La reforma constitucional y legal en materia político-electoral modificó significativamente el régimen de competencias bajo el que se organizan los procesos electorales en México y dio paso a la creación de una nueva autoridad electoral de carácter nacional: el Instituto Nacional Electoral (INE). Entre las innovaciones más relevantes y operativamente más complejas para la instrumentación del nuevo régimen jurídico, destaca la nacionalización de la función fiscalizadora: la reforma confirió al INE la atribución de fiscalizar los ingresos y gastos de todos los partidos políticos y candidatos en todos los procesos electorales que se lleven a cabo en México; federales y locales.
En el nuevo modelo nacional, el Consejo General y su Comisión de Fiscalización son responsables de la revisión de los informes de ingresos y egresos de los partidos políticos, precandidatos, aspirantes y candidatos, con el apoyo de la Unidad Técnica de Fiscalización.
Para este Proceso Electoral el INE está obligado a fiscalizar los gastos de campaña federal y los de las 17 entidades con proceso electoral en curso. Las nuevas disposiciones constitucionales ponen al INE ante un desafío sin precedentes en la historia de la fiscalización electoral mexicana.
