México D.F., a 9 de juni de 2014.
Versión estenográfica del mensaje emitido por el presidente de la Comisión de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral, Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón, durante la conferencia de prensa ofrecida por los integrantes de la comisión, a diversos medio de comunicación, en el lobby del Instituto
El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma constitucional en materia político electoral y el 23 de mayo las leyes reglamentarias. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) incluyó un artículo transitorio, el décimo sexto, que establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asignará recursos presupuestarios al Instituto Nacional Electoral para el debido cumplimiento de sus atribuciones, de conformidad con la normativa aplicable y sujeto a la suficiencia presupuestaria .
Con base en lo anterior, las Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas del Instituto Nacional Electoral se dieron a la tarea de identificar los cambios en sus atribuciones derivados de las reformas y las correspondientes necesidades presupuestales. El ejercicio siempre se hizo así: primero identificar qué nueva tarea electoral debe hacerse y cómo, y sólo bien ubicada y delineada la nueva responsabilidad se procedió a un ejercicio de análisis presupuestal riguroso. No partimos de la necesidad de contar con recursos para luego ver qué se puede hacer, sino de identificar claramente la nueva atribución y a partir de ahí hacer la solicitud presupuestal más racional, más austera.
Así, se identificaron modificaciones de largo aliento, fruto de nuevas atribuciones, que terminarán por impactar en el presupuesto base del Instituto: es decir, serán tareas permanentes, como la fiscalización nacional de los ingresos y gastos de los partidos y candidatos o la tarea de designar a los consejeros electorales de las entidades federativas. También hay atribuciones novedosas que hacen necesario, antes de tomar una decisión final, realizar estudios precisos para garantizar eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, por ejemplo para emprender y llevar a buen puerto la credencialización en el extranjero. De esta forma, hay proyectos nuevos en la cartera del Instituto, y otros proyectos que se modifican como resultado del adelanto de la fecha de realización de la jornada electoral, de julio a junio de 2015, que implicará que buena parte de las tareas de organización y capacitación electoral, así como de verificación del padrón electoral, tengan que empezarse a hacer antes, por lo que ahora en 2014 se solicitarán recursos que en otros procesos se gastaban en el ejercicio fiscal correspondiente a la celebración de las elecciones. En ese caso, sólo se trata de un adelanto presupuestal, no de un aumento en términos netos.
En lo que hace al presupuesto base, destacan la creación o transformación de unidades técnicas, como es el caso de la de Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos, que ahora tendrá alcance nacional y deberá operar a través de un sistema integral de fiscalización en línea, la nueva Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, así como la nueva Unidad de lo Contencioso Electoral.
Para 2014 el INE tiene contemplado solicitar un monto adicional por 230.6 millones de pesos. Es decir, una ampliación del 2.9% en el presupuesto operativo, y de 1.9% del presupuesto total aprobado por la Cámara de Diputados para la institución en 2014. Este monto de ampliación es para garantizar, en los meses que siguen, que el Instituto cumpla a cabalidad con sus nuevas responsabilidades y atribuciones y pueda, a la vez, desplegar todas las medidas de inicio del proceso electoral federal 2014-2015.
Los 230 millones no son el costo total de la reforma electoral, pues la reforma se deberá ir implementado, como marcan los transitorios de la propia ley, en los siguientes años: para 2015 deberá aprobarse el Estatuto del Servicio Nacional Electoral en las 17 entidades donde se celebrarán elecciones ese año, y el Servicio Nacional Electoral deberá estar completado en 2018, es decir, dentro de cuatro años. También será hasta 2018 cuando se haga realidad el voto de los mexicanos en el extranjero en una elección federal ya con credencialización realizada fuera del territorio nacional. La instrumentación de la reforma político electoral de 2014 tiene una secuencia en el tiempo definida por la norma, secuencia que seguiremos puntualmente. Lo que ahora hacemos es asegurar que todo lo que hay que realizar para hacer realidad la reforma desde este momento se haga: adelantar procesos, realizar estudios, preparar sistemas, iniciar con la puesta en operación de las nuevas atribuciones y de las nuevas unidades administrativas. Pero ciertamente, la reforma electoral no será obra de un día, pero sí cada día se irá concretando con precisión y rigor.
En total hemos identificado, y justificado, la necesidad de 230.6 millones de pesos adicionales en 2014. De ellos, 26.8 millones van al presupuesto base para poner en operación las nuevas unidades que creó el Legislador, y 203.8 millones van a proyectos estratégicos. No obstante, 87.2 millones de pesos son solicitud de adelanto del presupuesto de 2015 como consecuencia del adelanto de la jornada electoral: es decir, son 87.2 millones que serán ahorros en 2015, por lo que el impacto neto de la reforma electoral en los proyectos estratégicos de operación del INE en 2014 es de 116.6 millones de pesos.
Por proyectos, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tendrá una ampliación de 76.8 millones de pesos; la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de 16.5 millones; la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral de 56.7 millones; la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral de 9.3 millones; la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica de 27.5 millones; a Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos de 14.1 millones y 2.85 millones para la Oficina del Secretariado que publicará miles de ejemplares de la Constitución y de las legislación secundaria.
En presupuesto base, para la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral se prevén 16.5 millones en 2014; 3.9 millones para la Unidad de Fiscalización y 6.5 millones para la nueva Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
Insisto, de los 203 millones adicionales de proyectos modificados 87.2 se deben al adelanto del calendario, por lo que no son encarecimiento del sistema electoral nacional.
Estamos contemplando pedir una ampliación presupuestal única y exclusivamente por lo que se necesita y por lo que se podrá ejercer en 2014. No hemos aumentado la cifra en un solo peso, pues esta autoridad está obligada a la certeza, y por ello no queremos dar cifras que no sean las que rigurosamente podemos explicar a la Secretaría de Hacienda.
Este es un ejercicio de responsabilidad y de racionalidad. De responsabilidad hacia los ciudadanos para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos político electorales; de racionalidad hacia los contribuyentes porque sus recursos deben usarse de forma eficiente, pulcra y transparente. Como institución pública sabemos que la credibilidad pasa por la austeridad, que los ciudadanos quieren votar e incidir en la vida pública pero que también exigen que sus aportaciones como contribuyentes no se derrochen ni malgasten: ese es nuestro compromiso. Cada peso está justificado, cada monto tiene una razón de ser y un fundamento en la ley. Hemos presentado estas cifras al escrutinio de los partidos políticos, y el miércoles las llevaremos formalmente a la Comisión de Presupuesto.
Muchas gracias.