Señoras y señores

Han transcurrido 256 días desde que inició el proceso electoral federal 2011-2012.

Durante este periodo, el modelo de comunicación política ha garantizado el acceso equitativo a la radio y la televisión, las funciones de arbitraje han disminuido la importancia de las campañas negras, y la fiscalización está propiciando que las campañas se realicen únicamente con los recursos autorizados por la ley.

Vamos a la jornada electoral en la que se disputarán la mayor cantidad de cargos de representación popular y en la que el principio democrático un ciudadano, un voto , está garantizado con el listado nominal más actualizado en una elección presidencial.

El Instituto Federal Electoral ha cumplido con absoluta imparcialidad y en los plazos establecidos, una a una, las atribuciones encomendadas por la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Los partidos políticos, ciudadanos, candidatos y sujetos regulados por la norma electoral, pudieron impugnar, y así lo hicieron, las decisiones que, desde su punto de vista, afectaban sus derechos políticos y sus condiciones de participación en la contienda electoral.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto cada asunto, con apego a derecho e interpretando la norma, en ejercicio de sus atribuciones.

Más aún, la aplicación del marco legal surgido de la reforma electoral de 2007-2008 ha establecido las garantías para que en este año, estemos viviendo las contiendas electorales más equitativas de toda nuestra historia.

En consecuencia, el proceso electoral federal ha cumplido con los principios de certeza jurídica e imparcialidad, en beneficio de la competencia y la transparencia de la democracia.

La legalidad de este proceso electoral se ha acreditado paso a paso y está a la vista de todos los mexicanos.

Durante 30 años los mexicanos de este país hemos adecuado las instituciones de nuestra vida democrática con un solo fin: que los poderes públicos se determinen por los ciudadanos en las urnas.

El mandato constitucional de realizar elecciones libres, auténticas y periódicas está garantizado por el IFE, como responsable de la organización electoral, y por el Tribunal como máxima autoridad jurisdiccional en esta materia.

Para ello, hemos suscrito diversos convenios de colaboración con la finalidad de que las diferentes instituciones del Estado y de la sociedad contribuyan a la vida democrática.

Con el Tribunal, en específico, hemos suscrito varios convenios para facilitar el cumplimiento de las atribuciones de cada autoridad.

El convenio que hoy formalizamos, establece las bases para implementar un sistema informático que sustentará el flujo de información entre el IFE y el Tribunal, sobre la recepción y seguimiento de los medios de impugnación del proceso electoral.

Este sistema favorecerá, además, el intercambio de documentos para la realización del cómputo final de la elección presidencial y la declaración de validez correspondiente.