partir de su nombramiento.
El primer ministro en Australia es la figura dominante del sistema político, y las particularidades de éste le permiten contar con mayores facultades que muchos jefes de Estado en regímenes presidenciales. En efecto, mucho se ha comentado sobre el excesivo poder con el que cuentan los jefes de gobierno en las naciones parlamentarias de tradición anglosajona gracias, sobre todo, a que casi siempre los partidos en el gobierno cuentan con mayoría absoluta en el Parlamento, y a que las características del sistema electoral y de partidos permiten gobiernos muy homogéneos, es decir, que no requieren de coaliciones para funcionar, o que las coaliciones gobernantes se integran únicamente con dos partidos muy similares ideológicamente entre sí, como lo son, en el caso australiano, los partidos Liberal y Nacional.
En Australia se sigue la tradición anglosajona de que la oposición mantenga un "gobierno en la sombra" en el Parlamento. Es decir, la principal formación opositora designa a un parlamentario por cada ministerio en funciones para que se desempeñe como "ministro en la sombra", con la responsabilidad primordial de efectuar un seguimiento crítico lo más puntual posible de los trabajos de la administración. Como sucede en el Reino Unido, lo usual es que si el partido que está en la oposición llega al gobierno como producto de un triunfo en las urnas, los "ministros en la sombra" pasan automáticamente a hacerse responsables de los ministerios respectivos.
El Poder Legislativo de Australia reside en el Parlamento federal, el cual está integrado por la reina británica, representada en Australia, como se mencionó, por el gobernador general, el Senado y la Cámara de Representantes. Formalmente, el gobernador general tiene la facultad de convocar el inicio de sesiones legislativas cuando lo considere pertinente, así como decretar tanto una prórroga del periodo de sesiones, como la disolución de la Cámara de Representantes para forzar la celebración de elecciones anticipadas, aunque la realidad política impone que todas estas iniciativas deban efectuarse a petición del primer ministro.
El Parlamento australiano es de carácter bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Representantes. El Senado está formado por 76 miembros,12 por cada estado, y desde 1974, 2 por cada territorio. Lo senadores que representan a los estados tienen un mandato de seis años, y los que proceden de los territorios, de tres. Las elecciones para elegir senadores se celebran cada tres años, renovándose la Cámara por mitades. Los senadores son electos directamente por la población de las entidades federativas bajo las normas de un sistema proporcional. Al contrario de la Cámara de Representantes, que puede ser disuelta en cualquier momento por el gobierno, el periodo de los senadores es inamovible.
Según la Constitución australiana, la Cámara de Representantes debe tener aproximadamente el doble de miembros que el Senado. El número de diputados de un estado guarda proporción con su población, pero debe haber al menos cinco por cada estado. El Territorio del Norte tiene un representante y el Territorio de la Capital Federal dos. Actualmente, la Cámara tiene 148 miembros, todos electos para un mandato de tres años.
El Senado tiene la función de ser una cámara revisora, con paridad de importancia legislativa frente a la Cámara de Representantes, pero cuya composición en el número de miembros por estado es paritaria como una garantía de igualdad para todas las entidades federativas.
Los miembros de la Cámara de Representantes son electos mediante "voto preferencial" o "alternativo", que se explica más adelante, en el capítulo referente al sistema electoral del país. Son elegibles todos los australianos mayores de 18 años que no estén purgando condena por haber cometido algún delito. El voto es obligatorio.
El número de diputados por estado en la Cámara de Representantes es el siguiente: Australia del Oeste 14, Australia del Sur 12, Nueva Gales del Sur 50, Queensland 28, Tasmania 5, Victoria 36, Territorio de la Capital Federal 2 y Territorio del Norte 1.
A pesar de que el bicameralismo australiano es prácticamente integral en el sentido de que ambas cámaras tienen el mismo peso en el proceso legislativo, la Cámara de Representantes posee una importancia política relativamente mayor, en virtud de que el gobierno es únicamente responsable ante ésta. El Senado no puede aprobar un voto de censura para hacer dimitir al gobierno, ni es necesaria su aprobación para que una nueva administración logre la investidura de ley y pueda comenzar a funcionar.
Asimismo, aunque no existe ninguna disposición legal que impida la elección de un senador como primer ministro, lo cierto es que siempre el jefe de gobierno ha sido un integrante de la Cámara de Representantes. Cuando en 1968 John Gorton, que era senador, fue designado líder del Partido Liberal, y por lo tanto candidato a primer ministro, decidió renunciar a su escaño para buscar ser electo a la Cámara de Representantes.
El sistema judicial australiano está completamente basado en las prácticas y tradiciones del derecho común (common law) británicas y, de hecho, algunas de las leyes vigentes en el territorio de Australia son idénticas a las aprobadas en el Parlamento británico. La administración de la justicia es, en su mayor parte, responsabilidad de los estados integrantes de la Federación. El sistema judicial local se integra por diversas instancias hasta llegar a las cortes supremas locales. Asimismo, existen cortes de carácter federal que tienen competencia sobre todos los asuntos contemplados en las leyes de carácter nacional.
La máxima instancia judicial del país es el Tribunal Supremo de Australia, formado por un juez supremo y otros seis miembros designados por el gobernador general tras consultas con el gobierno, sin que sea necesaria la ratificación del Parlamento. Este tribunal tiene la facultad de servir como instancia última de apelación sobre todas las resoluciones, condenas y dictámenes emanados tanto de las cortes federales como de las locales. Asimismo, el Tribunal Supremo tiene la responsabilidad de servir como máximo intérprete de la constitucionalidad de las leyes y de los actos del gobierno.
