México D.F. ,a 20 de Julio de 2015
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN LA PRIMERA RONDA DEL PUNTO 2.1 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑAS DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE DIPUTADOS FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015
Permítanme intervenir
en esta primera ronda.
Estamos ante los primeros resultados de la tercera
generación de reformas en materia de fiscalización de los ingresos y egresos de
los partidos políticos derivados de la Reforma de 2014.
Desde los históricos cambios legales de 1996, las reglas de
financiamiento de la política, se han orientado a garantizar equidad en las
contiendas, a transparentar el monto y origen del dinero invertido en la
disputa por el poder político y hacer prevalecer el interés público, por encima
de los intereses particulares que gravitan tras los recursos privados.
Han sido dos décadas de perfeccionamiento del andamiaje
constitucional, que han contribuido a la equidad en las elecciones ya la
rendición de cuentas de candidatos y partidos.
En 1996, la primera generación de reformas en esta materia,
se establecieron las primeras atribuciones de manera consistente de auditoría
en favor del entonces, Instituto Federal Electoral.
En 2007-2008, con la segunda generación de reformas en esta
materia, se eliminaron los secretos bancario, fiduciario y fiscal para las
tareas constitucionales que tenía el IFE en esta materia; se reglamentaron las
pre campañas y se dispuso la creación de una unidad especializada con relativa
autonomía para fortalecer el carácter técnico de la fiscalización.
Sin embargo, ante los insistentes cuestionamientos sobre el
rebase a los topes de gastos de campaña y el uso de sofisticadas ingenierías
contables en las elecciones de 2012, los legisladores diseñaron una tercera
generación de disposiciones legales en materia de fiscalización.
Así, esta generación de reformas contribuye un nuevo
paradigma para la fiscalización de los recursos invertidos en la lucha
democrática a nivel nacional.
Se trata de un diseño institucional, que potencia a los
anteriores modelos y que obliga a los partidos políticos y candidatos a tener
un mayor control administrativo, sobre los recursos ejercidos en las contiendas
y que facilita la rendición de cuentas de éstos, ante la sociedad.
Con base en ello, en 2015, la instrumentación de la
fiscalización de las campañas a nivel nacional, se tradujo en la revisión de 24
mil 230 informes, que involucran a 12 mil 912 candidaturas tanto federales,
como locales.
En conjunto, dichos informes implican que el Instituto Nacional
Electoral auditó 3 mil 110.5 millones de pesos a escasos 43 días de concluida
la Jornada Electoral.
Lo anterior significa que en esta ocasión se revisaron 15
veces más informes que los que fiscalizó el IFE en 2012, y que ello representó
la auditoría de 19.4 por ciento más recursos que en aquella elección.
Nunca –subrayo- nunca antes en la historia, una autoridad
electoral en el mundo había realizado una fiscalización tan grande y en tan
poco tiempo, como la que hoy está culminando con la presentación de los dictámenes
y proyectos de resolución de este Consejo General.
Estamos para decirlo rápidamente, ante las elecciones más
fiscalizadas por una autoridad electoral en cualquier sistema democrático. Hay
mucho por mejorar a la luz de este primer ejercicio de fiscalización, aquí se
han puesto varios ejemplos, sin duda, y hacia ahí tendremos que caminar para
seguir perfeccionando la auditoría, la fiscalización y la rendición de cuentas
en el futuro.
Pero nunca antes y esto también es cierto, habíamos tenido
un ejercicio tan amplio y exhaustivo como el que hoy tenemos. Con todas las
fallas, con todas las áreas de mejora que queramos encontrarles.
Algunos datos que ilustran la dimensión de trabajo que ésta
detrás de la revisión de los informes son los siguientes; se revisaron más de
un millón 69 mil operaciones incorporadas al sistema de contabilidad en línea;
se recorrió por primera vez, la totalidad de los 300 distritos uninominales
para detectar la propaganda en vías públicas, con lo cual se obtuvieron 40 mil
66 testigos georreferenciados, que incluyen bardas, espectaculares y mantas
entre otros.
