México D.F. ,a 05 de Noviembre de 2014
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INE, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 1 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL, REFERENTE AL INFORME DETALLADO Y DESAGREGADO DE LA SOLICITUD DE CONSULTA POPULAR DE DIVERSOS CIUDADANOS REPRESENTADOS POR EL C. SADOT GUSTAVO SÁNCHEZ CARREÑO
Gracias, señor Secretario. Permítanme, colegas del Consejo, intervenir en esta primera ronda.
Puede parecer anticlimático el conocimiento de este informe, en virtud que la Suprema Corte de Justicia, atendiendo a las etapas sucesivas del proceso de validación de las consultas populares, tal como lo establece la ley de la materia, se ha pronunciado. Sin embargo, este informe forma parte del tramo final que la propia legislación obliga a este Instituto.
El punto que nos ocupa, en efecto, marca la culminación de los trabajos del Instituto Nacional Electoral en las labores de verificación del apoyo ciudadano para las cuatro solicitudes de Consulta Popular que fueron turnadas por las cámaras del Congreso de la Unión a esta Institución.
Por primera vez los ciudadanos pudieron plantear el ejercer el derecho de promover una consulta popular, establecido en la Constitución como un nuevo mecanismo de democracia directa a partir de la reforma político-electoral de 2012.
El día de hoy se presenta el informe detallado y desagregado respecto a la solicitud promovida por diversos ciudadanos para la eliminación de 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías elegidas mediante este principio.
Durante el pasado mes de septiembre el Instituto enfrentó exitosamente el reto de verificar el apoyo ciudadano para cada una de las cuatro solicitudes de consulta popular que fueron hechas de su conocimiento.
Las condiciones –hay que recordarlo– en las que se realizó este ejercicio por parte del INE, fueron particularmente complejas, desde ese mismo mes el Instituto se encontraba inmerso en los trabajos para organizar la elección interna del Partido de la Revolución Democrática, para terminar su participación en dicho proceso y además en el proceso de nombramiento de consejeros y consejeras para los Organismos Públicos Locales Electorales de 18 entidades del país, entre otros temas relativos al proceso de instrumentación de la reforma electoral que, como ustedes saben, ha sido particularmente complejo.
El reto no fue menor y los trabajos se realizaron en un muy breve período de tiempo, mismos que demandaron un importante esfuerzo institucional. Primero, el Instituto tuvo que hacer una pre-recepción de las cajas que enviaron las cámaras de Diputados y Senadores, para verificar, en presencia de un notario público, el contenido de cada una de ellas; se recibieron 623 cajas, con un total de más de un millón 700 mil formatos, ninguno de los cuales, insisto, venía registrado en un medio magnético o digitalizado; se trataba de la presentación de documentación impresa, no en formato digital.
Luego de recibir formalmente la documentación enviada por las cámaras, el Instituto tuvo que capturar y compulsar manualmente contra la Lista Nominal un total de 16 millones 141 mil 738 registros de ciudadanos, cuyos nombres aparecían en los formatos mencionados.
Es decir, en un período de sólo 30 días las mil 707 personas que tuvieron que ser contratadas específicamente para esta tarea y las 123 personas comisionadas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electoral, verificaron el equivalente al 19.85 por ciento de registro de la Lista Nominal de Electores actual.
Para lograrlo, fue necesario contar con un lugar que asegurara condiciones de seguridad para proteger los datos personales asentados en esos formatos, resguardar el contenido de las cajas y, en general, blindar el proceso de verificación.
Así, se contrató con la UNAM la renta de un espacio con infraestructura de red, acceso a Internet, soporte tecnológico,
bodegas, vigilancia, líneas telefónicas, centros de cómputo avanzado y más de 400 computadoras que integraban los mismos, en las que el personal contratado por el Instituto realizó estos trabajos.
Se trató de una inversión de tiempo, de esfuerzo, en términos personales, y de recursos, para poder cumplir a tiempo con esta encomienda de la Constitución y de la Ley.
De esta forma se acreditó que cada una de las consultas cumplió con el porcentaje mínimo de apoyo ciudadano, establecido en la Ley Federal de Consulta Popular que –como ustedes saben– equivale al dos por ciento de la Lista Nominal.
Posteriormente se cotejaron cada uno de los registros de ciudadanos encontrados en la Lista Nominal de cada Consulta Popular, contra los registros de las otras consultas; de manera que el total de ciudadanos que ya hubieran respaldado otra consulta no excediera el 20 por ciento del total de las firmas requeridas.
El INE realizó, además, un ejercicio de verificación en campo en el que se visitó a ciudadanos para corroborar la autenticidad de las firmas en apoyo de la Consulta Popular, de cada uno de los cuatro ejercicios, incluyendo la que hoy nos ocupa.
Para cada una de las cuatro consultas se seleccionó con un método aleatorio una muestra representativa de 850 personas en un acto que presenciaron representantes de los partidos políticos, ante la Comisión Nacional de Vigilancia, personal de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y personal de las oficinas de las Consejeras y Consejeros Electorales.
Se generó, además, un protocolo para la atención de las visitas domiciliarias y se capacitó a quienes acudirían al domicilio de los ciudadanos seleccionados a levantar la encuesta, es decir, la verificación.
Al respecto, llama la atención que un alto índice de los ciudadanos entrevistados manifestaron no haber apoyado la solicitud de consulta popular, ninguna de las cuatro.
Este es un fenómeno que se presentó en las cuatro consultas que fueron solicitadas a esta institución. En promedio estamos hablando del 35.2 por ciento de los ciudadanos entrevistados, a quienes se realizó la visita en su domicilio.
Llama la atención que entre el 30 y el 40 por ciento, de las cuatro consultas que fueron presentadas, ciudadanos entrevistados en sus domicilios dijeron no haber respaldado alguna de las mismas.
Es convicción de las Consejeras y Consejeros Electorales que el INE no puede ni debe limitar un derecho político a partir de un ejercicio estadístico. Y, por lo tanto, estos datos que menciono fueron solamente reportados, como están siendo hoy, en los informes respectivos, sin que esto implicara un ejercicio de invalidación de un porcentaje similar de las firmas planteadas.
Estaríamos –estamos convencidos–, si hubiéramos eso, atentando contra un derecho político.
Por ello, de esa verificación sólo se obtuvieron los datos y se reportaron en el informe enviado a la Cámara correspondiente en cada caso, sin implicar –como decía– que se eliminara o diera de baja ningún registro.
Finalmente, cabe mencionar que la realización de estos procesos tuvo que hacerse de manera paralela para tres de las cuatro consultas, ya que éstas fueron recibidas –como saben– de manera simultánea.
En suma, para cumplir con las obligaciones establecidas en la ley, el INE tuvo que destinar un total de poco más de 27 millones de pesos. Sin embargo, es mi convicción que se trata de un gasto absolutamente justificado e indispensable para que este Instituto cumpliera, como lo hizo con el mandato de la Constitución y de la ley.
Lo que se encontraba en juego era la protección de un derecho político de todos los ciudadanos y, en lo que correspondía, el INE se desempeñó, una vez más, con el profesionalismo, eficiencia y eficacia que lo caracteriza.
Estoy convencido que la Consulta Popular llegó para quedarse y aunque su diseño legal debe repensarse, se trata indudablemente de un mecanismo que encauza la participación ciudadana por una vía institucional y por ello fortalece y fortalecerá en el futuro nuestra democracia.
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