En los últimos años, el Tribunal Supremo ha reforzado significativamente su papel como máximo intérprete constitucional. Varias trascendentales resoluciones han tenido una indeleble repercusión en la evolución del sistema político.
Uno de los asuntos legales de mayor importancia fue el reconocimiento del derecho territorial aborigen. En 1988, las Naciones Unidas publicaron un informe en el que acusaban a Australia de violación de los derechos humanos internacionales por su trato a los aborígenes. En 1992, en un dictamen sobre patrimonio histórico, el Tribunal Supremo reconoció la titularidad de los nativos sobre las tierras antes del primer asentamiento europeo de 1788. La llamada "Decisión Mabo" resolvió que los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres podrían reclamar su titularidad sobre determinados terrenos siempre que pudieran demostrar una relación "estrecha y continuada" con las tierras en cuestión. En 1993, el gobierno promulgó la Ley de Derechos Territoriales Aborígenes, en su empeño por armonizar los dos aspectos del dictamen del tribunal, y estableció un tribunal federal para dar validez a los títulos sobre las tierras existentes y para compensarlos, en caso de que se considerara que las peticiones de los aborígenes habían expirado; a tal efecto, se creó un fondo provisional de cerca de 1,100 millones de dólares.
La mayoría de los estados adoptaron la legislación, con excepción de Australia Occidental, donde los intereses mineros son muy fuertes y donde se estima que hasta un 40% del estado podría verse sometido a esta demanda de titularidad. De hecho, su gobierno estatal legisló la extinción de todo derecho de titularidad y ofreció únicamente algunos "derechos por uso tradicional de la tierra"; Australia Occidental cuestionó además, ante el Tribunal Supremo, la validez de la Ley de Derechos Territoriales Aborígenes. El 16 de marzo de 1995, el Tribunal sentenció que dicha ley era válida y declaró que la oposición legislativa de Australia Occidental era inconstitucional.
Desde su origen, la Federación australiana se inspiró considerablemente en el modelo estadounidense, aunque compartiendo con Canadá la característica de combinar el sistema federativo con un régimen de tipo parlamentario. Los seis estados federales (Australia del Oeste, Australia del Sur, Nuevo Gales del Sur, Queensland, Tasmania y Victoria) mantuvieron vigentes sus constituciones locales y el derecho de reformarlas cuando lo considerasen conveniente, conservaron sus respectivos parlamentos y se reservaron para sí una serie de importantes facultades. De hecho, en un principio los poderes del gobierno federal eran sumamente restringidos, limitándose al ámbito de la política exterior, al mantenimiento de un ejército exclusivo común, a la regulación bancaria y de seguros, a la conciliación y arbitraje de disputas industriales que afectaran a más de uno de los estados y a todo lo referente al control de la inmigración y el otorgamiento de la ciudadanía.
El federalismo en Australia no obedece, como en otros casos, a factores culturales, étnicos, sociales o religiosos para definir las fronteras y el carácter de los estados y territorios que la componen. Se trata de ocho unidades administrativo-políticas cuya existencia fue dictada únicamente por la necesidad de dotar al país de un sistema funcional de gobierno en atención a la enorme geografía australiana. La "dictadura de la distancia" definió el carácter federal del Estado en una nación que, por su extensión, prácticamente es un continente.
Al terminar la Segunda Guerra Mundial hubo una relativa centralización del poder en Australia. Fue a partir de entonces que la Federación ordenó un impuesto al ingreso uniforme para todo el país y que se establecieron políticas generales en los campos económico, político y administrativo. Sin embargo, las facultades de los estados siguen siendo importantes. Son los parlamentos locales los que legislan sobre materia civil y penal, regulan sobre la producción agrícola e industrial y sobre la distribución de bienes al interior de los límites estatales, tienen plena autonomía para el control de los bienes del estado (agua, tierras, energía, transporte, etc.), deciden sobre las políticas educativas a seguir, y de ellos depende la resolución de la mayor parte de los problemas urbanos. En Australia se sigue el principio de que todo lo no expresamente señalado en la Constitución como facultades de la Federación cae dentro de la competencia de los estados.
A la Federación australiana también pertenecen dos territorios: el Territorio del Norte y el Territorio de la Capital de Australia, donde se encuentra la ciudad de Canberra. El gobierno de estos dos territorios ha sido tradicionalmente ejercido directamente por las autoridades federales, aunque ambos han ganado grados considerables de autonomía en los últimos años.
En 1900, al nacer el sistema federal australiano, los estados decidieron escoger un "territorio neutral", tal y como lo habían hecho en el pasado Estados Unidos y Canadá, para que ahí se estableciera la capital del país. La decisión recayó sobre Canberra, ciudad que se encuentra entre los dos principales centros urbanos de Australia: Sidney y Melbourne. En Canberra y su área circundante aproximadamente 2,500 hectáreas se fundó el Territorio de la Capital Australiana (Australian Capital Territory, act) para que de esta forma la sede de los poderes federales recayera directamente en la autoridad central. Sin embargo, con el tiempo el act ha logrado que se le reconozcan grados importantes de autonomía.
Al principio Canberra era gobernada como un departamento plenamente dependiente del Parlamento federal, pero al poco tiempo fue creado un "concejo consultivo" electo por los ciudadanos para que los representara frente al gobierno, y más tarde entró en funcionamiento una asamblea legislativa local. Este organismo tenía facultades bastante limitadas, ya que toda la legislación aprobada en su seno tenía que pasar a la revisión del gobierno federal, que seguía manteniendo el control de la administración capitalina en una proporción considerable.
