Coordinación Nacional de Comunicación Social

México D.F. ,a 20 de Julio de 2015

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN LA PRIMERA RONDA DEL PUNTO 2.1 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑAS DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE DIPUTADOS FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015

Permítanme intervenir en esta primera ronda.

 

Estamos ante los primeros resultados de la tercera generación de reformas en materia de fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos derivados de la Reforma de 2014.

 

Desde los históricos cambios legales de 1996, las reglas de financiamiento de la política, se han orientado a garantizar equidad en las contiendas, a transparentar el monto y origen del dinero invertido en la disputa por el poder político y hacer prevalecer el interés público, por encima de los intereses particulares que gravitan tras los recursos privados.

 

Han sido dos décadas de perfeccionamiento del andamiaje constitucional, que han contribuido a la equidad en las elecciones ya la rendición de cuentas de candidatos y partidos.

 

En 1996, la primera generación de reformas en esta materia, se establecieron las primeras atribuciones de manera consistente de auditoría en favor del entonces, Instituto Federal Electoral.

 

En 2007-2008, con la segunda generación de reformas en esta materia, se eliminaron los secretos bancario, fiduciario y fiscal para las tareas constitucionales que tenía el IFE en esta materia; se reglamentaron las pre campañas y se dispuso la creación de una unidad especializada con relativa autonomía para fortalecer el carácter técnico de la fiscalización.

 

Sin embargo, ante los insistentes cuestionamientos sobre el rebase a los topes de gastos de campaña y el uso de sofisticadas ingenierías contables en las elecciones de 2012, los legisladores diseñaron una tercera generación de disposiciones legales en materia de fiscalización.

 

Así, esta generación de reformas contribuye un nuevo paradigma para la fiscalización de los recursos invertidos en la lucha democrática a nivel nacional.

 

Se trata de un diseño institucional, que potencia a los anteriores modelos y que obliga a los partidos políticos y candidatos a tener un mayor control administrativo, sobre los recursos ejercidos en las contiendas y que facilita la rendición de cuentas de éstos, ante la sociedad.

 

Con base en ello, en 2015, la instrumentación de la fiscalización de las campañas a nivel nacional, se tradujo en la revisión de 24 mil 230 informes, que involucran a 12 mil 912 candidaturas tanto federales, como locales.

 

En conjunto, dichos informes implican que el Instituto Nacional Electoral auditó 3 mil 110.5 millones de pesos a escasos 43 días de concluida la Jornada Electoral.

 

Lo anterior significa que en esta ocasión se revisaron 15 veces más informes que los que fiscalizó el IFE en 2012, y que ello representó la auditoría de 19.4 por ciento más recursos que en aquella elección.

 

Nunca –subrayo- nunca antes en la historia, una autoridad electoral en el mundo había realizado una fiscalización tan grande y en tan poco tiempo, como la que hoy está culminando con la presentación de los dictámenes y proyectos de resolución de este Consejo General.

 

Estamos para decirlo rápidamente, ante las elecciones más fiscalizadas por una autoridad electoral en cualquier sistema democrático. Hay mucho por mejorar a la luz de este primer ejercicio de fiscalización, aquí se han puesto varios ejemplos, sin duda, y hacia ahí tendremos que caminar para seguir perfeccionando la auditoría, la fiscalización y la rendición de cuentas en el futuro.

 

Pero nunca antes y esto también es cierto, habíamos tenido un ejercicio tan amplio y exhaustivo como el que hoy tenemos. Con todas las fallas, con todas las áreas de mejora que queramos encontrarles.

 

Algunos datos que ilustran la dimensión de trabajo que ésta detrás de la revisión de los informes son los siguientes; se revisaron más de un millón 69 mil operaciones incorporadas al sistema de contabilidad en línea; se recorrió por primera vez, la totalidad de los 300 distritos uninominales para detectar la propaganda en vías públicas, con lo cual se obtuvieron 40 mil 66 testigos georreferenciados, que incluyen bardas, espectaculares y mantas entre otros.