Además, en los estados con elección de gobernador, se
recorrieron 3 veces los distritos que conforman dichas entidades; se conformó
un Padrón Nacional de Proveedores con 18 mil 897 registros y debido a la
innovación de la Contabilidad en Línea, fue necesario analizar de manera
tradicional un tercio del total de operaciones registradas por partidos y
candidatos.
Es relevante mencionar que en el proceso de fiscalización,
se garantizó el derecho el debido proceso y el derecho de audiencia de todos
los partidos políticos y candidatos para que subsanaran errores o
inconsistencias. En tal sentido, como resultado de la revisión efectuada por la
Unidad de Fiscalización y la Comisión respectiva, destaca lo siguiente:
No se presentó el supuesto que algún candidato ganador
hubiera rebasado el tope de gastos y que el margen de victoria hubiera sido
inferior al 5 por ciento. Únicamente 14 candidatos federales y 18 locales
rebasaron los topes de gastos de campaña, los 14 candidatos federales que
rebasaron los topes de gastos de campaña representan el 0.03 por ciento de los
4 mil 996 que compitieron, dato que si se contrasta con los 195 que en 2012
rebasaron los topes habla de un mayor control mayor financiero y de los
contendientes.
El monto acumulado de las sanciones asciende a 392 millones
de pesos, de estos 130.9 corresponden a las campañas federales y 261 millones a
las locales. Se recibieron el 94.6 por ciento de los informes de gastos de
campaña que debieron presentar los candidatos y únicamente el 5.4 incumplió con
esta obligación.
Con base en lo anterior es posible afirmar que el modelo de
fiscalización nacional cumplió con sus dos propósitos centrales: Transparentar
con oportunidad el origen y destino del dinero invertido en las campañas
electorales e incentivar un mayor control administrativo.
Indudablemente, la instrumentación de dicho mandato,
representó un reto importante para esta autoridad electoral, pero también lo
fue para los partidos políticos y los candidatos que tuvieron que adaptarse a
las nuevas condiciones normativas en la materia, sin la disposición de los
contendientes las conclusiones que se han mencionado el día de hoy serían
diferentes.
Por ello si queremos consolidar el modelo de fiscalización
en el futuro, debemos considerar en nuestra hoja de ruta al menos lo siguiente:
Uno, es necesario armonizar las disposiciones locales y federales en materia de
topes de gastos para evitar eventuales simulaciones y favorecer la
comparabilidad de la fiscalización.
Dos, es conveniente que se perfeccione el Sistema de
Contabilidad en Línea y eliminar la recepción de operaciones fuera de dicho
sistema.
Tres, debemos ser más exigentes en los plazos de registro de
las operaciones en línea para evitar cuellos de botella y facilitar su
revisión.
Cuatro, la estandarización de criterios sobre la que
avanzamos de manera consistente, debe llevarnos al diseño de procedimientos de
revisión y auditoria, en los que puedan concurrir eventualmente el personal de
los OPLES, y Cinco, ante la importancia de que la fiscalización sea cada vez
más exhaustiva y que sus conclusiones sean previas a la calificación de las elecciones,
es conveniente que las tareas fiscalizadoras evolucionen sus enfoques y
competencias hacia métodos más modernos para realizar sus auditorías.
Concluyo agradeciendo a las consejeras y consejeros
electorales que integran la Comisión de Fiscalización, al Titular y personal de
las Unidades Técnicas de Fiscalización y de Servicios de Informática, así como
al personal de las oficinas de los consejeros electorales y de la mía propia,
así como a la Secretaría Ejecutiva por su dedicación y profesionalismo.
A la UNAM gracias por el acompañamiento, para que la primera
experiencia del nuevo modelo de fiscalización, esté llegando a buen
puerto.
En rigor, la fiscalización deriva de la evolución misma del
cambio político y del contexto de exigencia que nos impone la sociedad,
para que la recreación de los comicios equitativos exprese la igualdad política
de los mexicanos.
Estoy convencido que el nuevo modelo de fiscalización, está
destinado a convertirse en una herramienta central para transparentar la actividad
política de quienes compiten por el voto, y para consolidar el sistema de
partidos en la nueva etapa de la democracia mexicana.
Muchas gracias