En 1988 el Parlamento australiano promulgó la Ley de Autogobierno para el Territorio de la Capital Australiana (Australian Capital Territory Self Government act), en virtud de la cual los habitantes de la capital recuperaban autonomía, aunque cedían a la Federación derechos importantes en lo que se refiere al sistema de gobierno de la ciudad.
No es nueva la aspiración de muchos australianos de fundar en su país una república completamente independiente. Ésta ha sido una demanda del Partido Laborista desde hace muchos años, así como de algunos grupos dentro del Partido Liberal y de varios sectores sociales. Sin embargo, fue hasta 1993, en ocasión de la campaña rumbo a los comicios generales de ese año, que se tomaron medidas concretas para la creación de la república. Ese año, el entonces primer ministro Paul Keating anunció tras gira al Reino Unido que antes de terminar el siglo xx se celebraría en Australia un referéndum para decidir sobre la fundación de una república que comenzaría a funcionar hacia enero del 2001, año en el que se cumple el centenario de la Federación australiana.
Según los planes del gobierno laborista, el Parlamento federal elegiría a un presidente a propuesta del primer ministro y con una mayoría necesaria de dos tercios del total de legisladores, esto es, del total de senadores y representantes reunidos en sesión plenaria. El mandato presidencial duraría cinco años sin posibilidad de reelección y el nuevo jefe de Estado asumiría todas las funciones que ejerce ahora el gobernador general. El gobierno liberal-nacional que sucedió a la administración de Keating en 1996 decidió mantener la idea de celebrar el referéndum, el cual deberá realizarse en una fecha, aún sin precisar, durante el segundo semestre de 1999.
Para que la república sea instituida se necesitará el voto aprobatorio de la mayor parte del electorado a nivel nacional y de, por lo menos, cuatro de los seis estados. Según todos los sondeos, la opción republicana saldrá triunfadora por amplia mayoría. De ser así, únicamente faltaría saber cuándo sería formalmente inaugurada la nueva república. Los laboristas son de la opinión de que se instituya cuanto antes, con el objeto de que sea el nuevo presidente australiano quien dé inicio a los Juegos Olímpicos del año 2000 a celebrarse en Sydney, pero los liberales proponen no ser tan apresurados.
Todos los miembros de la Cámara de Representantes son electos mediante el sistema de voto "preferencial" o "alternativo". Australia está dividida, para efectos electorales, en 148 distritos, cada uno de los cuales envía a la Cámara baja un solo representante. Los electores marcan en las boletas electorales un orden de preferencia, señalando en primer lugar el nombre de su candidato favorito. El comportamiento lógico del ciudadano sería colocar en segundo término al candidato del partido ideológicamente más afín al primer lugar, y colocar en los últimos lugares a los candidatos más distantes a sus convicciones personales. Si un candidato obtiene por lo menos el 50% de los votos, es elegido al Parlamento automáticamente, pero en caso contrario se procede a efectuar una revisión de los segundos votos, eliminando primero los primeros votos del aspirante peor colocado, y así sucesivamente hasta que un candidato obtenga la mayoría absoluta. En cierta forma, se trata de una especie de elección uninominal a dos vueltas, sólo que el elector define sus votos y preferencias en una sola asistencia a las urnas.
Como sucede en todos los mecanismos uninominales, el sistema de voto preferencial produce una notoria sobrerrepresentación de los partidos grandes que tienen una importante presencia a nivel nacional, pero si bien es cierto que en Australia este mecanismo ha inhibido la aparición de fuerzas políticas de tamaño medio y pequeño que cuenten con alguna presencia en la escala federal, también lo es que ha favorecido el mantenimiento del Partido Nacional como una fuerza con influencia en el Parlamento.
Actualmente, el sistema de voto preferencial está siendo seriamente considerado para ser adoptado en el Reino Unido. El denominado Informe Jenkins para la reforma electoral, presentado a finales de 1998, llegó a la conclusión de que el método preferencial era la mejor opción para sustituir en el Reino Unido al uninominalismo de mayoría relativa que ha estado vigente en este país desde la formación de su sistema político. La propuesta de la Comisión Jenkins consiste en que el 80% de los representantes al Parlamento sean electos mediante la fórmula de voto preferencial, y que el 20% restante salga de una repartición muy parecida a lo que en México conocimos como "diputados de partido". Esta propuesta será, seguramente, sometida a referéndum en los próximos meses.
También en Canadá se escuchan las voces de quienes pretenden sustituir al uninominalismo por el sistema preferencial, e incluso en Nueva Zelanda, nación que adoptó no hace mucho un mecanismo electoral mixto sin mucho éxito, empieza un debate para promulgar una nueva reforma electoral que implante la fórmula vigente en la vecina Australia.
Por otra parte, al sistema preferencial no le han faltado críticos. A muchos analistas les preocupa que partidos con una relativa buena presencia frente al electorado, como es el caso del Partido de Demócratas Australianos, no cuenten con una representación parlamentaria que refleje mejor sus resultados en las urnas. Tras las elecciones de 1998, muchos criticaron al sistema preferencial en virtud de que el Partido Laborista obtuvo poco más del 40% de las primeras preferencias en las elecciones, pero únicamente consiguió 64 escaños (43% del total), mientras que sus rivales de la coalición Liberal/Nacional no llegaron al 40% de los votos, es decir, obtuvieron menos que el Partido Laborista y, sin embargo, lograron 80 escaños (55% del total), por lo que gobernarán al país durante tres años más.
