El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, iniciamos la sesión extraordinaria del Consejo General convocada para este día, por lo que pido al Secretario del Consejo, verifique si hay quórum legal para sesionar.
El C. Secretario: Consejero Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria del Consejo General de esta fecha hay una asistencia inicial de 19 Consejeros y representantes, por lo que existe quórum para su realización.
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. Antes de proseguir con la sesión, estimados señoras y señores representantes, Consejeras y Consejeros Electorales, permítanme compartir con ustedes el lamentable deceso de nuestro compañero Jorge Ernesto Amaya Mejía, Vocal del Registro Federal de Electores, de la Junta Distrital Ejecutiva 01, con cabecera en Ciudad Altamirano, en el estado de Guerrero, a manos de la delincuencia en la entidad en donde prestaba sus servicios.
Al regresar de una comisión oficial Jorge Ernesto Amaya Mejía fue objeto de la violencia que se vive en algunas zonas del país y fue, lamentablemente, asesinado.
Este hecho nos motiva a hacer un firme llamado a las autoridades correspondientes, para que todos los ciudadanos puedan transitar libremente y con seguridad en nuestro país.
En el mismo sentido, conminamos a las autoridades competentes para que sean esclarecidos los hechos en los que nuestro compañero perdió la vida y los responsables sean identificados, juzgados y sancionados conforme a la ley.
No quiero dejar pasar esta lamentable circunstancia para reflexionar lo siguiente: Sabemos que en sociedades plurales y con tanta polarización como la nuestra es comprensible que existan diferencias, pero por sobre todas las diferencias deben prevalecer el Estado de Derecho y la convivencia pacífica.
Una de las virtudes fundamentales de los sistemas democráticos ha sido o es aquella en la que he venido insistiendo de manera reiterada: La democracia no significa ausencia de diferencias, no significa, incluso, ausencia de conflictos, sino más bien la existencia de canales institucionales mediante los cuales esas diferencias, esos diferendos políticos, conflictos incluso de tipo político, puedan ser procesados por las vías pacíficas, que permitan, en consecuencia, la convivencia social y la competencia política; la convivencia armónica de las diferencias políticas en un ambiente de estabilidad pública.