 

Además, en los estados con elección de gobernador, se recorrieron 3 veces los distritos que conforman dichas entidades; se conformó un Padrón Nacional de Proveedores con 18 mil 897 registros y debido a la innovación de la Contabilidad en Línea, fue necesario analizar de manera tradicional un tercio del total de operaciones registradas por partidos y candidatos.

 

Es relevante mencionar que en el proceso de fiscalización, se garantizó el derecho el debido proceso y el derecho de audiencia de todos los partidos políticos y candidatos para que subsanaran errores o inconsistencias. En tal sentido, como resultado de la revisión efectuada por la Unidad de Fiscalización y la Comisión respectiva, destaca lo siguiente:

 

No se presentó el supuesto que algún candidato ganador hubiera rebasado el tope de gastos y que el margen de victoria hubiera sido inferior al 5 por ciento. Únicamente 14 candidatos federales y 18 locales rebasaron los topes de gastos de campaña, los 14 candidatos federales que rebasaron los topes de gastos de campaña representan el 0.03 por ciento de los 4 mil 996 que compitieron, dato que si se contrasta con los 195 que en 2012 rebasaron los topes habla de un mayor control mayor financiero y de los contendientes.

 

El monto acumulado de las sanciones asciende a 392 millones de pesos, de estos 130.9 corresponden a las campañas federales y 261 millones a las locales. Se recibieron el 94.6 por ciento de los informes de gastos de campaña que debieron presentar los candidatos y únicamente el 5.4 incumplió con esta obligación.

 

Con base en lo anterior es posible afirmar que el modelo de fiscalización nacional cumplió con sus dos propósitos centrales: Transparentar con oportunidad el origen y destino del dinero invertido en las campañas electorales e incentivar un mayor control administrativo.

 

Indudablemente, la instrumentación de dicho mandato, representó un reto importante para esta autoridad electoral, pero también lo fue para los partidos políticos y los candidatos que tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones normativas en la materia, sin la disposición de los contendientes las conclusiones que se han mencionado el día de hoy serían diferentes.

 

Por ello si queremos consolidar el modelo de fiscalización en el futuro, debemos considerar en nuestra hoja de ruta al menos lo siguiente: Uno, es necesario armonizar las disposiciones locales y federales en materia de topes de gastos para evitar eventuales simulaciones y favorecer la comparabilidad de la fiscalización.

 

Dos, es conveniente que se perfeccione el Sistema de Contabilidad en Línea y eliminar la recepción de operaciones fuera de dicho sistema.

 

Tres, debemos ser más exigentes en los plazos de registro de las operaciones en línea para evitar cuellos de botella y facilitar su revisión.

 

Cuatro, la estandarización de criterios sobre la que avanzamos de manera consistente, debe llevarnos al diseño de procedimientos de revisión y auditoria, en los que puedan concurrir eventualmente el personal de los OPLES, y Cinco, ante la importancia de que la fiscalización sea cada vez más exhaustiva y que sus conclusiones sean previas a la calificación de las elecciones, es conveniente que las tareas fiscalizadoras evolucionen sus enfoques y competencias hacia métodos más modernos para realizar sus auditorías.

 

Concluyo agradeciendo a las consejeras y consejeros electorales que integran la Comisión de Fiscalización, al Titular y personal de las Unidades Técnicas de Fiscalización y de Servicios de Informática, así como al personal de las oficinas de los consejeros electorales y de la mía propia, así como a la Secretaría Ejecutiva por su dedicación y profesionalismo.

 

A la UNAM gracias por el acompañamiento, para que la primera experiencia del nuevo modelo de fiscalización,  esté llegando a buen puerto.

 

En rigor, la fiscalización deriva de la evolución misma del cambio político  y del contexto de exigencia que nos impone la sociedad, para que la recreación de los comicios equitativos exprese la igualdad política de los mexicanos.

 

Estoy convencido que el nuevo modelo de fiscalización, está destinado a convertirse en una herramienta central para transparentar la actividad política de quienes compiten por el voto, y para consolidar el sistema de partidos en la nueva etapa de la democracia mexicana.

 

Muchas gracias

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