Muy de acuerdo con la tradición anglosajona, hasta 1977 las leyes australianas no contenían absolutamente ninguna regulación ni disposición que afectara a los partidos políticos, hasta que en ese año se estableció que cualquier eventual vacante en el Senado debía ser cubierta por un miembro del mismo partido. Hasta la fecha, la vida de los partidos continúa muy mal regulada, aunque se han tomado diversas iniciativas, algunas superficiales, para controlar el financiamiento privado de las campañas electorales.
Durante casi la totalidad del siglo xix, los partidos australianos fueron organizaciones con actividad casi exclusivamente parlamentaria, hasta que hacia finales de la centuria surgió el Partido Laborista de Australia (pla), organización de masas inspirada en el laborismo británico. El rápido crecimiento del pla obligó a los partidos "burgueses" a unirse y a afinar su constitución. En 1910, los principales grupos antilaboristas formaron el Partido Liberal (pl). Más tarde, en 1922, intereses agrícolas fundaron el Partido Agrario (hoy Partido Nacional de Australia), que desde su origen ha visto con recelo las políticas "socializantes" de los laboristas. En 1945, el Partido Agrario se alió con el Parido Liberal en sempiterna unión contra el laborismo. Desde entonces, la alianza liberal-nacional funciona en la práctica como un solo partido, tanto en la oposición como cuando les toca encabezar el gobierno. Es por eso que Australia presenta un esquema casi bipartidista, con el laborismo a la centro izquierda del espectro político y la coalición liberal-nacional a la centro derecha.
Los partidos australianos poseen estructuras muy similares como organizaciones de masas, que aunque otorgan gran capacidad de autogobierno a las instancias estatales, en lo que concierne a la política nacional funcionan de manera vertical y centralizada, imponiendo una estricta disciplina de voto a sus parlamentarios en cada una de las cámaras legislativas.
La Primera Guerra Mundial fue determinante en la construcción de una identidad nacional australiana. La joven Federación envió a las tropas aliadas 330,000 voluntarios que tomaron parte en algunas de las batallas más sangrientas, tales como en Gallipoli y en Marne. Más de 60,000 australianos murieron y unos 167,000 resultaron heridos. En la campaña de Gallipoli, las divisiones militares de Australia y Nueva Zelanda intentaron sin éxito lanzar una ofensiva sobre las fuerzas turcas en el Estrecho de los Dardanelos. La fecha de tan infausta operación militar, el 25 de abril de 1915, se identifica hasta la actualidad, en la práctica, como el día de la fiesta nacional australiana.
En 1915, William Morris Hughes fue electo líder del Partido Laborista y poco más tarde se convirtió en primer ministro. Hughes permaneció en el poder formando un gobierno "nacional" con la participación de los liberales, el cual estuvo representado en la Conferencia de Paz de París de 1919, donde Australia obtuvo de los alemanes Nueva Guinea, e hizo ingresar al país a la Sociedad de Naciones. Económicamente, la Primera Guerra Mundial benefició mucho a Australia, sobre todo a sus industrias textiles, de vehículos, y de hierro y acero.
En 1919 varios dirigentes conservadores y grupos de derecha inconformes con el liderazgo del Partido Liberal, el cual se escindió, formaron una Coalición Nacionalista que llevó al vizconde Stanley Melbourne Bruce a la jefatura del gobierno, pero su administración fue abatida por las tremendas consecuencias de la quiebra de la Bolsa de Valores de 1929. Los laboristas volvieron al poder, pero la recuperación de la depresión fue desigual. Australia se había guiado por sus lazos de unión culturales y políticos con Gran Bretaña. Sin embargo, en la década de 1920, Japón y Estados Unidos se encontraban entre sus mejores clientes en el mercado de la lana. En contra de sus propios intereses, motivada en parte por el miedo de perder su alianza con el Reino Unido, Australia buscó restablecer el comercio británico a costa de sus relaciones con Japón.
Cuando la guerra llegó a Europa en 1939, Australia envió a sus fuerzas armadas para apoyar la defensa de Gran Bretaña. Una vez que, en 1941, estalló la guerra en el Pacífico entre Japón y Estados Unidos, y Gran Bretaña no fue capaz de proporcionar ayuda para la defensa de Australia, el nuevo gobierno laborista de John Joseph Curtin buscó la alianza con Estados Unidos. Hasta la liberación de Filipinas, el general estadounidense Douglas MacArthur y su equipo utilizaron a Australia como base de operaciones.
Curtin murió en 1945. El nuevo gobierno laborista, al mando de Joseph Benedict Chifley, reforzó las relaciones con Estados Unidos mediante el pacto anzus de defensa y asistencia recíproca, en el que también participó Nueva Zelanda. Asimismo, Australia se comprometió con las Naciones Unidas a impulsar la descolonización de sus posesiones en el Pacífico Sur, incluyendo la eventual independencia de Papúa-Nueva Guinea la cual, sin embargo, no se concretó sino hasta 1975.
Los laboristas practicaban una política muy parecida a la que a la sazón aplicaban sus colegas británicos en el Reino Unido: estricto control estatal de la economía y expansión del Estado de bienestar.
En 1949 terminó lo que había sido un largo predominio político del Partido Laborista y comenzó una extendida etapa de preeminencia liberal-agraria cuando resultó electo el carismático y hábil político Robert Gordon Menzies, quien había logrado unificar a las fuerzas antilaboristas en un nuevo Partido Liberal. Menzies se mantuvo en el cargo ininterrumpidamente hasta 1966, lapso en el que otorgó a Australia una dirección centralizada y personal. Fueron años de crecimiento económico sostenido y acelerado.
