Antes de proseguir con la sesión, estimados señoras y señores representantes, consejeras y consejeros, permítanme compartir con ustedes el lamentable deceso de nuestro compañero Jorge Ernesto Amaya Mejía, vocal del Registro Federal de Electores, de la Junta Distrital Ejecutiva 01, con cabecera en Ciudad Altamirano, en el estado de Guerrero, a manos de la delincuencia en la entidad en donde prestaba sus servicios.

Al regresar de una comisión oficial Jorge Ernesto fue objeto de la violencia que se vive en algunas zonas del país y fue, lamentablemente, asesinado.

Este hecho nos motiva a hacer un firme llamado a las autoridades correspondientes, para que todos los ciudadanos puedan transitar libremente y con seguridad en nuestro país.

En el mismo sentido, conminamos a las autoridades competentes para que sean esclarecidos los hechos en los que nuestro compañero perdió la vida y los responsables sean identificados, juzgados y sancionados conforme a la ley.

No quiero dejar pasar esta lamentable circunstancia para reflexionar lo siguiente: Sabemos que en sociedades plurales y con tanta polarización como la nuestra es comprensible que existan diferencias, pero por sobre todas las diferencias deben prevalecer el Estado de Derecho y la convivencia pacífica.

Una de las virtudes fundamentales de los sistemas democráticos ha sido o es aquella en la que he venido insistiendo de manera reiterada.

La democracia no significa ausencia de diferencias, no significa, incluso, ausencia de conflictos, sino más bien la existencia de canales institucionales mediante los cuales esas diferencias, esos diferendos políticos, conflictos incluso de tipo político, puedan ser procesados por las vías pacíficas, que permitan, en consecuencia, la convivencia social y la competencia política; la convivencia armónica de las diferencias políticas en un ambiente de estabilidad pública.

Pero, por otra parte, la democracia requiere un contexto de paz pública que permita el efectivo ejercicio de las libertades individuales y la oportuna y puntual formación de la autonomía de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticos. Una paz pública, sin la cual el juego democrático no puede recrearse.

Estoy convencido de que la construcción de esta paz pública implica una responsabilidad del Estado, de todos los órganos del Estado en su conjunto y también de la misma sociedad, entre otras cosas, porque una sociedad democrática no puede perder la capacidad de indignación frente a la violencia y asumir que ésta forma parte del paisaje ordinario de la vida de una sociedad.

Por la lamentable razón del fallecimiento de nuestro compañero, permítanme proponer a este Consejo, antes de iniciar la sesión, que le brindemos un minuto de silencio a la memoria de nuestro compañero, el licenciado Jorge Ernesto Amaya Mejía.