La alianza de Australia con Estados Unidos era cada vez más estrecha y siguió, en política externa, las pautas marcadas por Washington, cobrando un claro cariz anticomunista. Contingentes australianos pelearon en la Guerra de Corea. Mucho más polémica fue la participación de Australia en la Guerra de Vietnam, la cual provocó disturbios y manifestaciones pacifistas en las principales ciudades del país. Australia también se integró a la Organización del Tratado del Sureste Asiático (seato por sus siglas en inglés) desde 1945 hasta su disolución en 1977.
Hacia mediados de los años sesenta, la política de "exclusivismo blanco" que privaba en los criterios inmigracionistas australianos empezó a declinar, hasta que en 1973 fue, finalmente, desechada. Desde entonces, las disposiciones para la entrada de inmigrantes siguen criterios ajenos a la condición racial.
Desde 1966 hasta 1972, el Partido Liberal mantuvo en el poder a varios primeros ministros. Si bien el desarrollo económico continuaba a un ritmo galopante, ya empezaban a avizorarse en el horizonte algunas dificultades. En 1972 el Partido Laborista, dirigido por Gough Whitlam, recuperó el poder. Su administración fue extremadamente activa, aunque no siempre eficiente. Whitlam se propuso impulsar la identidad nacional australiana y propugnó por que el país asumiera su situación geográfica y estrechara sus nexos económicos, políticos y culturales con la región de Asia-Pacífico, que conocía un periodo de incontenible crecimiento económico, y abandonara el mito británico. Asimismo, fomentó el crecimiento de los presupuestos sociales y de la intervención estatal de la economía, en una época en la que la recesión internacional causada por las alzas en el precio del petróleo azotaba a los países industrializados.
Los innecesarios antagonismos provocados por algunos aspectos de las políticas del gobierno laborista, así como el empeoramiento de la situación económica, provocaron que en 1975 el gobernador general, contra toda práctica política, hiciera uso de sus facultades constitucionales y pidiera la dimisión de Whitlam. Esta iniciativa provocó un enconado debate constitucional en el país que aún hoy tiene repercusiones. Al celebrarse elecciones adelantadas ese mismo año, la unión de liberales y nacional-agrarios regresó al poder, ahora bajo el mandato de John Malcolm Fraser, quien restableció las políticas interna y externa que habían seguido los anteriores gobiernos del Partido Liberal.
Fraser se mantuvo como primer ministro hasta 1983 sin pena ni gloria. Mientras su anodina administración encabezaba al país, un nuevo líder popular, imaginativo y enérgico, arribaba al liderazgo laborista: Robert Hawke. En las elecciones de marzo de ese año Fraser sufrió una dura derrota a manos de Hawke, quien dio inicio a un prolongado periodo de gobiernos laboristas. El pla retuvo la mayoría en las elecciones de diciembre de 1984, julio de 1987 y marzo de 1990. Hawke tuvo el mérito de recorrer hacia el centro al laborismo, logrando que el partido fuera menos dependiente del estatismo y, en buena medida, su gobierno abrazó el neoliberalismo en boga.
En diciembre de 1991, Australia estaba nuevamente en plena etapa recesiva. La popularidad de Hawke inició un acelerado descenso, al grado de que fue destituido. Para relevarlo, los laboristas designaron al eficaz ex ministro del Tesoro, Paul Keating. El nuevo jefe de gobierno, quien de inmediato empezó a trabajar para tratar de controlar la grave situación de la economía, era visto como la última esperanza de los laboristas para evitar la derrota en las elecciones de 1993. Sin embargo, durante 1992 la recesión continuó dominando el panorama, reportándose un elevado nivel de desempleo mayor a los diez puntos porcentuales. La baja popularidad del gobierno no pudo ser revertida. Todas las encuestas reflejaban claras ventajas para la coalición liberal-nacional y para su candidato, el dirigente del pl, John Howard. Además, los laboristas sufrieron graves derrotas en la mayor parte de los comicios estatales celebrados durante 1992.
Sin embargo, a inicios de 1993 aparecieron de manera convincente síntomas de que se estaba iniciando la recuperación económica. Por otra parte, pese a la escasa popularidad del gobierno, el primer ministro Keating gozaba de una buena posición personal frente al electorado, que lo consideraba un funcionario carismático y eficaz. En febrero de 1993 el Partido Laborista fue derrotado en los comicios locales del estado de Australia Occidental por un margen mucho más estrecho que el esperado, lo que animó a Keating a tomar la arriesgada decisión de anticipar los comicios generales.
La campaña electoral estuvo fuertemente personalizada, lo que sin duda favoreció a Keating, una figura de mayor estatura política que su rival, John Howard. El primer ministro tuvo éxito en su tarea de convencer al electorado de que la recuperación estaba en marcha y de que "cambiar de caballo a mitad del río" podría ser un error. Por su lado, Howard nunca fue capaz de establecer razones lo suficientemente poderosas que demostraran la superioridad del programa de gobierno liberal sobre el laborista.
En los debates televisados, Keating derrotó ampliamente a su rival, mostrándose en todo momento como un estadista que enfrentaría en las urnas a un parlamentario inexperto. Asimismo, el jefe de gobierno lanzó durante la campaña iniciativas innovadoras sobre el futuro de Australia, entre ellas la propuesta de celebrar un referéndum para decidir si el país debía seguir como una monarquía bajo la Corona británica o si se debía instaurar una república. Los laboristas comenzaron a recuperar terreno en las encuestas celebradas durante las semanas previas a la elección, mientras que Howard recurría a estrategias francamente irrisorias, como la de presentarse públicamente manipulando un saxofón (instrumento que el líder de la oposición australiana no sabe tocar) en un intento por parecerse a Bill Clinton.
Reelecto como primer ministro, Keating inició un definitivo declive. La economía siguió enfrentando dificultades, sobre todo en lo concerniente a la situación de las finanzas públicas. El electorado empezó a desilusionarse por las promesas incumplidas de Keating y la popularidad del primer ministro volvió a caer al abismo. En 1996, por fin el poco carismático Howard arribó al poder, poniendo fin a 13 años continuos de gobiernos laboristas, al resultar triunfadora la coalición liberal-nacional en los comicios generales por un amplio margen.
Para principios de 1998 se hacía evidente la necesidad de una reforma fiscal a fondo que coadyuvara a sanear las finanzas públicas. El tema de los impuestos había estado presente en todas las campañas electorales desde 1990, pero ningún partido se atrevía a proponer, y menos a aplicar, una acción a fondo que, necesariamente, implicaría un aumento en las contribuciones. Al mismo tiempo, resurgía en Australia una corriente xenofóbica, el Partido Una Nación, dirigido por Pauline Hanson, quien demandaba frenar de inmediato la inmigración asiática.
Reforma fiscal y racismo obligaron a Howard a adelantar las elecciones para octubre de 1998. La alianza liberal-nacional presentó un atrevido programa electoral en el que se contemplaba la necesidad de establecer un nuevo impuesto que gravaría en 10% a prácticamente todos los bienes y servicios. Los laboristas, ahora lidereados por Kim Beazley, proponían aumentar impuestos únicamente a los ricos e incrementar las cargas sólo a los artículos de lujo.
La de 1998 ha sido la elección más reñida en la historia de Australia. A pesar de haber conseguido una proporción ligeramente mayor de las primeras preferencias, los laboristas fueron derrotados a causa de los efectos del sistema electoral uninominal vigente en Australia, el cual también impidió que los racistas de Una Nación consiguieran por lo menos un escaño en la Cámara de Representantes a pesar de haber obtenido el 8% de las primeras preferencias a nivel nacional.
1. Principales partidos políticos
En 1945, un grupo de destacados políticos australianos, encabezados por el estadista Robert Menzies, refundaron el Partido Liberal con el propósito de concentrar en una sola organización política a todas las principales fuerzas antilaboristas del país. Se trataba de la cuarta versión del Partido Liberal (la primera fue establecida en 1910). El nuevo liberalismo se diferenciaba de sus antecesores por tener un carácter considerablemente menos derechista, en virtud de que fue formado, en buena medida, por grupos moderados que abandonaron el Partido Laborista. El carismático Robert Menzies fue capaz de articular un partido de masas unido y coherente.
Cuatro años después de la refundación liberal, Menzies logró triunfar en los comicios generales, dando principio a una larga etapa de dominio liberal, que gobernaría al país ininterrumpidamente durante los 23 años siguientes, tiempo en el que el pl se preocupó por establecer una firme alianza política y militar con Estados Unidos y por reforzar políticas favorables al libre mercado. Menzies ocupó la jefatura de gobierno de 1949 a 1966. Poco tiempo después del retiro de su fundador, el Partido Liberal padeció una grave crisis interna, la cual provocó una victoria laborista en los comicios de 1972. Dueños de una estructura interna sumamente laxa, que permite a las instancias estatales grados considerables de autonomía, los liberales tardaron en encontrar a un líder lo suficientemente carismático como para unir al partido y llevarlo nuevamente a asumir la responsabilidad gubernamental. Derrotados nuevamente por los laboristas en los comicios generales de 1983, los liberales se mantuvieron en la oposición hasta 1996, año en que, por fin, lograron aprovechar la falta de popularidad del gobierno laborista en turno y recuperar el poder. El actual primer ministro es el liberal John Howard, político con escaso carisma que, sin embargo, logró la reelección en 1998.
El Partido Liberal es una organización que favorece el libre mercado y, por ello, muy popular entre los círculos empresariales del país. También es considerable su presencia entre las clases medias, la población protestante, los profesionistas y las mujeres. Regionalmente, sus bastiones tradicionales se encuentran principalmente en los estados de Victoria, Australia del Oeste y Australia del Sur.
1.2. Partido Laborista Australiano (pla)
Fundado en 1890 por los principales sindicatos australianos con el propósito de que la clase obrera contara con una eficaz representación parlamentaria, el pla fue el primer partido laborista en el mundo en conformar un gobierno al encabezar, en 1904, una administración minoritaria por espacio de cuatro meses en el estado de Queensland. Tras la Segunda Guerra Mundial, los laboristas australianos debieron enfrentar por décadas un agudo divisionismo interno, que en ocasiones provocó graves escisiones, las cuales debilitaron considerablemente al partido. Dicho divisionismo mantuvo al laborismo alejado del poder a nivel federal hasta la década de los ochenta. En 1983, dirigido por el carismático Bob Hawke, el pla logró una clara victoria electoral, lo que le permitió volver a encabezar el gobierno.
Hawke pertenecía al ala más moderada del laborismo y como primer ministro procuró gobernar alejándose lo más posible de los aspectos más socializantes de su partido. La administración Hawke fue sumamente exitosa. El jefe de gobierno mantuvo durante años su aceptación frente al electorado, como lo prueban las victorias laboristas en las elecciones generales de 1987 y 1990. Sin embargo, la grave recesión económica registrada en Australia en los últimos años de la década de los ochenta dio lugar a que Hawke se convirtiera en un político sumamente impopular, hasta el grado de que, a finales de 1991, el jefe de gobierno fue destituido como dirigente del pla al ser derrotado en la contienda partidista interna por el liderazgo de Paul Keating, ex secretario del Tesoro. Con la guía del dueto Hawke-Keating, el Partido Laborista se ha mantenido como una organización reformista, pero con perfiles de un claro pragmatismo que le han permitido aparecer como una institución pluriclasista atenta a los reclamos de la sociedad en su conjunto, y ya no únicamente como el portavoz de los trabajadores sindicalizados.
Aunque el Partido Laborista aún depende en buena medida del apoyo de los sindicatos y sus afiliados, los esfuerzos por convertirlo en una organización socialdemócrata moderna han sido bastante fructíferos. El laborismo ha ganado en los últimos años popularidad entre las clases medias. Asimismo, sigue siendo muy atractivo en las grandes zonas urbanas y entre los universitarios, intelectuales, funcionarios públicos y desempleados. Sus bastiones electorales se encuentran, primordialmente, en los estados de Nueva Gales del Sur y Queensland.
Este partido es, sobre todo, representante de los intereses del sector rural. Fundado a principios de los años veinte como el Partido Agrario, el pn ha mantenido desde entonces su representación en el Parlamento, pese a contar en promedio con menos del 10% de los votos, gracias a que su fuerza está concentrada en las circunscripciones rurales, y es auxiliado por el sistema de voto preferencial. El Partido Nacional, nombrado oficialmente así desde 1983, mantiene desde el fin de la Segunda Guerra Mundial una poderosa alianza con el Partido Liberal. Ambas organizaciones actúan coordinadamente en el Parlamento y postulan a un candidato único a la jefatura de gobierno en los comicios generales.
El Partido Nacional es poderoso en las regiones rurales de Nueva Gales del Sur, Australia del Oeste y Queensland. Sus políticas están casi netamente centradas en los problemas agrícolas, y poseen un tinte claramente proteccionista. El pn defiende la intervención estatal para proveer de servicios a las áreas rurales, coordinar la comercialización de los productos del campo y establecer un sistema de subsidios. Al ser su participación clave para la formación de gobiernos a nivel nacional, el pn ha sido capaz de conseguir substanciosas concesiones por parte de los liberales, a pesar de que su carácter proteccionista no está muy acorde con los postulados del pl en favor del libre mercado.
1.4. Demócratas Australianos (da)
En 1977, un significativo grupo lidereado por el ex ministro Don Chipp abandonó al Partido Liberal para formar un nuevo partido, que adoptó el nombre de Demócratas Australianos. La nueva formación tenía la esperanza de atraer a un importante sector del electorado centrista que estaba inconforme tanto con los liberales como con los laboristas. A pesar de que la organización Demócratas Australianos ha sido capaz de conseguir sistemáticamente entre el 6% y el 10% de la votación en las elecciones generales, su presencia en la Cámara de Representantes ha sido casi nula desde su fundación, a causa del sistema uninominal vigente. Sin embargo, su presencia en el Senado, en cuya conformación se utiliza un método proporcional, ha tenido mayor trascendencia y, de hecho, en ocasiones ha servido como fiel de la balanza entre laboristas y liberales.
Partido popular entre las clases medias y en las grandes zonas urbanas, da se ha distinguido en los últimos años por asumir posiciones proambientalistas, en favor de la defensa de los derechos aborígenes y de una política inmigracionista abierta. En política exterior se ha manifestado abiertamente pacifista. En lo que concierne a los temas económicos, sus enfoques son liberales. da se opone a la instrumentación de una reforma fiscal que implique mayores impuestos para las clases medias.
Una nueva formación política de tendencias xenófobas ha creado una enorme polémica en Australia. Fundado por Pauline Hanson en abril de 1997, el Partido Una Nación pretende reivindicar la herencia británica en Australia y se opone terminantemente al reconocimiento de los derechos aborígenes, al estrechamiento de los nexos de Australia con las naciones asiáticas y a la inmigración no europea.
Hanson fue expulsada del Partido Liberal en 1996 por sus opiniones abiertamente racistas, y ese mismo año resultó electa como candidata independiente a la Cámara de Representantes. Una Nación provocó alarma al ganar algunos escaños en elecciones para parlamentos locales, y se pensaba que podría ingresar al Parlamento federal en los comicios de 1998, lo que no ocurrió, e incluso la propia Hanson no pudo ganar su reelección. Pero a pesar del fracaso electoral de Una Nación, la presencia de este partido reavivó el debate cultural en Australia.
Geografía
Área |
7,682,300 km2 (rango mundial 6° lugar). |
Capital |
Canberra (300,000 habitantes). |
Otras ciudades importantes |
Sydney (3,772,700), Melbourne (3,218,100), Brisbane (1,489,100), Perth (1,262,600), Adelaide (1,081,000), Newcastle (466,000). |
División política |
Australia está dividida en 6 estados (Australia del Oeste, Australia del Sur, Nuevo Gales del Sur, Queensland, Tasmania y Victoria) y dos territorios (Territorio de la Capital Federal y Territorio del Norte). |
Demografía y sociedad
Población (1997) |
18,508,000 (rango mundial 51° lugar). |
Densidad |
2.4 habitantes por km2. |
Población urbana |
85%. |
Población rural |
15%. |
Distribución demográfica por sexo |
hombres 49.5%, mujeres 50.5%. |
Distribución demográfica por edades |
menos de 15 años 21.6%; 15-29 14.5%; 30-44 25.5%; 45-59 17.7%; 60-74 11%; y más de 74 5.3%. |
Tasa anual de natalidad |
14.1 nacimientos por cada 1,000 habitantes. |
Tasa anual de mortalidad |
6.9 defunciones por cada 1,000 habitantes. |
Esperanza de vida |
hombres 75.4 años; mujeres 81.1 años. |
Índice de fecundidad |
1.82 hijos por mujer. |
Proyección demográfica |
año 2000 19,058,000; año 2010 20,830,000. |
Población de origen extranjero |
26.1% (británicos 6.3%, otros europeos 6.1%, asiáticos 5.6%, neozelandeses 1.6%, otros 6.5%). |
Religión |
católica (27.3%), anglicana (23.8%), otras afiliaciones protestantes (20.1%), ortodoxa (2.8%), musulmana (0.9%), judía (1.2%), no religiosos (12.9%). |
Idioma oficial |
inglés. |
Número de habitantes por médico |
438. |
Economía
Moneda |
dólar australiano (A$) = 100 centavos. |
Producto Nacional Bruto (pnb) per cápita (1996) |
20,090 dólares americanos. |
Inflación (1996) |
1.3%. |
Desempleo (1996) |
8.7%. |
Población económicamente activa |
9,066,400 personas. |
Actividad de la población económicamente activa por sectores |
agricultura 4.7%,industria 35.2%,servicios 60.1%. |
pnb (1996) |
337,909 millones de dólares americanos. |
Crecimiento anual del Producto Interno Bruto (pib) (1996) |
1.2%. |
Balanza comercial (1996) |
exportaciones 76,000 millones de dólares australianos; importaciones 77,819 millones de dólares australianos. |
Principales socios comerciales (1996) |
exportaciones Japón 21.6%; Corea del Sur 8.7%; Nueva Zelanda 7.4%; Estados Unidos 6.0%; China 5.0%; Singapur 4.7%; Taiwán 4.5%; Hong Kong 4.0%. importaciones Estados Unidos 22.6%; Japón 13.9%; Reino Unido 6.3%; Alemania 6.2%; China 5.1%. |
Instituciones políticas
Forma de gobierno |
Australia es un Estado Federal Parlamentario. |
Fecha de promulgación de la Constitución vigente |
1901. |
Fiesta nacional |
1 de enero, Día de la Independencia. |
Fuerzas armadas (1992) |
Total de efectivos 57,400 (ejército de tierra 44.3%,marina 24.9%, fuerza aérea 30.8%). |
Gastos militares como total del pnb |
2.5%. |
Principales organismos internacionales en los que participa |
onu, apec, omc, fmi y Comunidad Británica de Naciones. |
Principales partidos políticos |
Partido Laborista Australiano (pla), Partido Liberal (pl), Partido Nacional (pn). |
Primeros Ministros de Australia desde 1945
Joseph B. Chifley (laborista) 1945-1949
Robert Menzies (liberal) 1949-1966
Harold Holt (liberal) 1966-1967
John McEwen (liberal) 1967-1968
John Gorton (liberal) 1968-1971
William McMahon (liberal) 1971-1972
Gough Whitlam (laborista) 1972-1975
Malcolm Fraser (liberal) 1975-1983
Robert Hawke (laborista) 1983-1991
Paul Keating (laborista) 1991-1996
John Howard (liberal) 1996-
Cronología electoral de Australia desde 1946 (elecciones para renovar a la Cámara de Representantes)
1946 28 de septiembre: Triunfo laborista.
1949 10 de diciembre: Triunfo liberal-nacional.
1951 28 de abril: Triunfo liberal-nacional.
1954 29 de mayo: Triunfo liberal-nacional.
1955 10 de diciembre: Triunfo liberal-nacional.
1958 22 de noviembre: Triunfo liberal-nacional.
1961 9 de diciembre: Triunfo liberal-nacional.
1963 30 de noviembre: Triunfo liberal-nacional.
1966 26 de noviembre: Triunfo liberal-nacional.
1969 25 de octubre: Triunfo liberal-nacional.
1972 2 de diciembre: Triunfo laborista.
1974 18 de mayo: Triunfo laborista.
1975 13 de diciembre: Triunfo liberal-nacional.
1977 10 de diciembre: Triunfo liberal-nacional.
1980 18 de octubre: Triunfo liberal-nacional.
1983 5 de marzo: Triunfo laborista.
1984 1de diciembre: Triunfo laborista.
1987 11 de julio: Triunfo laborista.
1990 24 de marzo: Triunfo laborista.
1993 13 de marzo: Triunfo laborista.
1996 2 de marzo: Triunfo liberal-nacional.
1998 3 de octubre: Triunfo liberal-nacional.
Aitkin, Don y Brian Jinks, Australian Political Institutons, Pitnam, Melbourne, 1980.
Byrt, William J. y Frank Crean, Government and Politics in Australia, MacGraw Hill Book Company, Sydney, 1992.
Dummett, Michael, Principles of Electoral Reform, Oxford University Press, Oxford, 1997.
Emy, Hugh V., The Politics of Australian Democracy, MacMillan, Melbourne, 1988.
Hawker, Geoffrey, Ronald Smith y Patrick Weller, Politics and Policy in Australia, University of Queensland Press, Queensland, 1979.
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